Emplazan al Consejo Moral a calificar falta grave de magistrados

Ni la represión del martes contra la marcha de los diputados y sus seguido res para impedir la sesión de la Asamblea Nacional, ni el bloqueo que impuso ayer la GNB en todos los accesos al Palacio Federal para imposibilitar la entrada de los diputados de oposición al Parlamento, impidieron la activación del procedimiento de remoción de los siete magistrados de la Sala Constitucional del TSJ, conforme al artículo 265 de la Constitución.Los diputados de la oposición madrugaron ayer a la GNB y lograron el quórum de instalación antes de las 8:00 am. A las 9:30 am, hora de inicio de la plenaria, estaban presentes 103 parlamentarios de la Unidad.Pero en realidad, el procedi miento de remoción se inició el viernes pasado, cuando la directiva de la AN entregó al Consejo Moral Republicano la solicitud de calificación de falta grave contra Calixto Ortega, Juan Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Luis Damiani, Lourdes Suárez y Maikel Moreno, por haber firmado las sentencias 155 y 156, que eliminaron la inmunidad parlamentaria y le quitaron todas las atribuciones a la AN.El artículo 32 de la Ley del Poder Ciudadano señala que el presidente del CMR, en este caso el Defensor del Pueblo Tarek William Saab, debe notificar a los magistrados para que en 8 días presenten su descargo por escrito. Luego debe convocar una reunión extraordinaria del Consejo para leer la solicitud, los descargos y decidir, por al menos dos de los tres votos posibles, sobre la calificación de la falta grave. El CMR tendrá 3 días hábiles para remitir el informe a la AN, que deberá conceder audiencia a los magistrados para su defensa. La aprobación de la remoción se logra con las 2/3 partes de los integrantes del Parlamento.Los acuerdos. La mayoría de la oposición aprobó ayer dos acuerdos en los que condena la ruptura del orden constitucional generado por las decisiones de los 7 magistrados al tiempo que exige al Poder Ciudadano, al Consejo Moral y a la Fiscalía, actuar en consecuencia.El primero de los acuerdos re chazó la conducta del Defensor del Pueblo, por haber puesto de manifiesto su solidaridad automática con el Ejecutivo en complicidad con graves violaciones de los derechos humanos. Exige la cesación inmediata de la medida cautelar contra los diputados de Amazonas así como la liberación de los parlamentarios Gilber Caro y Renzo Prieto. También condenó la agresión contra los diputados de la Unidad.En el segundo acuerdo, em plazó al CMR a tramitar la solicitud de...

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