Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de Carabobo (Extensión Puerto Cabello), de 7 de Marzo de 2006
| Fecha de Resolución | 7 de Marzo de 2006 |
| Emisor | Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control |
| Ponente | Anna MarÃa Del Giaccio Celli |
| Procedimiento | Libertad Plena |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Control de Puerto Cabello
Puerto Cabello, 7 de Marzo de 2006
195º y 147º
ASUNTO PRINCIPAL : GP11-P-2005-003828
ASUNTO : GP11-P-2005-003828
L.P.
Juez en Funciones de Control 2: A.M.D.G.C..
Secretaria: Yishell Bonilla
Fiscal Auxiliar Noveno del Ministerio Público: C.H.S.
Defensa: Y.V., O.P. y J.G.C..
Defensores Privados-
Víctima: L.R.P.M..
Delito: Violación.
Decisión: L.P..
Imputado: A.N.E.O., venezolano, natural de Puerto Cabello, estado Carabobo, fecha de nacimiento: 03-11-64, de 41 años de edad, de estado civil casado, titular de la Cédula de Identidad N° 8.592.943, de profesión u oficio electricista, trabajo en DIANCA, hijo de I.E. y M.d.E., residenciado en la Urb. La Victoria, manzana B4, casa Nro. 6, Morón, Estado Carabobo.
Prevista como estaba la celebración de la Audiencia Especial de Presentación de Imputados en el presente asunto, seguido en contra del ciudadano: A.N.E.O.,, verificada la presencia de las partes, encontrándose presentes la ciudadana Fiscal Auxiliar Noveno del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, C.H.S., el imputado de autos: A.N.E.O., previo traslado desde la Comandancia Policial de esta ciudad, debidamente asistido por sus Abogados Privados: Y.V., O.P. y J.G.C., por la presunta comisión del delito de Violación, tipificado en el Artículo 474 del Código Penal, se procedió de inmediato a otorgársele la palabra a la Representación Fiscal quien indicó:
DE LOS HECHOS PLANTEADOS POR LA REPRESENTACION FISCAL
La Fiscal Auxiliar Noveno del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Abogado C.H.S., presentó formalmente al imputado de autos, por los siguientes hechos:
“En su oportunidad solicité ante el Tribunal de Control una orden de aprehensión por cuanto la víctima en la presente causa formuló denuncia en contra de su padrastro, por cuanto el mismo había abusado sexualmente del él en varias oportunidades, de lo cual tuvo conocimiento la madre de la victima, se realizaron las experticias de ley, y las mismas arrojaron que la victima si había sido objeto de violación. Posteriormente, el Tribunal de Control dicto la orden de aprehensión y posteriormente se detuvo al imputado de autos y fue puesto a la orden del Tribunal, fijándose con posterioridad la audiencia de presentación de imputado, razón por la que precalifico el hecho punible como el delito de Violación, previsto en el numeral 2 del artículo 374 del Código Penal, en perjuicio de PULGAR M.L.R., solcito se decrete medida judicial preventiva Privativa de libertad, en contra del imputado de autos de conformidad con el Art. 250 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto existen suficientes elementos de convicción que hacen presumir que el imputado de autos es autor de la comisión del delito que se investiga. Asimismo, solicito que se continué con el procedimiento por la vía ordinaria. Es todo". (Sic. Omissis)
DE LO EXPUESTO POR LA VICTIMA.
Al serle cedida la palabra al ciudadano L.R.P.M., presunta víctima en el presente asunto, el mismo señaló:
Todo lo que dije es mentira, yo no le quiero hacer daño a nadie, yo hice esto porque le tengo rabia a mi padrastro, no quiero que viva con mi mamá traje un escrito donde explico todo, el cual consigno en este acto. Yo no estoy siendo amenazado, creo que eso de la violación me pasó estando borracho. No soy homosexual
.
DE LA DECLARACION DEL IMPUTADO.
Seguidamente, la suscrita Juez impuso al imputado del Precepto Constitucional consagrado en el artículo 49 ordinal 5º, según el cual, ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, de la misma manera les fue explicado en palabras claras sencillas pero precisas, de los hechos que se le imputan, así como de las disposiciones legales aplicables al caso.
Al ser interrogado sobre si deseaba declarar, manifestó claramente querer hacerlo y se identificó como: A.N.E.O., venezolano, natural de Puerto Cabello, estado Carabobo, fecha de nacimiento: 03-11-64, de 41 años de edad, de estado civil casado, titular de la Cédula de Identidad N° 8.592.943, de profesión u oficio electricista, trabajo en DIANCA, hijo de I.E. y M.d.E., residenciado en la Urb. La Victoria, manzana B4, casa Nro. 6, Morón, Estado Carabobo, y expuso:
Yo el vine el viernes, y si quiere le vuelvo a explicar lo que dije ese día, me decían que violaste a tu hijastro y que me iba a quedar ahí y que me iban a dar más duro, yo tengo seis muchachos y los he criado juntos y el único que me fallo de todos fue él, y en la tarde de ese día me dijeron que tenía que hablar con ese muchacho y nos fuimos y nunca nos dijeron que teníamos que presentarnos y la Dra. T.R. fuimos y no estaba y me dijeron que fuera un miércoles y que me tenía que poner en el lugar de los PTJ, porque me denunciaron por violación, y yo tenía una demanda con la empresa que yo trabajaba y no pude ir a solucionar el problema, pero yo soy inocente y en la misma PTJ, me dijeron que el examen forense había salido negativo, y anoche me agarraron porque tenía una solicitud, yo soy inocente y a mis hijos nunca le ha faltado nada. Yo no tengo más nada que agregar.
DE LOS ARGUMENTOS Y SOLICITUDES DE LA DEFENSA.
Seguidamente se le cedió el derecho de palabra al ciudadano Abogado O.P., quien en nombre de la Defensa expuso:
Con respecto a la detención del imputado de autos, de verdad esta defensa no entiende el motivo de esa orden de aprehensión , ya que consta en los libros de los órganos policiales consta que el mencionado ciudadano compareció voluntariamente a las citaciones efectuadas, tiene su trabajo fijo, lo que evidencia que no existen suficientemente elementos para dictar una orden de aprehensión, en cuanto a lo dicho por la victima, es evidente que fue violado cuando el estaba bebido, y el informe medico forense indica que la victima mantiene constantemente relaciones recto-anales, lo que evidencia que la víctima tiene fuertes problemas psicológicos, lo que es lamentable, declaración de la victima que en este momento se pone en duda en esta sala de audiencia, y lo cual pudo ser comprobado por el Tribunal cuando le pregunto a la misma si estaba siendo amenazado, y el mismo respondió que no. Se movió el aparato investigador por una declaración que genera una duda razonable que favorece a mi defendido. Invoco el principio del in dubio pro reo, ya que existe una laguna importante en cuanto a la culpabilidad de mi defendido, razón por la que solicito se decrete una medida cautelar sustitutiva de Libertad, de conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal, invocando en este acto los artículos 8 y 9 de la misma norma y el artículo 243 y 251 in fine del Código Orgánico Procesal Penal. Es todo.
DE LO OBSERVADO POR EL TRIBUNAL PARA DECIDIR.
Planteados los hechos, en la forma anteriormente señalada, este Tribunal considera oportuno realizar las siguientes consideraciones, previo al pronunciamiento que es necesario en el presente asunto.
Desde el Preámbulo, la Constitución reconoce la L.P., como uno de los bienes que deben ser consolidados por la República, el cual, por cierto es colocado de primero dentro de una lista integrada por otros que no dejan de tener también gran significación, a los que no obstante encabeza.
El artículo 1 de la Constitución, al proclamar el carácter de nuestra República, entre los intereses en que fundamenta su patrimonio moral también enuncia en primer lugar el de la libertad. Pero no es esta la única de las normas de la Ley Máxima que lo consagra. Así tenemos que entre otras cosas, la libertad también se instituye expresamente en aquella utilizada para establecer el modelo político del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia que se ha proclamado para nuestra nación. Ello obedece a que uno de los derechos en que se sustenta de manera primordial el Estado Democrático está el de la dignidad humana, del cual se deriva el que nos ocupa, el de la libertad. La propia Constitución de la República, entre los fines esenciales que le asigna al Estado incluye el de la defensa, desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, en virtud de lo cual se propone garantizarla en todas sus formas de manifestarse, tal como lo consagra el artículo 3 Constitucional. Y es en razón de esto que el numeral 2 del artículo 46 de la aludida Ley Fundamental establece que toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente, propia del ser humano.
De lo anterior, se deriva la disposición contenida en el artículo 10 del Código Orgánico Procesal Penal cuando establece que “ en el proceso penal toda persona debe ser tratada con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano, con protección de los derechos que de ella derivan (en este caso, la libertad). Así mismo, otro de los pilares del Estado democrático es el derecho de igualdad ante la ley, el cual al proscribir toda clase de discriminación, persigue evitar la anulación o menoscabo de las libertades de las personas. (Artículo 21 de la Constitución Nacional).
Precisamente, una manera de asegurar el respeto de este derecho de libertad es declarar la supremacía de la ley que lo consagra (La Constitución) sobre cualquier otra cosa (Estado de Derecho), y de la sujeción de todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público a dicha Ley Suprema, artículo 7 de la Constitución, porque a través de ella se le impone al Estado el deber de garantizar a toda persona el goce y ejercicio irrenunciable e indivisible de dicho derecho, obligando específicamente a sus órganos a preservarlo y respetarlo a toda costa.
De lo expuesto, se advierte que la libertad es un derecho humano primordial, y la Constitución ha dispuesto una manera de instrumentar la protección de la libertad dentro del proceso penal, a través del derecho a la tutela judicial efectiva. Hoy en día, el proceso penal debe ser una vía para garantizar en concreto todos los derechos de los sujetos que intervienen en ella. El imputado o acusado, es uno de esos sujetos, quizá el que más necesita de mayor tutela, porque es aquel contra el cual la ley autoriza el ejercicio del poder penal. Es por tanto el sujeto que amerita de un escudo de protección de ese gran poder, y, en tal sentido, una de las formas de lograr esa tutela, y de tratar de evitar que le dañe esa desigualdad, que de suyo tiene frente a la persecución pública, es la posibilidad de disponer de la garantía del derecho de m.l. dentro del proceso.
Todo lo expuesto anteriormente, encuentra un desarrollo específico en el artículo 44 de la Constitución. En esta norma se proclama luego de la indemnidad del derecho a la vida, la inviolabilidad del derecho a la libertad, disponiendo como principio general a favor de cualquier persona su juzgamiento en libertad, es decir, el favor libertatis, Una ratificación instrumental de este principio, es el numeral 8 del artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal, que le concede el derecho al imputado de “ pedir que se declare anticipadamente la improcedencia de la privación preventiva judicial de libertad”.
La única excepción que incorpora la disposición Constitucional a este principio, a través de una medida que la restrinja o limite, es aquella que la ley reglamenta en particular, tomando en cuanta la proporcionalidad de la misma , dentro de la cual existen las barreras de la temporalidad y provisionalidad, bajo una interpretación judicial restrictiva, apegada al caso concreto.
En tal sentido, parte de la prealudida reglamentación general del principio de libertad durante el proceso penal está contenida entre otros en los siguientes preceptos del Código Orgánico Procesal Penal: Artículo 9, que establece: Afirmación de Libertad. Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente…”
El artículo 243, que dispone:
Estado de Libertad. Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código.
La privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso. (Sic. Negrillas y subrayado propio)
Por su parte, el artículo 247, preceptúa:
Interpretación. Todas las disposiciones que restrinjan la libertad del imputado, limiten sus facultades y las que definen la flagrancia, serán interpretadas restrictivamente.” (Sic. Negrillas y subrayado propio)
De las normas transcritas se desprende lo siguiente:
La libertad del imputado o acusado dentro del proceso es un derecho fundamental de ineludible respeto por parte de los operadores de justicia, y, es a la vez un principio de aplicación general a todos los casos.
El principio general de libertad del imputado o acusado, durante el proceso, como todo derecho fundamental, tiene sus limitaciones, que pueden estar previstas solo en el cuerpo legal, tales como las medidas que la privan total (privación judicial preventiva de libertad o detención domiciliaria) o parcialmente (las demás medidas sustitutivas), las cuales para ser aplicadas a una situación en particular, han de ser a consecuencia de una interpretación restrictiva.
Está por ende prohibida cualquier interpretación, amplia, extensiva o en todo caso, analógica, perjudicial al perseguido, es decir, pretender subsumir inconstitucionalmente unos hechos a los extremos legalmente establecidos para decretar la privación o restricción de la libertad, porque una medida así sería para dañar tan sagrado derecho. Ello iría totalmente en contra del Estado de Derecho, por violación del principio de legalidad, que vincula y obliga a todo Juez a apegarse a las exigencias legales.
En definitiva, la aplicación de la privación judicial preventiva de libertad es marcadamente excepcional, dado que está condicionada a que las medidas sustitutivas de libertad no sean insuficientes para asegurar las finalidades de un proceso en particular.
De manera pues, que la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, es excepcional, y no tiene un fin en sí misma, sino que es un medio para el logro de unos fines, los de un proceso en particular. No tiene por tanto, una naturaleza sancionatoria, pues no son penas, sino instrumental y cautelar, dado que solo se les admite siempre que sean necesarias para evitar que ciertos peligros perturben el esclarecimiento de la verdad o la actuación de la ley sustantiva en un caso penal concreto. Ello obedece a que tal medida de coerción personal, en el curso de un proceso penal, no ha de ser vista como una pena, porque el estado de inocencia prohíbe algo así, sino como un mecanismo o remedio extremo que es aplicado anticipadamente sólo cuando sirve para asegurar fines estrictamente procesales en un caso concreto.
De tal manera que, la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, sólo puede darse previa constatación en los casos particulares de los extremos previamente establecidos por el legislador, concretamente los pautados en el artículo 250 de la norma adjetiva penal, de allí que se indique que es de carácter taxativo, sin poderse considerar cualquier motivo extraño a estos, por cuanto significaría vulnerar todas las instituciones que establecen el debido proceso. Como consecuencia directa de la taxatividad, la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, es de derecho estricto ya que no existe interpretación analógica alguna de los supuestos para su procedencia, por lo que el juzgador no podrá crear por la vía de la interpretación, causales diferentes a las prescritas. Más sin embargo, esta característica no excluye toda interpretación que el Juzgador deba hacer para apreciar los extremos establecidos por el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, puesto que el peligro de fuga o la obstaculización de la investigación son cuestiones de hecho que deben ser apreciadas según las pruebas producidas en cada caso, a través de la sana critica, las reglas de la lógica y las máximas de experiencia; sin de dejar de considerar que el Legislador impone presunciones juris tamtum de fuga y de obstaculización.
En relación con la privación preventiva de Libertad, es oportuno, citar el criterio sostenido por el Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia dictada por el Magistrado Ponente Dr. J.M.D.O., de fecha 19 de marzo de 2004, Expediente 03-1757, que al respecto indicó:
…En efecto, conforme a la inviolabilidad del derecho a la l.p., el artículo 44, numeral 1, in fine de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el derecho de todo aquel a quien se le impute la participación en un hecho punible, a permanecer en libertad durante el proceso; y remite, como excepción a tal regla, a “ las razones determinada por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso” En este sentido, entre los principios y garantías procesales que prevé el Código Orgánico Procesal Penal en sus primero 23 artículos, destaca la afirmación de libertad, contenida en el artículo 9 eiusdem, que establece el carácter excepcional, la interpretación restrictiva y la aplicación proporcional de las normas del referido Código que autoricen preventivamente la privación o restricción de la libertad, caracteres estos que se encuentran desarrollados, especialmente en los artículos 243, 244 y 247 eiusdem, de modo que la privación preventiva de libertad, que puede calificarse de subsidiaria según el aparte único del artículo 243 de la ley procesal penal, procede cuando concurran los supuestos establecidos en el artículo 250 eiusdem. Pese a lo anterior, cabe destacar que “ establecida la libertad como regla en el proceso penal, resulta procedente también (…) por vía excepcional, la necesidad de recurrir a medidas de coerción personal, precautelativas, que están destinadas a evitar que se vean frustradas las exigencias de la justicia y que inciden en la libertad del movimiento del imputado o que limitan el pleno goce de los derechos que la Constitución y las leyes le acuerdan” ( Cf. Arteaga Sánchez, Alberto. La Privación de Libertad en el P.P.V.. Caracas. Livrosca, 2002, pp 16-17). Dichas excepciones nacen de la necesidad del aseguramiento del imputado durante el proceso penal, cuando existan fundados elementos en su contra de la comisión de un delito, así como el temor fundado de la autoridad de su voluntad de no someterse a la persecución penal. Estas dos condiciones constituyen el fundamento del derecho que tiene el Estado de perseguir y solicitar medidas cautelares contra el imputado ( Sentencia n° 2608/2003 del 25 de septiembre, caso: E.R.P.).
Ahora bien, las medidas de coerción personal sólo podrán ser decretadas con arreglo a las disposiciones que con relación a la materia establece el Código Orgánico Procesal Penal y mediante una resolución judicial fundada, susceptible de impugnación a través del recurso de apelación de autos, y una vez confirmada, el procesado puede solicitar su revisión, de acuerdo con el artículo 264 del referido Código. Ciertamente, la negativa del juez de sustituir la medida cautelar por otra menos gravosa no es recurrible mediante la apelación, sin embargo, la norma mencionada impone al Juez la obligación de examinar, cada tres meses, la necesidad de mantener la privación judicial de libertad y sustituirla por otra menos gravosa, cuando lo estime conveniente, siempre que los supuestos que motivan dicho aseguramiento puedan razonablemente ser satisfechos con la aplicación de otra medida; por su parte, el imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de dicha medida privativa, las veces que lo considere pertinente…
(Sic Omissis)
Sentado lo precedente, es necesario determinar en el caso concreto, a través del análisis del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, si se encuentran satisfechos los extremos previstos en la citada norma, debiendo fundamentalmente destacarse que para que estén llenos los extremos en ella contemplados, en necesario: la existencia de un hecho punible, los fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión del hecho punible planteado, y la presunción razonable por la apreciación de las circunstancias del caso concreto, del peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad.
En tal sentido en el caso en análisis, efectivamente observa quien decide, que no se encuentran acreditados los extremos exigidos en el artículo 250 antes mencionado, por cuanto el hecho planteado por la Representación Fiscal, puede no ser producto de una violación, en cuyo caso, no hay hecho punible alguno; tampoco existen fundados elementos de convicción para estimar que el imputado pueda ser autor o partícipe en la comisión del delito aludido, en virtud de la propia declaración de la presunta víctima en este caso, y por último si no hay razones para estimar que el imputado es autor o partícipe del hecho, no existe peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad por parte del mismo, lo que a criterio de quien decide, pone de manifiesto que su libertad, no pone en peligro los f.d.p., hasta tanto culmine la investigación.
DISPOSITIVA
Con fundamento a lo expuesto con anterioridad, este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control 2, del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, Extensión Puerto Cabello, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 ordinal 1° Constitucional, 243, 247, 248, 250, y 373 del Código Orgánico Procesal Penal, emite los siguientes pronunciamientos: Primero: Decreta la L.P. del ciudadano: A.N.E.O., venezolano, natural de Puerto Cabello, estado Carabobo, fecha de nacimiento: 03-11-64, de 41 años de edad, de estado civil casado, titular de la Cédula de Identidad N° 8.592.943, de profesión u oficio electricista, trabajo en DIANCA, hijo de I.E. y M.d.E., residenciado en la Urb. La Victoria, manzana B4, casa Nro. 6, Morón, y en consecuencia se declara sin lugar la solicitud fiscal y la solicitud realizada por la defensa en cuanto se le decrete medida cautelar sustitutiva de libertad. Segundo: Se ordena dejar si efecto al orden de aprehensión dictada en contra del imputado de autos y de la ciudadana A.M.M.. Tercero: Se exhorta a la Representación Fiscal a la averiguación exhaustiva de los hechos así como de la conducta desplegada por la victima de autos. Cuarto: Se autoriza al Ministerio Público a continuar por el procedimiento ordinario, de conformidad con el Art. 373 del Código Orgánico Procesal Penal.
A.M.D.G.C..
Juez Titular en Funciones de Control 2
Del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo,
Extensión Puerto Cabello.
La Secretaria,
Abogado. Yishell Bonilla.
La Secretaria,
Abogado. Yishell Bonilla
AMDGC/amdgc
GP11-P-2005-003828
