Decisión de Juzgado Superior Civil, Contencioso Administrativo y Agrario de Apure, de 2 de Agosto de 2011

Se inicia la presente causa mediante escrito presentado en fecha veintisiete (27) de octubre de dos mil diez (2010), por ante la Secretaría de este Órgano Jurisdiccional, contentivo del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial (Cobro de Prestaciones Sociales y demás beneficios laborales) por el ciudadano L.E.A., representado judicialmente por la abogada M.V.G.M., ut supra identificados, contra la CORPORACION APUREÑA DE TURISMO (CORATUR), quedando signada con el Nº 4790.

En fecha primero (01) de noviembre de dos mil diez (2010), este Juzgado Superior dictó auto mediante el cual admitió la querella funcionarial, ordenando la citación del Presidente de la Corporación Apureña de Turismo del Estado Apure, así como la notificación del Gobernador y Procurador General del Estado Apure.

Debidamente practicada la citación y notificación ordenada, se evidencia de las actas procesales que conforman el presente expediente que la parte demandada no dio contestación a la querella funcionarial interpuesta, por lo que la misma se considera contradicha en todas y cada una de sus partes.

En fecha trece (13) de abril de dos mil once (2011), este Juzgado Superior dictó auto mediante el cual fijó oportunidad para llevarse a efecto la audiencia preliminar para el cuarto (4°) día de despacho siguiente a las 10:00 a.m., la cual tuvo lugar en fecha veintisiete (27) de abril de dos mil once (2011), compareciendo sólo la parte querellante debidamente asistido de abogada. Se dejó constancia de la apertura del lapso probatorio.

Mediante auto de fecha dos (02) de junio del presente año, se fijó oportunidad para la celebración de la audiencia definitiva; llevándose a efecto la misma el diez (10) de junio del año en curso, compareciendo la representación judicial de las parte intervinientes en el proceso.

En fecha veintiocho (28) de junio de dos mil once (2011), se dictó dispositivo del fallo, declarándose Parcialmente Con Lugar la presente querella y se reservó el lapso de 10 días, de despacho para dictar el texto íntegro de la misma, tal y como lo establece el artículo 108 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; difiriéndose la publicación del mismo, conforme al auto que cursa en autos al folio 71 de fecha quince (15) de julio del año que discurre.

Estando dentro de la oportunidad legal para dictar el extenso de la decisión tomada, el Juzgado lo hace previa las consideraciones siguientes:

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

El caso sub examine versa sobre un Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto con el objeto de hacer efectivo el cobro de prestaciones sociales contra la CORPORACION APUREÑA DE TURISMO (CORATUR), por la cantidad de ochenta y dos mil nueve bolívares con diecinueve céntimos (Bs.82.009,19), suma que comprende: intereses sobre antigüedad; intereses moratorios meses agosto y septiembre del año 2010; vacaciones no disfrutadas período 2009 y 2010; bono vacacional 2009-2010, fracción bonificación fin de año; compensación por meses con 31 días; bono de temporada alta período 2009-2010; bono por no poseer caja de ahorro período 2009-2010, sueldos retenidos pendientes por cobrar sin pago oportuno meses mayo, junio y julio 2010, cesta tickets correspondientes a los meses abril, mayo, junio y julio 2010; pago dotación de uniforme 2010, intereses moratorios así como costas y costos del presente proceso.

Ahora bien, se hace necesario para este Juzgador realizar las siguientes consideraciones.

Las prestaciones sociales son un derecho inalienable, imprescriptible, irrenunciable de todo trabajador que ha prestado un servicio, en el caso bajo estudio, corresponde a la prestación de un servicio a la administración pública estadal; además de ello, las prestaciones sociales constituyen créditos laborales de exigibilidad inmediata por parte del trabajador, cuyo vínculo laboral se ha extinguido por alguna de las causales contempladas en el artículo 78 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, este derecho en el ordenamiento jurídico venezolano es de rango Constitucional y se encuentra consagrado en el artículo 92 de la Carta Magna.

El carácter de exigibilidad inmediata que poseen las prestaciones sociales al momento de la culminación de la relación laboral posibilita, que en caso de existir mora en el pago de ésta por parte del querellado que se encuentre obligado a ello, genere los denominados intereses moratorios, lo cual no es más que una garantía para el trabajador o funcionario y una obligación para el ente administrativo, empresa u organismo, cuyo fin es acelerar el proceso de pago y proteger como contraprestación la antigüedad del trabajador por el servicio prestado.

De lo anterior se puede colegir, que es un derecho del trabajador y una obligación para la administración cancelar de manera inmediata el monto acumulado por ese concepto una vez terminada la relación funcionarial, lo cual debe ser proporcional al tiempo de servicio prestado.

Revisadas como han sido las actas que componen la presente causa se pudo constatar que el querellante en su escrito recursivo, reclama el pago de las prestaciones sociales y demás conceptos laborales discriminados los cuales ascienden a la cantidad de ochenta y dos mil nueve bolívares con diecinueve céntimos (Bs.82.009,19).

En tal sentido, quien suscribe la presente decisión observa de los autos, que la administración querellada, no aportó medio probatorio alguno que desvirtuara la pretensión del querellante, quien sí demostró la relación funcionarial que mantuvo con la hoy querellada CORPORCIÓN APUREÑA DE TURISMO (CORATUR), tal como se puede apreciar en la comunicación consignada al escrito recursivo como documento fundamental de la acción (ver folio 22), de fecha 06 de julio de 2009, mediante la cual se evidencia que el Presidente para ese entonces de la accionada ciudadano A.L., en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 18, numeral 10 de la Ley de Turismo del Estado Apure, designó al ciudadano L.E.Á. para ocupar el cargo de “Gerente de Recursos Humanos” de la mencionada corporación; en tal sentido al no ser atacada por la parte querellada dicho original a través de los medios procesales para tal fin, obtiene pleno valor probatorio; asimismo corre inserta al folio 23 constancia en original suscrita por la Presidenta de la Corporación Apureña de Turismo ciudadana Maruska González, en la cual manifiesta que el hoy querellante prestó sus servicios en esa corporación en calidad de Gerente de Recursos Humanos desde el 06 de julio de 2009 hasta el 30 de julio de 2010, devengando un sueldo mensual de Bs.5.083,45 lo que incluye prima profesional y antigüedad; constancia a la cual le es otorgado pleno valor probatorio; en tal sentido quien suscribe la presente decisión considera que se encuentra plenamente demostrado en los autos la existencia de la relación funcionarial entre las partes intervinientes en el proceso así como la determinación del tiempo de servicio.

Es oportuno destacar que la Administración demandada no consignó el expediente administrativo para desvirtuar los conceptos reclamados por el querellante, a pesar de haberle solicitado él mismo, según se desprende de Oficio librado por este Órgano Jurisdiccional en fecha 01 de noviembre de 2010, signado con el Nº 6175-2009 (ver folio 43).

En ese sentido y con relación al valor probatorio del expediente administrativo la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, indicó que los antecedentes administrativos del caso, conformados por el expediente administrativo que se formó a tal efecto constituye un elemento de importancia fundamental para la resolución de la controversia y es una carga procesal para la Administración acreditarlo en juicio lo cual no cumplió.

Igualmente en Sentencia No. 00692 la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 21 de mayo de 2002, estableció lo que a continuación parcialmente se transcribe:

… sólo a ésta le corresponde la carga de incorporar al proceso los antecedentes administrativos; su no remisión constituye una grave omisión que pudiera obrar en contra de la Administración y crear una presunción favorable a la pretensión de la parte accionante

.

Indicado lo anterior, este Juzgado hace suyo el criterio expresado por la Sala Político administrativa en diversas oportunidades, debiendo advertir que si bien la administración no cumplió con la carga de consignar en el Tribunal el expediente administrativo correspondiente a la causa, ello no obsta para que el Juzgador pueda decidir, siendo que, a pesar de que éste constituye la prueba natural, no es la única dentro del proceso contencioso administrativo, ello así, este Juzgado debe pronunciarse con todos los elementos que constan en autos y así se declara.

Dentro de esta perspectiva, por cuanto no consta en autos que la accionada le haya cancelado al querellante adelanto o la totalidad de las prestaciones sociales, configurando un incumplimiento al precepto constitucional establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, razón por la cual debe este Juzgado Superior, ordenar al ente querellado cancelar al ciudadano L.E.A., las prestaciones sociales adeudadas. Y así se decide.

En relación a los intereses moratorios, este Tribunal observa que la mora en el pago de las prestaciones sociales genera la obligación de pagar tal concepto, lo que constituye la reparabilidad del daño de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República, a los fines de mantener un equilibrio económico y resarcir el retardo en la cancelación de la deuda.

En este sentido, quien aquí decide, se permite traer a colación decisión dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en fecha 17 de marzo de 2009, caso: O.C.d.B. contra el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, en la cual se estableció lo siguiente:

…Observa esta Corte que conforme a lo previsto en el artículo 92 de la Carta Magna, el pago de las prestaciones sociales es de exigibilidad inmediata y el retraso o demora en su pago genera intereses. Igualmente se advierte, que la vigente Ley Orgánica del Trabajo, prevé en su artículo 108 la forma de calcular el monto de las prestaciones sociales que le corresponden a los trabajadores, no estando incluidos los funcionarios públicos, pero por la naturaleza de sus funciones y la prestación de sus servicios, a éstos últimos se les aplica para el cálculo la rata que más se asemeja dada la naturaleza de la obligación, y es la que dispone el literal “C” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, al cual remite el artículo 28 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, pago que se cancelará de forma no capitalizable, atendiendo a la tasa promedio activa y pasiva, determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis (06) principales bancos comerciales del país, si fuere en la contabilidad de la empresa, es decir, este método es aplicable sólo cuando no exista la creación de un fideicomiso, de un fondo de prestaciones sociales de antigüedad o cuando no se haya depositado el monto de prestaciones sociales en una entidad financiera (supuesto previsto en el literal “A” del aludido artículo 108), ni cuando el trabajador hubiere solicitado que se le hicieran los depósitos de tal manera y el patrono no hubiere cumplido (supuesto previsto en el literal “b”).

Así, salvo que se hubiese demostrado que se habían constituido los referidos fondos (fideicomiso o de prestación de antigüedad) lo cual no consta en el expediente, siempre corresponderá al patrono el cálculo y pago de los intereses sobre las prestaciones sociales, de la forma prevista en el literal “C” del aludido artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, modo que resulta igualmente aplicable a los intereses moratorios, en virtud del retardo en el pago de las prestaciones sociales.

En tal sentido, al existir normas expresas en nuestro ordenamiento jurídico que establecen de manera especial las condiciones para el goce de las prestaciones sociales, así como su forma de cálculo y de los intereses acumulados sobre prestaciones sociales (fideicomiso), y al ser los intereses moratorios un concepto accesorio a aquellas, calificados en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como deudas de valor, aclara esta Corte que con la entrada en vigencia de dicha Ley Fundamental resulta procedente el pago de los intereses moratorios, que deberán ser calculados de conformidad con lo previsto en el artículo 108 literal “C” de la Ley Orgánica del Trabajo. (Vid. Sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del magistrado Omar Alfredo Mora Díaz, de fecha 19 de octubre de 2004, caso: M.A.R.M. vs. la Sociedad Mercantil Súper Clone, CA.)…”

En base a las consideraciones antes expuestas, quien suscribe la presente decisión observa que se encuentra plenamente demostrado en los autos que existió la relación funcionarial entre el querellante ciudadano L.E.A. y la CORPORACION APUREÑA DE TURISMO (CORATUR), la cual se inició en fecha seis (06) de julio de dos mil nueve (2009), culminando en virtud de la renuncia efectuada por el ciudadano antes mencionado en fecha 30 de julio de 2010, tal y como lo alegó y demostró el querellante durante el debate judicial, no constando en autos que el ente querellado haya cancelado las prestaciones sociales demandadas, por lo que resulta evidente que existe demora en la cancelación de las mismas, por tanto, de conformidad a lo previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le corresponde al querellante el pago de los Intereses Moratorios en el período comprendido desde el treinta (30) de julio de dos mil diez (2010), fecha en la cual se debió cancelar las prestaciones sociales, exclusive, hasta la efectiva cancelación de sus prestaciones sociales. Y así se establece.

En consecuencia, y a los fines de determinar la cantidad pecuniaria que por concepto de prestaciones sociales e intereses moratorios adeuda la CORPORACION APUREÑA DE TURISMO (CORATUR) al ciudadano L.E.A., se ordena realizar Experticia Complementaria del Fallo, a tenor de lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, la cual en el primero de los conceptos adeudados (prestaciones sociales), deberá ser calculado desde la fecha de ingreso del querellante (06/07/2009), hasta la fecha en la cual finalizó la relación funcionarial en virtud de la renuncia presentada (30/07/2010). Igualmente dicha experticia complementaria del fallo deberá calcular los conceptos de vacaciones no disfrutadas período 2009 y 2010; bono vacacional 2009-2010 así como la fracción de la bonificación de fin de año;

Aunado a lo anteriormente expuesto, se ordena a la CORPORACION APUREÑA DE TURISMO cancelar al querellante cuatro (4) días de salario correspondientes al año 2010 traducido en la compensación de sueldo por los meses con 31 días según lo establecido en la cláusula 48 de la I Convención Colectiva de Condiciones de trabajo de los empleados del Poder Público, lo que arroja la cantidad de seiscientos setenta y siete bolívares con ochenta céntimos (Bs.677,80). Se niega la cancelación de la suma de cinco mil ochenta y tres bolívares con cuarenta y cinco céntimos (Bs.5.083,45) por concepto de bono de temporada alta, estipulado en la Resolución interna de CORATUR Nº 07 de fecha 25/11/96, en virtud que el querellante no demostró durante la secuela del proceso que laboró en las condiciones exigidas en dicha Resolución a los fines de ser acreedor de tal beneficio laboral, tales como temporadas altas, días feriados y eventos especiales. En lo relacionado a la solicitud de cancelación del bono por no poseer caja de ahorro período 2009-2010; este sentenciador niega la cancelación de tal concepto, por cuanto no le merece fe la copia fotostática simple incompleta del “Reglamento Interno” consignada por el querellante para demostrar la procedencia de la cancelación por tal concepto, reglamento del cual el Juez no se encuentra en el deber impretermitible de conocer, conforme al Principio “Iura Novit Curia”. Se ordena cancelar al ciudadano L.E.A. la cantidad de quince mil doscientos cincuenta bolívares con treinta y cinco céntimos (Bs.15.250,35) por concepto de sueldos dejados de percibir correspondientes a los meses mayo, junio y julio 2010; a razón de cinco mil ochenta y tres bolívares con cuarenta y cinco céntimos (Bs. 5.083,45) mensuales, por cuanto le correspondía a la parte querellada demostrar durante el proceso que se encontraba exento de la obligación del pago exigido por haberlo realizado, lo cual no fue demostrado en autos.

En cuanto a la solicitud de cancelación del Bono Alimentario o “cesta ticket”, este Órgano Jurisdiccional se permite traer a colación la decisión proferida por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo de fecha dos (02) de mayo de dos mil once, en la querella funcionarial interpuesta por I.T.S.G. contra la Gobernación del Estado Apure, la cual estableció lo que a continuación parcialmente se transcribe:

Del bono alimentario (cesta ticket) año 2000 al 2002

En relación a la solicitud efectuada por la parte recurrente relativa a la cancelación de la cesta ticket relativo a los años 2000 al 2002, este Órgano Jurisdiccional debe señalar que si bien la misma puntualizó el período que comprende la falta de pago lo cual resulta fundamental a los fines de poder determinar su procedencia, ha sido criterio reiterado de este Órgano Jurisdiccional que dicho concepto se deriva de la prestación efectiva del servicio del funcionario.

En ese sentido, se debe acotar que dicho beneficio no busca incorporar al salario las sumas adeudadas por ese concepto laboral, sino, “mejorar el estado nutricional del trabajador y, con ello fortalecer su salud, prevenir enfermedades profesionales y propender a una mayor productividad laboral”.

Así pues, visto que la parte recurrente no presentó documento probatorio alguno del que se demostrara su prestación efectiva del servicio relativa a los años 2000 al 2002, para que este Órgano Jurisdiccional pudiera constatar que la misma se hizo acreedora del mencionado beneficio, es por lo que esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo contrariamente a lo establecido por el iudex a quo, considera que el pago reclamado por dicho concepto resulta improcedente (Vid. sentencia dictada por esta Corte el 13 de abril de 2011, caso: C.A.Q.V.. Gobernación del Estado Apure) Así se decide

.

De la sentencia in comento se infiere que a los fines de que proceda la reclamación y por consiguiente el pago del Bono de Alimentación, es requisito sine qua non que la parte accionante demuestre la realización efectiva del servicio prestado por el funcionario en el período que reclama. En tal sentido, luego de una revisión exhaustiva de las actas procesales que conforman el expediente judicial, quien suscribe la presente decisión observa que la parte querellante no consigno al expediente judicial medio probatorio alguno que demuestre que efectivamente prestó sus servicios en la CORPORACION APUREÑA DE TURISMO (CORATUR) en el período mencionado por el accionante en su escrito recursivo para así ser beneficiario del derecho de percibir el Bono de Alimentación; razón por la cual debe forzosamente este sentenciador negar la cancelación de tal concepto. Igualmente, se niega el pago por concepto de dotación de uniforme, establecido en la cláusula N°41 de la I Convención Colectiva de Condiciones de Trabajo de los empleados del Poder Público Estadal, por cuanto no se encuentra el querellante en el supuesto de hecho exigido en dicha cláusula a los fines de ser acreedor de tal beneficio. Y Así se declara.

III

DECISION

Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio A.d.e.B., administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: