Sentencia nº 754 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 27 de Noviembre de 2015

Consta en el acta de la audiencia de continuación del debate oral, correspondiente al día 15 de mayo de 2013, que el Fiscal Segundo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, solicitó el derecho a la palabra y expuso lo siguiente:

‘...de conformidad con el artículo 344 del Código Penal (sic) cuando se observa un hecho o una circunstancia deberá ampliar la acusación con los hechos y las causas que lo originaron fueron los siguientes, en el año 1998 D.M. realiza un negocio con J.I.P., ella denuncia igualmente a los acusados presentes, encontramos que a los acusados les fue solicitado su servicio para que la defendieran por cuanto el ciudadano J.I.P. se resistía, posteriormente estos dos abogados empiezan a realizar una serie de actos en representación de la misma y en el 2005 logran tomar posesión de la misma, sin lugar a dudas, tenemos que la relación comercial que hubo entre el constructor y la compradora era para la adquisición de la vivienda hoy en día posesionada en forma continua por los acusados ...Esta representación solicita sea admitida esta nueva ampliación de la acusación calificando este delito como el prevaricación (sic) 250 (…) del Código Penal con la agravante establecida 77 (sic) ordinales 1, 6, 8 y 9 el Ministerio Publica (sic) lo acusa en este acto, por ser estas circunstancias nuevas ya que a lo largo del debate se demostró con los testimonios de la víctima, la ciudadana Belkis y el Sr. Iván, el piso de este proceso se basa en un fraude procesal que fue fabricado por los hoy acusados con unos actos preparatorios que en su efecto hoy en día tienen el resultado querido despojando a la víctima de su casa. El mandatario abogado que perjudique por colución (sic) o convenio (…), con la parte contraria o por otro medio fraudulento que sirva a parte propia o a otras partes (…), existe una continuidad con la posesión de la casa, por ello el Ministerio Público por (sic) el Delito de Prevaricación y se aparta del delito de estafa calificada. Segundo: Solicito copias certificadas de la totalidad de la causa por cuanto existen otras personas que deben ser investigadas...’ (los subrayados son míos)”.

Que “[e]n el caso de marras la Fiscalía del Ministerio Público, si bien manifestó que su intención era ‘ampliar la acusación’, lo que realmente hizo fue ‘apartarse’ de la acusación inicialmente presentada contra mi representado, lo que equivale a un ‘desistimiento’ de la misma, al impulsar una nueva acusación, un cambio de acto conclusivo, invocando exactamente los mismos hechos, pero atribuyéndoles una calificación jurídica diferente (PREVARICACIÓN), sin que en ningún momento hubiere incluido un nuevo hecho o circunstancia que no hubiere sido mencionado, situación ésta que no fue advertida por el juez de juicio, quien además, NO EMITIÓ PRONUNCIAMIENTO ALGUNO con respecto a la admisión de la mal llamada, por el Ministerio Público, ‘ampliación de la acusación’, así como tampoco EMITIÓ PRONUNCIAMIENTO ALGUNO, en relación a la admisión o no de las pruebas ofrecidas en ese momento por la representación fiscal -que no son idénticas a las del escrito acusatorio- y respecto de las pruebas de la parte querellante, cuando manifestó que se adhería a la ampliación de la acusación fiscal. Consideramos además grave, el silencio, la omisión de pronunciamiento en cuanto a lo solicitado en el segundo punto de la ampliación fiscal, que a continuación se cita: Segundo: ‘Solicito copias certificadas de la totalidad de la causa por cuanto existen otras personas que deben ser investigadas...’. (Subrayado nuestro del Acta de Audiencia de fecha 15-05-2013). Entonces, tal como fue alegado por la defensa técnica en la SEGUNDA DENUNCIA’ del escrito de apelación ‘configura una grave omisión de pronunciamiento’ por parte del Tribunal de Instancia que conculcó los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de los acusados, consagrados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que se le dio curso a la ampliación de la acusación fiscal y a la recepción de las pruebas ofrecidas, como a las desistidas por la representación fiscal, culminando el juicio oral con una sentencia de condena SIN QUE PREVIAMENTE EL TRIBUNAL HUBIERE ADMITIDO LAS MISMAS, por lo que, tanto el ‘desistimiento’ mencionado, como las novedosas imputaciones que hallaron favorable acogida en el acto sentencial (sic), comprometen la imparcialidad del juzgador de juicio, toda vez que, no realizó la imperativa ‘advertencia’ a los acusados sobre la nueva calificación jurídica una vez terminada la recepción de pruebas, para condenar en virtud de un precepto penal distinto, tal como lo ordenan los artículos: 333 y 345 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que la sentencia recurrida estaría viciada y causa forzosamente su nulidad absoluta al violentar los principios constitucionales del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva. Denuncia esta con respecto a la cual la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, en su decisión del 16 de Julio de 2014, contrariando los más elementales principios del derecho y la lógica procesal, estableció:

‘...no siendo necesario que el Juez haga algún pronunciamiento en relación a la ampliación de la acusación como de las pruebas ofrecidas, pues quedan incluidas automáticamente en el auto de apertura de juicio....’. (El subrayado es mío)”.

Que “… la ampliación de la acusación realizada por el Fiscal, resultó ajena a cualquiera de los supuestos previstos en el Código Orgánico Procesal Penal, como se señaló, ya que en ninguno de ellos se incluye la posibilidad de un cambio de acto conclusivo por parte del Ministerio Público, respecto del precepto penal por el que originalmente se había acusado -y menos aún-, del ‘apartamiento o desistimiento’ de la acusación, puesto que no se puede ampliar lo que no existe, en este caso, lo desistido. Además, cambiar la acusación en esta etapa del juicio oral y público, sería retrotraer el juicio a etapas ya precluidas, aquí cabe preguntarse: ¿para qué es el auto de apertura a juicio? Es acaso un simple formalismo o adorno retórico, vacío, sin importancia alguna, que puede ser objetado así de simple, o es un mandato que, después de depurada la acusación, antes de ser admitida por el órgano de control, constituye el hecho objeto del juicio, así como su calificación jurídica, y que debe ser asumido por las partes como un norte en el proceso, una orientación de cómo se desarrollará el debate”.

Que “[c]on base a lo referido supra, tenemos que en principio, una vez admitida la acusación por [el] órgano jurisdiccional, el Ministerio Público no podrá retirar la misma. Sólo en caso que la acusación no hubiere sido admitida, y existieren situaciones excepcionales, desconocidas para el momento en que se presentó la acusación, es que el Ministerio Público podría realizar una modificación al acto conclusivo inicialmente presentado”.

Que “… [c]onsta igualmente, en el acto de continuación del juicio oral, correspondiente al 15 de mayo de 2013, la cual forma parte de la copia fotostática certificada de las actuaciones, que acompaño a este escrito, que el Ministerio Publico, además de ‘ampliar la acusación’, solicitó al Tribunal de Juicio admitiera las siguientes pruebas: 1) documento de opción de compra... 2) Copia de los depósitos realizados por la ciudadana D.B.... 3) El poder otorgado a los abogados... 4) Diligencia realizada en el Tribunal Civil donde los ciudadanos Iván y Belkis, se negaban a entregar la casa... 5) La partida de nacimiento de D.C.B. y la de su madre quien realizo (sic) los pagos... 6) Inspección practicada al inmueble... 7) Las 37 fijaciones fotográficas donde se aprecian las características... 8) El testimonio del funcionario H.J.C.... 9) El testimonio del ciudadano hijo de los acusados... 10) Inspección realizada en el Inmueble... 11) Toma de nuestras (sic) evidencias (sic) que aparecen las firmas de los ciudadanos imputados... 12) Toma de muestras realizadas al ciudadano al ciudadano (sic) I.P. que corresponde la firma... 13) Acta de investigación penal... 14) Informes periciales de experticias de Cotejo relacionado con los documentos de compra venta. Testimonios de: 1) D.M.C.B. 2) Funcionarios J.R. por cuanto realizaron el cotejo de las muestras 3) Funcionario H.C. 4) Funcionario Y.I.R. 5) Funcionario A.V. (…) 6) Funcionario Sante Guevara 7) Funcionario Yako Jugo Valero 8) Funcionario J.M. y Funcionario José Vivas’”. (Puntos suspensivos sin paréntesis son del original).

Que “[e]s de advertir que, del elenco de pruebas promovidas en el acto conclusivo, el Ministerio Público desistió, en la mal llamada ampliación de la acusación, de tres (3) de las pruebas documentales promovidas en la acusación original, por lo que no son idénticas a las ofrecidas en el escrito acusatorio como lo señala de manera sesgada el Tribunal de Juicio Mixto (folio 892), a saber: 1) La copia certificada del documento público de compraventa entre J.I.P., B.Q., compradores. 2) La copia certificada del expediente civil N° 17.609; y 3) Copia certificada del poder especial conferido por la querellante a su abogada para acusar, además, a J.I.P. y B.J.N., quienes en vez de ser parte imputada como lo exigía el mandato otorgado, fueron promovidos, por la abogada de la acusación privada, como testigos en contra de mi defendida E.N.D.C. y su cónyuge. Asimismo, admitió como prueba no falsa ni contradictoria en la valoración de la prueba documental: INSPECCION (sic) JUDICIAL de fecha 18-01-1998, practicada por el Juzgado Primero de Parroquia de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en la sede del Banco Caribe, Sucursal Mérida, copia certificada que se encuentra agregada a los folios 29 y 30 de las actuaciones, para probar parte del pago de una negociación que no existía, es decir, no realizada para esa fecha con J.I.P. (folio 886), puesto que la Opción a Compra del inmueble se efectuó, como consta del documento autenticado, el 25 de febrero de 1.998.”

Que “… NO CONSTA QUE EL TRIBUNAL DE JUICIO HUBIERE EMITIDO PRONUNCIAMIENTO ALGUNO RESPECTO A LA ADMISION (sic) DE TALES PRUEBAS, incluyendo las desistidas y una prueba admitida en la fase preparatoria, como la contenida en el numeral noveno (sic) (9°) (sic) transcrito anteriormente, por ser este ciudadano abogado E.C.N. (hijo) parte de la defensa de los acusados (folio 829), materializándose, de este modo, sesgo con la acusación, las cuales, tal como se desprende del Capítulo VII de la sentencia recurrida denominado ‘ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRESENTADAS’, fueron apreciadas y valoradas para establecer la culpabilidad de mi defendido, lo que configura una grave violación de los dispositivos contenidos en los artículos 181, 182 y 183 del Código Orgánico Procesal Penal, referidos al principio de licitud de las pruebas y al presupuesto de apreciación de las mismas, ya que el Tribunal de Juicio, omitió pronunciarse, respecto de su admisión y a su pertinencia y necesidad, pese a lo cual las incorporó y valoró en la sentencia en contra de los acusados, como plena prueba de su culpabilidad en la comisión del hecho punible que se les atribuye. Por lo que creemos que esto envuelve un problema subjetivo de valoración de la prueba que afecta de modo preponderante la conciencia y apreciación del conjunto probatorio”.

Que “[t]al violación por parte del Tribunal de Instancia fue materia de la ‘TERCERA DENUNCIA’ formulada en el escrito en los términos ya expresados en el escrito recursivo, lo cual fue objeto del siguiente pronunciamiento por la Corte de Apelaciones:

‘...Tal como se señaló en la denuncia anterior la ampliación de la acusación como las pruebas ofrecidas se encuentran automáticamente contenidas en el auto de apertura a juicio, no debiendo el juzgador emitir pronunciamiento alguno en relación a la admisión o no de las pruebas...’ (El subrayado es mío)”.

Que “[d]e la sentencia parcialmente transcrita (verbo ad vérbum) (sic), se evidencia que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, consideró que el juez de juicio no tiene por qué emitir pronunciamiento alguno en relación a la admisión de la ampliación de la acusación fiscal, ni tampoco en relación a la admisión de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público y por la parte querellante al realizar tal ampliación, pues en su criterio, ‘tanto la ampliación de la acusación como las pruebas ofrecidas se encuentran automáticamente contenidas en el auto de apertura a juicio’, criterio este que, de ser aceptado, despojaría al Juzgador del Control Jurisdiccional que debe ejercer sobre la acusación y por ende del rol que tiene como regulador del ejercicio de la acción penal”. (Folios 4 al 29 de la pieza única del expediente).

Finalmente, el solicitante planteó a la Sala de Casación Penal que se avoque al conocimiento de la causa y decrete la nulidad absoluta de la sentencia dictada el 16 de julio de 2014 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, y, en consecuencia, ordene que una Sala Accidental conozca nuevamente del Recurso de Apelación.

Anexo a la solicitud de avocamiento, el solicitante presentó una serie de documentos en copias certificadas, los cuales se detallan a continuación:

1. - Copia del Acta de Aceptación y Juramentación de la Defensa Privada. (Folio 34 de la pieza única del expediente).

2. - Copia de la sentencia condenatoria del Tribunal Tercero de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida. (Folio 36 al 172 de la pieza única del expediente).

3. - Copia del Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa de la ciudadana E.N.d.C. contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida. (Folio 175 al 200 de la pieza única del expediente).

4. - Copia de la sentencia de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida del 16 de julio de 2014. (Folio 203 al 262 de la pieza única del expediente).

5. - Copia del Recurso de Casación interpuesto por la Defensa de la ciudadana E.N.d.C. contra la sentencia de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida. (Folio 264 al 281 de la pieza única del expediente).

6. - Copia de la sentencia de la Sala de Casación Penal núm. 367, del 29 de mayo de 2015. (Folio 287 al 297).

IV

DE LA ADMISIBILIDAD

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia procede a analizar la admisibilidad de la presente Solicitud de Avocamiento sobre la base de las consideraciones siguientes:

El artículo 108 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece lo que a continuación se transcribe:

Procedimiento

Artículo 108. La Sala examinará las condiciones de admisibilidad del avocamiento, en cuanto a que el asunto curse ante algún tribunal de la República, independientemente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en que se encuentre, así como que las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios. Cuando se admita la solicitud de avocamiento, la Sala oficiará al tribunal de instancia, requerirá el expediente respectivo y podrá ordenar la suspensión inmediata del curso de la causa, así como la prohibición de realizar cualquier clase de actuación. Serán nulos los actos y las diligencias que se dicten en desacato a la suspensión o prohibición que se expida

.

Según el texto anteriormente transcrito, se sigue que serán inadmisibles las solicitudes de avocamiento en los casos siguientes:

1. Cuando la solicitud no verse sobre un conflicto que, para el momento en que se introduzca y se examine la petición, esté siendo tramitado ante un órgano judicial; es decir, que serán inadmisibles los requerimientos atinentes a procesos que ya hubiesen culminado, y en los cuales exista una decisión pasada en autoridad de cosa juzgada.

2. Cuando el solicitante no esté legitimado para solicitar el avocamiento por tener interés en la causa, o cuando sea manifiesta la falta de representación o de mandato de quien afirma actuar en nombre de otra persona.

3. Cuando las irregularidades que se alegan no hubiesen sido oportunamente reclamadas en instancia a través de los medios ordinarios, o cuando tales reclamos satisficieron la pretensión interpuesta, sea que hubiese sido estimada en cuanto a lo pedido, o que hubiese sido respondida, ya que una respuesta debida, aunque no acuerde lo exigido, también es una respuesta satisfactoria, pues cumple con lo que reclama el derecho de petición y el de obtener debida respuesta.

En primer lugar, esta Sala de Casación Penal observa que la causa cuyo avocamiento se solicita ya fue resuelta en primera instancia, y el recurso de apelación fue declarado sin lugar por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida.

En efecto, y según lo señalado en la petición planteada, el solicitante alega su inconformidad con la decisión dictada por la Alzada el 16 de julio de 2014, que declaró, como se refirió poco antes, sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra el fallo dictado por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, que impuso a la ciudadana E.N.d.C. la pena de un (1) año y tres (3) meses de prisión por la comisión del delito de Prevaricación, previsto en el artículo 250 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana D.M.C.B., por lo que se trata de un proceso ya decidido por los tribunales a los cuales le competía darle trámite. Incluso, esta misma Sala de Casación Penal declaró inadmisible el recurso de casación incoado contra la citada decisión de segunda instancia. Siendo así, y visto que dicho fallo goza de la autoridad de la cosa juzgada, mal podría pretenderse que mediante la solicitud de avocamiento pueda ser modificado el mismo.

La Sala de Casación Penal, en diversas oportunidades, ha expresado que el objeto de la figura procesal del avocamiento no consiste en crear una nueva instancia judicial o administrativa ni en sustituir los medios ordinarios para la tutela de los derechos o intereses de los justiciables.

En tal sentido, esta Sala de Casación Penal ha establecido en diversas sentencias, como en la decisión número 18, del 29 de enero de 2014, que “… el avocamiento será admisible cuando no exista otro medio procesal idóneo y eficaz, capaz de restablecer la situación jurídica infringida y que no pueda ser reparada mediante el planteamiento de una incidencia o de un recurso ante cualquier instancia competente, por lo que las partes están obligadas a ejercer todos los recursos procesales existentes”.

Ahora bien, en la solicitud de avocamiento, el abogado A.C.S., denuncia presuntas irregularidades por parte de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida en la resolución del Recurso de Apelación interpuesto contra el fallo dictado por el Tribunal Tercero en Función del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida que condenó a la ciudadana E.N.d.C. a cumplir la pena de un (1) año y tres (3) meses de prisión por la comisión del delito de Prevaricación en perjuicio de la ciudadana D.M.C.B..

Las denuncias expuestas por el solicitante en avocamiento fueron desarrolladas con base en argumentos propios de un Recurso de Casación, pues las mismas versan sobre la actuación de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, indicando que el fallo de la Alzada, incurrió en el vicio de inmotivación y en la violación de la ley por errónea aplicación.

Por otra parte, el solicitante indicó que el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida incurrió en la violación del debido proceso en contra de su defendida señalando que en la ampliación de la acusación presentada por el Ministerio Público, realizó un “cambio del acto conclusivo”, señalando los mismos hechos y “atribuyéndoles una calificación jurídica (PREVARICACIÓN), sin que en ningún momento hubiere incluido un nuevo hecho o circunstancia que no hubiere sido mencionado, situación ésta que no fue advertida por el juez de juicio, quien además no emitió PRONUNCIAMIENTO ALGUNO con respecto a la admisión de la mal llamada, por el Ministerio Público, ‘ampliación de la acusación’, así como tampoco EMITIO PRONUNCIAMIENTO ALGUNO, en relación a la admisión o no de las pruebas ofrecidas en ese momento por la representación fiscal –que no son idénticas a las del escrito acusatorio- y respecto de las pruebas de la parte querellante, cuando manifestó que se adhería a la ampliación de la acusación fiscal”.

Ahora bien, la Sala de Casación Penal reitera que la institución en que consiste el avocamiento se ha dispuesto al objeto de corregir un grave desorden procesal o notorias violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática, requisitos éstos indispensables para que proceda su admisión, siempre y cuando el proceso en el cual tales desaciertos se hubiesen producido estuviere en curso, lo que no ocurre en el presente caso.

Por lo tanto, siendo que el avocamiento constituye una figura procesal de carácter absolutamente excepcional cuyo manejo debe apreciarse en todo caso con criterio restrictivo, es la razón por la cual esta Sala de Casación Penal debe declarar inadmisible la solicitud interpuesta. Así se establece.

V

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE la solicitud de avocamiento propuesta por el abogado A.C.S., en su carácter de Defensor Privado de la ciudadana E.N.d.C., quien fue condenada por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, en la causa identificada con el alfanumérico LP01-P-2011-2532, a cumplir la pena de un (1) año y tres (3) meses de prisión por la comisión del delito de PREVARICACIÓN, previsto en el artículo 250 del Código Penal.

Publíquese, regístrese, y remítase el expediente. Ofíciese lo conducente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los VEINTISIETE (27) días del mes de NOVIEMBRE de dos mil quince. Años 205° de la Independencia y 156º de la Federación.

El Magistrado Presidente,

MAIKEL J.M.P.

La Magistrada Vicepresidenta,

F.C.G.

Ponente

La Magistrada,

D.N. BASTIDAS

El Magistrado,

H.M.C.F.

La Magistrada,

E.J.G.M.

La Secretaria,

A.Y.C.D.G.

Exp. AA30-P-2015-000424

FCG.

Los Magistrados Doctores Maikel J.M.P. y E.J.G.M., no firmaron por motivos justificados.