Decisión nº PA1952013000010 de Tribunal Superior Primero del Trabajo. Sede en Coro de Falcon, de 14 de Mayo de 2013

Al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

De las resultas de la prueba de informe se evidencia que la patronal del CONSORCIO MECAVENCA PROINTEMAS, se encuentra registrada en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales bajo el número patronal F24020872, con dirección en la calle Comercio edificio MECAVENCA, Caja de Agua, Punto Fijo Estado Falcón, y se observa que el demandante no se encuentra registrado en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, por parte del CONSORCIO MECAVENCA PROINTEMAS; por lo que esta prueba nada aporta para resolver lo controvertido, razón por la que se desecha del proceso. Así se decide.

A la Inspectoría del Trabajo de los Municipios los Carirubana, Falcón y los Taques, con sede en la ciudad de Punto Fijo:

La resulta fue recibida según oficio No. 757-10, de fecha 08 de diciembre de 2010, emanado de la Inspectoría del Trabajo de Punto Fijo, donde se le informa que ese despacho no encuentra registro alguno relacionado con el ciudadano E.J.G.R., titular de la cedula de identidad No 10.969.730, en cuanto al procedimiento de pago de prestaciones sociales, por lo que se ratifica lo decidido por el tribunal A quo, y se desecha del juicio. Así se establece.

DE LA PRUEBA DE INSPECCION JUDICIAL:

De la prueba de Inspección judicial en la sede de la empresa PDVSA PETROLEO, S.A., Centro de Refinación Paraguaná (CRP), concretamente en la unidad denominada CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL CONTRATISTA (CAICE), adscrito al Departamento o Gerencia de relaciones laborales; la cual fue realizada por el tribunal de instancia en fecha 22, de enero del año 2010; donde pudo verificar que el Centro de Refinación Paraguaná (CRP), en el sistema de control laboral de empresas contratistas, aparece el ciudadano E.J.G.R., titular de la cedula de identidad No 10.969.730, como samblasista, desde el día 17 -11-2008, hasta el 31-12-2008, en el numero de obra 0320209, en el contrato obra 89032001076910, denominado Reparación de los Tanques 66/1, a nombre de la empresa contratista QAC, FALCON. Dejando constancia el tribunal A quo, de que el ciudadano E.J.G.R., solo registra un pase o ficha de entrada durante el año 2008, requerido por la empresa QAC DE FALCON. Este tribunal confirma la decisión, del tribunal de instancia y por ende, desecha la prueba de inspección. Así se decide.

DE LA PRUEBA DE EXHIBICION:

Solicita al CONSORCIO MECAVENCA PROINTEMAS, la exhibición los originales de los siguientes documentos:

1. Las nominas de pago de salarios del ciudadano E.J.G.R.;

2. Los recibos de pago de salarios del ciudadano E.J.G.R..

En virtud de la no exhibición de los originales que fueron promovidos en copias simples por la parte actora; el tribunal de instancia aplicó las consecuencias jurídicas atribuidas en el artículo 429, del Código de Procedimiento Civil, y le otorgó valor probatorio a los recibos de pago que fueron consignados con la demanda, cuya consecuencia jurídica confirma esta alzada, de conformidad con el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De dichos recibos se demuestra la relación laboral que sostuvo el trabajador E.J.G.R., para el CONSORCIO MECAVENCA PROINTEMAS; la fecha de ingreso el 22 de julio del año 2008; el salario básico de Bs. 44,25 diarios; el cargo de Samblasista; y el objeto del contrato en la Reparación de Tanques en Amuay. Así se establece.

PRUEBAS DEL DEMANDADO:

- Respecto al Merito Favorable, y a la Convención Colectiva de Trabajo de la Industria Petrolera que rige el periodo laboral 2007–2009; esta alzada ratifica el criterio que fue determinado por el tribunal de instancia. Así se decide.

DE LA PRUEBA DOCUMENTAL

- Del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la cooperativa PROINTEMAS, identificada con la letra “A”; a los folios 173 al 181, de la primera pieza.

- Del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales del CONSORCIO MECAVENCA PROINTEMAS, identificado con la letra “B”; a los folios 182, al 189, de la primera pieza. De las Actas Constitutivas de los Estatutos Sociales de la cooperativa PROINTEMAS y del CONSORCIO MECAVENCA PROINTEMAS, esta alzada ratifica el valor probatorio, otorgado por el tribunal de instancia; especialmente en cuanto a que el ciudadano E.J.G.R., no suscribe el Acta Constitutiva como asociado en la COOPERATIVA PROINTEMAS. Así se establece.

- Del Acta de Asamblea Extraordinaria de Asociados de la COOPERATIVA PROINTEMAS, identificada con el No. 05; celebrada en fecha 8 de febrero del año 2008, identificada con la letra “C”, a los folios 111 al 118, de la pieza numero 2; remitida por la Notaria Publica Segunda del Municipio Carirubana del Estado Falcón.

Esta documental demuestra, tal como lo estableció el tribunal A quo, que el ciudadano E.J.G.R., no se encuentra entre las personas asociadas de la COOPERATIVA PROINTEMAS, criterio que esta alzada ratifica. Así se decide.

DE LA PRUEBA DE INFORMES:

- A la empresa PDVSA PETROLEO, S.A.,

- A la Oficina Inmobiliaria de Registro Publico de los Municipios Autónomos Carirubana, Punta Cardón y S.A. con sede en la ciudad de Punto Fijo del Estado Falcón.

- Al Registro Mercantil Segundo con sede en la ciudad de Punto Fijo, de la circunscripción judicial del Estado Falcón,

- A la Notaria Publica Segunda de la ciudad de Punto Fijo del Estado Falcón.

Esta alzada ratifica el valor probatorio otorgado por el tribunal de instancia a los informes recibidos. Así se decide.

PRUEBAS TERCERO INTERVINIENTE:

DE LA PRUEBA DE INSPECCION JUDICIAL:

En el CENTRO DE REFINACIÓN PARAGUANÁ DE PDVSA PETROLEO, S.A.

El tribunal de instancia se traslado y constituyó en fecha 26 de enero del año 2010, en las instalaciones de centro refinador Paraguaná, dejando constancia: 1.) Que en la Superintendencia de Relaciones Laborales no existe dispositivo o unidad funcional con las características referidas por la promovente, 2.) Que en el dispositivo o unidad funcional serial PDVSA 10000005721, pudo observarse información almacenada en formato electrónico en un sistema computarizado denominado CAIC, 3.) Y dejó constancia que el demandante de autos, E.J.G.R., registra como Samblasista en condición de contratación, en el período comprendido desde el 22 de julio de 2008, hasta el 12 de septiembre de 2008.

Esta prueba, adminiculada con las otras pruebas ya analizadas, demuestra la fecha de inicio y de terminación de la relación laboral (desde el día 22 de julio del año 2008, hasta el día 12 de septiembre del año 2008), del ciudadano E.J.G.R., identificado en autos, con el CONSORCIO MECAVENCA PROINTEMAS; que trabajó en el cargo de Samblasista, en las instalaciones del CENTRO DE REFINACIÓN PARAGUANÁ DE PDVSA PETROLEO, S.A. Así se decide.

MOTIVACIONES DECISORIAS

PUNTO PREVIO

Solicita la representación del tercero, que se resuelva como punto previo, el hecho del tribunal haber omitido en forma involuntaria, el término de la distancia por ser éste de evidente orden público, y que debe acordarse cuando las partes demandadas estén fuera de la localidad de tribunal.

Para resolver sobre lo solicitado, es menester mencionar que el artículo 163, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, no prevé el término de distancia, cuando a la letra dice:

Artículo 163. Al quinto (5º) día hábil siguiente al recibo del expediente, el Tribunal Superior del Trabajo competente fijará, por auto expreso, el día y la hora de la celebración de la audiencia oral, dentro de un lapso no mayor a quince (15) días hábiles, contados a partir de dicha determinación.

Con relación a los expertos, el Tribunal ordenará su comparecencia, previa notificación de los mismos

.

La citada norma, no prevé el término de distancia para la fase de la segunda instancia, no obstante sobre este aspecto, la Sala de Casación Social, en decisión numero 622, de fecha 02 de mayo del año 2010, ratificando los fallos Nos. 966, del año 2001 y 2.433, del año 2007, expresó lo siguiente:

… el termino de la distancia se concede no sólo para el traslado de personas o autos de un sitio a otro, sino también para que la demandado pueda preparar su defensa en la forma mas adecuada. Por otra parte, de tal término depende el comienzo del cómputo para el lapso de emplazamiento; por lo tanto, al existir como en el presente caso, incertidumbre en cuanto a la concesión o no de dicho término nos encontramos frente a un proceso donde reina la inseguridad y el caos, ya que es obvio que al actor también interesa la certidumbre en cuanto a la preclusión de los lapsos en los cuales debe asumir las cargas procesales que le impone la ley, todo lo cual constituye una evidente transgresión del articulo 49 del Texto Constitucional

.

La norma referida y el extracto de la sentencia, conlleva a quien decide, a reflexionar sobre las circunstancias en las cuales se debe conceder el término de la distancia, cuando la sede del tribunal diste menos de 100 kilómetros, -como en el caso que nos ocupa- de conformidad con el artículo 205, del Código de Procedimiento Civil, aplicable por mandato del artículo 11, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; cuando las partes tengan su domicilio principal en una jurisdicción diferente a la jurisdicción del tribunal, con la finalidad de que puedan trasladarse y preparar su defensa, dada la necesidad de que cualquiera que sea la vía procesal escogida para la defensa de los derechos o intereses legítimos, las leyes procesales deben garantizar la existencia de un procedimiento que asegure el derecho de defensa de las partes, el debido proceso y la garantía de una tutela judicial efectiva.

Esta alzada observa de las actas procesales que efectivamente, las partes en litigio tienen su domicilio en la ciudad de Punto Fijo del Estado Falcón, la cual se encuentra a una distancia aproximada de 88, kilómetros de esta ciudad de S.A.d.C.; no obstante, por las máximas de experiencia se tiene conocimiento que la vía que une a las dos ciudades, se encuentra en buenas condiciones de asfaltado, y es una vía tipo autopista de dos canales para ir y dos canales para retornar; así como también, que existen diferentes medios de transporte público de pasajeros, los cuales facilitan el traslado de personas entre las dos ciudades, así como transporte privado y particular, en el entendido que los medios de transporte que emplean en promedio, una hora en realizar el recorrido entre las dos ciudades.

Por manera que, estando las partes a derecho y habiendo fijado este Superior Tribunal, con suficiente antelación la oportunidad de la audiencia oral, el día 16 de abril de 2013, transcurriendo 12 días hábiles siguientes a la fijación, considera este jurisdicente, que se ha garantizado el derecho a la defensa y el debido proceso a las partes, ya que han tenido suficiente tiempo para preparar sus defensas y planificar su traslado hasta la sede del tribunal en la fecha fijada; cabe destacar, que en materia laboral para ser decretada una reposición debe necesariamente alcanzar un fin útil, y en esta causa se observa que tanto la parte demandante recurrente como el tercero interviniente, si comparecieron a la audiencia oral y publica de apelación. En este mismo orden de ideas, se debe tomar en consideración que en ningún procedimiento judicial se debe sacrificar la justicia por formalismos ni reposiciones inútiles y sin dilaciones indebidas, de conformidad con lo establecido en el articulo 26 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, en armonía con el articulo 257, eiusdem. En consecuencia, resulta improcedente lo peticionado por el tercero interviniente, respecto a la fijación del tribunal del término de distancia. Así se decide.

Por otro lado, conceder este Tribunal Superior Temporal el término de distancia, caería en franca contradicción con el Tribunal Superior Primero de este Circuito Laboral de la Circunscripción Judicial, ya que por notoriedad judicial, desde la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en los juicios provenientes de la jurisdicción de la ciudad de Punto Fijo del Estado Falcón, en los cuales ha conocido como instancia Superior, no se ha concedido el aludido término de la distancia. Así se establece.

DE LA RESOLUCION DE LAS APELACIONES:

DE LA APELACIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE RECURENTE:

Tal como se estableció ut supra, entre los hechos controvertidos, se debe dilucidad si la sentencia dictada por el tribunal A-quo, se encuentra ajustada a derecho, cuando negó el pago de la Indemnización Sustitutiva de Intereses de Mora de Prestaciones Sociales, en virtud de no existir en las actas procesales prueba que evidencie que el demandante cumplió con el procedimiento previsto en la cláusula 69, numeral 11, de la Contratación Colectiva Petrolera para que fuera procedente.

Apuntando en esta dirección, tenemos que es necesario el análisis de lo regulado en la citada Contratación Colectiva de Trabajo Petrolera años 2007-2009, la cual en su cláusula 69, numeral 11, consagra:

11. “Cuando por razones imputables a la CONTRATISTA, un trabajador no pueda recibir su pago de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 65 de esta CONVENCIÓN, la CONTRATISTA le pagará a razón de SALARIO NORMAL, tres días (3) adicionales por cada día que invierta en obtener dicho pago. En todo caso de terminación del contrato individual de trabajo y si por causas imputables a la CONTRATISTA, no se le paga al trabajador en la misma fecha del despido, las prestaciones legales y contractuales que pudieran corresponderle o diferencias de las mismas, verificadas por el respectivo Centro de Atención Integral de Contratistas, de Relaciones Laborales de la EMPRESA y que no sean objeto de convenimiento del trabajador con la CONTRATISTA correspondiente, ésta le pagará una indemnización sustitutiva de los intereses de mora equivalente a tres (3) SALARIOS NORMALES, por cada día de retardo en el pago de dichas prestaciones”.

Por su lado, el artículo 508, de la Ley Orgánica del Trabajo establece:

Las estipulaciones de la convención colectiva se convierten en cláusulas obligatorias y en parte integrante de los contratos de trabajo celebrados o que se celebren durante su vigencia en el ámbito de la convención, aún para aquellos trabajadores que no sean miembros del sindicato que haya suscrito la convención

.

Por manera que, de acuerdo con la citada cláusula contractual y la norma sustantiva invocada, el incumplimiento de las obligaciones por parte del empleador, acarrea una responsabilidad patrimonial con el propósito de resarcir y restaurar el patrimonio del trabajador, por no haberle pagado en su oportunidad las prestaciones sociales, ya que le impone una sanción sustitutiva de pago los intereses por dicho retardo.

Ahora bien, la defensa alegada por la demandada y el tercero interviniente respecto a la procedencia de este concepto, esta subordinada a la materialización de una serie de circunstancias entre las cuales priva, que el demandante debió dirigirse al Centro de Atención Integral de Contratistas de Relaciones Laborales de PDVSA PETRÓLEO, S.A., y que, según su decir, el demandante no cumplió con este requisito para hacerse acreedor de dicho pago.

Sobre este aspecto, es prudente traer a colación el criterio sentado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 400, de fecha 04, de mayo del año 2010, caso L.A.R.M.V.. BOVE PÉREZ, C.A. y PDVSA, PETRÓLEO, S.A., que estableció:

“Es así, que el recurrente señala que la sentencia de alzada incurriendo en una interpretación errónea de la cláusula 69, nota de minuta N° 7, determinó que uno de los requisitos para que se considere en mora a la contratista en el pago de las prestaciones sociales es que las mismas sean verificadas por los Centros de Atención Integral de Contratistas de Relaciones Laborales de Petróleos de Venezuela, S.A., supuesto éste que a decir del recurrente, no se encuentra presente en la cláusula delatada como infringida, lo que conllevó a que la recurrida indebidamente y con base en tal interpretación, decidiera que “al no evidenciarse en actas que el trabajador haya realizado el reclamo de las prestaciones sociales por ante PDVSA”, resultaba entonces improcedente la cantidad reclamada por concepto de “mora en el pago de las prestaciones”.

Pues bien, la cláusula 69, nota de minuta N° 7 de la Convención Colectiva de Trabajo de la Industria Petrolera 2002-2004, señala expresamente que:

Cuando por razones imputables a las personas jurídicas que se refiere esta cláusula, un trabajador no pueda recibir su pago de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 65 de esta Convención, la persona jurídica le pagará a razón de salario básico, un día y medio (1 ½) adicional por cada día que invierta en obtener dicho pago. En todo caso de terminación del contrato individual de trabajo y si por causas imputables a las personas jurídicas a que se refiere esta Cláusula, no se le paga al trabajador en la misma fecha del despido las prestaciones legales y contractuales que pudiera corresponderle, o diferencias de las mismas, verificadas por los Centros de Administración de Contratistas de Relaciones Laborales de las Empresas Filiales, y que no sean objeto de convenimiento del trabajador con la persona jurídica correspondiente, la persona jurídica le pagará a salario básico cada día de retardo en el pago de dichas prestaciones

La norma contractual precedentemente transcrita, estipula una sanción por el retardo en el pago de salarios y sueldos, en concordancia con lo dispuesto en la cláusula 65 del Contrato Colectivo de Trabajo. Dicha disposición además dispone que la sanción en cuestión también opera en caso de terminación de la relación de trabajo cuando las prestaciones legales y contractuales, ya verificadas por los Centros de Administración de Contratistas, no sean pagadas a la fecha del despido.

Ahora bien, para verificar lo aseverado por el recurrente, precisa esta Sala transcribir extractos de la sentencia recurrida, lo cual hace de la manera siguiente:

Siguiendo el orden de los hechos controvertidos relacionados con esta segunda instancia, resta a esta Alza.a.l.p.d. la Mora Contractual establecida en la Convención Colectiva Petrolera.

(Omissis).

Así pues la misma cláusula establece ciertos requisitos que se debe cumplir para que se considere en mora a la contratista en el pago de las prestaciones sociales, siendo estos los siguientes: 1) Se aplica en caso de terminación del contrato individual de trabajo. 2) Que por causa imputable a la contratista, no se le pagó al trabajador el mismo día de la fecha del despido, sus prestaciones sociales, o diferencias de las mismas. 3) Que sean verificadas por los Centros de Atención Integral de Contratistas de Relaciones Laborales de la Empresa, y 4) Que no sean objeto de convenimiento del trabajador con la Contratista correspondiente.

Ahora bien, analizando uno a uno los requisitos de procedibilidad (sic) de dicha cláusula tenemos que no se evidencia de actas que el trabajador hubiese realizado el reclamo de las prestaciones sociales por el Centro de Atención Integral de Contratistas de Relaciones Laborales de la empresa de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), requisito este indispensable para que los Centros de Atención Integral de Contratistas de Relaciones Laborales de la Empresa verificaran la falta de pago oportuno, por lo que tomando en consideración el carácter sancionatorio de dicha cláusula y por cuanto el actor no cumplió con los requisitos de procedibilidad, quien juzga declara IMPROCEDENTE el reclamo realizado por el actor en su libelo de demanda por concepto de mora en el pago de las prestaciones sociales. ASÍ SE DECIDE.-

De la transcripción precedentemente expuesta, se observa que efectivamente la recurrida estableció que uno de los requisitos contenidos en la norma contractual para que operase la sanción por mora en el pago de las prestaciones sociales, es el reclamo previo, por parte del trabajador de las prestaciones sociales por ante el Centro de Atención Integral de Contratista de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), supuesto éste que, como bien dice el recurrente, no se encuentra presente en la cláusula 69 minuta Nº 7 del Contrato Colectivo de Trabajo de la industria Petrolera, lo que sin duda hizo que la sentencia de alzada incurriera en la infracción denunciada.

Para mayor abundamiento, en un caso similar al planteado, esta Sala de Casación Social, interpretando la cláusula 69, nota de minuta N° 7 de la Convención Colectiva de Trabajo de la Industria Petrolera, estableció la procedencia de dicho concepto desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta la notificación de las últimas de las codemandadas, debido a que después de la sustanciación del procedimiento, y en caso de que la demanda resultase procedente, se generaba a favor del trabajador la corrección monetaria y los intereses de mora correspondientes (sentencia N° 1584, expediente: 08-1218, caso: Construcciones Bravo Perche, C.A. (BRAPERCA), Chevron Texaco, C.A. y Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA, con ponencia de quien suscribe el presente fallo). Por consiguiente, en el presente caso, una vez verificado los supuestos necesarios para que proceda la sanción por el retardo en el pago de las prestaciones sociales, le corresponderá al actor la indemnización por “mora” desde la fecha de la terminación del contrato individual de trabajo hasta la notificación de la última de las codemandadas. Así se resuelve”.

Por manera que, de conformidad con la sentencia parcialmente transcrita, si bien la cláusula 69, numeral 11, de la Contratación Colectiva Petrolera 2007-2009, establece que el trabajador debe dirigirse al Centro de Atención Integral de Contratistas de PDVSA PETRÓLEO, S.A., previo a demandar laboralmente por incumplimiento en el pago de la mora contractual por retardo en el pago de sus prestaciones sociales, esta carga no debe ser considerada de obligatorio cumplimiento para el trabajador, ya que eso sería imponerle una carga que no le corresponde, ni le es imputable, ya que es la empresa demandada, la que incumplió al no efectuar en forma oportuna, el pago de las prestaciones sociales una vez terminada la relación laboral; esta situación se equipararía al hecho conocido comúnmente, cuando el deudor se excusa de no haber pagado cuando la obligación es exigible, alegando que el acreedor no le fue a cobrar, siendo su obligación la de pagar para libertarse de la misma; en consecuencia, para quien decide, y con base al criterio de la Sala de Casación Social, no es una carga del trabajador tener que dirigirse al Centro de Atención Integral de Contratistas de PDVSA PETRÓLEO, S.A. sino que es un deber de la demandada, el CONSORCIO MECAVENCA PROINTEMAS, haberle pagado oportunamente al ciudadano E.J.G.R., lo que correspondía por dicho concepto, toda vez, que ha quedado demostrado en autos, que el vínculo laboral terminó en fecha 12 de septiembre del año 2008, y hasta la fecha, no le ha pagado las prestaciones sociales al extrabajador. Así se decide.

Ahora bien, en interpretación de la Cláusula 69, numeral 11, de la citada Convención Colectiva de Trabajo de la Industria Petrolera, que establece la procedencia de dicho concepto desde la fecha de terminación de la relación laboral, corresponde analizar ahora, hasta que fecha resulta aplicable la aludida cláusula; en este sentido, según lo establecido en múltiples decisiones, por jurisprudencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, relacionadas con la interpretación de dicha Cláusula 69, se ha determinado que la procedencia de dicho concepto, es desde la fecha de terminación de la relación laboral, hasta la notificación de la parte demandada, motivado a que después de la sustanciación del procedimiento de cobro, y en caso de que la demanda resultase declarada con lugar, lo que se genera a favor del trabajador, es la corrección monetaria y los intereses de mora que le pudieran corresponder. Así se decide.

En tal sentido, tenemos que entre el 12 de septiembre del año 2008, fecha en la cual terminó la relación laboral, y el día 17 de marzo del año 2009, fecha en la cual fue notificada la parte demandada, transcurrieron un total de 185 días. Y en virtud de haberse establecido que el salario normal devengado por el actor a la finalización de la relación laboral, es la cantidad Bs. 44,25 diarios; en consecuencia, por concepto de Mora por Retardo en el Pago, de conformidad con lo establecido en la cláusula 69, numeral 11, de la Contratación Colectiva de Trabajo para los Trabajadores de la Industria Petrolera, debe la demandada pagarle al actor, lo equivalente a tres (3) días adicionales por cada día invertido en la obtención del pago, lo que se calcula multiplicando 185, días de retardo en el pago, por (3) días diarios como sanción por el incumplimiento, lo que equivale a 555 días, a razón del salario normal diario de Bs. 44,25, resultando la cantidad condenada a pagar de veinticuatro mil quinientos cincuenta y ocho Bolívares con setenta y cinco céntimos (Bs. 24.558,75), sin que sobre dicha cantidad proceda indexación alguna, toda vez que la naturaleza sancionatoria de la referida disposición contractual excluye por sustitución, la aplicación de lo previsto en el artículo 92, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por lo expuesto, se declara con lugar el motivo de apelación de la parte demandante recurrente y queda modificada la sentencia del tribunal A quo, en los términos aquí explanados. Así se decide.

Cabe destacar, que en caso de incumplimiento voluntario de la sentencia el juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competente, aplicara lo preceptuado en el artículo 185, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.

DE LA APELACIÓN DE LA TERCERO INTERVINIENTE:

- Uno de los motivos de apelación de tercero interviniente después de haber solicitado pronunciamiento respecto al término de distancia, es que caso de condenatoria de la demandada para el supuesto de que prospere la demanda, se excluya a la empresa PDVSA PETROLEO, S.A.

Ahora bien, lo peticionado por el tercero interviniente, contradice la normativa prevista en los artículos 55, 56 y 57, de la Ley Orgánica del Trabajo, relativa a la presunción de inherencia y conexidad, en el entendido que la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y Trabajadores, del día 07 de mayo del año 2012, no podrá ser aplicada para la solución del caso sub lite, en atención al principio de irretroactividad de la ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y del principio ‘tempus regit actum’, que nos enseña que los actos y relaciones de la vida real se regulan por la ley vigente para el momento en que los hechos se produzcan o se llevan a cabo.

De modo que, existiendo una presunción iuris tantum de inherencia y conexidad en las actividades que son desarrolladas por empresas contratistas para el sector minero y de los hidrocarburos y los presupuestos de rango sublegal, como la permanencia, mayor fuente de lucro y participación en el proceso productivo, los cuales determinan si la actividad de las empresas contratistas son inherentes y conexas con el proceso productivo de la actividad de la industria petrolera, de acuerdo con la establecido en el artículo 55, de la Ley Orgánica del Trabajo.

Como puede observarse de la parte final del artículo 55, de la ley sustantiva laboral, las obras o servicios ejecutados por contratistas para las empresas mineras y de hidrocarburos, se presumirán inherentes o conexas con la actividad del patrono beneficiario. Ahora bien, esa presunción quedó admitida en autos, dada la existencia de un contrato entre la demandada el CONSORCIO MECAVENCA PROINTEMAS, y la empresa PDVSA PETROLEO, S.A., según contrato 890320010719317, denominado Reparación de Tanques, de la Refinería Amuay del Centro de Refinación Paraguaná; por lo que habiéndose demostrado en el proceso que el trabajador prestó sus servicios personales para el CONSORCIO MECAVENCA PROINTEMAS, se concluye que la demandada era contratista de la petrolera, y por consiguiente, las obras y servicios que ejecutaba, son inherentes y conexas con las actividades de la empresa PDVSA PETROLEO, S.A., a la luz de los artículos 54, 55, 56 y 57, de la Ley Orgánica del Trabajo. En consecuencia, se declara improcedente este motivo de apelación de pretender excluir a la empresa PDVSA PETROLEO, S.A., de la obligaciones de la demandada, y se confirma la aplicación de la presunción de inherencia y conexidad, así como la correspondiente solidaridad en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación de trabajo existente entre el CONSORCIO MECAVENCA PROINTEMAS, y la empresa PDVSA PETROLEO, S.A. Así se decide.

- Otro de los motivos de apelación expuesto por la representación del tercero, es que de prosperar en derecho la demanda, se condene al consorcio, y se condene a las personas naturales que conforman el consorcio, de conformidad con el artículo 151, de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. En este sentido, se debe destacar que la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y Trabajadores, del 07 de mayo del año 2012, no puede ser aplicada por quien juzga, en el caso bajo decisión, ello en aplicación del principio de irretroactividad de la ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y del principio ‘tempus regit actum’, que establece que los actos y relaciones de la vida real se regulan por la ley vigente para el momento en que los hechos se produzcan o se llevan a cabo, y de autos se evidencia, que la relación de trabajo objeto de litigio, se desarrolló durante el año 2008. Por lo expuesto, se declara sin lugar este motivo de apelación Así se decide.

- Entre otro motivo de apelación que muy someramente planteó el tercero recurrente durante la audiencia oral de apelación, esta referido a que el trabajador debe agotar un mecanismo de reclamo; y si hay que agotar el mecanismo, pareciera correcta la decisión de primera instancia cuando declara parcialmente con lugar demanda, ya que el trabajador no acudió al Centro de Atención Integral de Contratistas, a informar a PDVSA, a participar sobre el retardo en el pago, de acuerdo con la cláusula 69, ordinal 11, del Contrato Colectivo Petrolero.

Ahora bien, como ya se ha establecido, de las actas procesales quedó demostrado que el CONSORCIO MECAVENCA PROINTEMAS, no pagó las prestaciones sociales del trabajador, y tal como se estableció ut supra, de acuerdo con el criterio de la Sala De Casación Social, ésta no debe ser una carga para el trabajador el tener que ocurrir al Centro de Atención Integral de Contratistas, de la empresa PDVSA PETROLEO, S.A., para solicitar el pago de la Indemnización Sustitutiva de Intereses de Mora, por cuanto el atraso se debió a razones imputables a la empresa patronal, y lo que el trabajador solicita precisamente es, la indemnización sustitutiva de los intereses de mora, a que se refiere el artículo 92, de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, que esta contenida en dicha cláusula.

Asimismo, la cláusula 69 del Contrato Colectivo Petrolero, en la norma de excepción No. 1, establece que cuado la empresa petrolera contrate con alguna contratista, lo hará con aquellas de comprobada solvencia moral y económica; por manera que, es esa solvencia moral la que se debe asumir y regir a las contratistas, en aquellos casos de reclamaciones o de irregularidades con los trabajadores, y sean estas las que deben acudir al Centro de Atención Integral de Contratistas (CAIC), a participarle cualesquier situación irregular, como la de autos, para que sea sometida a la consideración de la empresa PDVSA PETROLEO, S.A., y no que sean los trabajadores que tengan la carga, como un eximente de la responsabilidad de las contratistas. Por lo expuesto, se declara sin lugar este motivo de apelación del tercero interviniente. Así se decide.

DECISIÓN DE ESTADO

Con fundamento en los motivos de hecho y de derecho antes expuestos, este JUZGADO SUPERIOR TEMPORAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCÓN, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR LA APELACIÓN, interpuesta por el abogado P.P.C., inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 37.639, obrando en nombre del ciudadano E.J.G.R., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 10.960.730; contra la sentencia de fecha 10 de marzo del año 2011, dictada por el Tribunal Quinto de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Punto Fijo del Estado Falcón. SEGUNDO: DESISTIDA LA APELACION, interpuesta por el abogado R.V., inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 14.618, obrando en nombre de la sociedad mercantil CONSORCIO MECAVENCA PROINTEMAS, con sede en Punto Fijo; contra la sentencia de fecha 10 de marzo del año 2011, dictada por el Tribunal Quinto de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Punto Fijo del Estado Falcón. TERCERO: SIN LUGAR LA APELACION, interpuesta por el abogado B.V.J., sostenida en la audiencia oral y pública de apelación por el abogado G.P.V., ambos procediendo en nombre del tercero interviniente, la empresa PDVSA PETROLEO, S.A.; contra la sentencia de fecha 10 de marzo del año 2011, dictada por el Tribunal Quinto de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en la ciudad de Punto Fijo del Estado Falcón. CUARTO: Se MODIFICA la sentencia recurrida de fecha 10 de marzo del año 2011, dictada por el Tribunal Quinto de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en la ciudad de Punto Fijo del Estado Falcón. QUINTO: Se ordena notificar de ésta sentencia al Tribunal Quinto de Primera Instancia de Juicio tanto del Nuevo Régimen como del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en la ciudad de Punto Fijo del Estado Falcón. SEXTO: Se ordena la remisión del expediente a la Coordinación Judicial del Circuito Laboral del Estado Falcón con sede en Punto Fijo, a los fines de que efectúe la respectiva distribución entre los Tribunales de Sustanciación, Mediación y Ejecución de esa Circunscripción Judicial, para su prosecución procesal, una vez que transcurra el lapso legal sin que se interponga recurso alguno. SEPTIMO: No hay condenatoria en costas, por la naturaleza del fallo.

PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE.

Déjese copia certificada por Secretaría del fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 248, del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384, del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3 y 9, del artículo 72, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dada, sellada y firmada en el Despacho del JUZGADO SUPERIOR TEMPORAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCÓN,, con sede en S.A.d.C., a los catorce (14) días del mes de mayo de dos mil trece (2013). Años, 203 de la Independencia y 154 de la Federación.

EL JUEZ DE JUICIO

ABG. R.R.

LA SECRETARIA,

ABG. L.V.

Nota: La anterior decisión se dictó y publicó en fecha, 14 de mayo de 2013. Se dejo copia certificada en el libro Copiador de Sentencias. Conste. Coro. Fecha ut-supra.

LA SECRETARIA,

ABG. L.V.