Decisión de Juzgado Superior Tercero Agrario de Lara, de 11 de Marzo de 2008
| Fecha de Resolución | 11 de Marzo de 2008 |
| Emisor | Juzgado Superior Tercero Agrario |
| Ponente | Carlos Eduardo Nuñez García |
| Procedimiento | Acción De Amparo Constitucional |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO SUPERIOR TERCERO AGRARIO
Barquisimeto, 11 de marzo de 2008
Años: 197° y 149°
ASUNTO N° KP02-O-2008-000031
Vista la Acción de A.C. propuesta por los ciudadanos E.E.C.C. y B.B.L.S., venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad N° 3.882.996 y 3.317.704 respectivamente. Este Tribunal actuando en Sede Constitucional hace las siguientes observaciones:
Establece el Ordinal 5° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales: “Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes.” Debe declararse inadmisible el amparo. Ordinal éste, de donde se desprende el carácter extraordinario de la acción de amparo.
Ahora bien, la interpretación jurisprudencial ha llegado a ampliar el entendimiento del referido ordinal, no solamente a que se considere que el amparo es inadmisible cuando se ha recurrido a las vías judiciales ordinarias, sino que habiendo violación de normas ordinarias no se recurra a dicha vía. En el caso que nos ocupa, la acción de amparo esta dirigida a que este Juzgado Superior ordene el restablecimiento del orden público y constitucional que no han permitido los agraviantes que la nueva autoridad pública designada en la Oficina Regional de Tierras – Portuguesa pueda entrar a asumir sus funciones públicas inherentes al cargo.
En el presente caso, el solicitante deberá agotar por vía jerárquica a través del Instituto Nacional de Tierras a nivel Central, quien deberá dar instrucciones a la solicitud planteada.
En cuanto al orden público y constitucional reclamado por el solicitante ante esta instancia, éste Tribunal solo tiene competencia en la administración de justicia en la materia agraria, mas no es competente para dictar ordenanza alguna que afecte la estructura organizacional como tal del Instituto Nacional de Tierras, ya que es un ente autónomo e independiente del Estado, por lo que tiene su propia subordinación con personalidad jurídica, patrimonio propio distinto e independiente de la República, así como lo prevee el artículo 116 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; es decir, el Instituto Nacional de Tierras a nivel Central es quien debe conocer de la solicitud planteada, por lo que considera éste Juzgador que debe ser agotada la vía idónea para alcanzar el propósito requerido. Así se decide.
Considera éste Tribunal que de acuerdo con los fundamentos del escrito de solicitud de amparo, éste está dirigido a que con la acción de amparo se corrijan efectos de orden estructural del Instituto Nacional de Tierras (INTI), lo que conlleva a que se desvirtúe el verdadero propósito de la acción de amparo, es decir, la restitución del derecho constitucional vulnerado de manera directa e inmediata, ya que existiendo un procedimiento que garantice los mismos derechos constitucionales, los accionantes no hayan recurrido a él, hace que de acuerdo con el Ordinal 5° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, deba declararse inadmisible. Así se decide.
Este Tribunal por las razones anteriormente expuestas, de conformidad con lo establecido por el tantas veces nombrado Ordinal 5° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, declara INADMISIBLE el presente recurso de A.C..
EL JUEZ,
Abog. C.E.N.G.
LA SECRETARIA,
Abg. BERATRIZ E.C.
CENG/BEC/avm.
