Decisión de Juzgado Superior Sexto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 27 de Mayo de 2009

EXP Nº 09-2485

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR SEXTO EN LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL

Visto el escrito presentado en fecha 15 de mayo de 2009, por los abogados R.B.M., A.B.M., N.B.B. y R.P.S., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 22.748, 26.361, 83.023 y 124.671, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la Sociedad Mercantil C.V.G. ELECTRIFICACIÓN DEL CARONÍ, C.A (CVG EDELCA), domiciliada en la ciudad de Puerto Ordaz, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda, el día 29 de julio de 1963, bajo el Nro. 50, Tomo 25-A, modificados sus Estatutos Sociales en varias oportunidades, contra las sociedades mercantiles SEGUROS CORPORATIVOS, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 14 de diciembre de 1990, bajo el Nro. 77, Tomo 102-A-Segundo y a la Sociedad Mercantil PROYECTOS INTEGRALES YASSER, C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, el 05 de mayo de 2005, bajo el Nro. 15, Tomo A-5.

I

CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

Los apoderados judiciales de la parte accionante demandan a las compañías PROYECTOS INTEGRALES YASSER C.A., y SEGUROS CORPORATIVOS C.A., solidariamente para que paguen la cantidad de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES BOLÍVARES CON OCHENTA CÉNTIMOS (Bs. 18.563,80) , que es la suma correspondiente a la indemnización a la que alude la cláusula de penalidad por retardo en la terminación del pedido contratado, obligación que se encuentra garantizada por Fianza de Fiel Cumplimiento; así como la cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN BOLÍVARES CON CUARENTA CÉNTIMOS (Bs. 55.691,40), correspondiente al anticipo no reintegrado a EDELCA, obligación que se encuentra garantizada por Fianza de Anticipo.

De igual forma, demandan en nombre de su representada, a la Sociedad Mercantil PROYECTOS INTEGRALES YASSER C.A., para que sea condenada a pagar la cantidad de TRES MIL SETECIENTOS DOCE BOLÍVARES CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 3.712,76), correspondiente a la indemnización prevista en la cláusula “Terminación Anticipada del Pedido por Causas Imputables a el Contratista”.

Solicitan que en la dispositiva del fallo se ordene hacer la corrección monetaria de los montos reclamados a los fines de indemnizar la pérdida sufrida por su representada, como consecuencia del fenómeno inflacionario por el tiempo que transcurra desde el vencimiento de las obligaciones hasta el pago definitivo de la suma reclamada.

II

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Ahora bien, como punto previo, debe este Tribunal pronunciarse acerca de la competencia para conocer de la presente causa, cuestión que es de orden público y al respecto observa:

La presente demanda tiene como pretensión la ejecución de la fianza correspondiente al contrato de obras celebrado entre la empresa C.V.G. ELECTRIFICACIÓN DEL CARONÍ, C.A (CVG EDELCA) y la sociedad mercantil PROYECTOS INTEGRALES YASSER C.A., para las “Mejoras en Sistemas de Puesta a Tierra en Radioestaciones los Tubos, Begote y Subestación Cuatricentenario”, sirviéndole como fiadora la Sociedad Mercantil SEGUROS CORPORATIVOS C.A.

De la lectura del escrito libelar, presentado por los abogados R.B.M., A.B.M., N.B.B. y R.P.S., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 22.748, 26.361, 83.023 y 124.671, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la empresa C.V.G. ELECTRIFICACIÓN DEL CARONÍ, C.A (CVG EDELCA), se evidencia que en fecha 06 de noviembre de 2006 se celebró un contrato entre la referida empresa y PROYECTOS INTEGRALES YASSER, C.A., mediante el cual, la segunda se obligó a ejecutar para la primera, a todo costo, por su exclusiva cuenta y por sus propios medios, los trabajos de “MEJORAS EN SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA EN RADIOESTACIONES LOS TUBOS, BEGOTE Y SUBESTACIÓN CUATRICENTENARIO”, mientras que la primera se obligó con la segunda a pagar, previa aceptación total de la obra, la cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO BOLÍVARES, CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 185.637.945,93), equivalentes en la actualidad a CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE BOLÍVARES CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 185.637, 95), siendo el alcance de la obra, entre otras cosas: Evaluación del sistema de puesta a tierra de protección contra descargas atmosféricas y alimentación eléctrica en las Radioestaciones LOS TUBOS Y SUBESTACIÓN CUATRICENTENARIO, revisión de los componentes del sistema de puesta a tierra y revisión de la conexión de los equipos al mismo, revisión del ángulo de apantallamiento de los pararrayos, revisión de la instalación y conexión de los pararrayos y el bajante, inspección del estado final de operación del sistema de puesta a tierra, protección contra descargas atmosféricas y alimentación eléctrica.

Que para garantizar la ejecución de los trabajos de acuerdo a los lineamientos exigidos por EDELCA, la empresa PROYECTOS INTEGRALES YASSER C.A., constituyó y presentó a entera satisfacción de su representada, Fianza de Fiel Cumplimiento hasta por la cantidad de DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON SESENTA CÉNTIMOS (Bs. 18.563.794,60), equivalentes en la actualidad a DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES BOLÍVARES CON OCHENTA CÉNTIMOS (Bs. 18.563,80), librado por la Empresa SEGUROS CORPORATIVOS C.A., estableciéndose que dicha empresa se obliga a indemnizar a EDELCA, hasta el límite de la suma afianzada, los daños y perjuicios que le causaren el incumplimiento de la Sociedad Mercantil PROYECTOS INTEGRALES YASSER C.A., siempre que dicho incumplimiento fuese imputable a dicha empresa, motivo por el cual, los apoderados judiciales de la Sociedad Mercantil ELECTRIFICACIÓN DEL CARONÍ C.A, proceden a demandar a dichas empresas por daños y perjuicios e incumplimiento de contrato.

Considera pertinente este Tribunal para decidir el punto controvertido analizar la problemática de las demandas en el contencioso administrativo.

Tradicionalmente se ha considerado –antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia- como acciones propias del Contencioso Administrativo en Venezuela las siguientes: 1.- contencioso de anulación; 2.- contencioso contra las conductas omisivas (criterio cuestionado); 3.- contencioso de interpretación (criterio superado y el cual es otorgado a las distintas Salas del Tribunal Supremo de Justicia); 4.- Conflictos entre autoridades; 5.- contencioso contractual; y 6.- las demandas.

Dentro de este catálogo de acciones, se ha entendido que las demandas propias del contencioso son las demandas contra los poderes públicos; es decir, aquella que “emerge por el reclamo judicial, que denuncia la situación jurídica subjetiva lesionada por la conducta ilegítima de la administración, ante la ausencia de un título jurídico capaz de justificarla” (Instituciones Políticas y Constitucionales. Tomo VII, A.B.C.. Caracas 1997), o aquellas en que la acción se ejerce contra un órgano del Poder Público derivado del cumplimiento, caducidad, validez, nulidad o resolución de los contratos administrativos.

Tanto las acciones derivadas de las demandas, como del contencioso de los contratos administrativos tienen como punto común que el sujeto pasivo de la relación judicial es un ente del Poder Público con forma originaria de derecho público, tal como se encontraba previsto en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la cual de manera específica, determinaba que en caso que el sujeto pasivo fuere un particular, independientemente que el sujeto activo fuere un ente del poder público, siempre conocerían los tribunales ordinarios por el procedimiento ordinario.

Sin embargo, a raíz de la derogatoria de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia por la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, ante el vacío legislativo originado, la Sala Político Administrativa como cúspide de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, determinó la competencia para conocer de las demandas en que se encontrare involucrado un ente del Poder Público, asignando la competencia para conocer casos como el de autos, a los órganos de la jurisdicción, atendiendo a la cuantía de la demanda.

Así, no puede obviar este sentenciador que pese a que se trata de una acción que podría conocer este órgano jurisdiccional como integrante de la “Jurisdicción Contencioso Administrativa”, dependiendo de la intervención de un determinado sujeto podría tratarse no de una demanda contencioso administrativa, sino de una demanda que ha de conocer el contencioso administrativo.

Dicha determinación resulta importante, pues de ella se deriva tanto el procedimiento a seguir como podría igualmente variar los poderes del juez, incluso, al extremo de variar el principio bajo el cual habría de seguirse el procedimiento en el entendido de si se trata de la aplicación del principio dispositivo o inquisitivo.

Así, a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y ante la ausencia de determinación de competencias por parte de la Ley, la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia (sentencia 1900 del 27 de octubre de 2004) ante una situación que afectaría el orden público y el principio de tutela judicial efectiva, señaló la distribución de competencias que habrían de conocer los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, indicando:

“en tal sentido, la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, contenía disposiciones transitorias que organizaban la jurisdicción contencioso-administrativa, atribuyendo competencia para conocer de casos como el presente a los Juzgados Superiores en lo Civil, Mercantil y Contencioso-Administrativo, creados mediante la Resolución 235, de fecha 24 de abril de 1995, dictada por el extinto Consejo de la Judicatura; sin embargo, el texto sucesor de dicha Ley, esto es, la recién promulgada Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial Nº 37.942 del 20 de mayo de 2004), no estructura la jurisdicción contencioso-administrativa, ni establece el orden de competencias de los tribunales que la integran.

Ahora bien, ante el silencio de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, así como de la inexistencia de la Ley que regule la jurisdicción contencioso-administrativa, es propicia la ocasión para que la Sala, actuando como ente rector de la jurisdicción contencioso-administrativa, deje sentado mediante el presente fallo, cuáles son los tribunales que integran la jurisdicción contencioso-administrativa, y delimite el ámbito de competencias que deben serle atribuidas, en el caso concreto, a los Tribunales Superiores de lo Contencioso-Administrativo, siguiendo a tales efectos y en líneas generales, los criterios competenciales de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, así como las interpretaciones que sobre las mismas fue produciendo esta Sala, todo ello armonizado con las disposiciones de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, y los principios contenidos en el texto constitucional vigente.

Dicha asignación de competencia responde a un hecho puntual y circunstancial, que por vía excepcional no se ha de seguir la competencia enmarcada en un texto legal, de manera que dicha competencia ha de interpretarse de manera estrictamente restrictiva ajustado literalmente al texto de la referida sentencia. Acerca de las competencias que han de conocer los Juzgados Superiores Contencioso Administrativo, indicó la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia del 26 de octubre de 2004, caso M.R., que estos tribunales conocen de todas las demandas que interponga una empresa del Estado bajo las siguientes condiciones:

2. Conocer de todas las demandas que interpongan la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere contra los particulares o entre sí, si su cuantía no excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T), que actualmente equivale a la cantidad de doscientos cuarenta y siete millones de bolívares con cero céntimos (Bs. 247.000.000,00), ya que la unidad tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 24.700,00), si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal. (subrayado por el Tribunal).

   Del criterio Jurisprudencial anteriormente trascrito podría desprenderse que la Jurisdicción Contencioso Administrativa es competente para conocer de todas las demandas que interpongan los órganos o entes arriba referidos, sin embargo debe señalarse enfáticamente que ello operaría “salvo si su conocimiento no está atribuido a otro Tribunal”, como lo señala la sentencia. Ahora bien, se evidencia que el presente caso se trata de una ejecución de fianza, al haberse demandado solidariamente al contratista y a la empresa afianzadora, situación que debe revisarse a los fines de determinar si la competencia para conocer de causas como la presente se encuentra atribuida a otros tribunales, y que de acuerdo con el artículo 1 del Código de Comercio, las sociedades mercantiles, per se, en razón de la actividad que desarrollan son comerciantes.

   Así, si bien es cierto, la actividad de seguros es considerada además como actividad mercantil, dicha actividad de acuerdo a las previsiones del artículo 2 del Código de Comercio es considerada como acto mercantil, pero dicho artículo no permite incluir la actividad de fianza.

   En este orden de ideas debe traerse a colación el artículo 544 del Código de Comercio el cual establece: “La fianza es mercantil, aunque el fiador no sea comerciante, si tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación mercantil.”. De allí que la fianza resulta objetivamente una actividad mercantil per se, independientemente del elemento subjetivo siempre que el cumplimiento asegurado sea una obligación mercantil –lo cual no sucede en el caso de autos-. Sin embargo, la redacción y ubicación de este tipo de contrato en el Código de Comercio, permite llegar a la conclusión por argumento en contrario, que cuando el fiador es comerciante aún cuando la obligación no sea de naturaleza mercantil-, estamos igualmente en presencia de un acto de naturaleza mercantil.

   Así, que debe diferenciarse la actividad desplegada por el sujeto –comerciante- (elemento subjetivo), de la naturaleza de la obligación que constituye el objeto del contrato –fianza en este caso-. Aún cuando el contrato suscrito entre la administración y el co-contratante no pueda considerarse como un acto de comercio, la fianza otorgada por una compañía de seguros –elemento subjetivo: comerciante-, estando enmarcada dentro de la actividad comercial que desarrolla la empresa como actividad permitida por la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros debe considerarse como un acto subjetivo de comercio a la luz del artículo 3 del Código de Comercio, en su relación a la interpretación otorgada al artículo 544 eiusdem.

   Señalado lo anterior y determinada la naturaleza mercantil del contrato de fianza otorgado por una compañía de seguros, se tiene que el Código de Comercio señala en sus artículos 1.090 y 1.092 que:

   Artículo 1.090.- Corresponde a la jurisdicción comercial el conocimiento:

1. De toda controversia sobre actos de comercio entre toda especie de personas.

2. … omissis…

   Artículo 1.092.- Si el acto es comercial, aunque sea para una sola de las partes, las acciones que de él se deriven corresponden a la jurisdicción comercial.

   De lo expuesto se tiene que el artículo 1.090 atiende al elemento objetivo de acto de comercio, independientemente de la persona, lo cual se ratifica en el 1.092, en el que basta que una de las partes sea comerciante.

   Si bien es cierto que de conformidad con las previsiones del artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, refunde en términos similares las previsiones del artículo 206 de la Constitución de 1961, acogiendo el fuero especial de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, debe entenderse que la misma surge en los casos en que el Poder Público, a través de sus Órganos o Entes actúan en situación de sujetos pasivos de la relación judicial; sin embargo, en casos como el de autos, donde la competencia se encuentra atribuida en razón del vacío legislativo existente, la competencia se asigna conforme a los criterios jurisprudenciales, siempre que no se encuentre atribuido a otro tribunal y a los fines de lo anterior se evidencia que es a la Jurisdicción Mercantil a quien está atribuida expresamente la competencia para conocer del presente caso, conforme a los artículos 1090, 1092 y 1094 del Código de Comercio.

   Así las cosas, y por cuanto es claro que el Código de Comercio, adjudica la competencia para conocer de las causas encuadradas en el supuesto bajo análisis, es decir, en materia de ejecución de fianza expedida por un comerciante, a los Tribunales con competencia en materia Mercantil y considerando que el Tribunal natural para el conocimiento en primera instancia, sería un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, no puede este Tribunal Contencioso Administrativo conocer de la presente acción por ejecución de fianza, en virtud que la competencia es de estricto orden público, razón por la cual este Órgano Jurisdiccional se declara INCOMPETENTE por la materia para conocer de la demanda interpuesta, y declina la competencia al Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y así se decide.

   III

   DECISIÓN

   En mérito de lo anterior este Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley se declara INCOMPETENTE, para conocer de la demanda interpuesta por abogados R.B.M., A.B.M., N.B.B. y R.P.S., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 22.748, 26.361, 83.023 y 124.671, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la Sociedad Mercantil C.V.G. ELECTRIFICACIÓN DEL CARONÍ, C.A (CVG EDELCA), domiciliada en la ciudad de Puerto Ordaz, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda, el día 29 de julio de 1963, bajo el Nro. 50, Tomo 25-A, modificados sus Estatutos Sociales en varias oportunidades, contra las sociedades mercantiles SEGUROS CORPORATIVOS, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 14 de diciembre de 1990, bajo el Nro. 77, Tomo 102-A-Segundo y a la Sociedad Mercantil PROYECTOS INTEGRALES YASSER, C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, el 05 de mayo de 2005, bajo el Nro. 15, Tomo A-5, por Cumplimiento de Contrato y Ejecución de Fianza.

   Publíquese, regístrese, y remítase el presente expediente en su oportunidad.

   Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas, a los veintisiete (27) días del mes de mayo de dos mil nueve (2009). Año 199° de la Independencia y 150° de la Federación.

   EL JUEZ,

   J.G.S.B.

   EL SECRETARIO

   CARLOS B. FERMÍN P.

   En esta misma fecha siendo las dos y treinta post meridiem (2:30 p.m.), se registró y publicó la anterior decisión.

   EL SECRETARIO

   CARLOS B. FERMÍN P.

   EXP N° 09-2485