Decisión nº 40-2014 de Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los Estados Monagas y Delta Amacuro de Monagas, de 5 de Agosto de 2014

de las Pruebas Documentales:

1. - Documento privado de autorización en original marcado “X”. (Folio 24)

2. - Copia certificada de documento poder protocolizado por ante el Registro Público del Municipio Heres estado Bolívar, bajo el N° 19, Protocolo Tercero, Cuarto Trimestre del año 2.001, previamente autenticado en la Notaria Publica Octava del Municipio Baruta del estado Miranda, bajo el N° 02, Tomo 46 de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaria marcado “X1”. (Folios 25 al 30)

3. - Copia certificada de documento de venta, Protocolizado por ante el Registro Público del Municipio Heres estado Bolívar, bajo el N° 19, Tomo 04, Protocolo Primero, Tercer Trimestre del año 1.991 marcado “X2”. (Folios 31 al 34)

4. - Copia certificada de documento de rectificación de medidas protocolizado por ante el Registro Público del Municipio Heres estado Bolívar, bajo el N° 22, Tomo 16, Protocolo Primero, Tercer Trimestre del año 1.992. (Folios 35 al 38)

5. - Copia certificada de plano de terreno protocolizado por ante el Registro Público del Municipio Heres estado Bolívar, bajo el N° 96, folio 96, documento N° 22, Tomo 16, Protocolo Primero, Tercer Trimestre del año 1.992. (Folios 39 al 41)

6. - Documento original del registro de hierro ante el servicio autónomo de sanidad agropecuaria (SASA) ahora (INSAI), bajo el N° 0352, folio 53, libro N° 02 llevado por esa institución, marcado con “X3”. (Folios 42 al 43)

7. - Documentos originales de avales sanitarios otorgados por (SASA), ahora (INSAI), marcado con “X4”. (Folios 44 al 50)

8. - Copia simple de solicitud de inscripción de Registro Agrario, marcado con “X5”. (Folio 51)

9. - Copia simple, de Carta Aval, Carta de Ocupación y Solvencia Moral emitida por el C.C.C.d.C., marcado con “X6”. (Folios 52 al 54)

10. - Copia simple de Solicitud de Titulo Supletorio, emitido por el Juzgado de Municipio R.L.d.P.C. de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, el 22/11/2012, expediente N° 218-2012, marcado con “X7”. (Folios 55 al 67)

11. - Copia simple de documento del registro de hierro emitido por el (SASA) ahora (INSAI) y Aval Sanitario desde el año 2010, bajo el N° 1096, folio 696, libro N° 02 llevado por esa institución, marcado con “X8”. (Folios 68 al 74)

12. - Original de Solicitud de Inspección Ocular, practicada por el Juzgado de Municipio R.L.d.P.C. de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, el 23/05/2013, expediente 41-2013, marcado con “X9”. (Folios 75 al 123)

13. - Original de Justificativo de Testigos evacuado por el Juzgado del Municipio R.L.d. estado B.d.P.C.J.d.E.B.C. sede Ciudad Piar, expediente 55-2013, marcado con “X10”, con la declaración de los ciudadanos G.R.C.D.Y., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-2.138.262, S.H.M.M., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-2.939.336, J.F.R., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-8.864.371, Merwin J.F.L., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-27.297.902, J.Z.v., mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-3.023.735, J.Á.F.P., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-3.730.518, J.J.G.d.F., venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-3.503.521. (Folio 124 al 150)

    DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS EN ESTA ALZADA POR LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE (NO APELANTE) Y ADMITIDAS POR AUTO DEL 10/06/2014 (Folios Pza 2)

1. - Titulo de propiedad del ciudadano A.J.F.G., protocolizado por ante el Registro Público del Municipio Heres del estado Bolívar, e inscrito bajo el N° 19, Tomo 04, Protocolo Primero, Tercer Trimestre del año 1.991 marcado “X2”. (Folios 31 al 34 primera pieza)

2. - Registro de Hierro de fecha 14/05/2001, ante el Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria, actualmente Instituto Nacional de la S.A.I., bajo el N° 0352, Folio 53, Libro N° 02. (Folios 42 al 43 primera pieza).

3. - Avales sanitarios, otorgados por el Instituto Nacional de la S.A.I., consignados en copias y originales marcados con “X4”. (Folios 44 al 50 de la primera pieza).

4. - Carta aval y solvencia moral, emitida por el C.C.C.d.C., marcadas “X6” (Folios 53 al 54 de la primera pieza).

5. - Copia simple de constancia de registro de Hierro emitido por el SASA y aval sanitario desde el año 2010, marcados con “X8”. (Folios 68 al 74 de la primera pieza).

6. - Inspección ocular del 23/05/2013, realizada por el Juzgado de Municipio R.L.d.P.C. de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, bajo expediente N° 41-2013, marcado “X9”. (Folios 75 al 123 de la primera pieza).

   ALEGATOS DEL DEMANDADO Y SUS PRUEBAS EN EL JUZGADO A QUO

   Rechaza, niega y contradice tanto de los hechos como de derecho que el ciudadano E.G.M. haya tenido posesión legítima del lote de terreno señalado y objeto de la presente litis.

   Alegan que su madre es la única adjudicataria de las tierras ut supra, por una parte, y por la otra, que son los únicos autorizados por su señora madre para realizar las labores del campo. Niegan, rechazan y contradicen tanto en los hechos con el derecho los argumentos utilizados por el demandante, pues según ellos no se ajustan a la verdad, en cuanto a que hayan registrado un hierro ya que desde la fecha 16-06-2010 poseen su propio hierro registrado por ante el Registro Publico del Municipio Heres del Estado Bolívar.

   DE LAS PRUEBAS APORTADAS POR EL DEMANDADO EN LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA (Folios 18 al 19 de la Pza2.)

de las Pruebas Documentales:

1. Actas de nacimiento marcadas con letra “A” “B” “C” “D” y “E”, de los ciudadanos D.R., D.J., C.G., M.M. y C.E., respectivamente, todas emanadas del Registro Civil de Ciudad Piar del Municipio Bolivariano Angostura del estado Bolívar. (Folio 20 al 24 segunda pieza).

2. Titulo de Adjudicación de Tierras Socialista Agrario y Carta Agraria marcado con letra “F” otorgado por el I.N.T.I. a favor de los ciudadanos M.F.G. y C.M.F.. (Folios 25 al 27 segunda pieza).

3. Autorizaciones para desarrollo de actividades agrícolas otorgado por la ciudadana M.F.G., a los ciudadanos D.M. y D.M., autenticadas por la Notaria Publica Segunda de Ciudad Bolívar, marcadas con letras “G” y “H”. (Folios 28 al 37 segunda pieza).

4. Registro de Hierro protocolizado por ante el Registro Publico del Municipio Heres del Estado Bolívar, del 12/07/2013, marcado con letra “I”. (Folio 38 al 46 segunda pieza).

5. Aclaratoria del hierro solicitada por D.J.M., protocolizado por ante el Registro Publico del Municipio Heres del Estado Bolívar, del 18/07/2013, marcado con letra “J”. (Folio 47 al 51 segunda pieza).

6. Aval sanitario emitido por el Instituto Nacional de S.A.I. marcado con letra (K). (Folio 52 al 53 segunda pieza).

7. Copia simple del acta de Ministerio Público Unidad de Atención a la Victima Primer Circuito marcado con letra “L”. (Folio 54 al 57 segunda pieza).

DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS EN ESTA ALZADA POR LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA (APELANTE)

1. - Originales de actas de nacimiento marcadas “A”, “B”, “C” y “E”, de los ciudadanos D.R., D.J., C.G. y C.E., todas emitidas por el Registro Civil de Ciudad Piar Municipio Bolivariano Angostura del estado Bolívar (Folios 134 al 137 segunda pieza).

2. - Original titulo de adjudicación de tierra socialista agrario y carta de registro agrario emitido por el INTI a favor de los ciudadano M.F.G. Y C.M., marcado “F”. (Folios 25 al 27 de la segunda pieza).

3. - Autorizaciones para desarrollo de actividades agrícolas otorgado por la ciudadana M.F.G., a los ciudadanos D.M. y D.M., autenticadas por la Notaria Publica Segunda de Ciudad Bolívar, marcadas con letras “G” y “H”. (Folios 28 al 37 segunda pieza).

4. - Registro de Hierro protocolizado por ante el Registro Publico del Municipio Heres del Estado Bolívar, del 12/07/2013, marcado con letra “I”. (Folio 38 al 46 segunda pieza).

5. - Aclaratoria del hierro solicitada por D.J.M., protocolizado por ante el Registro Publico del Municipio Heres del Estado Bolívar, del 18/07/2013, marcado con letra “J”. (Folio 47 al 51 segunda pieza).

6. - Aval sanitario emitido por el Instituto Nacional de S.A.I. marcado con letra (K). (Folio 52 al 53 segunda pieza).

7. - Copia simple del acta de Ministerio Público Unidad de Atención a la Victima Primer Circuito marcado con letra “L”. (Folios 54 al 57 de la segunda pieza).

COMPETENCIA

Corresponde a este Tribunal Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los Estados Monagas y D.A. con Competencia Transitoria en los Estados Nueva Esparta, Sucre, Anzoátegui y Bolívar, pronunciarse acerca de su competencia para conocer del presente recurso de apelación, y en tal sentido, observa lo siguiente:

La sentencia apelada ha sido dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, y del T.d.p.C. de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, el 25/02/2.014, mediante la cual el Juez A quo, declaró con lugar la acción posesoria por despojo interpuesta por ciudadano E.G.M., parte demandante; contra los ciudadanos D.R.M. FIGARELLA Y D.J.M.F., ordenando así la restitución inmediata de la posesión sobre el bien objeto de marras, asimismo condenó en costas a la parte demandada. En este sentido, dispone el artículo 151 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, lo siguiente:

La jurisdicción agraria estará integrada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales señalados en esta Ley (…)

. (Cursiva de este Tribunal)

De igual forma establece el artículo 186 eiusdem, lo siguiente:

Las controversias que se susciten entre particulares con motivo de las actividades agrarias serán sustanciadas y decididas por los tribunales de la jurisdicción agraria (…).

. (Cursiva de este Tribunal)

Por su parte el parágrafo Segundo, en su segundo aparte, de las disposiciones finales de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario nos indica lo siguiente:

(…) Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios, además de conocer en alzada de los juicios ordinarios entre particulares en materia agraria, conocerán igualmente del contencioso administrativo y demandas contra los entes agrarios, de conformidad con lo establecido Capítulo II del Título V de la presente Ley

. (Cursiva y subrayado de este Tribunal)

Del contenido normativo de las citadas disposiciones legales, se verifica una competencia específica, que comprende el conocimiento en alzada, de las acciones con ocasión a los juicios ordinarios entre particulares que se susciten en materia agraria, como es el caso que nos ocupa, vale decir, la apelación de una sentencia dictada en Primera Instancia con ocasión al juicio que por Acción Posesoria por despojo, interpusiera el ciudadano E.G.M., en contra de los ciudadanos D.R.M. FIGARELLA Y D.J.M.F., por una parte, y por la otra, en razón que esta Instancia Agraria Superior, creada según resolución Nº 2009-0052, del 30/09/2009, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, se instaló formalmente el 17/12/2013, en la ciudad de Maturín, estado Monagas y continúa conociendo transitoriamente de los asuntos de competencia en materia agraria, suscitados en el estado Bolívar, hasta que sea formalmente Instalado, el Juzgado Superior Agrario del estado Bolívar creado por la Sala Plena del Tribual Supremo de Justicia según Resolución del 06/08/2008 Nº 2008-0031 en su artículo 13, con sede en la ciudad de Puerto Ordaz del referido estado; en consecuencia, este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los estados Monagas y D.A. con competencia transitoria en los estados Nueva Esparta, Sucre, Anzoátegui y Bolívar se declara competente para conocer del presente recurso de apelación, tal y como lo hará en el dispositivo del presente fallo. Así se declara.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Del extenso análisis de las actas que conforman el presente recurso de Apelación, se evidencia que el juzgado a quo, mediante sentencia del 25/02/2014, declara con lugar la acción ordenando la restitución inmediata de la posesión del ciudadano E.G.M., sobre el bien objeto de marras, fundamentando su decisión en que la parte demandada quedó confeso al dar contestación a la demanda de forma extemporánea, por una parte, y por la otra, al promover de forma tardía, es decir, igualmente de forma extemporánea.

Ahora bien, se observa de autos igualmente, que la parte demandada, mediante diligencia del 13/03/2014 (folio 79 Pza 2), recurre de la decisión dictada por el Juzgado A-quo el 25/02/2014, manifestando lo siguiente:

(…) encontrándome en el lapso, correspondiente para apelar, apelo en la sentencia dictada por este tribunal en fecha 25-02-2014 (…)

. (Cursivas de este Juzgado Superior Agrario)

De lo expuesto, claramente se infiere que el recurrente, ejerce su recurso ordinario de apelación , de forma genérica, sin que se observe la fundamentación del mismo por ante el Juzgado que profirió la sentencia en primera instancia, motivo por el cual, considera quien decide, verificar lo establecido por la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en su artículo 175, el cual reza lo siguiente:

La apelación deberá contener las razones de hecho y de derecho en que se funde

. (Cursivas de este Juzgado Superior Agrario)

Del análisis de la citada disposición legal, a todas luces se evidencia, que aquel que opte por recurrir de una providencia o decisión de un órgano jurisdiccional en un conflicto sometido al conocimiento de la competencia especial agraria, debe explanar, tanto sus argumentos fácticos, como jurídicos, ante el mismo juzgado que profirió la decisión, interpretación ésta, que ha sido desarrollada en diversos criterios, tanto de Tribunales de Instancia, como por el mismo Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social y en Sala Constitucional, ésta última, a través de criterio vinculante, a saber:

Sentencia N° 275, Exp. 2013-0277, del 11/07/2010, (caso: A.d.P.F.d.S.J.M. y otros), del Juzgado Agrario Superior de las Circunscripciones Judiciales de los estados Aragua y Carabobo, con ponencia del dr. H.B.C., la cual estableció lo siguiente:

(…) Ahora bien, con vista a los criterios anteriormente transcritos que este Juzgado acoge, se observa que no se alegaron las razones de hecho y de derecho al momento de interponer la apelación contra la decisión dictada en fecha tres (03) de Junio del año en curso por el Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, y en razón de que se trata de una regla de orden publico en virtud a lo establecido en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, en concordancia al 175 de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, y existiendo además una reserva legal oficiosa que tiene el Juez de Alzada para revisar el pronunciamiento sobre la admisibilidad, incluso sin que la parte nada alegue sobre ello, pudiendo quien sentencia en segundo grado denunciar de oficio la inadmisibilidad del recurso, bien sea por ilegitimidad del apelante, intempestividad o informalidad -Sentencia 02-06-1993, en P.T., O.: ob. Cit. Nº 6, caso MSU vs ISR-, por lo que la consecuencia lógica es no oír la apelación ejercida por la parte recurrente, la cual no indicó los motivos fácticos y jurídicos que dan basamento a este mecanismo de defensa, y por ende es deber de este Juzgado Superior Agrario declarar la Inadmisibilidad. Así se Declara y Decide (…)

. (Cursivas de este Juzgado Superior Agrario).

Sentencia N° 0384, del 05/04/2011, Exp. 2010-000315, (caso: A.M.F.), de la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del magistrado Alfonso Valbuena Cordero, en el cual señalo:

“(…)Señalado lo anterior, se hace necesario reproducir el contenido del artículo 186 (hoy día 175) de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el cual dispone: “La apelación deberá contener las razones de hecho y de derecho en que se funde”. En atención a la norma cuya trascripción se efectúo previamente, existe un mandato de obligatorio cumplimiento por parte de quien ejerza un recurso de apelación, consistente en fundamentar el recurso propuesto, indicando los motivos fácticos y jurídicos que den basamento a dicho mecanismo de defensa establecido por la ley. La disposición en cuestión, tiene como objeto el que la parte que hace uso del recurso de apelación, explique ante la alzada el por qué ha ejercido dicho recurso, que exponga las razones por las cuáles considera que un fallo debe ser revocado; ya que dicha actividad no puede ser suplida por el juez, esto es, el sentenciador no puede conocer, y mucho menos declarar procedente un recurso de apelación que no ha sido fundamentado, ya que ello, sería suplir la actividad propia del apelante. Para el caso sub iudice, la parte que ejerce el recurso que nos ocupa, en forma alguna ha sustentado su apelación. No lo hizo ante el a quo, ni tampoco ante esta alzada; más aún, no compareció a la audiencia oral de informes celebrada en esta Sala, con lo cual está en inobservancia del mandato contenido en el artículo 186 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (…)” (Cursivas de este Tribunal).

Sentencia vinculante N° 635, del 30/05/2013, Exp. 10-0133, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, (caso: S.B.H.), con ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, al establecer lo siguiente:

(…) la fundamentación de la apelación para las causas dirimidas a través del procedimiento ordinario agrario, como efectivamente lo hiciera para el contencioso administrativo agrario en el artículo 175 ut-supra citado, sin embargo en el caso de marras, el solicitante de la revisión, realizó una apelación de manera genérica o sin fundamento jurídico alguno, es decir, no expuso las razones de hecho y de derecho que sustentaran la misma (…) por lo que mal podría pretender que por vía de revisión constitucional, darle continuidad jurídica a una apelación que no fundamentó. (…) No obstante a lo decidido, considera esta Sala Constitucional que sobre el caso sub iúdice, resulta necesario formular algunas consideraciones de orden jurisprudencial y doctrinario a los fines de determinar el procedimiento atinente y aplicable a seguir en el supuesto de la no fundamentación de la apelación (…) Como es sabido, el recurso de apelación está concebido como un recurso de carácter ordinario, que busca un pronunciamiento de un tribunal de alzada (juez ad-quem), para que revoque, modifique o anule una determinada resolución judicial. En principio, la regla general de las normas procesales ha sido que la apelación no debe fundamentarse, de manera que la expresión de los agravios y la sustentación del recurso se pueden realizar por separado ante la instancia superior que conocerá del mismo. Sin embargo, muchas de las leyes procesales de la República, como la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario para el contencioso administrativo, han establecido la obligatoriedad de la fundamentación de la apelación de sentencias, pretendiendo del apelante, que éste delimite los motivos de impugnación que desea formular contra el fallo recurrido, lo cual delimitará la controversia en la segunda instancia, a los fines de que el juez ad-quem, en caso de resultar procedente, corrija o enmiende los vicios o irregularidades que se imputan a la decisión. Ahora bien, en el caso del procedimiento ordinario agrario, como lo indicábamos en líneas precedentes, tal exigencia no fue establecida de manera expresa por el legislador, sin embargo esta Sala Constitucional determina que la parte que ejerce un recurso de apelación debe fundamentar el mismo en la oportunidad en que interponga dicho mecanismo de defensa ante el tribunal que dictó el fallo cuyos efectos se procuran revertir, ya que, como se ha visto en la práctica, hacerlo de manera verbal ante el juez ad-quem, directamente en la audiencia oral de informes, pudiera implicar un desequilibrio procesal entre las partes que han acudido a la sede agraria para dirimir un conflicto con motivo a las actividades agrarias, al no poder conocer una de estas, previo a la audiencia oral de informes, cuáles son los argumentos en que la otra sustentará el recurso ejercido (…) Así pues, considera esta Sala Constitucional necesario establecer con carácter constitucionalizante, en aras de salvaguardar el derecho a la defensa y el debido proceso, previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el contenido de los artículos 175, 228 y 229 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, por lo que deberá entenderse como de obligatorio cumplimiento la fundamentación de la apelación, como medio de gravamen de las sentencias interlocutorias y definitivas dictadas en el marco del procedimiento contencioso administrativo agrario y de las demandas patrimoniales contra los entes agrarios, así como contra aquellas proferidas en el marco del procedimiento ordinario agrario, incluyendo las relativas a las medidas cautelares agrarias establecidas en el artículo 196 eiusdem, debiendo el juez de la primera instancia, proceder a inadmitirla o negarla, en caso que ésta se formule de forma genérica, es decir, sin las formalidades técnico-procesales como lo son la debida exposición de las razones de hecho y derecho en que se funde.(…)

. (Cursivas de este Juzgado Superior Agrario).

De la Interpretación de la norma, como de los criterios tanto de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, como del criterio vinculante de la Sala Constitucional ut supra citados, claramente se infiere la carga impuesta al recurrente en una apelación de fundamentar (razones de hecho y derecho), su recurso, motivado ha que el hacerlo de forma genérica para formalizarlo en la audiencia de informes, genera indudablemente un desequilibrio en el derecho a la defensa de la contraparte, la cual, en modo alguno conoce los argumentos de la apelación, y que la colocan en desventaja frente a su adversario, tal y como, magistralmente lo desarrolla la Sala Constitucional de nuestro m.T., y que indudablemente obligan al juez de primera instancia a no escuchar los recursos ordinarios de apelación dentro del procedimiento ordinario agrario, cuando no se ha cumplido debidamente con tal exigencia, teniendo entonces el Juez de la Alzada, que declarar la Inadmisión, del recurso de apelación por temerario, tal y como se observa ocurre en el presente asunto, en el cual, la aparte apelante se limita a interponer el 13/03/2014 su recurso de apelación contra la sentencia del 25/02/2014 dictada por el Juzgado A quo, apelación ésta, presentada de forma genérica, sin cumplir con el extremo de la fundamentación, razón por la cual, se debe declarar inadmisible el presente recurso de apelación, el cual fue interpuesto por la Abogada en ejercicio L.R., actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la parte demandada ciudadanos D.M. Y D.M., en razón de que se trata de una regla de orden público, conforme a lo establecido en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 175 de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, y en acatamiento al criterio vinculante establecido en sentencia N° 635, del 30/05/2013, Exp. 10-0133, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, (caso: S.B.H.), con ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, al existir además una reserva legal oficiosa que tiene el Juez de Alzada para revisar el pronunciamiento sobre la admisibilidad, incluso sin que la parte nada alegue sobre ello, pudiendo quien aquí decide en segundo grado denunciar de oficio la inadmisibilidad del recurso, bien sea por ilegitimidad del apelante, intempestividad o informalidad (ver extracto del Código de Procedimiento Civil Venezolano del Dr. P.J.B., Ediciones Paredes, de los años 2010 -2011, en la página 389), por lo que la consecuencia lógica es no oír la apelación ejercida por la parte recurrente, la cual no indicó los motivos fácticos y jurídicos que dan basamento a este mecanismo de defensa, no sin antes exhortar al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del T.d.P.C. de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a no incurrir en la omisión de escuchar nuevamente un recurso ordinario de apelación, que no cumpla con los requisitos para su procedencia. Así se decide.

Por toda la motivación expuesta, este Juzgado Superior Agrario se declara COMPETENTE para conocer del presente Recurso de Apelación, y forzosamente declara INADMISIBLE el referido recurso EXHORTANDO al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del T.d.P.C. de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a no incurrir en la omisión de escuchar nuevamente un recurso ordinario de apelación, que no cumpla con los requisitos para su procedencia, tal y como se hará en el dispositivo del presente fallo, todo en aplicación del criterio vinculante establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia N° 635, Expediente 10-0133, (Caso: S.B.H.); con ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño. Así se decide.

DISPOSITIVO

Este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los Estados Monagas y D.A. con competencia transitoria en los Estados Nueva Esparta, Sucre, Anzoátegui y Bolívar, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta sentencia en los siguientes términos:

Se declara COMPETENTE para conocer del presente Recurso de Apelación, interpuesto el 13/03/14 por la por la abogada L.R., en su condición de apoderada judicial de la parte demandada, contra la sentencia dictada el 25/02/2014 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.

Declara INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto el 13/03/2014 por la ciudadana L.E.R., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 11.172.528, abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 114.528, actuando en su carácter de Apoderada Judicial de la parte demandada, ciudadanos D.J.M.F. y D.R.M.F., venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nº V- -16.914.099 y Nº V- -16.914.008, con domicilio procesal en la Avenida Republica, Edificio Palermo, Planta Alta, Oficina N° 01 en Ciudad Bolívar, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, y del T.d.P.C. de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, el 25/02/2014, todo con ocasión al juicio que por Interdicto de Despojo sigue el ciudadano E.G.M., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 8.899.891, domiciliado en la Urbanización los Próceres, Manzana 19, Casa N° 02, Ciudad Bolívar, Municipio Heres del estado Bolívar, representado judicialmente por la abogada Sory Hernández, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 12.190.025, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 100.326, en contra de los ciudadanos D.M. Y D.M. ut supra identificados, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 175 de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario y en aplicación del criterio vinculante establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia N° 635, Expediente 10-0133, (Caso: S.B.H.); con ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño.

SE EXHORTA al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del T.d.P.C. de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a no incurrir en la omisión de escuchar nuevamente un recurso ordinario de apelación, que no cumpla con los requisitos para su procedencia.

NO SE NOTIFICA a las partes por haber sido publicada dentro del lapso legal establecido en el artículo 229 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los Estados Monagas y D.A. con competencia transitoria en los Estados Nueva Esparta, Sucre, Anzoátegui y Bolívar. En Maturín a los cinco (05) días del mes de agosto del año 2014. Años: 204° de la independencia y 155° de la Federación

El Juez

LEONARDO JIMÉNEZ MALDONADO

La Secretaria,

M.L.V..

En la misma fecha, siendo las nueve y treinta minutos de la mañana (09:30 a.m.) se publicó y registro la anterior decisión. Conste,

La Secretaria,

M.L.V.

Exp. 0311-2014

LJM/mlv/egam