Decisión de Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de Bolivar, de 24 de Abril de 2012
| Fecha de Resolución | 24 de Abril de 2012 |
| Emisor | Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito |
| Ponente | Betti Ovalles Lobo |
| Procedimiento | Declinatoria De Competencia |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar
ASUNTO: FP11-G-2012-000047
En la DEMANDA LABORAL incoada por la ciudadana C.E., titular de la cédula de identidad Nº V-8.541.961, representada judicialmente por el abogado T.P., Inpreabogado Nº 101.415 contra la NOTARÍA PÚBLICA CUARTA DE PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLÍVAR, proveniente del Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, en virtud de la decisión dictada en fecha nueve (09) de agosto de 2011, en la cual se declaró incompetente para el conocimiento del presente asunto y declinó la competencia en este Juzgado Superior, procede este Juzgado a pronunciarse sobre su competencia con la siguiente motivación.
ÚNICO
En fecha veintinueve (29) de junio de 2011 la ciudadana C.E. interpuso Demanda contra la Notaría Pública Cuarta de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, por concepto de prestaciones sociales y otros conceptos derivados de la relación laboral, por ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz.
Mediante sentencia dictada el nueve (09) de agosto de 2011, el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, se declaró incompetente para el conocimiento del presente asunto y declinó la competencia en este Juzgado Superior, con la siguiente motivación: “…Tal calificación para la presente causa se produce en virtud que la ciudadana C.E. antes identificada, se desempeñaba, como se dijo antes, en el cargo de SUPERNUMERARIO, en la NOTARÍA PUBLICA CUARTA DE PUERTO ORDAZ MUNICIPIO CARONÍ DEL ESTADO BOLÍVAR, organismo dependiente del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia. Por tal motivo, tal relación de naturaleza funcionarial debe en todo caso ser conocida por los tribunales con competencia en lo contencioso administrativo”.
En el caso analizado observa este Juzgado que la demanda fue incoada por la ciudadana C.E. contra la Notaría Pública cuarta de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, reclamando el pago de las prestaciones sociales y otros conceptos derivados de la relación laboral, afirmando que ejercía labores de obrera, se cita lo expuesto por la demandante:
Señoría, es el caso que mi representada prestó sus servicios en la NOTARÍA PUBLICA CUARTA DE PUERTO ORDAZ durante seis (06) años, dos (02) meses y dos (02) días, desde el día 16 de Julio de 2.003, hasta el día 30 de Abril de 2.008, fecha ésta en que es ingresada a la nomina (sic) de la Notaría (dependiente en este momento del S.A.R.E.N.), donde permanece por espacio de Ocho (08) meses, es decir, hasta el 31 de Diciembre de 2008, luego es sacada de nomina (sic), hasta el día 18 de Septiembre de 2009, fecha en que fue despedida injustificadamente. Cabe señalar a esta sala, que desde el inicio de la relación de trabajo, le era cancelado la mitad del salario mínimo, y en ocasiones hasta menos de la mitad, del salario establecido por el ejecutivo nacional, desempeñando diferentes funciones, entre los cuales estaba de aseadora, empastado de libros, sacado de copias, depósitos bancarios diarios de lo recaudado, entre otros, devengando un sueldo de Ochocientos bolívares (Bs. 800,00); para la fecha en que fue despedida injustificadamente
(Destacado añadido).
De lo expuesto se concluye que estamos en presencia de una reclamación de carácter laboral ejercida por una trabajadora que se define como obrera cuyo patrono es un ente de carácter público.
Al respecto, establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 146 la clasificación de los cargos ocupados por trabajadores al servicio de los Órganos de la Administración Pública, en la forma siguiente:
Los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados y contratadas, los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública y los demás que determine la Ley
(Resaltado añadido).
Asimismo, las relaciones de empleo público entre funcionarios y funcionarias públicos, se encuentran previstas en el artículo 1 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el cual dispone:
Artículo 1. La presente Ley regirá las relaciones de empleo público entre los funcionarios y funcionarias públicos y las administraciones públicas nacionales, estadales y municipales, lo que comprende:
(…)
Parágrafo Único: Quedarán excluidos de la aplicación de esta Ley:
(…)
6. Los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública
(Resaltado añadido).
Por otra parte, el último aparte del artículo 8 de la Ley Orgánica de Trabajo establece que los obreros que se encuentran al servicio de entes públicos estarán amparados por las disposiciones de dicha ley, el referido artículo reza:
Artículo 8º. Los funcionarios o empleados públicos Nacionales, Estadales o Municipales se regirán por las normas sobre Carrera Administrativa Nacionales, Estadales o Municipales, según sea el caso, en todo lo relativo a su ingreso, ascenso, traslado, suspensión, retiro, sistemas de remuneración, estabilidad y régimen jurisdiccional; y gozarán de los beneficios acordados por esta Ley en todo lo no previsto en aquellos ordenamientos.
Los funcionarios o empleados públicos que desempeñen cargos de carrera, tendrán derecho a la negociación colectiva, a la solución pacífica de los conflictos y a la huelga, de conformidad con lo previsto en el Título VII de esta Ley, en cuanto sea compatible con la índole de los servicios que prestan y con las exigencias de las Administración Pública. Los obreros al servicio de los entes públicos estarán amparados por las disposiciones de esta Ley
(Resaltado de este Juzgado).
De las normas anteriormente citadas se desprende que aquellos trabajadores que laboren como obreros para entes de la Administración Pública están excluidos del régimen estatutario que rige para los funcionarios públicos y su relación laboral se regirá de acuerdo a las disposiciones comunes del derecho del trabajo.
En reiteradas oportunidades la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado respecto a la competencia de aquellas controversias de naturaleza laboral que se susciten entre los obreros y los entes de la Administración Pública, entre otras, sentencia N° 61 de fecha 22 de febrero de 2007, publicada el 11 de abril de 2007, que dictaminó:
“En síntesis, se trata de una reclamación de carácter laboral ejercida por un grupo de trabajadores, que se definen como “obreros”, cuyo patrono es un ente de carácter público.
(omissis)
Del examen conjunto de las normas citadas se concluye que los obreros al servicio de la Administración Pública están excluidos del régimen estatutario que rige para los funcionarios públicos, siéndoles aplicables las disposiciones comunes del derecho del trabajo, lo cual supone que las controversias de naturaleza laboral que se susciten entre los obreros y los entes de la Administración Pública deben ser resueltas por los tribunales pertenecientes a la jurisdicción laboral, y no a los tribunales contencioso-administrativos.
En el mismo sentido se ha pronunciado esta Sala Plena, en casos análogos al de autos, en los cuales ha señalado:
Del estudio de las actas se concluye, que la relación existente entre los demandantes y la Corporación de S.d.e.N.E. es de carácter laboral, por tratarse de obreros al servicio de la Administración Pública, quedando éstos excluidos de la aplicación del estatuto de la Función Pública, es decir de la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo que es concluyente para esta Sala, que la presente causa debe ser decidida por el Tribunal de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, tal como se declarará en forma expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se decide
(sentencias de la Sala Plena Nros. 65 y 66 del 5/12/2006, casos: Yineida M.F.V. y otros; y M.Z.d.V. y otros, respectivamente).
Por otro lado, del escrito presentado por la parte actora no se observa la impugnación de algún acto administrativo, ni tampoco que se haya accionado contra la actuación u omisión de los órganos administrativos del trabajo, como parece haberlo malentendido el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en la sentencia del 15 de junio de 2005. Por el contrario, en el presente caso, se evidencia que un grupo de obreros de la Corporación de S.d.E.N.E. demandaron una reclamación concreta e individual, que es el pago de un beneficio que, según exponen su apoderados, les corresponde de conformidad con la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores y la Convención Colectiva que los rige, lo cual es una materia que corresponde decidir a los tribunales laborales, por las razones antes expuestas. De allí que, esta Sala Plena considera que ha sido incorrecta la declinatoria que dicho Juzgado efectuó en los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa” (Resaltado de este Juzgado).
De conformidad con el criterio jurisprudencial transcrito, se evidencia que los obreros que laboran para entes de carácter público se encuentran excluidos de la aplicación de las disposiciones establecidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública, cuya relación laboral, se regirá por las disposiciones contenidas en la norma laboral, en tal sentido, las demandas que incoaren dichos trabajadores deben ser conocidas en primera instancia por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, en consecuencia, este Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo no acepta la competencia que le fuere declinada por el referido Juzgado Quinto de Primera Instancia y se declara incompetente para el conocimiento de la presente demanda. Así se decide.
En vista del conflicto negativo de competencia surgido se observa que el numeral 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone que se remitirá a la Sala que sea afín con la materia y la naturaleza del asunto debatido, los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior y común a ellos en el orden jerárquico.
En tal sentido, la Sala Plena del Alto Tribunal mediante fallo número 01, de fecha 02 de noviembre de 2005, publicado el 17 de enero de 2006 (caso: J.M.Z.), dispuso que a ella le corresponde dirimir los conflictos de competencia planteados entre Tribunales con distintas jurisdicciones.
En el presente caso al surgir un conflicto negativo de competencia entre dos (2) tribunales que pertenecen a distintos ámbitos competenciales, -contencioso administrativo y laboral-, se ordena remitir las presentes actuaciones a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de la resolución del conflicto negativo de competencia planteado. Así se decide.
DECISIÓN
En mérito a las consideraciones expuestas, este Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
NO ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuere declinada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz.
INCOMPETENTE para el conocimiento de la demanda laboral interpuesta por la ciudadana C.E. contra la Notaría Pública cuarta de Puerto Ordaz, Estado Bolívar.
En virtud del conflicto negativo de competencia surgido se ordena la remisión del presente expediente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente sentencia en el índice copiador de sentencias de este Tribunal.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a los veinticuatro (24) días del mes de abril del año dos mil doce (2012). Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
LA JUEZA
B.O.L.
LA SECRETARIA
ANNA FLORES FABRIS
BOL/aff/ov
