Decisión de Juzgado Primera Instancia Civil y Mercantil "El Vigia" de Merida (Extensión El Vigia), de 14 de Enero de 2005

Copia certificadas de las partidas de nacimiento de los ciudadanos P.N.Z.C. y J.F.Z.C.; y del acta de matrimonio de los ciudadanos J.F.Z.O. y CLORINDA o F.D.C.C.. El análisis de estos medios probatorios es el siguiente:

1) Al folio 70, se observa, copia certificada expedida por la autoridad competente, de la partida de nacimiento Nro. 636, del año 1956, asentada en los libros de registro de nacimiento llevados por la Prefectura Civil del Municipio A.A.d.E.M., de la cual se demuestra el nacimiento en fecha 15 de septiembre de 1956 de la ciudadana P.N.Z.C., y del nombre de sus progenitores los ciudadanos J.F.Z.O. y F.C..

En consecuencia, este Juzgador le confiere pleno valor probatorio al instrumento analizado de conformidad con los artículo 1.359 y 1.360 del Código Civil, en cuanto al hecho jurídico en él contenido relacionado con el nacimiento y la filiación de la codemandada ciudadana P.N.Z.C.. ASÍ SE DECIDE.-

2) Al folio 71, copia certificada, expedida por la autoridad competente, de la partida de nacimiento Nro. 802, del año 1967, asentada en los libros de registro de nacimiento llevados por la Prefectura Civil del Municipio A.A.d.E.M., de la cual se demuestra el nacimiento en fecha 25 de abril de 1967 del ciudadano J.F.Z.C., y del nombre de sus progenitores los ciudadanos J.F.Z. y F.C..

En consecuencia, este Juzgador le confiere pleno valor probatorio al instrumento analizado de conformidad con los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil, en cuanto al hecho jurídico en él contenido relacionado con el nacimiento y la filiación del codemandado ciudadano J.F.Z.C.. ASÍ SE DECIDE.-

3) Al folio 72, copia certificada expedida por la autoridad competente, de la partida de matrimonio Nro. 01, del año 1967, asentada en los libros de registro de matrimonio llevados por la Prefectura Civil del Municipio A.A.d.E.M., de la cual se demuestra que en fecha 06 de enero de 1967, contrajeron matrimonio civil los ciudadanos J.F.Z.O. y F.C.C., acta de la que se evidencia que en ese mismo acto los cónyuges legitimaron como sus hijos a los ciudadanos J.G., P.N., M.E. y F.J.Z.C..

En consecuencia, este Juzgador le confiere pleno valor probatorio al instrumento analizado de conformidad con los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil. ASÍ SE DECIDE.-

“La serie de indicios o presunciones señalados en el libelo de la demanda, los cuales se deducen y evidencian de los documentos públicos acompañados con la demanda”.

Este Juzgador observa, que tal como lo indica el artículo 1.394 del Código Civil, las presunciones “… son las consecuencias que la Ley o el Juez sacan de un hecho conocido para establecer uno desconocido”.

De otra parte, conforme con el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, “Los jueces apreciarán los indicios que resulten de autos en su conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia entre sí, y en relación con las demás pruebas de autos”

Sentadas las anteriores premisas legales se hace necesario analizar el acervo probatorio en su totalidad para determinar en juicio cuáles son los hechos conocidos de los cuales puedan surgir las presunciones invocadas en la demanda.

En consecuencia, este Juzgador hará el análisis de esta promoción posteriormente. ASÍ SE ESTABLECE.-

Inspección Judicial: en el inmueble ubicado en la población de Guayabones, en la calle Bolívar, que dé con la Plaza Bolívar, Parroquia E.P., del Municipio O.R.d.L.d.E.M., a los fines de comprobar y demostrar que la demandante se encuentra ocupando la parte alta, del inmueble, y es el mismo que P.N.Z.d.C. le vendió con pacto de retracto a su hermano J.F.Z.C..

Este Juzgador observa, que obra al folio 74 del presente expediente, acta levantada por este Juzgado en fecha 10 de octubre de 2000, según la cual se deja constancia de la constitución de este órgano jurisdiccional, en la calle Bolívar con trasversal con la calle Fundación en frente de la Plaza Bolívar de la población de Guayabones, en un inmueble constituido por dos plantas, que en su planta baja se observó el aviso que indica “Abasto San Marcus”. Asimismo, se notificó de dicha actuación a la ciudadana E.R.B..

A juicio de este Juzgador este medio probatorio es insuficiente para demostrar el hecho pretendido por la promovente, toda vez que, aún cuando fue notificada de la inspección judicial evacuada la ciudadana E.R.B., y era la persona que para el momento de la evacuación de la prueba se encontraba en el inmueble, en la verificación de los linderos por el Tribunal uno de ellos no coincide con uno de los linderos indicados en el documento que contiene la venta impugnada como simulada, pues en la ecuación consta que se denomina calle “Fundación” y en el documento se denomina calle “Aparicón”, de lo que se puede deducir que no se trata del mismo inmueble.

En consecuencia, este Juzgador no le confiere valor probatorio al medio de prueba a.p.c.n. aporta ni a favor ni en contra de la promovente. ASÍ SE DECIDE.-

Testimonial de los ciudadanos E.O.D.G., J.A.G.O., L.A.F. y F.J.T., venezolanos, mayores de edad, domiciliados en Guayabones, Parroquia E.P., Municipio O.R.d.L.d.E.M..

Dicha prueba fue admitida mediante auto de fecha 05 de octubre de 2000, y se comisionó para su evacuación al Juzgado Segundo de los Municipios A.A., A.B., O.R.d.L. y Caracciolo Parra y Olmedo de esta Circunscripción Judicial del Estado Mérida. Obra a los folios 75 al 100, resultas de la comisión mencionada, en cuyas actas consta la declaración de los ciudadanos, siguientes:

J.A.G.O., compareció a rendir su declaración por ante el comisionado en fecha 28 de noviembre de 2000, según consta de acta que obra agregada a los folios 95 y 96, de la misma se evidencia que el testigo mencionado depuso en los términos siguientes: Que conoce de vista trato y comunicación a los ciudadanos E.R.B., P.N.Z.D.C., J.M.C.G. y J.F.Z.C.; Que le consta que los señores P.N.Z.D.C. y J.M.C.G., compraron una casa de dos plantas, ubicada en la población de Guayabones, por la avenida Bolívar, frente a la plaza Bolívar, y que desde el año 1997, habitan dicho inmueble, porque allí tienen un negocio que se llama FRUTERÍA SAN MARCOS; que le consta que desde hace como tres años la ciudadana E.R.B., habita la parte alta de dicho inmueble, porque los esposos CONTRERAS ZERPA, se lo permitieron debido a que le deben un dinero a ella; Que nunca ha visto al señor J.F.Z.C., ocupar el inmueble mencionado, ni mucho menos atender el abasto.

Este testigo no fue repreguntado por la contraparte ni por la defensora judicial nombrada para su defensa.

Este Juzgador, de las respuestas dadas por este testigo a las preguntas formuladas por el apoderado judicial de la parte promovente, observa que las concuerdan entre si, con las demás pruebas y no se evidencia elemento alguno que invalide su testimonio.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, se le concede pleno valor probatorio. ASÍ SE DECIDE.-

F.J.T.: compareció a rendir su declaración por ante el comisionado en fecha 28 de noviembre de 2000, según consta de acta que obra agregada al folio 98, de la misma se evidencia que depuso en los términos siguientes: Que conoce de vista trato y comunicación a los ciudadanos E.R.B., P.N.Z.D.C., J.M.C.G. y J.F.Z.C.; Que le consta que los señores P.N.Z.D.C. y J.M.C.G., compraron una casa de dos plantas, ubicada en la población de Guayabones, por la avenida Bolívar, frente a la plaza Bolívar, donde tienen un local comercial; que desde el año 1997, siempre han estado allí viviendo; que le consta que desde hace como tres años aproximadamente, la ciudadana E.R.B., habita la parte alta de dicho inmueble, porque los esposos CONTRERAS ZERPA, le deben un dinero a ella; Que nunca ha visto al señor J.F.Z.C., ocupar el inmueble mencionado, y tampoco atender el abasto.

Este testigo no fue repreguntado por la contraparte ni por la defensora judicial nombrada para su defensa.

Este Juzgador, de las respuestas dadas por este testigo a las preguntas formuladas por el apoderado judicial de la parte promovente, observa que las mismas concuerdan entre si, con las demás pruebas y no se observa elemento alguno que invalide su testimonio.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, se le concede pleno valor probatorio. ASÍ SE DECIDE.-

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA

La parte demandada, no promovió prueba alguna, ni dentro del lapso procesal ni fuera de él

IV

Analizado el material probatorio cursante de autos, este Juzgador puede concluir que resultaron probados los hechos que permiten demostrar y presumir que el contrato de venta con pacto de retracto impugnado es simulado.

En efecto, hecho el análisis de las pruebas resultaron probados los hechos siguientes:

1) El vínculo de parentesco existente entre las partes contratantes en el acto impugnado: Este hecho resultó demostrado del análisis de las actas de nacimiento de los otorgantes ciudadanos P.N.Z.D.C. y J.F.Z.C., pues, de ellas se evidenció que ambos ciudadanos son hijos de los ciudadanos J.F.Z.O. y C.D.C.C., actas estas que analizadas junto con el acta de matrimonio celebrado entre los ciudadanos antes nombrados, permiten concluir que los codemandados ciudadanos P.N. y J.F.Z.C., son hermanos de doble conjunción.

De este hecho, plenamente demostrado en juicio, se puede presumir que los otorgantes en el negocio cuya simulación se demanda actuaron, la vendedora sin la verdadera intención de vender y el comprador sin la verdadera intención de comprar, toda vez que, la venta a un extraño, que no fuera pariente, no ofrece la garantía suficiente de la devolución de la propiedad, una vez logrado el objetivo perseguido por la vendedora de sacar de la prenda común de sus acreedores el bien de su propiedad.

2) La inejecución material del contrato: Este hecho resultó demostrado del análisis de las pruebas testimoniales, pues en ellas los testigos evacuados depusieron que los esposos P.N.Z.D.C. y J.M.C.G., desde el año 1997 aproximadamente, fecha en que adquirieron el inmueble ubicado en la población de Guayabones, frente a la plaza Bolívar, habitan el mismo, y que en ningún momento han visto que el mismo sea ocupado por el ciudadano J.F.Z.C., comprador en el negocio impugnado. De este hecho, se puede concluir que, aún cuando el comprador adquirió la propiedad irrevocablemente, debido a que en ningún momento la vendedora ejerció el retracto, la venta no se materializó con la entrega del bien al comprador, vale decir, con la transmisión de la posesión del mismo, lo cual hace muy sospechosa la venta impugnada, y permite presumir que los otorgantes en el negocio cuya simulación se demanda actuaron, la vendedora sin la verdadera intención de vender y el comprador sin la verdadera intención de comprar, toda vez que, como se dijo, la vendedora y su cónyuge continuaron habitando el inmueble que aquella vendió, pero con la garantía que el mismo no podía ser atacado por sus acreedores pues ya, formalmente, no les pertenecía.

3) El precio vil estipulado por el bien inmueble vendido: Este hecho resultó demostrado del análisis de las pruebas documentales siguientes: La ciudadana P.N.Z.D.C., mediante documento autenticado por ante la Notaría Pública de El Vigía Estado Mérida, en fecha 26 de septiembre de mil novecientos noventa y siete, bajo el Nro. 58, Tomo 84, que posteriormente, fue registrado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito A.B.d.E.M., en fecha 28 de agosto de 1998, bajo el Nro. 35, folios 1 al 3, Protocolo Primero, Tomo Primero, Trimestre Tercero, compró a los ciudadanos L.E.S. y E.N.D.S., el mismo bien inmueble que vendió en la negociación cuya simulación se demanda, por la cantidad de DIECISÉIS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 16.000.000,00). Posteriormente, mediante documento autenticado por ante la Notaría Pública de El Vigía Estado Mérida, de fecha ocho de julio de mil novecientos noventa y ocho, bajo el Nro. 10, Tomo 56, que posteriormente, fue registrado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito A.B.d.E.M., en fecha 28 de agosto de 1998, bajo el Nro. 36, folios 1 al 3, Protocolo Primero, Tomo Primero, Trimestre Tercero, la ciudadana P.N.Z.D.C., vendió con pacto de retracto por el lapso de cuarenta y cinco días, el mismo bien inmueble a su hermano ciudadano J.F.Z.C., por la cantidad de CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 5.000.000,00).

Como se observa, la codemandada P.N.Z.D.C., después de diez (10) meses de haber adquirido el bien inmueble tantas veces mencionado, por la cantidad de DIECISÉIS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 16.000.000,00), vende el mismo por la cantidad de CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 5.000.000,00), lo cual resulta ilógico, pues aun cuando trascurrió muy poco tiempo entre la adquisición del bien y su venta, en una economía inflacionaria como la que imperaba entonces, de haber sido la intención de las partes otorgantes realizar verdaderamente la negociación, el precio al menos hubiere sido el mismo por el que la vendedora adquirió el inmueble, y aun mas, si el contrato de venta escondía un préstamo de dinero por el ciudadano J.F.Z.C., a su hermana P.N.Z.D.C., lo más lógico, hubiere sido garantizarlo con una hipoteca, y no con una venta con pacto de retracto con un precio tan vil. Este hecho probado en juicio, debido al bajo precio del la venta del bien, permite presumir que dicha operación fue simulada.

En síntesis, demostrados los hechos indicados anteriormente, (parentesco entre los otorgantes que intervinieron en el negocio impugnado, la inejecución material del contrato de venta y la vileza del precio en que fue vendido el bien), de cada uno de los cuales se puede sacar una presunción que analizadas en su conjunto constituyen una presunción grave, precisa y concordante, que las partes otorgantes en el contrato de venta con pacto de retracto impugnado, no tenían la intención de la realizar dicha negociación, ni ninguna otra, de lo cual se puede presumir, que la misma fue realizada con la única finalidad de sustraer dicho bien del patrimonio de los deudores a fin de evitar cualquier ejecución sobre el mismo.

En consecuencia, al haber sido demostrada la simulación, tal como se declarará en la parte dispositiva de esta sentencia, el contrato impugnado es absolutamente nulo por falta de consentimiento válido, pues, la declaratoria con lugar de una demanda de simulación produce la consecuencia de privar de la fe pública que indebidamente gozaba el instrumento impugnado, tal como resulta del artículo 1.360 del Código Civil. ASÍ SE DECIDE.-

V

En cuanto al planteamiento hecho por el codemandado ciudadano J.F.Z.C., mediante escrito de fecha 20 de octubre de 2003, el cual obra agregado a los folios 138 al 146, según el cual solicita la reposición la causa por vicios en su citación, debido a que en el libelo de la demanda la parte actora, no cumplió con el requisito consagrado por el ordinal 2do. del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, de indicar su domicilio, motivo por el cual, su citación es nula.

Este Juzgador para decidir, observa:

De la revisión detenida del libelo de demanda, específicamente del folio 04, puede constatar, que en los renglones 15 al 17, los representantes judiciales de la parte demandada señalan expresamente como domicilio del codemandado ciudadano J.F.Z.C., la ciudad de El Vigía Estado Mérida, de lo cual se demuestra que es falsa la afirmación del mencionado codemandado, en cuanto a la omisión del referido requisito de forma.

De otra parte, de la revisión detenida de las actas procesales, se puede constatar que el domicilio indicado por la parte accionante en el libelo de la demanda, coincide con el señalado por el propio codemandado ciudadano J.F.Z.C., en el contrato de venta con pacto de retracto impugnado como simulado.

Asimismo, consta al folio 26 del presente expediente diligencia de fecha 27 de abril de 1999, suscrita por uno de los coapoderados de la parte actora, según la cual aporta al Alguacil del Juzgado, algunas direcciones, dentro del domicilio de los codemandados, en las cuales se les puede localizar para practicar la citación, y una de ellas es el lugar donde se encuentra ubicado el inmueble adquirido por el codemandado ciudadano J.F.Z.C., en la venta que aquí se impugna como simulada, vale decir, en la población de Guayabones, Parroquia E.P.d.M.O.R.d.L.d.E.M., en la esquina al frente de la plaza Bolívar, dirección a la que se trasladó el Alguacil de este Juzgado, y no logró la citación personal del codemandado mencionado, tal como se evidencia del vuelto del folio 28 del presente expediente.

Como se observa, en el presente juicio la parte actora cumplió con el requisito de forma del libelo al señalar el domicilio de los demandados, y además, cumplió con su deber de indicar al funcionario autorizado la dirección en la cual podrían ser localizados los demandados, hechos estos que se encuentran probados con documentos públicos que constan en las actas que conforman el presente expediente.

En consecuencia, el planteamiento hecho por el coapoderado ciudadano J.F.Z.C., es absolutamente IMPROCEDENTE, pues además de extemporáneo, por haber sido hecho con posterioridad a la vista de la causa, el mismo carece de todo asidero fáctico. ASÍ SE DECIDE.-

VI

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con sede en El Vigía, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la acción de simulación intentada por los Abogados J.C.S.G. y A.R.P., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 7.322 y 7.320, cedulados con los Nros. 2.279.749 y 2.285.353, con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana E.R.B., venezolana, mayor de edad, soltera, comerciante, cedulada con el Nro. 4.701.329, domiciliada en Guayabotes Parroquia E.P., Municipio O.r.d.L.d.E.M. contra los ciudadanos P.N.Z.D.C., J.M.C.G. y J.F.Z.C., venezolanos, mayores de edad, comerciantes.

Como consecuencia de la anterior declaratoria, se declara SIMULADA y consecuencialmente NULA, la venta con pacto de retracto, autenticada ante la Notaría Pública de El Vigía Estado Mérida, de fecha ocho de julio de mil novecientos noventa y ocho, bajo el Nro. 10, Tomo 56, que posteriormente fue registrada en la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito A.B.d.E.M., en fecha 28 de agosto de 1998, bajo el Nro. 36, folios 1 al 3, Protocolo Primero, Tomo Primero, Trimestre Tercero.

De conformidad con el artículo 1.922 del Código Civil, al quedar definitivamente firme la presente decisión la misma debe registrarse por ante la Oficina correspondiente.

Se condena en costas a la parte perdidosa, por haber resultado totalmente vencida.

Notifíquese a las partes.

PUBLÍQUESE, CÓPIESE Y REGÍSTRESE.

DADO, FIRMADO Y SELLADO EN LA SALA DE DESPACHO DE DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, en El Vigía, a los catorce días del mes de enero del año dos mil cinco. Años 194º y 145º

EL JUEZ PROVISORIO,

ABOG. J.C.N.G.

LA SECRETARIA,

ABOG. N.C. BONILLA VARGAS.

En la misma fecha se publicó la anterior sentencia siendo las 02:00 de la tarde.-