Decisión nº S-N de Juzgado Quinto de Municipio de Caracas, de 9 de Marzo de 2011

En el Desalojo del Apartamento identificado en la primera parte del libelo.

En la entrega material del inmueble antes identificado, libre de bienes y personas.

En pago de costas y costos del proceso.

Estimó a presente demanda en la cantidad de DIEZ MIL BOLIVARES FUERTES (BsF. 10.000,00).

Pidió que la presente demanda sea admitida, sustanciada conforme a derecho y declarada CON LUGAR.

-ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDADA-

Por su parte alegó la parte demandada como punto previo al fondo de la demanda, la siguiente defensa: en fecha 19 de junio del año 2009, el actual actor ciudadano E.E.C., interpuso demanda de cumplimiento de contrato, correspondiéndole por distribución al Juzgado Vigésimo Cuarto (24) de Municipio, la cual fue admitida el 22-06-2009, habiéndole sido asignado el expediente Nº AP31-V-2009-001999, señaló que en el acto de contestación de demanda de fecha 16-09-2009, en su oportunidad desconocieron formalmente el contrato de arrendamiento, que había presentado la parte actora, no sin eso reconocer que su cliente, en vista de no querer recibir los pagos, el ciudadano E.E.C., procedió a consignar dichos pagos por ante el Juzgado 25 de Municipio o de consignación.

Ahora bien, en razón de la sentencia firme dictada por el Tribunal 24 de Municipio de fecha 16-10-2009, y en la cual reconoce la parte actora en su libelo de demanda, pagina 2, cuando expresa:

Y habiendo quedando firme esa sentencia, se infiere de ella que la relación arrendataria que me unía, con el ciudadano J.R.R. termino, encontrándose de hecho en el inmueble desde el día 16 de octubre del año 2009, por haber perdido su cualidad de arrendatario por un acto voluntario de él, que desconoció el contrato, y una decisión judicial que lo desecho, sobre este particular, el articulo 273 del C.P.C, establece que la sentencia definitiva es Ley entre las partes, de allí que si el contrato, no vale para el arrendador, tampoco vale para el arrendatario, por cuanto fue este el que desconoció perdiéndose su cualidad de arrendatario

. (Cursivas del Tribunal).

Señaló que la anterior afirmación por demás cierta, reconoció que su representado efectivamente consignó pagos de arrendamiento ante el Tribunal 25 de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a favor del ciudadano E.E.C., al conocer el alcance del fallo firme emitido por el Tribunal 24 de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, que declaró no valida y desechando el contrato de arrendamiento presentado por el actor como fundamento de su pretensión, dejó de hacer los pagos correspondientes ya que la misma no tenía sentido el seguir consignando. Como puede verse de la nueva demanda que presentaron, es claro, dice la parte demandada, que la parte actora vuelve a equivocarse trayendo elementos de un juicio que como reconoce quedo firme y en contra de su pretensión por lo que estamos en presencia de “Cosa Juzgada”, no con ello pretender que no existe vía para actuar judicialmente si ellos consideran que les asiste un derecho, más no es éste pues sería violatorio del principio constitucional que establece: NON BIS IN IDEM. “Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiere sido juzgada anteriormente.”; artículo 49, numeral 7, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Esgrimió que es claro que la parte actora, insiste y trae nuevamente los elementos esenciales de la anterior demanda, como son el mismo contrato de arrendamiento, que ya fue declarado no válido y desechado en el anterior juicio, como punta de lanza para pretender el procedimiento de desalojo por falta de pago cuando ya hay sentencia que desecha dicho contrato de arrendamiento y el cual fue el mismo utilizado por su representado para realizar las consignaciones correspondientes mucho antes del fallo firme en comento. Es por ello que la parte actora en su fundamentación legal, página 3 del libelo de demanda por desalojo, insiste en demandar tomando como referencia el expediente de consignación Nº 2009-0778, en la cual en su página 5, el argumento para dar inicio a la consignación es precisamente el contrato no válido y desechado, siendo ello así, existe mediante sentencia firme disposición judicial que desconoce dicho documento por lo cual solicitó a este Tribunal previo análisis de los argumentos esgrimidos declare sin lugar la pretensión de la parte actora en razón de existir ya cosa juzgada en cuanto al contrato de arrendamiento celebrado entre el ciudadano E.E.C. y el ciudadano J.R.R., DE FECHA PRIMERO (1) DE NOVIEMBRE del año 2007.

Así pues al contestar la demanda, en nombre de su representado, alegó el apoderado judicial de la parte demandada que: niega, rechaza y contradice tanto en los hechos como en el derecho, la demanda de desalojo por falta de pago que tiene incoado el ciudadano E.E.C., ya identificado en autos, ya que desconocen y niegan el instrumento fundamental de la pretensión, como es el expediente Nº 2009-0778, llevado por el Tribunal 25 de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en razón de las consignaciones efectuadas, siendo el consignante el ciudadano J.R.R.M. y el beneficiario el ciudadano E.E.C.N..

Asimismo, negó y rechazó el haber celebrado con la parte actora, contrato de arrendamiento escrito de forma privado sobre un inmueble constituido por un apartamento identificado con el Nº 3 ubicado en el primer piso del Edificio la Guaira, calle R.I.M.d. la Urbanización S.M., Municipio Libertador del Distrito Capital, con vigencia de seis (6) meses contados a partir del primero (1º) de noviembre del 2007, hasta el 31 de mayo del año 2008 a plazo fijo, ya que el referido contrato de arrendamiento fue desconocido por la parte demandada, declarado por el Tribunal que conoció de la causa.

Negó y rechazó el punto II del libelo de demanda relativa al breve análisis del expediente de consignación. Negó y rechazó que las consignaciones realizadas hasta el 5 de Noviembre del año 2009, fuesen extemporáneas en violación franca de la cláusula 7 del contrato de arrendamiento que estableció el pagar el canon por mensualidades anticipadas durante los 5 primeros días del mes. Negó y rechazó que su representado hubiere realizado consignaciones de agosto y septiembre del año 2009 de forma extemporánea y no haber hecho las consignaciones de Octubre, Noviembre, Diciembre del año 2009; y de Enero y Febrero del año 2010.

Por último, solicitó a este Tribunal, que el escrito de contestación de demanda por desalojo por falta de pago, sea admitido, tramitado y sustanciado conforme a derecho y sea declarada la pretensión de la parte actora SIN LUGAR, con todos los pronunciamientos de Ley y sea condenado en costas a la parte accionante por ser temeraria su demanda incoada en contra de su representado.

-III-

DEL MATERIAL PROBATORIO

DE LAS PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE ACTORA

Conjuntamente con el escrito de la demanda, la parte actora presentó los siguientes documentos:

1. Copia simple del expediente Nº AP31-V-2009-001999, contentivo del juicio que por Cumplimiento de Contrato, se tramitó ante el Juzgado Vigésimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. (Folios 4 al 68). Al respecto esta Juzgadora observa, que dicho instrumento no fue desconocido ni tachado por la parte demandada, razón por la cual surte pleno valor probatorio con respecto a su contenido, a tenor de los dispuesto en los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, concatenado con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil; quedando demostrado que existió un juicio previo por cumplimiento de contrato; y así se declara.

2. Copia simple del expediente de consignación Nº 2009-0778, el cual cursa ante el Juzgado Vigésimo Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. (Folios 69 al 87). Al respecto esta Juzgadora observa, que dicho instrumento fue desconocido por la parte demandada, en el acto de la contestación de lo demanda y siendo que no se promovió la prueba de cotejo, se hace forzoso desecharla; y así se declara.

   Posteriormente en la etapa procesal para la promoción de pruebas, la parte actora promovió las siguientes:

1. Inspección Judicial, a los fines de evacuar los siguientes particulares: PRIMERO: Si el ciudadano J.R.R., C.I. V-4.975.881, vive en el inmueble objeto de la presente demanda; SEGUNDO: De cuál es el medio lícito que le permite ocupar ese inmueble, si es arrendatario, comodatario o simple ocupante; TERCERO: Del número de personas que viven en ese inmueble, y si todas ellas son parte del núcleo familiar del ciudadano J.R.R.; CUARTO: De cualquier otro hecho que en el lugar inspeccionado sea necesario dejar constancia, la cual se efectuó en fecha 11 de febrero de 2011, a las 10:40 a.m. (Folios 204 y 205). Al respecto observa esta Juzgadora, que la acción se ejerce bajo la presunción de falta de consignaciones relativas al pago de cánones de arrendamiento, por lo que la evacuación de la Inspección Judicial practicada, no se relaciona con este hecho y en consecuencia, se hace forzoso desecharla; y así se declara.

2. Copia Certificada del expediente de consignación Nº 2009-0778, el cual cursa ante el Juzgado Vigésimo Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de evidenciar que el expediente fue abierto haciendo valer el Contrato suscrito en fecha 1º de noviembre de 2007 que posteriormente fue desconocido. (Folios 208 al 218). Al respecto observa esta Juzgadora, que el contenido de la presente prueba se corresponde con el presentado en copia simple y siendo que la misma ya fue valorada, se hace inoficioso pronunciarse nuevamente al respecto; y así se declara.

   -DE LAS PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE DEMANDADA-

   Por su parte la representación judicial de la parte demandada, presentó el siguiente instrumento:

1. Original de Poder conferido por el ciudadano J.R.R.M., a los abogados J.D.P.M., L.J.Z. y E.J.L.P., abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 32.816, 82.722 y 82.086, respectivamente, autenticado ante al Notaría Pública Décima Sexta del Municipio Libertador del Distrito Capital, bajo el Nº 9, Tomo 36, en fecha 10 de mayo de 2010. (Folios 193 al 196). Al respecto esta Juzgadora observa, que dicho instrumento no fue impugnado, tachado ni desconocido por la parte actora, razón por la cual surte pleno valor probatorio con respecto a su contenido, a tenor de los dispuesto en los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, concatenado con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil; quedando demostrado el carácter con el cual, actúa la representación judicial en el presente juicio; y así se declara.

   Estando aperturado el lapso para la promoción de pruebas, la parte demandada no hizo uso del mismo.

   - IV -

   - CONSIDERACIONES PARA DECIDIR -

   Visto el disenso establecido por las partes, esta Juzgadora pasa a decir conforme a lo alegado y probado en autos y conforme a la ley, bajo las siguientes premisas:

   Sucintamente alegó la actora, que celebró un contrato de arrendamiento con el ciudadano J.R.R., con vigencia de seis (6) meses, es decir con inicio el 1º de noviembre de 2007 hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2008, “(...) a plazo fijo, es decir a tiempo determinado (...)”; y señaló que existe un Expediente de consignaciones Nº 2009-0778 que cursa ante el Tribunal Vigésimo Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el cual se observa que todas las consignaciones realizadas hasta el 5 de noviembre de 2009, son extemporáneas, ya que se han hecho por mensualidades vencidas y no de manera anticipada como se había pactado en el contrato de arrendamiento.

   Así mismo la parte actora trajo a la secuela del juicio, que en virtud de sentencia proferida por el Tribunal Vigésimo Cuarto de Municipio de esta Circunscripción Judicial, ha perdido el demandado su cualidad de arrendatario desde el 16 de octubre de 2009, por lo que las posibles consignaciones son extemporáneas y éste ha pretendido constituir un contrato verbal de arrendamiento cuya calificación le corresponde a este órgano jurisdiccional, aunado al hecho que no se hicieron las consignaciones correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2009, enero y febrero de 2010; y destacó que: “(...) también se evidencia de las Principales actuaciones del Expediente Nº AP 31-V-2009 1999 de la sentencia dictada por el Juzgado 24 de Municipio, que el contrato escrito fue celebrado a tiempo determinado el 1º de Noviembre del año 2007, que tenía por objeto el apartamento Nº 3, ubicado en el 1º piso del Edificio La Guaira, encontrándose este ubicado (...), termino (sic) por acto voluntario del demandado y una decisión judicial, pero como para la fecha de terminación de ese convenio, existía un expediente de consignación, el cual pudiera interpretarse como una intención o deseo del demandado de configurar un contrato verbal de arrendamiento (...)”. (Cursivas del Tribunal).

   Así las cosas, esta Juzgadora disiente de las interpretación ofrecida por la parte actora con respecto al vínculo jurídico que une a las partes, toda vez, que es evidente que hace alusión al inicio del escrito de demanda, que el contrato de arrendamiento es a tiempo determinado y establecer la procedibilidad de la acción es dar a la misma la cualidad que real y evidentemente tiene a la luz de la ley, es decir, determinar que una acción sea exactamente tal o cual conforme a derecho, de modo que tratándose de “determinar la procedibilidad de la acción”, pueden observarse varias posiciones. Para saber cuál es la acción ejercida, el elemento fundamental es la CAUSA PETENDI, la razón de pedir, tomando en cuenta las normas legales correspondientes, siendo también importante mencionar que al actor no le está permitido escoger la vía más conveniente para sus intereses, pues es facultad de los jueces determinar la procedibilidad de la acción y apartarse de la escogida por el actor, lo cual se hace evidente cuando la parte señala: “Como la acción de cumplimiento de Contrato, ya no se puede intentar (...) ocurro ante su competente autoridad, para demandar por desalojo como en efecto lo hago (...)”; siendo indiscutible que la parte actora, se encuentra conciente y así lo manifiesta, que la acción ejercida no es la vía más idónea para ejercer su pretensión; y así se declara.

   Del mismo modo, ante la interpretación antes relatada, concerniente al hecho que el demandado convirtió el contrato de arrendamiento en un contrato verbal, es deber de esta Sentenciadora hacer referencia al artículo 1.579 del Código Civil, que claramente establece que el arrendamiento es un contrato por el cual una de las partes contratantes se obliga a hacer gozar a la otra de una cosa mueble o inmueble, por cierto tiempo y mediante un precio determinado que ésta se obliga a pagar a aquella, en tal sentido, siendo que la parte actora es quien pone a disposición el inmueble y aún cuando es un contrato bilateral, es ésta quien marca las pautas del convenimiento y no el demandado o arrendatario, ya que al no ser el propietario del inmueble, mal puede decidir arbitrariamente la naturaleza del contrato, razón por la cual, al no encontrarse el demandado en presencia de un contrato de arrendamiento a tiempo indeterminado o verbal, -ya que no fue expresamente señalado por la parte actora-, es evidente que la acción de desalojo bajo el fundamento del artículo 34, literal a) de la Ley de Arrendamiento Inmobiliarios, no prospera en derecho; y así se declara.

   En tal sentido, en el caso que nos ocupa, el legislador estableció que el artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, sólo podrán ser ejecutadas dentro de las premisas de la acción de desalojo, aquellas fundadas en un contrato de arrendamiento inmobiliario de tiempo indeterminado o verbal, y siendo que la parte actora, no encuadró su acción dentro de los dos supuestos antes mencionados, es forzoso para esta administradora de justicia, en apego a lo preceptuado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se constituye una de las más importantes de las garantías constitucionales “EL DEBIDO PROCESO”, el cual debe ser aplicado en todas las actuaciones judiciales y administrativas de la República, siendo mandato constitucional, declarar improcedente la presente acción, por ser la misma contraria a lo dispuesto en la Ley que regula la materia, en tal sentido, como consecuencia de lo anterior, esta Juzgadora no se pronuncia con respecto a lo alegado por la parte demandada, por considerarlo inoficioso; y así se decide.

   -V -

   -DECISIÓN -

   Con atención de los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: IMPROCEDENTE la acción que por desalojo intentara el ciudadano E.E.C., contra el ciudadano J.R.R., plenamente identificados en autos.

   De conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte actora por resultar vencida en la presente decisión.

   Publíquese y regístrese.

   Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO QUINTO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. En Caracas, a los nueve (9) días del mes de marzo del año dos mil once (2011). Años: 200º de la Independencia y 152º de la Federación.

   LA JUEZ,

   YECZI P.F.D.

   LA SECRETARIA,

   M.A. RONDÓN G.

   En la misma fecha, siendo las diez y quince minutos de la mañana (10:15 a.m.), se publicó y registró la anterior sentencia, previo el cumplimiento de las formalidades de ley, dejándose copia certificada de la misma, de conformidad con lo previsto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

   LA SECRETARIA,

   M.A. RONDÓN G.

   Exp. Ap31-V-2010-001028.-

   YPFD/MAR/Cepv (5).-