Decisión nº A-0020-13 de Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de Nueva Esparta, de 3 de Diciembre de 2013

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA

La Asunción, Tres (03) de Diciembre de 2013

Años 203° y 154°

-I-

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

ACCIONANTE: ENNYD MOYA RINCONES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-16.336.304, de profesión agricultor, domiciliado en la calle J.B.A., frente al Colegio Loma de Guerra, Municipio A.d.C.d.E.N.E..

ABOGADO ASISTENTE: L.M.R., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 55.280, en su condición de Defensor Público Primero Agrario adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Estado Nueva Esparta.

ACCIONADOS: OLIZAY ACOSTA HERNÁNDEZ Y H.G., venezolanos, mayores edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 14.220.697 y V-12.148.500, respectivamente, domiciliados en el lote de terreno (conuco), ubicado en el Sector La Vega de El Cardón, Municipio A.d.C.d.E.N.E..

-II-

ASUNTO: SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA ESPECIAL DE PROTECCIÓN A LA ACTIVIDAD PECUARIA Y A LA ACTIVIDAD AGROALIMENTARIA.

Vista la solicitud de Medida Cautelar Innominada Especial de Protección a la Actividad Pecuaria y a la Actividad Agroalimentaria, presentada ante éste Tribunal Agrario en fecha Catorce (14) de Noviembre de Dos Mil Trece (2013), por el ciudadano ENNYD MOYA RINCONES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-16.336.304, debidamente asistido por el Abogado L.M.R., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 55.280, en su condición de Defensor Público Primero Agrario adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Estado Nueva Esparta, contra los ciudadanos Olizay Acosta Hernández y H.G., arriba identificados, sobre el lote de terreno (conuco), ubicado en el Sector La Vega de El Cardón, Municipio A.d.C.d.E.N.E., con una superficie de Nueve Hectáreas con Dos Mil Novecientos Noventa y Nueve Metros Cuadrados (9 has con 2.999 Mts2), aproximadamente, con los siguientes linderos: NORTE: Terrenos ocupado por L.P.; SUR: Presunto terreno de la Compañía 31 de Julio y terreno ocupado por J.M.; ESTE: Río El Mangal; y OESTE: Terreno ocupado por A.N.; en virtud de que ha sido objeto de acciones de amenaza y de acciones perturbadoras a la actividad pecuaria, ocasionadas presuntamente por un grupo de personas entre las cuales se destacan los ciudadanos: Olizay Acosta Hernández y H.G., arriba identificados, consistentes en amenazas de tumbar el corral donde se encuentran los semovientes (ganado) que cría, ya que insisten en construir una vía dentro del lote de terreno antes mencionado y además presuntamente están vendiendo partes del lote de terreno pertenecientes al mismo donde desarrolla la actividad pecuaria, a lo cual lógicamente se ha opuesto, siendo que hasta donde tiene conocimiento esos ciudadanos no son legítimos propietarios del terreno, lo cual constituiría una perturbación a la armonía que requiere la actividad agropecuaria que realiza en el terreno y traería como consecuencia el deterioro y paralización de la mencionada actividad. Además, constituiría un hecho ilícito por cuanto la situación de esos ciudadanos sobre esas porciones de terreno sería irregular, por esa razón compareció ante la Oficina Regional de Tierras (INTI), como organismo encargado de la administración y distribución de las tierras con vocación agraria en la Nación, y planteó la situación. Asimismo, cabe destacar que el lote de terreno (conuco) en referencia, tiene vocación agrícola de conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y actualmente se encuentra en espera del otorgamiento del beneficio de Derecho de Permanencia sobre ese predio, por parte del Instituto Nacional de Tierras (INTI) cuyo tramité inició ante la Oficina Regional de Tierras del Estado Nueva Esparta, a la cual se le asignó el expediente Nº ORT-NE-DP15-156 y copia de la documentación respectiva anexó al presente escrito, marcado con la letra “B”; el peticionario fundamenta su solicitud de Medida Cautelar Innominada Especial de Protección a la Actividad Pecuaria y a la Actividad Agroalimentaria en los artículos 305 y 306 de la Constitución de República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en los artículos 17 numerales 1 y 5, Parágrafo Tercero, 196, 243, 244 y la Disposición Final Cuarta de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y en el artículo 9 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria.

-III-

DE LA COMPETENCIA

Corresponde a éste Tribunal Agrario pronunciarse acerca de su competencia para conocer la presente Solicitud de Medida Cautelar Innominada Especial de Protección a la Actividad Pecuaria y a la Actividad Agroalimentaria y en tal sentido es necesario formular las siguientes consideraciones:

En virtud que la presente solicitud de Medida Cautelar Innominada Especial de Protección a la Actividad Pecuaria y a la Actividad Agroalimentaria versa sobre tierras con vocación de uso agrícola y subsumida ésta en el supuesto del artículo 2 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, así como lo señala H.C., citando al Maestro Chiovenda, trata el punto de la llamada competencia funcional, la cual, la define de la siguiente manera: “cuando la ley confía a un juez una función particular, exclusiva, se dice que hay una competencia funcional. La característica esencial es la de ser absoluta e improrrogable y aún cuando parece confundirse, a veces, con la competencia por la materia y por el territorio, es, sin embargo, independiente de ella”. (Derecho Procesal Civil. H.C.. Tomo Segundo. Universidad Central de Venezuela, Ediciones de la Biblioteca. 1993).

Sobre éste particular, es oportuno traer a colación el criterio jurisprudencial contenido en la sentencia Nº 144, de fecha 24 de marzo de 2000, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con la ponencia del Magistrado Dr. J.E.C.R., caso: Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en la cual se estableció los requisitos que conforme a los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe cumplir el juez natural, entre ellos se indicó el de ser un juez idóneo: “…Omissis… de manera que en la especialidad a que se refiere su competencia, el juez sea apto para juzgar, en otras palabras, sea un especialista en el área jurisdiccional donde vaya a obrar…”, y se agregó que dicho requisito “no se disminuye por el hecho de que el conocimiento de varias materias puedan atribuirse a un solo juez, lo que atiende a razones de política judicial ligada a la importancia de las circunscripciones judiciales”. Idoneidad y especialización se consideraron exigencias básicas en el juez natural, lo que dicha Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró en la sentencia Nº 1708, de fecha 19 de julio de 2002, caso: CODETICA, en la cual se estableció, que ello da a los jueces que ejercen la jurisdicción especial una prioridad para conocer las causas que configuran la especialidad. Y ello hace al juez agrario en este caso, el juez natural de la causa identificada en la presente demanda.

Igualmente, es importante traer a colación el criterio jurisprudencial contenido en la decisión Nº 1715, de fecha 08 de agosto de 2007, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia de la Magistrada Dra. L.E.M.L., caso: “INMOBILIARIA EL SOCORRO, C.A.”, en la cual se estableció: “…Omissis…Respecto de las pretensiones procesales de naturaleza agraria, esta Sala reconoció la competencia de los órganos jurisdiccionales especializados regulados por la mencionada Ley Orgánica, derogada por la actual Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y, en ese sentido, ha afirmado que “(…) a los tribunales con competencia en materia agraria le corresponde conocer limitadamente de las demandas en las cuales se introduce la acción y se postula la pretensión agraria, así como de las medidas y controversias que se susciten con ocasión a dicha demanda, pues debe entenderse que el esquema competencial dispuesto en el artículo 1º de la ley referida, obedece a la existencia de un vínculo directo entre la naturaleza del bien y la materia agraria (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 449 del 4 de abril de 2001, caso: “Williams B.B. y Thamara Muraschkoff De Blanco”)…”.

En este mismo orden de ideas, éste Juzgador considera necesario examinar lo previsto en los artículos 305 306 y 307 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como los artículos 196 y 243 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, los cuales establecen textualmente lo siguiente:

Artículo 305: El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola. El Estado protegerá los asentamientos y comunidades de pescadores o pescadoras artesanales, así como sus caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos a la línea de costa definidos en la ley…

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Artículo 306: El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina un nivel adecuado de bienestar, así como su incorporación al desarrollo nacional. Igualmente fomentará la actividad agrícola y el uso óptimo de la tierra mediante la dotación de las obras de infraestructuras, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica…

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Artículo 307: El régimen latifundista es contrario al interés social. La ley dispondrá lo conducente en materia tributaria para gravar las tierras ociosas y establecerá las medidas necesarias para su transformación en unidades económicas productivas, rescatando igualmente las tierras de vocación agrícola. Los campesinos o campesinas y demás productores agropecuarios y productoras agropecuarias tienen derecho a la propiedad de la tierra, en los casos y formas especificados en la ley respectiva. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y particulares de propiedad para garantizar la producción agrícola. El Estado velará por la ordenación sustentable de las tierras de vocación agrícola para asegurar su potencial agroalimentario…

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Artículo 196: El juez o jueza agrario debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental. En tal sentido, el juez o jueza agrario, exista o no juicio, deberá dictar oficiosamente las medidas pertinentes a objeto de asegurar la no interrupción de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales renovables, haciendo cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción. Dichas medidas serán vinculantes para todas las autoridades públicas, en acatamiento del principio constitucional de seguridad y soberanía nacional…

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Artículo 243: El juez o jueza agrario podrá dictar oficiosamente medidas cautelares provisionales orientadas a proteger el interés colectivo, las cuales tendrán por finalidad la protección de los derechos del productor rural, de los bienes agropecuarios, la utilidad pública de las materias agrarias, así como también la protección del interés general de la actividad agraria, cuando considere que se amenaza la continuidad del proceso agroalimentario o se pongan en peligro los recursos naturales renovables…

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Ahora bien, de la revisión efectuada a las actas que conforman el presente expediente, éste Juzgado Agrario observa que la acción esta dirigida a lograr que se decrete una Medida Cautelar Innominada de Protección a la Actividad Pecuaria y a la Actividad Agroalimentaria con el objeto de que se ordene a los presuntos agraviantes que cesen las perturbaciones a la actividad agropecuaria, y además, se busca el normal desarrollo de las mencionadas actividades productivas que se realizan sobre el lote de terreno (conuco), ubicado en el Sector La Vega de El Cardón, Municipio A.d.C.d.E.N.E., con unas superficie de Nueve Hectáreas con Dos Mil Novecientos Noventa y Nueve metros cuadrados (9 has con 9.2999 Mts2), aproximadamente, lo cual hace inferir, que los derechos alegados en el escrito del peticionario están relacionados con el régimen estatutario del Derecho Público en el ámbito agrario.

En tal sentido, se hace necesario traer a colación el criterio jurisprudencial contenido en la sentencia Nº 262, de fecha 16 de marzo de 2005, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con la ponencia de la Magistrada Dra. L.E.M.L., Caso Asociación Cooperativa Agrícola y de Usos Múltiples “Valle Plateado, en la cual se estableció: “(sic) Ciertamente, todo lo relacionado con el desarrollo agrario se constituye en una actividad que al garantizar la “seguridad alimentaria” de la población (en los precisos términos de los artículos 305 y 307 de la Constitución vigente), se encuentra sometida en mayor o menor grado a un régimen estatutario de derecho público que ha sido objeto de tutela por parte del legislador, no sólo mediante una serie de medidas relacionadas directamente con el régimen sustantivo de los derechos -vgr. La afectación de uso y redistribución de las tierras-, sino mediante la creación de una jurisdicción especial que permita a los particulares un acceso directo a órganos jurisdiccionales especializados; que estén en capacidad de atender con criterios técnicos, sus necesidades frente a las actividades u omisiones de la Administración, tomando en consideración el interés general de sentar las bases del desarrollo rural integral y sustentable, asegurando la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones. (Cfr. Artículo 1 del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario)…”.

De igual manera, es imperativo y necesario traer a colación el criterio jurisprudencial contenido en la sentencia Nº 962, de fecha 09 de mayo de 2006 emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con la ponencia del Magistrado Dr. F.A.C.L., caso Cervecería Polar Los Cortijos C.A., y otros, en la cual se estableció lo siguiente: “Omissis… En tal sentido, El artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone los principios que rigen la seguridad alimentaria y el desarrollo agrícola, las cuales se alcanzan por parte de los órganos administrativos, privilegiando y desarrollando la producción agropecuaria interna, entiéndase como tal, la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola, que por razones de sanidad, seguridad alimentaria, protección del medio ambiente y del mercado agrícola nacional, está facultado para restringir, incluso impedir, el ingreso de determinados productos al país, mediante el control establecido a tal fin, esto es, el otorgamiento del permiso fitosanitario, sin el cual algunas mercancías no pueden ingresar al país. La referida materia, según estableció esta Sala en sentencia del 16 de marzo de 2005 (caso: “Asociación Cooperativa Agrícola y de Usos Múltiples, “Valle Plateado”), criterio que hoy se ratifica, constituye una actividad que al garantizar la “seguridad alimentaria” de la población (en los precisos términos de los artículos 305 y 307 de la Constitución vigente), se encuentra sometida en mayor o menor grado a un régimen estatutario de derecho público que ha sido objeto de tutela por parte del legislador, no sólo mediante una serie de medidas relacionadas directamente con el régimen sustantivo de los derechos vgr. La afectación de uso y redistribución de las tierras, sino mediante la creación de una jurisdicción especial que permita a los particulares un acceso directo a órganos jurisdiccionales especializados; que estén en capacidad de atender con criterios técnicos, sus necesidades frente a las actividades u omisiones de la Administración, tomando en consideración el interés general de asentar las bases del desarrollo rural integral y sustentable, asegurando la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones. (Cfr. Artículo 1 del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario). Con el referido criterio, la Sala evidenció que, el legislador viene a reforzar la protección jurídico-constitucional de los particulares a través de normas garantistas de los derechos amparados por la Constitución, favoreciendo la tutela judicial efectiva y protegiendo para el presente caso, la vigencia y efectividad del derecho a la seguridad agroalimentaria en pro del interés general de asentar las bases del desarrollo rural integral y sustentable, asegurando la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones. Todo en el contexto de la actuación eficaz del Poder Público, donde los órganos y entes del Estado gestionan efectivamente sus competencias, fomentando la consolidación del principio de paz social, el bien común y la convivencia, en un medio ambiente armónico…”.

De conformidad con lo establecido en los artículos antes mencionados y en los criterios jurisprudenciales señalados, este Juzgado Agrario se declara Competente para conocer la presente solicitud de Medida Cautelar Innominada de Protección a la Actividad Pecuaria y a la Actividad Agroalimentaria, de acuerdo con lo previsto en los artículos 2, 305, 306 y 307 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia lo dispuesto en los artículos 2, 196 y 243 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y el artículo 9 del Decreto con Rango y Valor de Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria. Y así se Declara.

-IV-

DECISIÓN

En consecuencia de las precedentes consideraciones, éste Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se declara:

1. - COMPETENTE para conocer la presente solicitud de Medida Cautelar Innominada Especial de Protección a la Actividad Pecuaria y a la Actividad Agroalimentaria, presentada en fecha 14 de Noviembre de 2013, por el ciudadano ENNYD MOYA RINCONES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-16.336,304, debidamente asistido por el Abogado L.M.R., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 55.280, en su condición de Defensor Público Primero Agrario adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Estado Nueva Esparta, contra los ciudadanos Olizay Acosta Hernández y H.G., venezolanos, mayores edad, titulares de cédulas de identidad Nros. V.- 14.220.697 y 12.148.500, respectivamente, domiciliados en lote de terreno (conuco), ubicado en el Sector La Vega de el Cardón, Municipio A.d.C.d.E.N.E., sobre el lote de terreno (conuco), ubicado en el Sector La Vega de El Cardón, Municipio A.d.C.d.E.N.E., con unas superficie de Nueve Hectáreas con Dos Mil Novecientos Noventa y Nueve metros cuadrados (9 has con 2.999 Mts2), aproximadamente, con los siguientes linderos: NORTE: Terrenos ocupado por L.P.; SUR: Presunto terreno de la Compañía 31 de Julio y terreno ocupado por J.M.; ESTE: Río El Mangal; y OESTE: Terreno ocupado por A.N..

2. - ADMITE, a sustanciación, en cuanto ha lugar en derecho, por no ser contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley, la presente solicitud de Medida Cautelar Innominada Especial de Protección a la Actividad Pecuaria y a la Actividad Agroalimentaria, presentada en fecha 14 de Noviembre de 2013, por el ciudadano ENNYD MOYA RINCONES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-16.336,304, debidamente asistido por el Abogado L.M.R., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 55.280, en su condición de Defensor Público Primero Agrario adscrito a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Estado Nueva Esparta, sobre el lote de terreno (conuco), ubicado en el Sector La Vega de El Cardón, Municipio A.d.C.d.E.N.E., con una superficie de Nueve Hectáreas con Dos Mil Novecientos Noventa y Nueve metros cuadrados (9 has con 2.999 Mts2), aproximadamente, con los siguientes linderos: NORTE: Terrenos ocupado por L.P.; SUR: Presunto terreno de la Compañía 31 de Julio y terreno ocupado por J.M.; ESTE: Río El Mangal; y OESTE: Terreno ocupado por A.N.. Y se advierte que la presente solicitud de Medida Cautelar se regirá por el procedimiento pautado en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; todo ello en cumplimiento con el criterio jurisprudencial contenido en la sentencia Nº 962, de fecha 09 de mayo de 2006, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, bajo la ponencia del Magistrado Dr. F.A.C.L., caso: CERVECERÍAS POLAR LOS CORTIJOS C.A.; PEPSI COLA VENEZUELA C.A.; DISTRIBUIDORA POLAR DEL CENTRO C.A. (DIPOCENTRO); y otras. En consecuencia, se ordena abrir el respectivo expediente de solicitud de Medida Cautelar teniendo como encabezado el presente auto y, por auto separado éste Tribunal Agrario se pronunciará sobre lo conducente.

3. - Practíquese Inspección Judicial de Oficio, sobre el lote de terreno (conuco), ubicado en el Sector La Vega de el Cardón, Municipio A.d.C.d.E.N.E., con una superficie de Nueve Hectáreas con Dos Mil Novecientos Noventa y Nueve metros cuadrados (9 has con 2.999 Mts2), aproximadamente, para el día jueves 05 de diciembre del año en curso, a las 09:00 a.m., de conformidad con lo pautado en el artículo 191 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en concordancia con el artículo 472 del Código de Procedimiento Civil. Líbrese Oficio a la Oficina Regional de Tierras del Estado Nueva Esparta adscrita al Instituto Nacional de Tierras (INTI), a los fines de que designen a un Experto o Ingeniero Agrónomo, que acompañe a éste Tribunal Agrario en la práctica de dicha inspección judicial.

Publíquese y regístrese.

Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho de éste Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, con sede en la Asunción, a los Tres (03) días del mes de Diciembre de Dos Mil Trece (2013). Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

El Juez Provisorio,

Abg. J.H.P.

La Secretaria Temporal

Abg. L.M.N.

En la misma fecha siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.) se dictó y publicó el auto que antecede.

La Secretaria Temporal

Abg. L.M.N.

Exp. Nº A-0020-13.-

JHP/LMN/wm.-