Decisión nº KP02-N-2007-000265 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 30 de Abril de 2012
| Fecha de Resolución | 30 de Abril de 2012 |
| Emisor | Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo |
| Ponente | Marilyn Quiñonez Bastidas |
| Procedimiento | Demanda De Nulidad |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL
Exp. Nº KP02-N-2007-000265
En fecha 26 de julio de 2007, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (No Penal) de Barquisimeto, escrito y sus anexos contentivo de la demanda de nulidad, interpuesta por la ciudadana A.S.M., titular de la cédula de identidad Nº 9.627.575, actuando con el carácter de Director Principal de la sociedad mercantil UNIDAD EDUCATIVA 24 DE JUNIO DE 1821, C.A., protocolizada en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 30 de septiembre de 2009, bajo el Nº 17, tomo 47-A, asistida por la abogada Milexa L.T., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 25.992, contra el acto administrativo contenido en el Acta de Inspección Nº FC-000334 del 12 de julio de 2007, emanado del INSTITUTO PARA LA DEFENSA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO.
En fecha 27 de julio de 2007, se recibió en este Juzgado el mencionado escrito.
En fecha 02 de agosto de 2007, se dictó auto admitiendo la demanda interpuesta, y se ordenó practicar las citaciones y notificaciones correspondientes.
En fecha 17 de octubre de 2007, la parte demandante, manifestó que consignabas las copias simples a los fines de ser libradas las citaciones y notificaciones ordenadas, lo que se efectuó en fecha 05 de noviembre de 2007.
En fecha 30 de abril de 2012, se aboca al conocimiento de la presente causa la ciudadana M.Q.B., en virtud de su designación como Jueza de este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental.
En tal sentido, se observa lo siguiente:
I
DE LA DEMANDA DE NULIDAD
Mediante escrito presentando en fecha 26 de julio de 2007, la parte demandante, ya identificada, presentó escrito libelar con fundamento a los siguientes alegatos:
Que en fecha 12 de julio de 2007, el Instituto para al Defensa y Educación del Consumidor y el Usuario, sancionó a su representada mediante Acta de Inspección Nº 0003334, por la cantidad de Seiscientas Unidades Tributarias (600 U.T.) “...sin la tramitación de ningún procedimiento, y mucho menos con la participación de mi representada a quien se le ha negado el derecho de defensa y un debido proceso...”.
Que “...existe una ausencia total y absoluta del procedimiento establecido en la Ley de protección al Consumidor y al Usuario y por ende una flagrante violación de la garantía al debido proceso (...) determinando la Funcionaria unilateralmente la ilegalidad de la conducta, la culpabilidad de mi representada, sin establecer los fundamentos de derecho en que se sustenta la sanción, cuales fueron los criterios en que se basó para el cálculo de la multa; sin permitir a mi representada proceder a efectuar los descargos que considere pertinentes para la mejor defensa de sus derechos e intereses ni mucho menos promover y evacuar pruebas que pudieran avalar sus posibles defensas...”.
En consecuencia, solicitó la declaratoria de nulidad absoluta del acto administrativo contenido en el Acta de Inspección Nº FC-000334 del 12 de julio de 2007, emanado del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y el Usuario.
II
DE LA COMPETENCIA
Como punto previo, debe este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental pronunciarse sobre su competencia para conocer de la presente causa.
Mediante Gaceta Oficial Nº 39.447 de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en fecha 16 de junio del 2010, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, concebida como un cuerpo normativo destinado a regular la organización, funcionamiento y competencia de los Tribunales que integran dicha Jurisdicción.
Así, de dicho texto normativo se observa que en el caso de los Juzgados Superiores -artículo 25 numeral 3-, se determinó entre sus competencias, la siguiente:
Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, dictados por las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, con excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones dictadas por la Administración del trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo.
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Por lo tanto, al constatarse de autos que la representación judicial de la parte recurrente, dirige su pretensión contra un acto administrativo emanado de una autoridad estadal, y al no estar atribuido su conocimiento a otro tribunal, se estima que se encuentran configurados los supuestos de procedencia para que este Tribunal Superior entre a conocer y decidir la presente causa, y así se decide.
III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Realizada precedentemente una breve síntesis conforme a la cual se ha venido desarrollando hasta la presente fecha el iter procedimental en el caso de autos, es menester para este Juzgado señalar que en todas las acciones, recursos y solicitudes que interpongan los particulares para activar al Órgano Jurisdiccional, existen actuaciones que necesaria y obligatoriamente deben ser instadas a solicitud de la parte interesada por ser éstas una carga procesal que les impone la propia legislación y ante las cuales el Tribunal de que se trate está impedido a actuar de oficio para dar impulso a la causa, en el entendido de que el incumplimiento de tales obligaciones por parte de los interesados acarreará consecuencias jurídicas negativas que operarán de pleno derecho y deberán ser advertidas y declaradas por el Órgano Jurisdiccional ante la actitud pasiva de aquél durante los lapsos de que dispone para la materialización de sus obligaciones durante la sustanciación del procedimiento.
En este sentido, cabe resaltar para el caso en concreto que una vez admitida la demanda de nulidad, deviene una carga procesal para la parte actora en proceder a consignar las correspondientes copias fotostáticas requeridas en el auto de admisión para librar las citaciones y notificaciones de aquellos contra los cuales dirige su pretensión, por lo que según fuera señalado supra, tal omisión o inactividad implica una consecuencia jurídica que opera contra la parte no diligente en el cumplimiento de tal obligación, necesaria para continuación del procedimiento instaurado.
En efecto, en el caso de autos de la revisión de las actas procesales tenemos que desde la fecha en que se dejó constancia de haberse admitido el presente recurso contencioso administrativo funcionarial, la parte querellante consignó las copias simples para su certificación y elaboración de las respectivas citaciones y notificaciones; sin embargo, una vez que este Juzgado Superior deja constancia de haber librado las correspondientes boletas, no fue materializada oportunamente ninguna actuación procesal a instancia de parte interesada para la consecución del procedimiento, es decir, la parte querellante no mostró dentro del año siguiente a haberse practicado aquélla actuación, interés procesal alguno para materializar eficazmente las citaciones y notificaciones ordenadas en el auto de admisión de fecha 02 de agosto de 2007, habiendo transcurrido un lapso superior a un (01) año de paralización de la causa.
Así las cosas, se debe traer a colación lo dispuesto en el en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual establece lo siguiente:
Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.
Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria.
Es evidente que la anterior disposición normativa es aplicable al caso de autos, por tratarse de una acción en la que no se ha impulsado el proceso desde el día 05 de noviembre de 2007, para su continuación.
En este orden de ideas, es importante resaltar que la institución jurídica de la perención no puede ser concebida como un obstáculo para los sujetos que mediante el ejercicio de su derecho subjetivo han puesto en marcha el aparato jurisdiccional, sino como un mecanismo de ley, diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés de los sujetos procesales; por lo tanto, la perención de la instancia constituye una forma anómala de terminación del proceso, la cual debe ser decretada por el Tribunal que conozca de la causa, bien a instancia de parte o de oficio, entendiéndose igualmente que la declaratoria de la misma no produce cosa juzgada material, teniendo la parte afectada por su declaratoria el derecho de acudir nuevamente a los Órganos Jurisdiccionales competentes para plantear en los mismos términos el objeto de su pretensión.
En consecuencia, en el caso que se examina, el último acto procedimental tendiente a la prosecución del juicio ocurrió el día 05 de noviembre de 2007, vale decir, una actuación realizada por este Tribunal mediante la cual se dejó constancia de haber librado las correspondientes boletas, siendo que no se evidencia de autos que la parte demandante haya actuado nuevamente en el proceso instaurado, bien procurando la correcta realización y practica de las citaciones y notificaciones libradas o ejecutando cualesquiera otro acto procesal relevante para el curso del procedimiento, por consiguiente habiendo transcurrido más de un año de paralización de la causa y falta de impulso de la acción incoada, no imputable a este Órgano Jurisdiccional, resulta forzoso para este Tribunal Superior, decretar la perención de la instancia en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en virtud de que la instancia se ha extinguido de pleno derecho por su paralización sobre un lapso superior a un año, y así se decide.
IV
DECISIÓN
En mérito de las anteriores consideraciones este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia, actuando en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley declara:
Su COMPETENCIA para conocer y decidir la presente demanda de nulidad, interpuesta por la ciudadana A.S.M., titular de la cédula de identidad Nº 9.627.575, actuando con el carácter de Director Principal de la sociedad mercantil UNIDAD EDUCATIVA 24 DE JUNIO DE 1821, C.A., protocolizada en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 30 de septiembre de 2009, bajo el Nº 17, tomo 47-A, asistida por la abogada Milexa L.T., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 25.992, contra el acto administrativo contenido en el Acta de Inspección Nº FC-000334 del 12 de julio de 2007, emanado del INSTITUTO PARA LA DEFENSA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO.
Se declara la PERENCIÓN de la instancia en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
No hay condenatoria en costas, de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto, a los treinta (30) días del mes de abril del año dos mil doce (2012). Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.
La Jueza,
M.Q.B.
La Secretaria,
S.F.C.
