Decisión nº 08 de Tribunal Tercero de Protección del Niño y Adolescente de Zulia (Extensión Maracaibo), de 6 de Mayo de 2010
| Fecha de Resolución | 6 de Mayo de 2010 |
| Emisor | Tribunal Tercero de Protección del Niño y Adolescente |
| Ponente | Gustavo Villalobos |
| Procedimiento | Carga Familiar |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
SALA DE JUICIO - JUEZ UNIPERSONAL No. 3
Expediente: 15.801
Sentencia Nº: 08.
Parte solicitante: E.E.L., venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad N° V-10.418.795, domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia.
Niño: x.
Motivo: Justificativo de Carga Familiar.
PARTE NARRATIVA
I
El presente procedimiento se inició ante este Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, Sala de Juicio – Juez Unipersonal No. 03, mediante escrito contentivo de solicitud de Justificativo de Carga Familiar interpuesta por el ciudadano E.E.L., en su condición de cónyuge de la progenitora del niño, ciudadana A.J.C.G., quien es portadora de la cédula de identidad N° V-15.287.156; el cual presentó con los siguientes recaudos: copia certificada del acta de nacimiento signada bajo el N° 1363, correspondiente al niño x, copia de la cédula de identidad de su persona, de su cónyuge y progenitora del niño y del niño, copia simple del acta de matrimonio entre los mismos, signada bajo el N° 170, y comunicación expedida por la Empresa Saymel, C. A.
Narra el solicitante que una vez que contrajo matrimonio con la ciudadana A.J.C.G., ha sido él quien ha cubierto los aportes económicos del hogar, así como los del niño x, por lo que gozando éste de una estabilidad laboral con la empresa Saymel, C. A Contratista de la Empresa PDVSA, la cual le otorga ciertos beneficios a través de la contratación colectiva; es por lo que solicita sea declarado su hijastro mediante sentencia dictada por un Tribunal, como carga familiar del mismo y así puedan disfrutar de dichos beneficios.
Por auto dictado en fecha 21 de enero de 2010, esta Sala de Juicio – Juez Unipersonal No. 03 del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, le dio entrada, formó expediente y admitió la presente solicitud en cuanto a lugar en derecho, por no ser contraria al orden público, a las buenas costumbres y a ninguna disposición expresa de la ley, ordenándose la notificación del Fiscal Especializado del Ministerio Público con competencia en el Sistema de Protección del Niño, Adolescente y Familia de la Circunscripción Judicial del estado Zulia; se ofició al Equipo Multidisciplinario de los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia y se ordenó oír la opinión del niño de autos.
En fecha 09 de febrero de 2010, fue escuchada la opinión del niño x.
En fecha 25 de marzo de 2010, se agregó a las actas las resultas del informe requerido al Equipo Multidisciplinario de los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia.
Finalmente, en fecha 04 de mayo de 2010, se agregó a las actas boleta donde consta la notificación practicada a la Fiscal (30) del Ministerio Público, la cual corre inserta al folio (24).
II
Consta en actas:
• Copia certificada del acta de nacimiento No. 1363, expedida por la Jefatura Civil de la parroquia F.E.B.d. municipio Maracaibo del estado Zulia, correspondiente al niño x.
• Copia certificada del acta de matrimonio entre los ciudadanos E.E.L. y A.J.C.G., signada bajo el N° 170.
• Comunicación expedida por la Empresa Saymel, C. A.
• Copia de las cédulas de identidad tanto del solicitante de autos, como de su cónyuge y del niño de autos.
• Boleta en donde consta la notificación del Fiscal Trigésimo del Ministerio Público con competencia en el Sistema de Protección del Niño, Adolescente y Familia.
• Resultas del informe social ordenado elaborar al Equipo Multidisciplinario de los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en el hogar en donde residen el niño de autos, de cuyas conclusiones se lee: “-Se trata del niño x, el cual se encuentra bajo la responsabilidad del solicitante desde que contrajo matrimonio con la progenitora, A.C.. –La presente solicitud fue interpuesta por el ciudadano E.L., quien aspira obtener el justificativo de carga familiar y con ello poder incluir al n.U. en los beneficios socio – económicos que percibe como empleado de PDVSA. –El solicitante se encuentra económicamente activo, percibe ingresos que le permiten cubrir satisfactoriamente las erogaciones a su cargo. –El inmueble que ocupan presenta condiciones aceptables en construcción y habitabilidad, que le brindan confort al grupo familiar. –La comunidad es una zona urbanizada dotada de todos los servicios básicos que contribuyen a que los miembros tengan una buena calidad de vida. –Sólo fue posible consultar con un miembro de la comunidad quien afirma que el solicitante y su grupo familiar residen en el sector. –Desconocen el caso que nos ocupa. –El solicitante es persistente en su interés de obtener el justificativo de carga familiar a favor del n.U. Gabriel Olivar Colina”.
PARTE MOTIVA
I
Los artículos 78 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 3 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (en adelante CNRBV y CISDN, respectivamente) y 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (en adelante LOPNNA) consagran el precepto y el principio del Interés Superior de Niño, de obligatoria aplicación en todo ámbito cuando se tome una decisión relacionada con niños, niñas y adolescentes.
El artículo 75 constitucional establece: “El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas (…) los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse en el seno de su familia de origen. Cuando ello sea imposible o contrario a su interés superior, tendrán derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley”.
El artículo 78 ejusdem consagra que los niños y adolescentes son sujetos plenos de derechos, que deben ser protegidos y que el Estado, las familias y la sociedad asegurarán con prioridad absoluta su protección integral, tomando en cuenta su interés superior en la toma de decisiones que les conciernan.
Por otra parte, el artículo 76 constitucional consagra que “El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas.
En la misma sintonía, el artículo 5 de la LOPNNA impone obligaciones generales a la familia, al establecer que es “responsable, de forma prioritaria, inmediata e indeclinable, de asegurar a los niños y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos”.
En las mencionadas normas constitucionales y legales se acoge la Doctrina de la Protección Integral, evidenciándose, entre otros, los principios del niño como sujeto pleno de derechos, interés superior del niño y el de participación, y el derecho que tiene todo niño, niña y/o adolescente de ser criado en una familia.
En este orden de ideas, la LOPNNA tiene como objetivo fundamental garantizar a los niños y adolescentes el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías (entre estos los que ella misma consagra); a través de la protección integral que el Estado, las familias y la sociedad les deben brindar según lo establecido en su artículo primero (1°).
Entre estos derechos consagra:
Artículo 30: Derecho a un nivel adecuado.
Artículo 41: Derecho a la Salud y a Servicios de Salud.
Artículo 53: Derecho a la Educación.
En el caso de autos, resulta innegable que el niño x, tienen todo el derecho a un nivel adecuado, a la salud y a servicios de salud y a la educación, por sólo mencionar algunos.
La protección de estos derechos humanos fundamentales, sin discusión alguna corresponde al estado, a la Familia y a la Sociedad; sin embargo, por ser la familia el espacio primigenio de crecimiento, cuidado y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, la obligación de la protección de los derechos, así como exigir el cumplimiento de deberes, corresponde principalmente a los padres, representantes o responsables, quienes tienen el deber inmediato e indeclinable de garantizarlos.
En ese sentido, del contenido del informe social que riela en autos, se evidencia que el niño x, residen junto a su progenitora, la ciudadana A.C., y el cónyuge de la misma, ciudadano E.E.L., quienes se dedican a su cuidado y atención, cubriendo los gastos de manutención de los mismos; por lo que solicitan a este Tribunal que declare al niñote autos como carga familiar de su padrastro antes identificado, a los fines de que éste pueda disfrutar los beneficios laborales que el ciudadano en cuestión percibe.
II
Por otra parte, en desarrollo de la Responsabilidad de Crianza (Custodia) como principal atributo de la P.P., el artículo 358 de la LOPNNA establece:
La responsabilidad de crianza comprende el deber y el derecho compartido, igual e irrenunciable del padre y la madre de amar, criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas, así como la facultad de aplicar correctivos adecuados que no vulneren su dignidad, derechos, garantías o desarrollo integral (…)
.
Asimismo, el artículo 359 ejusdem contempla:
Ejercicio de la responsabilidad de crianza: El padre y la madre que ejerzan la p.p. tienen el deber compartido, igual e irrenunciable de ejercer la Responsabilidad de Crianza de sus hijos o hijas, y son responsables civil, administrativa y penalmente por su inadecuado cumplimiento. (…)
.
Se observa entonces que -en principio- cuando los padres viven con el niño, niña o adolescente en la misma residencia, ambos comparten su custodia y el ejercicio del resto del contenido de la responsabilidad de crianza: amar, criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas.
En relación con la asistencia material la Doctrina Patria ha señalado que el hecho biológico de la procreación hace surgir la obligación de los padres de alimentar, mantener y educar a sus hijos, obligación que, a la luz de nuestro Derecho, es por igual para el padre y la madre, de manera que es la filiación la que determina la filiación y no la p.p.. Entonces, corresponde a los progenitores asumir la manutención del hijo que comporta no sólo la alimentación sino todo lo necesario para su crianza.
En el caso de marras entiende este Juzgador que con la solicitud presentada se busca asistir materialmente al niño x, deber que corresponde a sus padres, sin embargo, el ciudadano E.E.L., antes identificado, (en su condición de padrastro), quien no es titular de la P.P. del niño y por tanto no ejerce su custodia, ya que legalmente corresponden única y exclusivamente a los progenitores, ha manifestado su voluntad de que los mismos sean considerados como su carga familiar, por lo que este Tribunal con fundamento en el principio del Interés Superior del Niño, lo considera beneficioso para el niño x y declara procedente la solicitud presentada; sin que de forma alguna esto signifique un prejuzgamiento sobre el ejercicio de la P.P., sobre sus atributos, ni el cumplimiento de los deberes que tiene el progenitor biológico del niño en cuestión. Así se declara.-
Por los fundamentos expuestos esta Sala de Juicio, Juez Unipersonal Nº 3 del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, resuelve:
• Declara CON LUGAR la solicitud de Justificativo de Carga Familiar presentada por el ciudadano E.E.L., venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad N° V-10.418.795; en consecuencia,
• Declara al niño x de 10 años de edad respectivamente, como CARGA FAMILIAR del ciudadano E.E.L., venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad N° V-10.418.795; con la finalidad única y exclusiva de que pueda disfrutar de los beneficios que le pueden corresponder al niño producto de la relación laboral que el ciudadano E.E.L., mantiene como empleado de Saymel, C. A Contratista de la Empresa PDVSA, previo el cumplimiento de los requisitos correspondientes. Así se decide.-
Publíquese y regístrese. Déjese copia certificada por secretaría del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil y a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Juicio Juez Unipersonal N° 3 del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en la ciudad de Maracaibo, a los cinco (05) días del mes de mayo de 2010. Año 200º de la Independencia y 151º de la Federación.
El Juez Unipersonal N° 3 (T) La Secretaria
Abg. Gustavo Villalobos Romero. Abg. Carmen Vilchez
En la misma fecha, siendo las 09:00 am, se publicó el fallo anterior y quedó registrado bajo el No. 08, en el libro de sentencias llevado por este Tribunal. La Secretaria.
Exp. 15.801
GAVR/dayana.-
