Decisión nº Sent.Int.Nº157-2011 de Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 30 de Septiembre de 2011
| Fecha de Resolución | 30 de Septiembre de 2011 |
| Emisor | Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario |
| Ponente | Gabriel Fernández Rodríguez |
| Procedimiento | Decaimiento Del Objeto |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 30 de Septiembre de 2011.
201º y 152º
ASUNTO: AF46-U-1995-000036. Sentencia interlocutoria Nº 157/2011.-
Asunto antiguo: 918.
En fecha diez (10) de Julio de 1995, las ciudadanas M.R.C. y Alaska Moscato, venezolanas, titulares de las cédulas de identidad Nos. 14.196.006 y 8.744.735 e inscritas en el INPREABOGADO bajo los Nos. 45.479 y 48.337, actuando en su carácter de Apoderadas Judiciales de la contribuyente “E.L. Y COMPAÑÍA DE VENEZUELA, S.A.”, inscrita en el Registro Mercantil del a Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda, el día nueve (09) de Septiembre de 1960, bajo el N° 80, Tomo 23-A, e inscrita en el Registro de información Fiscal R.I.F. bajo el N° J-0002299-1, interpusieron Recurso Contencioso Tributario contra la Resolución N° HJI-100-000750 de fecha veintidós (22) de Agosto de 1994, confirmatoria de las Resoluciones de Sumario Nos. HCF-SA-169 y HCF-SA-062 de fechas cinco (05) de Mayo de 1992 y once (11) de Marzo de 1992 respectivamente y sus correlativas Planillas de Liquidación Nos. 10-10-65-0082 de fecha quince (15) de Julio de 1992, por montos de Bs. 7.337,25 (Impuesto Sobre la Renta), Bs. 747,79 (Multa) y Bs. 5.070,04 (Intereses Moratorios), para el ejercicio fiscal coincidente con el año civil de 1984 y 10-10-65-0081 de fecha nueve (09) de Julio de 1992, por montos de Bs. 762,78 (Impuesto Sobre la Renta), Bs. 381,39 (Multa) y Bs. 466,44 (Intereses Moratorios) para el ejercicio fiscal coincidente con el año civil de 1985; las cantidades antes señaladas han sido reconvertidas en virtud de la Reconversión Monetaria que entró en vigencia el primero (01) de Enero de 2008, según Decreto con rango, valor y fuerza de ley de Reconversión Monetaria N° 5.229, publicado en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 38.638 del seis (06) de Marzo de 2007.
Proveniente de la distribución efectuada el diez (10) de Agosto de 1995, por el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha diecinueve (19) de Septiembre de 1995, se le dio entrada a dicho Recurso bajo el Nº 918, actualmente Asunto AF46-U-1995-000036, se ordenó notificar a las partes y se solicitó el envío del expediente administrativo.
Estando las partes a derecho y observado el cumplimiento de los extremos procesales pertinentes, se admitió dicho recurso mediante auto de fecha seis (06) de Noviembre de 1995, abriéndose la causa a pruebas mediante auto de fecha seis (06) de Diciembre de 1995.
En fecha doce (12) de Enero de 1996, este Tribunal dictó auto mediante el cual declaró vencido el lapso de Promoción de pruebas y se dejó constancia que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho.
En fecha veintisiete (27) de Febrero de 1996, se dictó auto mediante el cual se declaró vencido el lapso de evacuación de pruebas y en fecha veintinueve (29) de Febrero de 1996, se fijó el décimo quinto (15°) día de Despacho siguiente para que tuviese lugar el acto de informes, el cual tuvo lugar en fecha veintidós (22) de Marzo de 1996, compareciendo tanto las ciudadanas M.R.C. y Alaska Moscato, ya identificadas, actuando en su carácter de Apoderadas Judiciales de la contribuyente, quienes consignaron escrito de informes constante de quince (15) folios útiles; como la ciudadana Tirma M.R., titular de la cédula de identidad N° 6.911.908 e inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 31.943, actuando en su carácter de representante del Fisco Nacional, quien presentó escrito de informes constante de treinta y nueve (31) folios útiles, seguidamente el Tribunal dijo Vistos.
El cuatro (04) de Julio de 1996, se recibió oficio N° HGJT-J-96-E-927 de fecha veinticinco (25) de Marzo de 1996, emanado de la Gerencia Jurídico Tributaria del SENIAT, remitiendo copia certificada del expediente administrativo de la causa.
En fecha veintidós (22) de Noviembre de 2007, se abocó al conocimiento de la causa la ciudadana M.Z.A.G., quien para ese entonces había sido designada Juez Provisorio de este Tribunal.
Posteriormente, por auto de fecha cinco (05) de Mayo de 2010, el ciudadano G.Á.F.R., Juez Provisorio de este Órgano Jurisdiccional, se aboca al conocimiento de la causa a los fines de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, no encontrándose incurso en causal de inhibición alguna; y así mismo destaca que comparte el criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del veintitrés (23) de Octubre de 2002 (caso: Módulos Habitacionales, C.A.) donde se indicó:
"... el avocamiento (sic) de un nuevo Juez sea ordinario, accidental o especial, al conocimiento de una causa ya iniciada, debe ser notificado a las partes, aunque no lo diga la ley expresamente, para permitirle a éstas, en presencia de alguna de las causales taxativamente establecidas, ejercer la recusación oportuna, y de proceder ésta, con la designación del nuevo juzgador, garantizar a las partes su derecho a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido de acuerdo a la ley, derecho éste comprendido en el concepto más amplio de derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.
Siendo ello así, la falta de notificación a las partes del avocamiento (sic) de un nuevo Juez al conocimiento de una causa en curso, podría constituir una violación de la garantía constitucional del derecho de defensa; no obstante, considera esta Sala que, para configurarse tal violación, es necesario que, efectivamente, el nuevo Juez se encuentre incurso en alguno de los supuestos contenidos en alguna de las causales de recusación taxativamente establecidas, porque, de no ser así, el recurso ejercido resultaría inútil y la situación procesal permanecería siendo la misma”. (Destacado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).
En la oportunidad procesal de dictar Sentencia, este Órgano Jurisdiccional procede a ello previa exposición de las consideraciones siguientes:
- I -
UNICO
Antes de emitir pronunciamiento acerca del Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la contribuyente “E.L. Y COMPAÑÍA DE VENEZUELA, S.A.”, este Tribunal advierte que la última intervención de ésta, ocurrió el día veintidós (22) de Marzo de 1996, mediante la presentación del Escrito de Informe constante de quince (15) folios útiles interpuesto por las ciudadanas M.R.C. y Alaska Moscato, ya identificadas, actuando en su carácter de Apoderadas Judiciales de la contribuyente, quedando la causa vista para sentencia en esa misma fecha, y desde esa oportunidad han transcurrido mas de quince (15) años, no constando en autos alguna otra actuación de la recurrente, dirigida a darle impulso a este proceso judicial, lo cual denota un absoluto desinterés.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el fallo N° 416 del veintiocho (28) de Abril de 2009, caso: C.V. y otros, dejó sentado lo relativo a la pérdida del interés procesal en los términos que de seguidas se transcriben:
(…) El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) C.J. Moncada’).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y M.P.M. de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.
En este sentido, este Órgano Jurisdiccional, siguiendo adicionalmente el criterio adoptado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencias Nos. 4618 y 4623, ambas del catorce (14) de Diciembre de 2005, en fecha cinco (05) de Mayo de 2010, ordenó la notificación de la prenombrada recurrente, para que informara en un plazo de treinta (30) días de despacho, contados a partir de su efectiva notificación, si conservaba su interés procesal en el presente juicio.
Así las cosas, en fecha siete (07) de Junio de 2011, fue consignada a los autos las resultas de la comisión conferida al Juzgado Primero de los Municipios Girardot y M.B.I. de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, para la práctica de la referida boleta de notificación, en la cual el ciudadano Alguacil Y.A., expuso: “Consigno en este acto Boleta de Notificación, sin la firma de E.L. Y COMPAÑÍA DE VENEZUELA, S.A. Por cuanto me traslade (sic) el día 13-01-2011 siendo las 4:30 p.m., en la siguiente Dirección: Av. Industrial la Hamaca, 1era Transversal este de la av. Mérida, de esta ciudad y observe (sic) que esta cerrada dicha Empresa”, por lo que en consecuencia se procedió a fijar Cartel a las Puertas del Tribunal, el día Miércoles ocho (08) de Junio de 2011, y venciendo el lapso para su comparecencia a darse por notificado el día Miércoles veintidós (22) de Junio de 2011, se inició el día Jueves veintitrés (23) de Junio de 2011 el plazo concedido de treinta (30) días de Despacho, el cual venció el día Martes nueve (09) de Agosto de 2011.
Siendo ello así, y ante la ausencia de manifestación alguna en que se decida la presente causa, este Tribunal considera que resulta inútil y gravoso continuar con un recurso en el que no existe interesado, tal y como lo ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencias Nos. 2673 del catorce (14) de Septiembre de 2001 y 1097 del cinco (5) de Junio de 2007, estimando pertinente declarar extinguido el recurso de nulidad ejercido, en virtud de la pérdida sobrevenida del interés procesal. Así se decide.
- II -
DECISION
Con base a los razonamientos antes señalados, este Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara EXTINGUIDO POR DECAIMIENTO DEL INTERES PROCESAL, el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por las ciudadanas M.R.C. y Alaska Moscato, ya identificadas, actuando en su carácter de Apoderadas Judiciales de la contribuyente “E.L. Y COMPAÑÍA DE VENEZUELA, S.A.”, en contra la Resolución N° HJI-100-000750 de fecha veintidós (22) de Agosto de 1994, confirmatoria de las Resoluciones de Sumario Nos. HCF-SA-169 y HCF-SA-062 de fechas cinco (05) de Mayo de 1992 y once (11) de Marzo de 1992 respectivamente y sus correlativas Planillas de Liquidación Nos. 10-10-65-0082 de fecha quince (15) de Julio de 1992, por montos de Bs. 7.337,25 (Impuesto Sobre la Renta), Bs. 747,79 (Multa) y Bs. 5.070,04 (Intereses Moratorios), para el ejercicio fiscal coincidente con el año civil de 1984 y 10-10-65-0081 de fecha nueve (09) de Julio de 1992, por montos de Bs. 762,78 (Impuesto Sobre la Renta), Bs. 381,39 (Multa) y Bs. 466,44 (Intereses Moratorios) para el ejercicio fiscal coincidente con el año civil de 1985; las cantidades antes señaladas han sido reconvertidas en virtud de la Reconversión Monetaria que entró en vigencia el primero (01) de Enero de 2008, según Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Reconversión Monetaria N° 5.229, publicado en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 38.638 del seis (06) de Marzo de 2007.
Publíquese, regístrese y notifíquese.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los treinta (30) días del mes de Septiembre de dos mil once (2011). Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación.
El Juez Provisorio,
G.Á.F.R.. La Secretaria,
A.O.D.A.F..
La anterior sentencia se publicó en su fecha, siendo las once y cuarenta y un minutos de la mañana (11:41 a.m.).------------------La Secretaria,
A.O.D.A.F..
ASUNTO: AF46-U-1995-000036.
ASUNTO ANTIGUO: 918.
GAFR/Aod/goug.-
