Decisión nº 57 de Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de Zulia, de 14 de Abril de 2015
| Fecha de Resolución | 14 de Abril de 2015 |
| Emisor | Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo |
| Ponente | Gloria Urdaneta |
| Procedimiento | Acción De Amparo Constitucional |
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Con sede en Maracaibo.
Mediante diligencia presentada en fecha 09 de abril de 2015, por la abogada B.H., inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 126.737, actuando con el carácter de apoderada judicial del Municipio Maracaibo, por una parte, y por la otra, el ciudadano E.B., titular de la cedula de identidad Nº V-18.429.523, asistido por la abogada P.B., inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 185.317, solicitan “…se sirva impartir la correspondiente homologación, dándole autoridad de Cosa Juzgada, y así mismo se ordene el archivo del expediente…”
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:
Vista la solicitud de homologación de transacción cursante en el expediente, pasa este Juzgado a decidir en los siguientes términos:
Dispone el artículo 25 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales lo siguiente:
Quedan excluidas del procedimiento constitucional de amparo de todas las formas de arreglo entre las partes, sin perjuicio de que el agraviado pueda, en cualquier estado y grado de la causa, desistir de la acción interpuesta, salvo que se trate de un derecho de eminente orden público o de que pueda afectar las buenas costumbres.
Al respecto, la Sala Constitucional en sentencia Nº 2635 del 23 de octubre de 2002, caso: M.C.H.C., señaló lo siguiente:
… debe esta Sala advertir que siendo indisponible por las partes el objeto de la controversia planteada en sede de amparo constitucional, por estar afectadas materias vinculadas a derechos o garantías constitucionales, protegidos por el orden público constitucional, no le está dado a ningún juez de la República el desaplicar por control difuso,… la prohibición contenida en el artículo 25 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, alegando para ello la supuesta colisión en el caso concreto con las disposiciones contenidas en los artículos 253 y 258 de la Constitución, toda vez que dicha prohibición constituye, en criterio de esta Sala, una guarda procesal de que la injuria constitucional sea considerada y tramitada no sólo en pro de los derechos del accionante, sino para proteger y garantizar la Constitución misma.
Así las cosas, las formas posibles de terminación del p.d.a. constitucional, distinta a la sentencia dictada por el juez de la causa, son entre otras el desistimiento formulado por la parte actora en aquellos casos en los que no se haya comprobado la amenaza o violación efectiva de un derecho o garantía constitucional, o no estén afectadas las buenas costumbres y la extinción del procedimiento por el abandono del trámite. Así se declara.
De la norma y criterio jurisprudencial antes citados, se colige que en los procedimientos de amparo constitucional quedan excluidas todas las formas de arreglo entre las partes, por tratarse de un procedimiento donde se tratan violaciones a derechos y garantías de rango constitucional, siendo las únicas formas posibles de terminación del p.d.a. constitucional, distinta a la sentencia dictada por el juez de la causa, el desistimiento formulado por la parte actora -en aquellos casos en los que no se haya comprobado la amenaza o violación efectiva de un derecho o garantía constitucional, o no estén afectadas las buenas costumbres- y la extinción del procedimiento por el abandono del trámite.
En razón de lo anterior, esta Juzgadora declara que resulta improcedente la homologación de la transacción celebrada entre las parte. Así se declara.
