Decisión de Juzgado de Protección L.O.P.N.A de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 21 de Julio de 2004
| Fecha de Resolución | 21 de Julio de 2004 |
| Emisor | Juzgado de Protección L.O.P.N.A |
| Ponente | Filomena Margarita Castillo de Gallardo |
| Procedimiento | Reposición De Causa |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL DE PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO APURE CON SEDE EN SAN F.D.A.. SALA DE JUICIO. JUEZ PROFESIONAL No.1
San F.d.A., 21 de Julio de 2004
194° y 145°
Vistas revisión de las Actas Procésales que conforman el expediente de Divorcio y, en consecuencia, esta Sala de Juicio, para decidir, previamente OBSERVA:
En fecha 12-01-04, fue admitida la demanda que, por Divorcio Ordinario interpusiera el Ciudadano H.A.E.V. por la Causal PRIMERA del código civil contra la Ciudadana YURBIN E.G.D.E., asistido por el Dr. J.B., abogado en ejercicio e inscrito en el inpreabogado bajo el N 42615 (F.01 al 04).
En fecha 26-01-04, se notifico al Fiscal Sexto del Ministerio Público (F.15).
Ahora bien, el artículo 49 en su encabezamiento y ordinal 1°, expresamente establece que:
El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
1. La defensa y asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa…
-
Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial...”
A la luz de los derechos – garantías consagradas en la precitada norma constitucional se desprende, que los justiciables resultan titulares de tales derechos, a fin de acceder a los órganos de administración de justicia para lograr que ésta se administre, a través de un proceso debido, es decir en cumplimiento y con apego a los plazos y procedimientos legalmente establecidos para tramitar la acción de que se trate, lo que genera como consecuencia que, para oír a las partes, incluso al investigado, ello debe cumplirse a través, no de cualquier proceso, sino de aquel previsto por el legislador para tal fin y no otro, en el cual accionante y accionado ejerzan cabal y oportunamente la defensa de sus propias posiciones, siendo el derecho a la defensa expresión de aquel.
Igualmente, establece en su artículo 26 ibídem, expresamente señala que:
…El Estado garantizará una justicia gratuita. Accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.
Y, en su artículo 257, ibídem, estableció el Constituyente de 1999, que:
El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procésales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.
De las normas antes transcritas se desprende, indudablemente, que el Constituyen de 1999, ha prohibido el sacrificio de la justicia por formalidades no esenciales, las cuales en modo alguno impiden el ejercicio del derecho a la defensa y, menos aún, si el acto cumplió la finalidad perseguida, pues lo contrario sería continuar considerando que el proceso es un fin en si mismo, haciéndolo prevalecer por encima de la justicia, fin último perseguido por el justiciable.
Por su parte, el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, reza expresamente del tenor siguiente:
Los Jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la Ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez.
En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado.
Y, en el artículo 212 ejusdem, dispone que:
No podrán decretarse ni la nulidad de un acto aislado del procedimiento, ni la de los actos consecutivos a un acto irrito, sino a instancia de parte, salvo que se trate de quebrantamiento de leyes de orden público, lo que no podrá subsanarse ni aun con el consentimiento expreso de las partes…
De las citadas disposiciones legales se desprende, que la nulidad y consecuente reposición, si fuere el caso, tiene por objeto corregir vicios procésales en la tramitación de los juicios, pero no así los errores o desaciertos de las partes, sino faltas del Tribunal que constituyan lesión al orden público o perjuicio para los intereses de los justiciables, sin que éstos hayan dado causa a ello, por lo que, siempre que no pueda corregirse tal vicio de otra forma, deberá proceder la nulidad de lo actuado en violación al debido proceso y la renovación de tal acto.
Respecto de ello y en cuanto atañe concretamente al acto de contestación de la demanda, establece el artículo 455 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, que:
Presentada en forma legal la demanda, o subsanados los defectos, el juez extenderá orden de comparecencia a la otra parte…y otorgará el plazo de cinco días para que la conteste...
Para luego establecer, en el artículo 462 ibídem, que:
En el acto de la contestación, el demandado podrá pedir verbalmente al juez que se pronuncie sobre algunas de las cuestiones previas...
Quedando establecido en el artículo 461 parágrafo segundo, la obligación de celebrar los actos conciliatorios previstos en los artículos 756 y 757 del código de procedimiento civil vigente, antes de interponerse las cuestiones previas.
En tal sentido, establecen los dos últimos artículos supra transcritos, el procedimiento a cumplir al admitirse la demanda, puesto que, a fin de preservar el derecho del investigado a ser oído, se ordena su citación y fija un plazo para que aquel exponga sus alegaciones. Incluso oponga cuestiones previas y, por disposición del artículo 465 ibídem, hasta reconvenga si desea hacerlo. No obstante, aún cuando el acto de la contestación corresponde al demandado, previo a oír sus excepciones y defensas, dispone el legislador el cumplimiento de la gestión conciliadora en todos los asuntos que involucran al grupo familiar, aunque no impone la notificación o citación de la demandante para concurrir a tal acto, de lo que se desprende que, cuando se lesiona el debido proceso en relación con la citación y oportunidad de la contestación, también se lesiona tal derecho para la actora, por lo que las partes deben tener certeza sobre la oportunidad en que deberán efectuarse los actos procésales, de manera de ejercer su defensa si así estiman pertinente hacerlo, escapando del órgano jurisdiccional el control sobre la voluntad de asistir o no la accionante o el demandado a la contestación, puesto que, el deber del juzgador es fijar la oportunidad en conformidad con el Texto Fundamental y legal y, citado éste último, anunciar el acto en la oportunidad correspondiente.
En tal virtud, es criterio de la juzgadora que, en el supuesto sometido a consideración de quien decide, ocurrió un vicio en la tramitación del asunto, que no puede ser corregido por ninguna otra vía distinta a la reposición, por involucrar lesión al debido proceso y a la defensa, dado que del Auto de Admisión se ordeno comisionar al Tribunal de la Parroquia El Yagual, del Municipio Achaguas del Estado Apure, a los fines de practicar la citación de la Cónyuge demandada Ciudadana: YURBIN E.G.D.E.F. ( 8 y 9 ), la cual fue indebidamente practicada por la Ciudadana Secretaria del Despacho Abg. D.O.D.U., quien con una asistente del tribunal (LIDA FIGUEROA DE SOTO) practico la misma, es de hacer constar en ésta decisión que el mencionado tribunal se encuentra acéfalo, ya que la juez provisorio de dicho tribunal Dra. N.V.M.R., fue nombrada Juez Provisorio del Tribunal segundo de primera instancia en lo Civil De esta Circunscripción Judicial del Estado Apure, careciendo de atribuciones la ciudadana secretaria para practicar algún acto del proceso, siendo NULA la citación de la demandada practicada por una funcionaria que no es Juez, facultad esta conferida a los Jueces o notarios de conformidad con lo establecido en los artículos 215,218 y 234 y 235 del código de procedimiento Civil Vigente. Y así se decide.
Articulo 216 del código de procedimiento civil vigente:
ES FORMALIDAD NECESARIA para la validez del Juicio la citación del demandado para la contestación de la demanda, citación que se verificara con arreglo a lo que se dispone en este capitulo
Articulo 234 del código de procedimiento civil vigente:
Todo Juez puede dar comisión para la practica de cualquier diligencia de sustanciación o de ejecución a los que le sean inferiores aunque residan en el mismo lugar
.....
Sentado lo anterior, se desprende, sin duda alguna, que ocurrió un vicio en la tramitación del asunto que generó lesión grave al debido proceso y al derecho de defensa, al subvertirse el orden procesal con relación a la Citación de la demandada contra la cual se dirige la acción, con miras a su citación y, por consiguiente, la contestación de la demanda, es por lo que lo procedente y ajustado a derecho es REPONER LA PRESENTE CAUSA al estado de emitir nuevo pronunciamiento con relación a la Citación de la demandada comisionando al Juez del Municipio Achaguas de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, quedando modificado parcialmente el auto de admisión en cuanto al Juzgado comisionado para la practica de la misma, conforme al artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 212 ejusdem, quedando nulo todo lo actuado con posterioridad por depender del acto irrito, a tenor del artículo 211 ibídem, Líbrese nueva boleta de Notificación al Fiscal Sexto del Ministerio Público. Y ASI SE DECLARA EXPRESAMENTE.
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, esta SALA DE JUICIO DEL TRIBUNAL DE PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO APURE CON SEDE EN SAN F.D.A., administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECRETA LA REPOSICION DE LA PRESENTE CAUSA al estado de que se emita nuevo pronunciamiento con relación a la Citación y su comisión para la practica de la misma., conforme al artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 212 ejusdem, quedando nulo todo lo actuado con posterioridad por depender del acto irrito, a tenor del artículo 211 ibídem.
Dada, sellada y firmada en la Sala de este Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, a los 20 días del mes de Julio del año 2004.-
Regístrese la presente decisión y notifíquese a la parte actora y a la Representación Fiscal. Cúmplase.
La Juez
Dra. MARGARITA CASTILLO DE GALLARDO
EL SECRETARIO
DR. ERNESTO BOCANEY
En la misma fecha se publico la presente decisión y se dio cumplimiento a lo ordenado
EL SECRETARIO
DR. ERNESTO BOCANEY
Exp. N° 10.115
MC/ELBO/Celenne
