Decisión nº 036 de Tribunal Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Puerto Ordaz de Bolivar (Extensión Puerto Ordaz), de 16 de Abril de 2015
| Fecha de Resolución | 16 de Abril de 2015 |
| Emisor | Tribunal Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Puerto Ordaz |
| Ponente | Paolo Conrado Amenta Rivero |
| Procedimiento | Nulidad De Acto Administrativo |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo
de la Circunscripción Judicial del Estado B.E.P.O.
Puerto Ordaz, 16 de abril de 2015
Años: 204º y 156º
ASUNTO PRINCIPAL : FP11-N-2015-000035
ASUNTO : FH16-X-2015-000016
En el recurso contencioso administrativo de nulidad, conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de los efectos del acto administrativo, incoado por la ciudadana E.E.R.G., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 9.949.936 y de este domicilio, debidamente asistida por la ciudadana M.C.A.B., abogada en ejercicio, de este domicilio e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 125.451, contra la P.A. Nº 2014-00772 de fecha 10 de noviembre de 2014, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO “ALFREDO MANEIRO” DE PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLÍVAR, en la cual resolvió procedente la solicitud de calificación de falta propuesta contra la recurrente por la sociedad mercantil CLÍNICA V.D.C., C. A., procede este Tribunal a proveer la procedencia de la medida cautelar solicitada, con base a las consideraciones siguientes:
I
Mediante demanda presentada en fecha 10 de abril de 2015, la parte recurrente fundamentó su pretensión de nulidad contra la P.A. Nº 2014-00772 de fecha 10 de noviembre de 2014, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO “ALFREDO MANEIRO” DE PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLÍVAR, en la cual resolvió procedente la solicitud de calificación de falta propuesta contra la recurrente, ciudadana E.E.R.G., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 9.949.936 y de este domicilio, por la sociedad mercantil CLÍNICA V.D.C., C. A., interpuesta conjuntamente con solicitud de suspensión de los efectos del acto impugnado; mediante sentencia dictada el 14 de abril de 2015 se admitió el recurso interpuesto ordenando abrir cuaderno separado para resolver la incidencia cautelar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Se abrió el cuaderno separado de medidas cautelares en esta misma fecha y encontrándose este Tribunal dentro del lapso establecido en la referida norma procede a pronunciarse con relación a la cautelar solicitada en los términos siguientes:
II
Fundamentos de la decisión
La medida de suspensión de los efectos de un acto administrativo de efectos particulares, es una medida típica de naturaleza cautelar del contencioso administrativo de nulidad, y al ser acordada surte los efectos suspensivos del acto mientras dure el juicio de nulidad, disponiendo la norma su procedencia cuando así lo permita la Ley o sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, todo lo cual conlleva a que, para su acuerdo deben ser examinados los requisitos de procedencia de las medidas cautelares, es decir la existencia de un buen derecho, el peligro de la mora, que serían las circunstancias del caso y el señalamiento del perjuicio irreparable o de difícil reparación que exige el ordenamiento jurídico.
Que como fundamento de la pretensión cautelar, el actor ha dicho en su escrito libelar:
…En atención a este primer requisito, el fumus bonis iuris aducido se circunscribe a los vicios que se le imputan al acto administrativo impugnado y a sus fundamentos legales desplegados a través del presente recurso, por la circunstancia que incurrió la ciudadana Inspectora del Trabajo, en la providencia que aquí se pide su nulidad en el VICIO DE INCONGRUENCIA NEGATIVA, ya que de una revisión exhaustiva de la P.A., se observa sin lugar a dudas que la misma incurrió en el vicio de incongruencia negativa, siendo dicho vicio determinante en el dispositivo del fallo, como puede advertirse ciudadano Juez en el escrito de promoción de pruebas presentado, por mi representada en fecha 01 de octubre de 2014, ciertamente se consignaron pruebas documentales: copia simple de la nómina de miembros fundadores del Sindicato Pionero de Trabajadores de la Clínica V.d.C., C. A. (SINPTRACLIVIRCA), copia simple del acta constitutiva del sindicato (SINPTRACLIVIRCA) y Copia Simple del Libro de Registro de Control del Archivo, con respecto a esta prueba la ciudadana Inspectora realizo un copia y pega y se pronunció en base a dichas pruebas de su contenido como evidencia de que la referida ciudadana no cumplió con las responsabilidades que se le asignaron cuando comenzó la relación laboral lo que nos hace presumir que existe efectivamente un vicio de incongruencia negativa. Y la prueba de exhibición: 1) Resultas del biométrico desde el 01 de Julio al 15 de Julio de 2014. 2) Hojas de Incidencias Diarias realizadas por las enfermeras en el área de hospitalización en cada turno de trabajo desde el 01 de Julio hasta el 15 de Julio de 2014, 3) Hojas de asistencia diaria por turno emitidas desde el 01 de julio hasta el 15 de Julio del 2014, la ciudadana Inspectora no se pronunció sobre dichas pruebas promovidas, y por el contrario sólo consideró, valoró y tomó como cierto lo alegado por los solicitantes, por lo que sin lugar a dudas incurrió en el vicio de incongruencia negativa.
…
Del periculum in mora: En el caso en concreto el perjuicio y la dificultad de reparación que causaría a mi representada la declaratoria de un pliego de peticiones que esta vicia de nulidad absoluta.
…
Por todo lo antes expuesto y demostrado como se encuentra en las copias certificadas aquí consignadas las graves e insalvables violaciones a la Ley pido al Tribunal que suspenda en consecuencia los efectos de la P.A. número 2014-00772 de fecha 10 de Noviembre de 2014, emanada de la Inspectoría del Trabajo A.M.d.P.O. – Estado Bolívar
. (Cursivas añadidas, subrayados y negrillas de la cita).
Puntualizados los argumentos esgrimidos por la demandante, a los fines de proveer la medida de suspensión de los efectos solicitada, este Juzgado de Juicio destaca que la medida cautelar de suspensión de los efectos del acto administrativo cuya nulidad ha sido solicitada, está contenida en el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la cual dispone:
A petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y los intereses públicos generales concretizados y de ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva.
El tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para proteger a la Administración Pública, a los ciudadanos, a los intereses públicos y para garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso.
En causas de contenido patrimonial, el tribunal podrá exigir garantías suficientes al solicitante
(Cursivas añadidas).
De manera que el Juez de mérito, en el ejercicio de sus amplios poderes en el análisis de las condiciones para el decreto de medidas cautelares, tal como lo señala el referido artículo, puede decretar la suspensión de los efectos del acto administrativo cuando considere que la suspensión de la medida puede detener un daño mayor, si al contrario se continúa con el curso de la misma, ponderando por supuesto los hechos presentados por el recurrente al momento de conocer la causa.
Sobre las medidas cautelares, ha dicho la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia que son actos procesales que pretenden anticipar los efectos de un fallo mientras transcurra la tramitación de un juicio, con el fin de salvaguardar el derecho que se arroga el actor al proponer su pretensión, por existir riesgo manifiesto de que se produzca un daño irreparable (mientras no se haya dictado la sentencia definitiva) que ponga en peligro la satisfacción del derecho que se invoque. Es por ello que la pretensión cautelar debe estar debidamente justificada, por cuanto en caso de decretarse su procedencia, el Juez dispondrá de actos de ejecución tendentes a impedir que los efectos de la sentencia definitiva sean ineficaces. (Vid., sentencia N° 00220 del 7 de febrero de 2007).
Asimismo, se ha señalado que el poder cautelar debe ejercerse con estricta sujeción a las disposiciones legales que lo confieren, en razón de lo cual la providencia cautelar sólo se concede cuando existen en autos medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia concurrente del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo y del derecho que se reclama. (Vid., sentencia de la Sala Político Administrativa N° 00901 del 30 de julio de 2008).
En ese sentido, el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
Artículo 585.- Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama
.
En el caso bajo examen, a los fines de determinar la procedencia o no de la medida solicitada, resulta necesario examinar los requisitos exigidos en la referida disposición, esto es, la presunción grave del derecho reclamado (fumus boni iuris) y el peligro grave que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora).
Sobre estos requisitos, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia N° 00176 de fecha 09 de febrero de 2011, bajo la ponencia de la Magistrada Trina Omaira Zurita, Exp. Nº 2009-0209 ha puntualizado que:
Con relación a la primera exigencia, ha precisado reiteradamente esta Sala que el análisis sobre su verificación se realiza a través de un cálculo preventivo o un juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante; correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a fin de indagar sobre la posible existencia del derecho que se reclama.
En cuanto al segundo de los mencionados requisitos, ha sido criterio inveterado y pacífico de la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a una mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave de violación o desconocimiento del derecho o derechos reclamados y a la dificultad o imposibilidad de su reparación, bien por la demora del juicio, bien por las acciones que el demandado, durante el tiempo que tome la tramitación de aquél, pudiera efectuar con el objeto de burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.
En conexión con lo anterior, la jurisprudencia de la Sala ha señalado que debe existir una estricta sujeción entre la procedencia de la medida cautelar y los alegatos y pruebas que el solicitante produzca en autos a los fines de demostrar la verificación de los requisitos exigidos por la ley, de manera que no basta con alegar que existe un peligro inminente de que quede ilusoria la ejecución del fallo definitivo, sino que además debe acompañarse un medio de prueba que pueda hacer surgir en el Juez, al menos una presunción grave de la existencia de dicho peligro
(Cursivas añadidas).
Siendo esto así, corresponde a este despacho evaluar si está acreditada la existencia de los referidos requisitos, y al efecto se observa que la parte recurrente, para demostrar el fumus boni iuris y el periculum in mora, consignó conjuntamente con el libelo de la demanda los siguientes recaudos:
-
- Copia certificada del expediente administrativo Nº 074-2014-01-00152, contentivo del procedimiento de calificación de faltas instruido por la Inspectoría del Trabajo A.M.d.P.O., estado Bolívar, que cursa a los folios 22 al 133 del cuaderno principal de este expediente.
Considera este Juzgado que de la revisión y lectura del expediente administrativo y de la providencia impugnada así como de las documentales acompañadas a tal efecto, no se desprende, cuando menos en principio, la presunción de verosimilitud de los hechos alegados en el recurso que sirvan de sustento de la medida cautelar solicitada y así, se establece.
Tal como se ha señalado en líneas previas, la jurisprudencia de la Sala Político Administrativa en materia de solicitudes de medidas de suspensión de efectos de un acto administrativo impugnado, ha señalado que debe existir una estricta sujeción entre la procedencia de la medida cautelar y los alegatos y pruebas que el solicitante produzca en autos a los fines de demostrar la verificación de los requisitos exigidos por la ley, de manera que no basta con alegar que existe un peligro inminente de que quede ilusoria la ejecución del fallo definitivo, sino que además debe acompañarse un medio de prueba que pueda hacer surgir en el Juez, al menos una presunción grave de la existencia de dicho peligro.
De manera diuturna la Sala ha expresado que la medida preventiva de suspensión procede sólo cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, esto es, que la medida sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, o bien para evitar que el fallo quede ilusorio, y que adicionalmente resulte presumible que la pretensión procesal principal resultará favorable, a todo lo cual debe agregarse la adecuada ponderación del interés público involucrado; significa entonces –se insiste- que deben comprobarse los requisitos de procedencia de la medida cautelar: el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora) y la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris).
Así las cosas, se aprecia que los alegatos expuestos por la parte recurrente a los fines de declarar la existencia a su favor de la presunción de buen derecho y el peligro en la demora; no gozan de verosimilitud, salvo que en el transcurso del proceso se demuestre lo contrario; y por ende no satisfecha en esta fase preliminar del proceso tanto el peligro en la demora como la presunción de buen derecho requerida para el otorgamiento de la protección cautelar y así, se establece.
Amén de lo expuesto, indicó la demandante que en cuanto al periculum in mora: “…En el caso en concreto el perjuicio y la dificultad de reparación que causaría a mi representada la declaratoria de un pliego de peticiones que esta vicia de nulidad absoluta” (Cursivas añadidas). Sobre esto, debe señalarse que la pretendido en este juicio es la nulidad de una p.a. que resolvió procedente una calificación de faltas propuesta contra la recurrente, siendo que los fundamentos del periculum in mora esbozados en el libelo no guardan correspondencia alguna ni con la naturaleza del procedimiento llevado en sede administrativa, ni con los hechos esgrimidos en el recurso, lo que, a todas luces evidencia el incumplimiento de este requisito desde el punto de vista argumental y así, se establece.
Ello así, verificada como ha sido la inexistencia de los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la presunción del buen derecho reclamado (fumus boni iuris) y el peligro grave que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora), en consecuencia, este Juzgado, de conformidad con lo previsto en el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, declara improcedente la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de la P.A. Nº 2014-00772 de fecha 10 de noviembre de 2014, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO “ALFREDO MANEIRO” DE PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLÍVAR, en la cual resolvió procedente la solicitud de calificación de falta propuesta contra la recurrente, ciudadana E.E.R.G., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 9.949.936 y de este domicilio, por la sociedad mercantil CLÍNICA V.D.C., C. A., y así se decide.
III
Dispositiva
En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado Quinto de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado B.E.T.P.O., actuando en nombre de la República, administrando justicia y por autoridad de la Ley, declara:
ÚNICO: IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de la P.A. Nº 2014-00772 de fecha 10 de noviembre de 2014, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO “ALFREDO MANEIRO” DE PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLÍVAR, en la cual resolvió procedente la solicitud de calificación de falta propuesta contra la recurrente, ciudadana E.E.R.G., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 9.949.936 y de este domicilio, por la sociedad mercantil CLÍNICA V.D.C., C. A.; que fuere efectuada en el escrito de libelo que encabeza las actuaciones del Cuaderno Principal. ASÍ EXPRESAMENTE SE DECIDE.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión en este Tribunal.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, a los dieciséis (16) días del mes de abril del dos mil quince (2015). Años: 204° de la Independencia y 156° de la Federación.
El Juez,
Abg. Esp. P.C.A.R..
La Secretaria,
Abg. C.C.G..
Publicada en el día de su fecha, siendo las 11:24 a. m. Conste.
La Secretaria,
Abg. C.C.G..
