Decisión nº 30 de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 3 de Junio de 2005

La presente Acción de A.C., interpuesta por la ciudadana

B.E.C.R., representada de abogado, contra la ciudadana LIC. BELKIS PARADA VILLAMIZAR, en su condición de Directora de la Unidad IPASME-ME, San J.d.C., del Estado Táchira, la cual fue recibida en este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, el día miércoles 01 de junio de 2005.

Dicha Acción Constitucional es sintetizada por este Juzgado, en cuanto a sus argumentos, de seguidas: La presunta agraviada alega que se le ha VIOLADO EL DERECHO AL TRABAJO; Que egresó en el año 2000 en enfermería; Que realizó suplencias por reposos, vacaciones, etc, desde el año 2002, en calidad de enfermera suplente en el IPASME de Colón del Estado Táchira, constancia que anexa marcado “B”; demostrando buena conducta y alto espíritu de trabajo; Que fue postulada por el Director Administrativo de dicha unidad médica Lic. José Antonio Acevedo, el 13-11-2003, para ocupar el cargo de enfermera en la Unidad Médico-Odontológica del Ipasme-Colón, postulación que anexa marcada “C” ; Que tres meses más tarde en virtud de su rendimiento la ciudadana Directora Licenciada Belkis Parada Villamizar, hoy agraviante la postuló para ocupar el cargo de Auxiliar de Enfermería en el Ipasme-Colón, postulación que anexa marcada “D”, logrando el nombramiento el 13 de diciembre de 2004, entregado en la oficina de Recursos Humanos del Ipasme–Caracas, la Resolución N° 110101-20/S, en el cual le informaban que ingresaba como ENFERMERA AUXILIAR, a través de la Resolución N° 5054 de fecha 01-12-04, con el Código N° 303 y firmado por el Director de la Oficina de Recursos Humanos del IPASME-CARACAS, y que ese cargo de Auxiliar de Enfermería fue transferido del IPASME-CARACAS al IPASME-San J.d.C., copia que anexo marcada “E”. (Negrillas del Tribunal). Que al día siguiente, se presentó con la respectiva Resolución ante la Directora del IPASME-COLÓN, Licenciada Belkis Parada Villamizar, quien la recibió con cierta indiferencia; Que su nombre fue propuesto para ocupar ese cargo según comunicación dirigida a la ciudadana Licenciada Loida Chacón, quien es la supervisora Nacional de Enfermería del IPASME-CARACAS, copia que anexa marcado “F”. Que tomó posesión de su cargo, firmando el control de asistencia y puntualidad desde ese día; que notó que le habían borrado su firma con corrector liquido todas sus hojas anteriores, que no obstante nuevamente firmaba una por una dichas hojas y cada día le borraban su firma del control de asistencia. Que informó a su jefe inmediato Licenciada Belkis Parada Villamizar, quien le contestó que si su firma no aparecía en el control de asistencia sencillamente era porque ella no trabajaba allí, hoja de control de asistencia y puntualidad que anexa marcada “G”. Que solicitó inspección judicial al Juzgado del Municipio Ayacucho, para dejar constancia de esa irregularidad, respondiendo la Directora a dicho Tribunal, que no era funcionaria de esa Institución, por lo tanto no aparece su nombre en los controles de asistencia y puntualidad del personal que labora en la misma. Que la Directora le gritó en su cara y delante de sus compañeros que jamás la dejaría ocupar ese cargo y ordenó al personal de vigilancia que la sacaran de las instalaciones del Ipasme-Colón, que es un evidente abuso de poder de la ciudadana Directora, que siguió asistiendo a sus labores diarias en las puertas del Ipasme-Colón, que cada día firma una hoja de asistencia como demostración que nunca abandonó su trabajo, ordenándole que se retirara de aquel lugar ya que su nombramiento había sido revocado por ordenes de ella; Que la ciudadana Directora incurre a partir de ese momento en una violación Constitucional del derecho al trabajo, norma de rango constitucional sostenida en el artículo 87 de la Constitución

La presunta agraviada fundamenta la presente solicitud en los artículos 87 que se refieren al derecho del trabajo, además en lo dispuesto en los artículos 51 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 2, 29, 30, 31 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales. Por lo que solicita que se le restablezca la situación jurídica infringida por la violación del derecho al trabajo

Planteada así esta solicitud, éste Tribunal Constitucional, pasa a a.l.a.y.d. recaudos para así verificar la admisibilidad o no de la Acción de Amparo que nos ocupa, entre ellos los anexos que corren insertos en el expediente, del folio once (11) al treinta y dos (32) ambos inclusive, especialmente la Resolución N° RS-110101-20/S de fecha 13 de diciembre de 2004, emanada de la Oficina de Recursos Humanos, Reclutamiento y Selección, suscrita por el ciudadano O.R.F., Director de la Oficina de Recursos Humanos del IPASME del Ministerio de Educación, en la cual nombran e ingresa a la ciudadana B.E.C.R., como Enfermera Auxiliar del Ipasme-Caracas, y posteriormente Ipasme-Colón del Estado Táchira, a través de la Resolución N° 5054 de fecha 01-12-2004, con el Código 303 y firmado por su Director.

La Ley del Estatuto de la Función Pública, dispone en el Título I, Disposiciones Fundamentales.

Artículo 1: “La presente Ley regirá las relaciones de empleo público entre los funcionarios y funcionarias públicos y las administraciones públicas nacionales, estadles y municipales, lo que comprende:

1. (…)

2. El sistema de administración de personal, el cual incluye la planificación de recursos humanos, procesos de reclutamiento, selección, ingreso, inducción, capacitación y desarrollo, planificación de las carreras, evaluación de méritos, ascensos, traslados, transferencia, valoración y clasificación de cargos, escalas de sueldos, permisos y licencias, régimen disciplinario y normas para retiro”.

Artículo 2: “Las normas que se refieran en general a la administración pública, o expresamente a los estados y municipios, serán de obligatorio cumplimiento por estos”.

Artículo 3: “Funcionario o funcionaria pública será toda persona natural que, en virtud de nombramiento expedido por la autoridad competente, se desempeñe en el ejercicio de una función pública remunerada, con carácter permanente”. (Negrillas del Tribunal).

Ahora bien, si bien es cierto, que la materia bajo análisis corresponde al ámbito Constitucional, en atención a que la ejercida es una Acción de Amparo, bien cierto es también, que el Juez debe hacerlo dentro del ámbito regulado por la propia Constitución y las Leyes.

En este orden de ideas, el artículo 48 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales expresa:

Serán supletorias de las disposiciones anteriores las normas procesales en vigor

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En su solicitud expresa la quejosa que: La ciudadana Licenciada BELKIS PARADA VILLAMIZAR, en su condición de Directora de la Unidad IPASME-ME, San J.d.C., del Estado Táchira, le ha violentado el derecho al trabajo; Que en el año 2000, realizó en dicha dependencia suplencias por reposos y vacaciones, etc, desde el año 2002 en calidad de enfermera suplente en dicha Institución; Que obtuvo el nombramiento el 13 de diciembre de 2004, emanado de la Oficina de Recursos Humanos de la Oficina del IPASME-CARACAS, mediante Resolución N° 110101-20/S, como enfermera auxiliar, a través de la Resolución N° 5054 de fecha 01-12-2004, con el Código 303, firmado por el Director de la Oficina de Recursos Humanos de la oficina del IPASME-CARACAS; Que le era borrada su firma con corrector líquido de las hojas de asistencia; Que la Licenciada Belkis Parada Villamizar, le manifestó que ella no trabajaba allí, y que jamás la dejaría ocupar ese cargo; Que es un evidente abuso de poder de la directora; Que le ordenó al personal de vigilancia que no le permitiera su ingreso a dicha institución; Que cada día firma una hoja de asistencia a las puerta del Ipasme-Colón, como demostración de que nunca abandonó el trabajo

En este orden de ideas, la quejosa al interponer la solicitud de Amparo, lo que pretende es que a través de un mandamiento de amparo se le restablezca la situación jurídica infringida, en atención a que le fue, presuntamente, violentado el derecho al trabajo, consagrado en nuestra carta Magna.

Al respecto, el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone:

Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencia de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo…omissis…

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De esta norma se destaca el derecho que tiene toda persona a ser protegida por el Estado, en concordancia con el artículo 26 ejusdem, del cual se desprende que:

Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente…omissis…

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Esta norma señala, no solo el derecho que tiene todo ciudadano que habita en el territorio, de acceder a la justicia para la protección de los derechos e intereses, incluso de carácter colectivo y difuso, sino también, el derecho a la tutela efectiva de los mismos, y el derecho a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

Así mismo, el artículo 27 de nuestra Carta Fundamental, establece:

Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos…omissis…

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La anterior norma, recoge los principios fundamentales en materia de amparos que se desarrollan en aplicación de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales. Igualmente, respecto al derecho del debido proceso, el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala:

El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:

1.- La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, y acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa…omissis…

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La más importante de las garantías constitucionales, además del acceso a la justicia, es que esta se imparta de acuerdo con las normas establecidas en la Constitución y las Leyes, es decir, en el curso de un debido proceso. Estas garantías se han determinado detalladamente en la norma transcrita supra, al disponer que el debido proceso se establezca a todas las actuaciones judiciales y administrativas.

Por otra parte, una vez introducida la solicitud de amparo, el juez debe revisar que ésta cumpla con los requisitos formales establecidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, y con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 6 íbidem, y no simplemente a los requisitos a que se refiere el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, ya que esto daría lugar, en muchos casos, a tener que tramitar una acción que carece de los elementos esenciales.

Antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Amparo, existían importantes controversias en cuanto a los requisitos de admisibilidad consagrados en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, así lo ha asentado la Sala Constitucional en sentencia N° 3.746 del 22 de Diciembre de 2003, con Ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, Expediente N° 03-0802.

Artículo 6: No se admitirá la acción de amparo:

(….)

5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso del medio judicial preexistente (…)

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En el caso de la jurisprudencia antes señalada, la notificación del acto impugnado se realizó el 21 de febrero de 2003, fecha en la cual, estaba corriendo el lapso para ejercer los recursos ordinarios para impugnar la Resolución N° 0246, en virtud de ello, esta Sala juzga que el accionante utilizó la acción de Amparo en sustitución de los recursos administrativos y de los medios judiciales ordinarios -medios idóneos-, para el restablecimiento de la situación presuntamente infringida, desvirtuando la Acción de A.C.. Por tanto, esta Sala considera, que la acción resulta inadmisible de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tal y como lo ha declarado en anteriores oportunidades (Sentencias 1.591 del 16-06-03 y 1.995 del 22-07-03). En consecuencia, se confirma la decisión dictada el 26 de febrero de 2003 por el Juzgado Superior Séptimo de Contenciosos Tributario del Área Metropolitana de Caracas, así se declara.

La jurisprudencia ha tenido que romper con los esquemas tradicionales y consolidados de interpretación jurídica, al punto de tener que interpretar en forma extensiva una causal de inadmisibilidad, la contenida en el ya enunciado numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En este ordinal, se dispone como causal de inadmisibilidad de la Acción de Amparo en que el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. La mencionada causal está referida, en principio a los casos, en que el particular primero acude a una vía ordinaria y luego pretende intentar la Acción de A.C.. La jurisprudencia ha tenido para tratar de rescatar el principio elemental de carácter extraordinario del amparo, que no solo es inadmisible el a.c. cuando se ha acudido primero a la vía judicial ordinaria, sino también, cuando teniendo abierta la posibilidad de acudir a dicha vía no se hace, sino que utiliza el remedio extraordinario. Es decir, que ha tenido que interpretar extensivamente una causal de inadmisibilidad, en contra de los principios jurídicos más elementales, para dar cabida al requisito indispensable de equilibrio y subsistencia entre el amparo y los demás remedios judiciales.

El análisis del carácter extraordinario de la Acción de A.C., se hace junto con el resto de las causales de inadmisibilidad, es decir, el Juez Constitucional puede desechar In Limine Litis una Acción de A.C. cuando en su criterio no existen dudas de que el supuesto agraviado dispone de otros mecanismos ordinarios lo suficientemente eficaces e idóneos para dilucidar dicha pretensión. Ahora bien, en caso de que existan dudas sobre la eficacia o no de los otros mecanismos judiciales, el juez debe pronunciarse sobre la admisibilidad del amparo y en todo caso, volver sobre este asunto a la hora de pronunciarse por la sentencia definitiva, contando en esa oportunidad con los argumentos que la parte contraria pueda aportar.

Por otra parte, cabe señalar que ha sido reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, en relación a la inadmisión de la acción de amparo, cuando el accionante no ha hecho uso de los medios judiciales disponibles (Negrillas nuestras). En tal sentido, el M.T. de la República, en sentencia de la Sala Constitucional del 20 de septiembre de 2001, establece:

…La Sala ha afirmado que el poder judicial le cumple a ser efectivo, conforme lo ordena el artículo 26 Constitucional, el derecho que tienen todas las personas de acceder a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a través de una tutela efectiva de los mismos, sin dilaciones indebidas. Ello se traduce, a la luz del carácter vinculante de la Constitución, en que todos los órganos judiciales devienen tutores de los derechos fundamentales, esto es, les corresponde ejercer sus atribuciones en orden a un goce efectivo por las personas de los bienes que la comunidad política ha elevado a rango constitucional

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Luego, resulta congruente con este análisis que la específica Acción de A.C., a que se contrae el inciso segundo del artículo 27 de la Carta Magna, opere bajo las siguientes condiciones:

1. Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico-constitucional no ha sido satisfecha; o b) Ante la evidencia de que el uso de los medios ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida.

La disposición del literal a), apunta a la comprensión de que el ejercicio de la tutela constitucional por parte de todos los Jueces de la Republica, a través de cualquiera de los canales procesales dispuestos por el ordenamiento jurídico, es una característica inmanente al sistema judicial venezolano. De tal suerte, que ante la interposición de una acción de a.c., los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos que, de no constar tales circunstancias la consecuencia será la inadmisión de la acción, sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo que la Constitución atribuye a las vías procesales ordinarias les impone el deber de conservar o restablecer el goce de los derechos fundamentales, por lo que bastaría con señalar que la vía existe y que su agotamiento previo es un presupuesto procesal a la admisibilidad de la Acción de Amparo (Decisiones/scon/ septiembre/20-09-01).

De acuerdo con la jurisprudencia señalada, el objeto del recurso de amparo interpuesto por el presunto agraviado, tenía a su alcance el uso de las vías judiciales normales disponibles, que de manera clara se manifiestan en razonables, ejercitables, y lógicamente exigibles; en consecuencia el amparo interpuesto es improcedente por inadmisible. Y así se declara.

Así, el Juzgado Quinto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas en sentencia del 08 de marzo de 2004, estimó: “…Omissis…En este sentido se ha dirigido la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, el cual ha considerado que “en la causal de inadmisibilidad anterior, incurrirían también, aquellas acciones de amparo en las que existe otro medio procesal idóneo para restablecer la situación jurídica lesionada. Esto se debe a que la acción de a.c. busca la reparabilidad inmediata del daño producido por la violación directa de algún derecho o garantía constitucional.” (Sentencia del 11 de abril de 2003, Sala Constitucional Tribunal Supremo de Justicia, a.c. J.L.H.).

“…La acción de amparo interpuesta se encuentra circunscrita al pago efectivo de las prestaciones sociales a la querellante por parte de la…, lo que en ningún caso, constituye causal o motivo para interponer tal solicitud a través de la vía extraordinaria de amparo, pudiéndose hacer valer tal derecho a través de los medios ordinarios previstos en la Ley Adjetiva Laboral. Así se establece.

Así, en virtud de los argumentos ampliamente expuestos, este Juzgado Quinto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, declara de igual forma la inadmisibilidad de la acción de amparo intentada…, tal y como quedó establecido por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana. Así se decide. …

Exp. N° AP21-0-2004-000005. Juez: Dr. J.R.C.Q..

La jurisprudencia predominante, es que la Acción de Amparo procede únicamente cuando la demanda o solicitud se fundamenta en la violación directa e inmediata del texto constitucional y no en normas legales y reglamentarias.

Sucede, sin embargo, que ciertos principios Constitucionales son objeto de un amplio desarrollo a través de Leyes Orgánicas u ordinarias, y la violación del texto legal es directa e inmediata y la del texto constitucional se aprecia indirecta y mediata. Así ocurre, por ejemplo, con la garantía del debido proceso y del derecho de defensa, que resulten vulnerados con el acto u omisión del órgano encargado de su aplicación en el procedimiento administrativo o judicial, y el afectado se ve tentado a intentar la Acción de Amparo con fundamento en la violación de las normas legales que consagran esos preceptos constitucionales, olvidándose que el amparo es un medio procesal establecido precisamente para tutelar el derecho o garantía constitucional. También ocurre con algunas normas programáticas, que no originan derechos subjetivos, sino mandatos del constituyente dirigidos al legislador. La profesora H.R.d.S. en su obra “La acción de amparo contra los poderes públicos “…no puede ser objeto de recurso, según esta tesis, la impugnación que verse sobre la violación inmediata de una ley y mediata del texto constitucional. La traslación de este principio a la materia de amparo, ha llevado a la consecuencia de que si la disposición constitucional ha sido desarrollada por una ley, y es la aplicación de ésta la que lesiona al solicitante del amparo, se le considera improcedente. Si lo que se denuncia es la violación de una ley, no estaríamos ante una acción de rango constitucional, sino una acción ordinaria.

De ello se desprende que los empleados públicos nacionales, estadales y municipales, tienen un estatus especial, en atención a la especificidad de la función que realizan, con lo cual, están exceptuados en cuanto a los derechos y deberes individuales de las normas de la legislación laboral común y le son aplicables las del régimen funcionarial, de carácter estatutario y de derecho público. Y así se declara.

En base al análisis anterior, y de conformidad con el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece el carácter vinculante de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, para todos los Tribunales de la Republica, en virtud de la Supremacía de la Constitución y el apego a la Jurisprudencia señalada, interpretamos que la jurisdicción laboral no es la competente para conocer de dichos juicios, sino que lo razonable era establecer que la solicitante es una funcionaria pública con nombramiento expedido por la autoridad competente y mediante la debida resolución, los órganos jurisdiccionales competentes para conocer y decidir este tipo de controversia es la Jurisdicción Contencioso Administrativa, siendo consecuente con el principio del Juez Natural. Y así se declara.

Decisión

En virtud de las normas transcritas y por cuanto la materia laboral alegada, no es afín a las que corresponde conocer a este Tribunal Constitucional de conformidad el artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, SE DECLARA INCOMPETENTE para conocer de la presente Acción de Amparo, interpuesta por la ciudadana B.E.C.R., contra la ciudadana Licenciada BELKIS PARADA VILLAMIZAR, en su condición de Directora de la Unidad IPASME-ME, San J.d.C.d.E.T., y DECLINA LA COMPETENCIA ante el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes.

Remítase original de estas actuaciones a dicho Tribunal.

Regístrese, déjese copia certificada para el archivo del Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

El Juez

Dr. Walter A. Celis Castillo.

El Secretario

Abg. Eloi Enrique Valduz Vivas.

En la misma fecha, siendo las tres y treinta de la tarde (03:30 p.m.), se publicó la anterior sentencia y se dejó copia fotostática certificada de la misma para el archivo del Tribunal.

El Secretario

Abg. Eloi Enrique Valduz Vivas.

WACC/EEVV.-