Decisión de Juzgado Cuarto Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 7 de Diciembre de 2010

Que el Tribunal declare nula de toda nulidad, la P.A. contenido en el citado oficio.

Para el supuesto negado que considere que dicha P.A. no es nula de toda nulidad, entonces declare su anulación, en virtud de las violaciones a los preceptos legales contenidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Para que declare la nulidad de todos los actos que por vía de los hechos y de la fuerza ha venido realizando el SENIAT en contra de mi representada, para que de ellos no se derive, ni nazca derecho alguno a favor de la querellada agraviante SENIAT.

Por vía de Recurso de A.C. que ejercemos por vía cautelar, declare la inmediata restitución de los derechos y garantías constitucionales, violentadas a mi representada que deben ser restituidas de inmediato, y en consecuencia se le ordene al citado ente gubernamental, en el cese de la violación de los artículos 49, en sus ordinales 3, 6º y 8, 87, 91, 112, 115 y 116 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en consecuencia para que cese en la perturbación posesoria; para que se restablezca la situación jurídica infringida, en consecuencia para que restituya a nuestra representada en la posesión d los sótanos uno y dos que venía ocupando en el edificio “Centro capriles”, ampliamente identificado, así como del estacionamiento mecánico o Pigeon Hole y de las instalaciones y equipos de su propiedad.

-III-

Ahora bien, en el presente caso, considera este Tribunal constitucional pronunciarse como punto previo antes de ahondar sobre el fondo del asunto debatido sobre la competencia o no, para conocer sobre este asunto, cuyo petitorio fuera realizado por la representación de la parte presuntamente agraviada al momento de llevarse a cabo la audiencia oral y pública.

En este sentido tenemos que el Proceso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, constituye el instrumento fundamental para la realización de la justicia, la cual ha sido arraigada constitucionalmente como un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico y de la actuación de los órganos que conforman el poder público, según lo preceptuado en el artículo 2 eiusdem.

Por su parte, la acción comprende la posibilidad jurídico constitucional que tiene todo ciudadano de acceder a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses en tutela de los mismos, como así lo garantiza el artículo 26 del texto constitucional.

Por lo tanto, el derecho de acción es conferido por la Constitución y la Ley a los particulares en consideración de una pretensión preexistente y simplemente afirmada, independientemente de la circunstancia de que esa reclamación sea reconocida con posterioridad como realmente existente o no por el órgano de administración de justicia, ya que la acción siempre existirá cuando se alegue un interés jurídicamente tutelado y afirmado como existente, siendo la pretensión deducida por cada una de las partes la que fenece cuando se origina la determinación que impone el órgano jurisdiccional al momento de emitir su dictamen, en cuanto a su reconocimiento o rechazo, de modo que ella pone de manifiesto en la demanda, donde expresan todos aquellos alegatos fácticos como jurídicos que justifican la reclamación invocada y con la cual se ejercita el derecho de acción.

De modo que, la demanda puede ser definida como un acto de declaración de voluntad introductivo y de postulación, que sirve de instrumento para el ejercicio de la acción y la afirmación de la pretensión, con el fin de obtener la aplicación de la voluntad concreta de la Ley, por una sentencia favorable y mediante un juicio, en un acto determinado.

De acuerdo a lo anterior tenemos que en cuanto a los puntos primero, segundo y tercero del petitum, los apoderados de la presunta agraviada solicitaron 1) Que el Tribunal declare nula de toda nulidad, la P.A. contenido en el citado oficio. 2) Para el supuesto negado que considere que dicha P.A. no es nula de toda nulidad, entonces declare su anulación, en virtud de las violaciones a los preceptos legales contenidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y 3) Para que declare la nulidad de todos los actos que por vía de los hechos y de la fuerza ha venido realizando el SENIAT en contra de mi representada, para que de ellos no se derive, ni nazca derecho alguno a favor de la querellada agraviante SENIAT.

Bajo estos argumentos es completamente reiterativo e imperante por parte de este Tribunal constitucional, declarar su competencia para dilucidar la acción interpuesta, esta afirmación deviene en primer orden debido a que anteriormente la parte accionante había interpuesto en un principio un a.c. autónomo con las mismas características explicativas en el recurso de nulidad interpuesto con posterioridad, cuyo recurso originario de amparo autónomo fuera declarado inadmisible por el juzgado Décimo Superior de lo Contencioso Administrativo, mediante decisión de fecha 19/02/08, en la cual hizo del conocimiento al actor la posibilidad de interposición del recurso ordinario contra las vías de hecho consagrado en el vigésimo séptimo aparte del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, haciéndosele saber también en esa misma decisión, que de optar por dicho recurso, tendría un lapso de caducidad de seis (6) meses contados a partir del día 3 de enero de 2008, verificándose luego que la parte hoy accionante efectivamente optó por recurrir a la vía propuesta y señalada por el citado juzgado Superior Décimo, al interponer ciertamente en fecha 25/08/08, recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con a.c.d.s.d.e. ante la jurisdicción contencioso administrativa, conociendo del mismo de acuerdo a lo autos que conforman el presente expediente, el juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, quien luego de haberlo sustanciado conforme a derecho y que llegada la oportunidad para dictar el fallo correspondiente, efectivamente así lo hizo en su decisión proferida el día 2 de julio de 2008, a través de la cual se declaró incompetente para conocer y decidir sobre el recurso interpuesto, cuya decisión una vez producida fuera objeto del recurso de apelación por parte del hoy accionante, y que oída como fue en ambos efectos dicho recurso, conoció como Tribunal de alzada la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo con sede en Caracas, quien en su decisión dictada en fecha 27 de mayo de 2009, confirmó la sentencia apelada.

Por lo tanto, de acuerdo a estos acontecimientos es de considerar que al haber interpuesto la parte accionante en primer lugar, una acción de a.c. autónomo, que se repite fuera declarado inadmisible conforme al artículo 6.5 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, y luego al haber interpuesto esta misma representación un recurso de nulidad conjuntamente con a.c., el cual a su vez una vez sustanciado por el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo, éste último en su decisión declaró la incompetencia para conocer del asunto puesto a su conocimiento, cuya decisión como se mencionó anteriormente fuera confirmada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo quien actúo como alzada, ordenándose la remisión de los autos a los Tribunales Civiles Ordinarios, para conocer y decidir del recurso interpuesto.

En este sentido, es de considerar que la parte accionante al haber interpuesto con anterioridad los recursos permitidos legalmente para la defensa de los derechos presuntamente conculcados a su representada, con las consecuencias detalladas a lo largo de esta decisión, es de presumir que con ello agotó los medios y recursos por la vía contencioso administrativa considerados por él para atacar desde el inicio los presuntos derechos y garantías constitucionales violentados a su representada, mas aún cuando de los autos se verifica que la competencia es atribuida exclusivamente a los tribunales civiles ordinarios con competencia en la materia discutida, por estar involucrado un contrato de arrendamiento que ata a una de las partes en conflicto, en este caso, a la parte presuntamente agraviada, cuyo procedimiento se encuentra expresamente regulado por la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, publicada en gaceta Oficial Nº 36.845 del 7 de diciembre de 1.999, la cual prevé exclusivamente en el capitulo III del Titulo I, la Jurisdicción Especial Inquilinaria, en lo referente en materia de arrendamientos urbanos y suburbanos, cuya competencia le es atribuida legalmente a la jurisdicción civil ordinaria. Por lo tanto se reitera una vez mas que es la jurisdicción civil ordinaria la competente para dilucidar el recurso interpuesto por la presunta agraviada, ello en razón a lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica de A.S.D. y garantías Constitucionales, el cual establece que son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o la garantía constitucional violadas o amenazadas de violación…” Así se decide. (resaltado y subrayado nuestro)

Aclarado lo anterior, y asumiendo la competencia por parte de este Tribunal Constitucional para entrar a decidir sobre el fondo de la acción de amparo interpuesto se verifica de acuerdo a la audiencia oral y publica llevada a tal efecto en fecha 30/11/2010, donde una vez mas la parte accionante manifestó de forma oral su exposición donde relató que interpone la presente acción de a.c. contra los presuntos actos realizados por la parte agraviante, esto es el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) quien de una manera arbitraria, ilegal e inconstitucional tomó las puertas de acceso y salida del inmueble ocupado por su representada en condición de arrendataria, sin que mediara notificación ni procedimiento alguno, con colocación de vigilantes en las puertas de acceso y salida mediante la fuerza y bajo intimidación de las armas que portaban dichos vigilantes, con lo cual constituyó un desconocimiento de la relación arrendaticia que lo vincula al despojarlos del objeto del contrato de arrendamiento, cuyos deberes y derechos se han subrogado frente al mencionado supuesto agraviante, afirmando también la confiscación del fondo de comercio que operaba en el lugar, privando por vías de hechos a su representada del uso, goce y disfrute pacifico del bien arrendado y del derecho a operar la mencionada hacienda mercantil, considerando conculcados derechos que les garantiza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, perturbando de esta manera la posesión que vienen ocupando en condición de inquilinos.

De acuerdo a lo anterior observa este Tribunal que el petitorio de la pretensión de a.c. está dirigido, desde el punto de vista de los presuntos agraviados, al cese inmediato de las violaciones constitucionales señaladas a lo largo de su escrito, las cuales están siendo ejecutadas por el ente presuntamente agraviante a partir de la p.a. contenida en el oficio Nº GGSJ-DAP-2008-0007, del 9 de marzo de 2008, y que no han cesado a la fecha de hoy, cuyas consecuencias se destacan básicamente en las perturbaciones y del despojo a la posesión a que han sido objeto por parte de los nuevos propietarios del inmueble que ocupan en calidad de arrendatarios, solicitando a su vez la inmediata restitución de los derechos y garantías constitucionales violentadas a la recurrente y en consecuencia se ordene al ente señalado como presunto agraviante, el cese de dichas violaciones para que cese la perturbación posesoria, y que se abstenga en el futuro de realizar cualesquiera otros actos que de alguna manera menoscaben éstos u otros derechos.

Ahora bien, este juzgado actuando en Sede Constitucional y siguiendo lo dispuesto en la sentencia No. 7 dictada en fecha 1° de febrero de 2.000, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual es vinculante para este Órgano Constitucional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, acoge el criterio de ella señalado, conforme al cual le está permitido al Juez de amparo determinar, una vez conocidos los hechos, cuál es la verdadera pretensión en el a.c. solicitado, sin limitarse a lo señalado por los accionantes, con el fin de garantizar el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales; así, en dicha sentencia se estableció:

…existe el interés constitucional de quienes pidan la intervención del Poder judicial en el Orden Constitucional reciban efectivamente los beneficios constitucionales, sin desviaciones o minimizaciones causadas por carencias o errores en el objeto de las peticiones, como tampoco sin extralimitaciones provenientes del objeto de sus pretensiones, ya que de ser así el Juez Constitucional estaría obrando contra el Estado de derecho y Justicia que establece el artículo 2 de la Constitución Vigente. (…omissis…) para el Juez de Amparo lo importante son los hechos que constituyen las violaciones de derechos y garantías Constitucionales, antes que los pedimentos que realice el querellante.

Los Derechos y Garantías Constitucionales no involucran directamente nulidades, ni indemnizaciones, sino que otorgan situaciones jurídicas esenciales al ser humano: Individual o como ente social, POR LO QUE RESULTA VINCULANTE PARA EL JUEZ CONSTITUCIONAL LO QUE PIDA EL QUEJOSO, SINO LA SITUACIÓN FÁCTICA OCURRIDA EN CONTRAVENCIÓN A LOS DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y LOS EFECTOS QUE ELLA PRODUCE, QUE EL ACTOR TRATA QUE CESEN Y DEJEN DE PERJUDICARLO…

De acuerdo a lo anterior, corresponde pues a este juzgador, emitir un pronunciamiento en la presente solicitud y al respecto observa que, de conformidad con los criterios establecidos en materia de competencia de a.c. (sentencias del 20 de enero de 2000, casos E.M.M. y D.R.M.; del 14 de marzo de 2000, caso: Elecentro; y del 8 de diciembre de 2000, caso: Yoslena Chanchamire Bastardo), y en consideración a lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, se evidencia que este Juzgado es competente para conocer de la acción de amparo propuesta, en razón del grado, la materia y del territorio.

Asimismo, se verifica que la presente acción de a.c. es ejercida en forma autónoma, es decir, no subordinada a otro recurso, por lo que dada su naturaleza restablecedora debe ser capaz, suficiente y adecuada para lograr que el mandamiento de amparo que se otorgue se baste por sí solo, sin necesidad de acudir a otro u otros procesos judiciales, para volver las cosas al estado en que se encontraban para el momento de la vulneración y hacer desaparecer definitivamente el acto u hecho lesivo o perturbador.

De allí que, el a.c. no debe ser considerado como un medio genérico protector de todo el que considere que sus derechos han sido lesionados, por cuanto, este medio de protección procesal descansa en cuatro principios fundamentales, a saber: a) que se trate de una necesaria infracción directa e inmediata de la Constitución (principio de la violación directa); b) el carácter extraordinario (principio de la extraordinariedad); c) que sus efectos son restitutorios y restablecedores (principio de la irreparabilidad) y por último, d) atienda a la inmediatez (principio de urgencia).

El principio de violación directa supone que el a.c. sólo podría ejercerse cuando se trate de violación o amenaza inminente de derechos fundamentales, entendiéndose por tal, la circunstancia de que un hecho, acto u omisión lesione el contenido esencial de los mismos, sea cual sea la norma directamente violada, constitucional o legal que desarrolle un derecho fundamental de protección, por cuanto, la violación directa debe ser de un derecho fundamental.

Además, tratándose de un medio procesal extraordinario, el mismo sólo procede en casos de situaciones igualmente extraordinarias siempre y cuando, se esté ante una violación manifiesta que debe restablecerse de inmediato, sin que sea necesario acudir a investigaciones complejas para determinar la denuncia de los derechos constitucionales conculcados.

En consecuencia, debe referirse a una violación constitucional “flagrante, grosera, directa e inmediata” de alguno de los derechos fundamentales establecidos en nuestra Carta Magna.

Por lo que atañe al principio de extraordinariedad, se ha sostenido que la acción de a.c. está sometida a específicos requisitos y opera dentro de ciertos parámetros y en ese sentido, procederá sólo cuando no existan, se hubieren agotado o sean inoperantes las otras vías procesales.

Con relación al principio de la irreparabilidad se observa que la actualidad de la lesión tiene íntima conexión con ésta, por cuanto el a.c. comprende todo aquéllo que no podría jamás reivindicarse, obtenerse o retrotraerse con esencia idéntica, siendo sus efectos siempre restitutorios o restablecedores, resultando inadmisible si se crearan o modificaran situaciones idénticas.

Por último, con relación al principio de la urgencia o teoría de inmediatez, establece la procedencia de la acción de amparo aún en casos de que existiendo vías judiciales ordinarias para restablecer la situación jurídica infringida, éstas no sean idóneas, adecuadas o eficaces para restablecer dicha violación de manera inmediata; y, es esto, precisamente lo que justifica el ejercicio de la acción autónoma de a.c..

En el presente caso, se interpone la presente acción, básicamente según lo denunciado por los accionantes en su escrito, ratificados posteriormente en la audiencia oral y publica llevada a cabo, contra las presuntas perturbaciones posesorias por vía de hechos materializadas por el presunto agraviante, dentro de las cuales trastornaron la tranquilidad de los accionantes, quienes manifestaron ocupar el bien inmueble desposeído en calidad de arrendatarios hoy propiedad del ente accionado, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) cuyo bien inmueble y del cual deviene su cualidad de arrendatario está constituido por el primer sótano, el segundo sótano y el estacionamiento mecánico del tipo comúnmente denominado “Pigeon-Hole”, formado por una estructura de plataforma fija de diez (10) plantas, incluidas dos máquinas estacionadoras del sistema Pigeon-Hole de vehículos con los accesorios que se componen dos plataformas giratorias, ubicados en el edificio denominado Centro Capriles, situado con frente a la Plaza Venezuela, entre las Avenidas La Salle y Quito de la Urbanización Los Caobos, en Jurisdicción de la Parroquia El Recreo de esta ciudad de Caracas. Dichos sótanos y estacionamiento mecánico los destinó su representada, al servicio público de aparcamiento de vehículos automotores y al lavado y engrase de los mismos, para cuya fundamentación se denuncia la presunta violación del derecho a la defensa, al debido proceso, a los derechos humanos, el derecho a la propiedad, a la libertad económica, todos ellos previstos en los artículos 49, 87, 91, 112, 115 y 116 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Sentado lo anterior, se observa que la violación de los derechos y garantías constitucionales denunciada por el apoderado judicial de los quejosos, nace -a su decir- partir del día 9 de marzo de 2008, y lo que en principio constituyó un fundado temor para los accionantes, se materializó al extremo, según lo argumentado por su apoderado judicial en una flagrante violación al debido proceso y al derecho a la defensa, por lo que -a su entender- la violación nace a partir del mismo momento en que recibieron por parte de los propietarios del inmueble que habitan en calidad de arrendatarios, los constantes acosos, amenazas y hostigamientos, tanto verbales como materiales, conllevándolos a vivir en un estado de intranquilidad e inseguridad debido a esas perturbaciones constantes por parte de aquéllos.

Ahora bien, de acuerdo a estas denuncias ya detalladas, es importante destacar que el propósito de la figura del A.C. en nuestro país es la tutela de los derechos consagrados en la Carta Fundamental, incluyendo todos aquéllos que no figuren de manera impresa en ella o en los tratados Internacionales relacionados con la materia de derechos humanos.

Esta acción constituye un mecanismo de protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, de cara a las violaciones que de tales garantías perpetren tanto los poderes públicos, es decir la Administración, como los entes privados o simplemente el particular.

En razón de ello podemos establecer, que la acción de a.c. constituye una vía especial y extraordinaria, para proteger y amparar los derechos y garantías que preceptúa nuestra Constitución, la cual, mediante un procedimiento sumario pretende el restablecimiento de la situación jurídica infringida.

De acuerdo con lo anterior, cabe resaltar que dicha figura constitucional está sometida a un procedimiento realmente especial que atiende a características particulares que lo alejan de los demás mecanismos de impugnación, resultando procedente en el supuesto que la vía procedimental ordinaria se haga insuficiente e inadecuada para el inmediato restablecimiento de la garantía vulnerada.

Ese carácter extraordinario de la acción de a.c. ha sido analizado a partir de una interpretación extensiva de lo dispuesto en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, y se basa en el postulado de que el amparo procede cuando no exista otro medio procesal idóneo y eficaz, capaz de restablecer la situación jurídica infringida.

En este sentido, la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, en sentencia de fecha 14-08-90, en el caso: “Pedro Grespan Muñoz”, estableció, que a los efectos de defender el carácter extraordinario del amparo, se debe considerar que éste no sólo es inadmisible, cuando se ha acudido primero a la vía judicial ordinaria, sino también cuando teniendo la posibilidad de acudir a dichas vías, el accionante no lo hace, sino que recurre a la vía extraordinaria del amparo. En efecto, se ha acudido a la interpretación sobre la carga procesal de agotamiento, a los fines de evitar que el accionante escoja a su elección las vías judiciales, estableciéndose que esta vía no es sustituta o supletoria de los demás medios ordinarios o extraordinarios conferidos a las partes por el Código de Procedimiento Civil u otras leyes procesales de la República. En tal virtud, se establece una obligación o carga procesal que tiene el particular, de agotar los otros medios o vías procesales mediante los cuales pueda ser reparada o restablecida la situación jurídica infringida; carga que, de cumplirse, produce la inadmisibilidad del a.c..

De cara a lo anterior, la jurisprudencia posterior a la entrada en vigencia de la Constitución de 1.999, ha reiterado en diversos fallos la naturaleza extraordinaria del a.c., sobre la base de los caracteres de inmediatez y de urgencia de la acción; verbigracia, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 28 de septiembre de 2001, caso “Circuito Teatral de los Andes”, dispuso sobre el particular lo siguiente:

la Sala ha afirmado que el poder judicial le cumple hacer efectivo, conforme lo ordena el artículo 26 constitucional, el derecho que tienen todas las personas a acceder a los órganos de la administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a través de una tutela efectiva de los mismos, sin dilaciones indebidas. (sic) ello se traduce, a la luz del carácter vinculante de la constitución, en que todos los órganos judiciales devienen en tutores de los derechos fundamentales, esto es, les corresponde ejercer sus atribuciones en orden a un goce efectivo por las personas de los bienes que la comunidad política ha elevado a rango constitucional./ luego, resulta congruente con este análisis que la especifica acción de a.c., a que se contrae el inciso segundo del articulo 27 de la carta magna, opera bajo las siguientes condiciones: a) una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídica constitucional no ha sido satisfecha; o/ b) ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida.

(resaltado del tribunal).

A la luz del primero de los supuestos mencionados, cabe resaltar que en el caso de autos, no existen elementos que permitan inferir que la parte accionante en amparo haya hecho uso en su momento de los medios judiciales preexistentes tendentes a restablecer la situación jurídica infringida revirtiendo los actos perturbatorios sufridos, como lo era la acción Interdictal prevista en el artículo 782 del Código Civil, que establece:

Artículo 782: Quien encontrándose por más de un año en la posesión legítima de un inmueble, de un derecho real, o de una universalidad de muebles, es perturbado en ella, puede dentro del año, a contar desde la perturbación, pedir que se le mantenga en dicha posesión…

Asimismo el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 699 establece:

ARTICULO 699: En el caso del artículo 782 del Código Civil, el interesado demostrará ante el juez la ocurrencia de la perturbación, y encontrando el juez suficiente la prueba o pruebas promovidas, decretará el amparo a la posesión del querellante, practicando todas las medidas y diligencias que aseguren el cumplimiento de su Decreto.

Ahora bien, de lo anterior se logra desprender que los quejosos obraron en contravención al criterio jurisprudencial antes mencionado, que parte de la premisa de que el ejercicio de la tutela jurisdiccional constitucional corresponde a todos los jueces de la República y de que “... el a.c. no es-como se ha pretendido-un correctivo limitado a cualquier situación procesal que afecte a las partes...”, tal como lo afirmó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 28 de julio de 2000, en el caso “Luís Alberto Baca”, cuando dejó sentado que:

“De allí que de manera clara se haya establecido al respecto, que “pretender utilizar el p.d.a., cuando existen mecanismos idóneos, diseñados con una estructura tal, capaz de obtener una tutela anticipada si fuere necesario (...) al tiempo que garantizan la vigencia de los derechos constitucionales de todas las partes involucradas, haría nugatorio el ejercicio de las acciones correspondientes a este tipo de procesos y los efectos que tiene la acción de a.c., referidos al restablecimiento de situaciones jurídicas infringidas.”

En el caso de autos, según se desprende del escrito de solicitud de tutela constitucional, los accionantes pretenden mediante este procedimiento especialísimo que los presuntos agraviantes, cesen en la perturbación posesoria a que han sido objeto, los cuales se han materializado con conductas desplegadas por estos por vías de hechos y constantes acosos, circunstancias estas que manifestaron haberlos conllevado hasta la fecha a no permitirles su tranquilidad y respeto el cual se merecen conforme al derecho de posesión del inmueble cedido en arrendamiento para su uso, goce y disfrute, lo que se traduce igualmente en la vulneración de derechos constitucionales.

En este sentido se observa, en primer orden que los actos denunciados por los accionantes como lesivos a sus derechos constitucionales, constituyeron en un principio al supuesto de hecho previsto en el artículo 782 del Código Civil, adminiculado con lo dispuesto en el artículo 699 de la norma adjetiva civil, ambos ya desglosados.

De las normas transcritas anteriormente se desprende, que el ordenamiento jurídico ha previsto mecanismos ordinarios de tutela, a los cuales los accionantes pueden acudir como vía para atacar los hechos en que presuntamente infringen o incurrió el ente señalado como agraviante y por tanto al existir tales vías judiciales hacen inadmisible la proposición de esta acción de a.c..

En efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, el a.c. es inadmisible en aquellos casos en los cuales se haga uso de las vías ordinarias previstas en el ordenamiento jurídico y tal disposición ha sido interpretada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el sentido que, si existen tales medios y no se hace uso de ellos, el amparo resulta inadmisible. En tal sentido la Sala Constitucional ha sostenido que:

En concordancia con lo expuesto anteriormente, la Sala estima pertinente señalar que la norma prevista en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, consagra simultáneamente el supuesto de admisibilidad e inadmisibilidad de la acción de amparo.

Así, en primer término, se consagra claramente la inadmisión de la acción de amparo cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías ordinarias o a los medios judiciales preexistente, sobre el fundamento de que todo juez de la República es constitucional y, a través del ejercicio de los recursos que ofrece la jurisdicción ordinaria, se pueda alcanzar la tutela judicial efectiva de derechos o garantías constitucionales.

No obstante, la misma norma es inconsistente, cuando consagra que, en el caso de la opción por la vía ordinaria, si se alega violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucional, la acción de amparo será admisible, caso en el cual el Juez deberá acogerse al procedimiento y los lapsos previstos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión o no, de manera provisional, sobre el acto cuestionado de inconstitucionalidad.

En otras palabras, la acción de amparo es Inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley que para tal fin regula este tipo de acción, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no solo admitir el amparo en caso de injuria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente. De otro modo, la antinomia interna de dicho artículo autorizaría al Juez a resolver el conflicto de acuerdo con las técnicas integrativas de que dispone el interprete (H. Kelsen, Teoría P.d.D., Buenos Aires, Eudeba, 1953, trad, de M.N.)

. (sentencia Nº 2369, de fecha 23/11/2001, caso: Parabólicas Service´s.) (subrayado del tribunal).

En aplicación a los criterios precedentemente expuestos, observa este juzgador, que mediante el ejercicio de una acción autónoma de interdicto de amparo a la posesión, la cual fuese instaurada en su debida oportunidad por parte de los accionantes, figura ésta contemplada en nuestro ordenamiento jurídico vigente, a través de la cual pudiese haber obtenido un decreto judicial que los amparara en la posesión del inmueble arrendado, situación ésta que no ocurrió al menos dentro del lapso previsto para ello, más aún teniendo la posibilidad de ejercer una acción de cumplimiento de contrato contemplada en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, esta última instauración en el caso manifestado por ellos mismos (quejosos) en el sentido de haber manifestado en su escrito de amparo, que conforme a la venta que sobre el inmueble fue efectuada con preferencia a unos terceros, estos últimos subrogándose en condición de propietarios-arrendadores han debido respetar las condiciones del contrato de arrendamiento vigente que mantienen sobre el inmueble vendido, acciones estas que de haberse instaurado en su debida oportunidad por parte de los accionantes, bien pudieron por una parte obtener, en primer término como base fundamental de las mismas el restablecimiento de la posesión que alegaron sobre el inmueble cedido para su uso, goce y disfrute; y, así, verse amparados en una acción legítima y permitida por ley, o en todo caso como se mencionó anteriormente intentar el ejercicio de una demanda de cumplimiento de contrato cuya acción podría abrir un abanico de posibilidades de ver satisfecho los derechos presumiblemente conculcados, siendo esta última una vía expedita e idónea para atacar los hechos en que presuntamente incurrió con su proceder el ente señalado como agraviante. No obstante, los presuntos agraviados, aún teniendo la posibilidad de interponer esos recursos o vías ordinarias, eligieron recurrir a la vía de a.c., teniendo abierta la posibilidad de acudir a la vía ordinaria, lo cual no hicieron, ni ha hecho a la fecha de esta decisión, sino que utilizaron este medio extraordinario, pudiendo disponer de otros mecanismos lo suficientemente eficaces para dilucidar dicha pretensión.

En virtud de lo anterior, se hace necesario referirse a la sentencia Nº 41, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 26 de enero de 2001, bajo ponencia del Magistrado Iván Rincón Urdaneta, caso: “Belkis Astrid González de Obadía”, en la que sostuvo el siguiente criterio jurisprudencial.

…Al respecto debe señalarse que la jurisprudencia de este alto Tribunal ha establecido que las causales de inadmisibilidad de la acción de amparo son de orden público, razón por la cual el juzgador puede declarar la inadmisibilidad de dicha solicitud en cualquier estado del proceso, ya que posee un amplio poder para modificar, confirmar o revocar lo apreciado, aún cuando la acción se haya admitido…

( negrillas del tribunal).

De lo anterior se colige, que en virtud de la naturaleza extraordinaria de la acción de a.c., la posibilidad de que la situación jurídica denunciada como lesionada sea irreparable, es casuística, ya que cuando existe una vía ordinaria para restablecerla, sin que tal lesión llegue a ser irreparable, es precisamente el medio procesal ordinario la vía idónea y eficaz para restablecer la situación jurídica infringida y, no así, la acción de amparo. Así se establece.

- IV-

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando en Sede Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se pronuncia en esta oportunidad por declarar:

INADMISIBLE LA ACCIÓN DE A.C. interpuesta por la sociedad anónima ESTACIONAMIENTO CEN-CAP C.A., representada por R.G.G., O.G.B. y N.G.B., venezolanos, mayores de edad, abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nos. 955, 15.797 y 29.408, respectivamente, en contra del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACION ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), ambas partes plenamente identificadas.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 33 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, no hay especial condenatoria en costas.

PUBLIQUESE Y REGISTRESE

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado 4º de 1era Ins. C.M.T.B. En la Ciudad de Caracas, a los 7 Días del mes de Diciembre de 2010. Años: 200º y 151º.

El Juez,

Abg. C.A.R.R.

La Secretaria

Abg. Maitrelly Vanessa Arenas

En esta misma fecha, siendo las 2:59 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.

La Secretaria

Abg. Maitrelly Vanessa Arenas

Asunto: AP11-O-2009-000120