Decisión de Juzgado Superior Civil, Contencioso Administrativo y Agrario de Apure, de 7 de Agosto de 2007
| Fecha de Resolución | 7 de Agosto de 2007 |
| Emisor | Juzgado Superior Civil, Contencioso Administrativo y Agrario |
| Ponente | Margarita Garcia |
| Procedimiento | Querella Funcionarial (Prestaciones Sociales) |
República Bolivariana de Venezuela
Poder Judicial
En su nombre
Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur
ASUNTO: 2.566.-
DEMANDANTE: E.M.C.D.E., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-8.168.745, de este domicilio.
ABOGADO DE LA DEMANDANTE: J.L.C., abogado, de este domicilio, inpreabogado Nº 79.342.
DEMANDADO: EL ESTADO APURE.
APODERADO JUDICIAL DEL DEMANDADO: PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO APURE.
MOTIVO: COBRO INTERESES DE MORA SOBRE LAS PRESTACIONES SOCIALES.
- I -
DE LA COMPETENCIA
Antes de pronunciarse sobre el fondo del presente asunto, corresponde a este Tribunal establecer su competencia para conocer el presente COBRO DE INTERESES DE MORA SOBRE LAS PRESTACIONES SOCIALES, observa el mismo ha sido interpuesto contra EL ESTADO APURE, incoado por la ciudadana E.C.D.E., por las lesiones a los derechos e intereses legítimos personales que le corresponde en sentido de la cancelación de sus prestaciones sociales y demás beneficios, en razón de lo cual, este Tribunal resulta competente para conocer el presente COBRO DE INTERESES DE MORA SOBRE LAS PRESTACIONES SOCIALES.
Síntesis de la controversia:
Alega el recurrente:
Que en fecha 15 de Octubre de 1.975, comenzó a laborar como Maestra Tipo “B”, adscrita a la Gobernación del Estado Apure hasta el 16 de Diciembre de 1.999 fecha esta en que fue jubilada, tal como se desprende del Resuelto signado con el N° SG – 347 de fecha 20 de diciembre de 1.999.
Que interpuso una demanda ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, de Transito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure.
Que transcurrido todo el procedimiento legal, el Tribunal de la causa en fecha 20 de enero de 2.003, dicto sentencia declarando CON LUGAR la demanda, condenando al ESTADO APURE a pagar la cantidad de TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO BOLÍVARES CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 39. 118.755,95).
Que la parte perdidosa apelo de la decisión y se ordeno remitir la causa el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Transito, del Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio A.d.E.B., declarando posteriormente CON LUGAR, condenando al Estado Apure a cancelar la cantidad de VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES BOLÍVARES CON OCHO CÉNTIMOS (Bs. 25.389.633,08).
Que el pago se hizo efectivo en fecha 16 de enero de 2.006.
Que el Estado Apure se encontró en mora producto al retardo del pago de las prestaciones sociales, por un tiempo de seis (06) años y un (01) mes aproximadamente.
Que debió recibir el correspondiente pago en fecha 01 de mayo de 2.000, fecha en la que fue jubilada y no el 04 mayo de 2.006, fecha cuando se efectuó el pago.
Finalmente solicitó:
Que el Estado Apure sea condenado a cancelar la cantidad de TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS BOLÍVARES CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 38.972.882,48) por concepto de intereses de mora sobre las prestaciones sociales.
Del procedimiento:
En fecha 31 de Octubre 2.006, el Juzgado Superior Civil (Bienes) Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio A.d.E.B., ADMITIÓ la presente demanda por Cobro de Diferencia de Intereses de Mora Sobre las Prestaciones Sociales incoada por la ciudadana E.M.C.D.E. en contra del Estado Apure, ordenando las notificaciones de Ley.
En fecha 17 de enero de 2.007, compareció la ciudadana E.M.C.D.E., parte demandante en el presente juicio, debidamente asistida por el abogado en ejercicio N.J.L.C., Inpreabogado N° 79.342, para otorgar PODER APUD ACTA al mencionado abogado.
Por auto de fecha 05 de julio de 2.007, el Tribunal fijo el segundo (2do) día de despacho siguiente para que se llevara a cabo la audiencia preliminar en el presente juicio.
En fecha 07 de junio de 2.007, siendo el día y hora fijado por este Juzgado Superior para que se llevara a cabo la audiencia preliminar en el presente juicio, se anuncio el acto a las puertas del Tribunal en forma de Ley y asistió por una parte el abogado N.L.J.C., con el carácter expuesto en autos y por otro lado la abogada M.E.O., con el carácter de apoderada judicial del Estado Apure. Se aperturo el acto y se le otorgo el derecho de palabra al abogado apoderado de la parte demandante y expuso:” ratifico en todas y cada una de sus partes lo expuesto en el libelo de la demanda; señalando al Tribunal que la presente acción se fundamenta en lo expresado en el artículo 92 de nuestra carta magna, en virtud de que mi representada debió esperar seis (06) años y 01 mes (01), para ser efectivo el cobro de sus prestaciones sociales, a partir de la fecha en que fue jubilada es decir del 16 de diciembre de 1.999, ahora bien, en virtud del retardo de parte del Estado, de hacer efectivo su obligación de honrar de manera inmediata los derechos laborales adquiridos por mi mandante, por ordenarlo así el citado artículo, se hizo necesario la interposición de la presente acción y solicito a su vez la apertura del lapso probatorio”. Seguidamente se le otorgo el derecho de palabra a la abogada M.E.O., actuando con el carácter de apoderada judicial del Estado Apure, y expuso: “Solicito la apertura del lapso probatorio”. En ese estado el Tribunal declaro trabada la litis y acordó la apertura del lapso probatorio.
En fecha 13 de junio de 2.007, la abogada M.E.O., apoderada judicial del Estado Apure, consigno escrito de promoción de pruebas, las cuales fueron admitidas mediante auto de fecha 15 de junio de 2.007.
En fecha 13 de Junio de 2.007, compareció ante este Juzgado Superior la ciudadana ARMADA ARTEAGA HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 7.553.029, actuando con el carácter de PROCURADORA GENERAL DEL ESTADO APURE, para otorgar PODER ESPECIAL APUD ACTA a los abogados M.E.O., ANNALIESSE MONTENEGRO, I.M., J.P., A.G., K.L., Y.Y., E.P., M.E.M. y M.B., para que representaran en forma conjunta o separada al Estado Apure en el presente juicio.
Por auto de fecha 04 de julio de 2.007, el Tribunal fijo el cuarto (4to) día de despacho siguiente para que se llevara a cabo la audiencia definitiva.
En fecha 11 de julio de 2.007, siendo el día y hora fijado por este Juzgado Superior para que se llevara a cabo la audiencia definitiva, se anuncio el acto a las puertas del Tribunal en forma de Ley y comparecieron por una parte el abogado N.J.L.C., actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte demandante y por otro lado la abogada M.E.M., actuando con el carácter de apoderada judicial del Estado Apure. Se aperturo el acto y se le otorgo el derecho de palabra a la parte demandante por lo que expuso: “Ratifico en todas y cada una de sus partes lo expuesto en el escrito libelar”. Seguidamente tomo el derecho de palabra la abogada apoderada del Estado Apure y expuso: “Ratifico en todo y cada una de sus partes el escrito de contestación de la demanda, y solicitó al Tribunal declare la cosa juzgada en el presente juicio, por razones de que ya hubo sentencia y la demandante cobro sus prestaciones un su respectiva oportunidad”. En ese estado el Tribunal se reservo el lapso de cinco (05) días de despacho, conforme a lo establecido en el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, para dictar el dispositivo del fallo.
Por auto de fecha 19 de julio de 2.007, el Tribunal dicto el dispositivo del fallo, declarando INADMISIBLE el Cobro de los Intereses de Mora Sobre las Prestaciones Sociales.
-II-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR.
En consecuencia, pasa este Tribunal a revisar si la presente (QUERELLA) Cobro de Prestaciones Sociales, cumple con las condiciones de admisibilidad exigidas por el artículo 19 aparte quinto 5º de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y en concordancia con el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
La caducidad un elemento jurídico ordenador del proceso, esencial al mismo y de eminente orden público, el cual no puede ser modificado ni relajado por las partes, considera este Tribunal necesario revisar la caducidad de la acción en el presente Cobro de Diferencia de Prestaciones Sociales, relacionado con el lapso de caducidad para interponer las demandas por cobro de prestaciones sociales o diferencia de prestaciones sociales, establecido en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el cual prevé lo siguiente:
…Todo recurso con fundamento en esta Ley sólo podrá ser ejercido válidamente dentro de un lapso de tres meses contado a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a él, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto…
.
En este sentido, considera este Juzgado Superior mencionar lo establecido en la Sentencia dictada por la Corte en fecha 30 de enero de 2007 (caso R.J.T.N. vs. Ministerio de Educación y Deportes), en el cual dejo sentado el criterio que se transcribe a continuación:
…Sobre este particular, esta Corte ha sostenido dos posiciones distintas.
Originalmente, se sostenía la aplicabilidad del referido lapso de caducidad por sobre el lapso de prescripción de un (1) año, previsto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, para demandar el cobro de las prestaciones sociales o su diferencia…
(Ver sentencia N° 463 de fecha 24 de febrero de 2006).
(…)Posteriormente, el anterior criterio fue modificado, acogiéndose la posición contraria, es decir, la aplicabilidad del lapso de prescripción de un (1) año por sobre el lapso de caducidad de tres (3) meses…” (Ver sentencia N° 993 de fecha 28 de marzo de 2006).
(…) Ahora bien, siendo este último el criterio que esta Corte ha venido considerando como procedente, cabe destacar que en reciente sentencia Nº 2.326, de fecha 14 de diciembre de 2006 (caso: R.C.d.P. vs. Gobernación del Estado Táchira), la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció como criterio a seguir, la aplicabilidad preferente del lapso de caducidad de tres (3) meses previsto en la Ley del Estatuto de la Función Pública por sobre el lapso de prescripción de un (1) año previsto en la Ley Orgánica del Trabajo. El fallo en cuestión expresa lo siguiente
…En efecto, estima la Sala que la regulación material de la prestación de antigüedad en cuanto derecho de los funcionarios públicos, como beneficio y las condiciones de su prestación, debe ajustarse a lo prescrito en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a la Ley Orgánica del Trabajo y a su Reglamento, ello por expresa remisión del artículo 28 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Sin embargo, en lo atinente a la regulación procesal que debe aplicarse para el reclamo en sede judicial de las cantidades adeudadas por este concepto, así como de los intereses que surgen por la mora en su pago (ex artículo 92 constitucional), la incoación de estas demandas debe ajustarse a las prescripciones contenidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública, pues dicha remisión normativa se efectúa sólo en lo relativo a la regulación material de ese derecho, como así lo expresa incluso la propia ley laboral (ex Parágrafo Sexto del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo).
Ello significa que el operador jurídico deberá atender a los aspectos sustantivos de tal derecho adquirido (base de cálculo, acreditación, tasa de interés aplicable y supuestos de anticipo) en las estipulaciones que consagre el legislador laboral sobre la materia, a los fines de revisar la procedencia o improcedencia de aquellas pretensiones que contengan un reclamo de esta naturaleza, sin embargo, ello no comporta la ampliación de los aspectos procedimentales de la Ley Orgánica del Trabajo a los procesos que ventilen controversias surgidas de una relación de empleo público puesto que ello supondría una alteración, por parte del Juez Contencioso Administrativo, de las normas procesales especiales aplicables al proceso contencioso administrativo funcionarial -consagradas en la Ley del Estatuto de la Función Pública-, la creación de una desigualdad procesal entre funcionarios públicos fundada en el contenido de la pretensión mas no en la naturaleza de la relación jurídica previa que subyace en este tipo de conflictos, de contenido estatutario, además de crear una situación de inseguridad jurídica de los usuarios del servicio de justicia ante la confrontación de la ley con los criterios jurisprudenciales adoptados sobre tal aspecto.
(…) Por tanto, la modificación de estas reglas debe obedecer, en virtud del principio de legalidad procesal, a la voluntad legislativa y no a las modificaciones que hagan los jueces de instancia por apreciaciones particulares que prescinden, incluso, de la técnica de control difuso de la constitucionalidad -ex segundo aparte del artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil-.
En esa línea argumentativa, la Sala considera que sólo le es dado al legislador la modificación de los lapsos procesales para el ejercicio de la acción contencioso funcionarial, bien mediante una reforma de la legislación funcionarial en este aspecto concreto bien porque, en atención al mandato efectuado por el Constituyente en la Disposición Transitoria Cuarta, numeral 3, del Texto Fundamental, el legislador laboral extienda expresamente a los funcionarios públicos al servicio de la Administración Pública nacional, estadal o municipal la regulación material y procesal del derecho a las prestaciones sociales tutelado por el artículo 92 constitucional’.
Siendo éste el criterio fijado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, así como por las Cortes de la Contencioso Administrativo, respecto del asunto planteado, quien aquí Juzga lo acoge como propio y aplicable, por lo que se vuelve nuevamente a la posición originalmente adoptada, de considerar que el lapso de caducidad de tres (3) meses establecido en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, resulta aplicable en los casos relativos a demandas por pago de prestaciones sociales y sus diferencias, así como todos los conceptos derivados de relaciones funcionariales…” (Resaltado de este Tribunal).
Con base en lo señalado, precedentemente, esta Juzgadora para decidir observa, que la caducidad constituye materia de orden público, es decir, corre fatalmente y no es disponible por la voluntad de las partes ni del Juez, sino que corresponde su modificación al legislador, tal como lo señala la Sala Constitucional en la sentencia citada anteriormente, siendo ello así, y visto que en el presente caso, la demanda fue intentada en fecha 19 de octubre de 2.006, y la recurrente le fue cancelado el pago por concepto de prestaciones sociales en fecha 16 de enero de 2.006, fecha esta, en que nace el derecho para interponer la demanda por Cobro de Intereses de Mora Sobre Prestaciones Sociales; lo que significa que transcurrió nueve (09) meses y tres (03) días, tiempo que supera excesivamente el lapso de caducidad de tres (03) meses previsto en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
Se debe señalar que transcurrió el mencionado lapso y, por consiguiente, se consumó con creses el lapso de caducidad en el recurso interpuesto; en consecuencia de lo precisado anteriormente, este Tribunal Superior debe forzosamente declarar Inadmisible por caducidad la presente demanda por Cobro de Intereses de Mora Sobre las Prestaciones Sociales. Así se decide.
-III-
DECISIÓN.
Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Sur, con sede en San F.d.A., Administrando Justicia, actuando en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el presente COBRO DE INTERESES DE MORA SOBRE PRESTACIONES SOCIALES, ejercido por la ciudadana E.M.C.D.E., en contra del ESTADO APURE.-
Publíquese, regístrese, notifíquese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de este Juzgado Superior a los siete (07) días del mes de Agosto de dos mil siete (2007). Años: 197° y 148°.
La Jueza Superior Titular,
Dra. M.G.S..
La Secretaria Temporal,
I.F..
Seguidamente siendo las 10:30 a.m., se publicó y registró la anterior decisión.
Exp. Nº 2.566.-
MGS/if/aminta.-
