Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 27 de Enero de 2010

Fecha de Resolución27 de Enero de 2010
EmisorJuzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito
PonenteEder Jesús Solarte
ProcedimientoCumplimiento De Transacción

Exp. Nº 6233

Interlocutoria con Carácter de Definitiva

Motivo: Cumplimiento de Transacción

Materia: Civil

Decaimiento

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

EL JUZGADO SUPERIOR QUINTO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS.-

Vistos

, con sus antecedentes.-

I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES.-

PARTE DEMANDANTE: ESTACIONAMIENTOS GENERALES, C.A., sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda bajo el Nº 16, modificada según consta de asiento de Registro del 28 de septiembre de 1971, bajo el Nº 15, tomo 105-A.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: A.J.M.N., I.I.L.D.S., E.B.L., S.Y. y T.P.R., abogados en ejercicio, de este domicilio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 7.341, 9.699, 1.558, 11.566 y 16.075, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: B.G.P., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V.- 6.821.745.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: E.P.S., L.A. ARAQUE B., M.R.P., A.D.J.S.P.I.S., M.D.P.A.D.V. y E.P.O., abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 1.228, 7.869, 15.033, 12.790, 18.183, 15.106 y 14.829, en su orden.

TERCERA OPOSITORA: ESTACIONAMIENTO TORRE LINCON, S.R.L., sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil Nº 1, el 20 de diciembre de 1971, bajo el Nº 27, Tomo 122-A.

APODERADOS JUDICIALES DE LA TERCERA OPOSITORA: Á.F.E. y Z.M.A., abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 5.349 y 13.815.

MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE TRANSACCIÓN (Decaimiento)

ANTECEDENTES

Corresponden las presentes actuaciones al conocimiento de esta alzada en razón de la apelación ejercida en fecha 17 de marzo de 1992, por la abogada Z.A., apoderada judicial de la tercera opositora, contra la decisión dictada en fecha 4 de marzo de 1992, por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, que homologó la transacción celebrada por las partes en el presente juicio, en fecha 19 de agosto de 1992.

Cumplida la distribución legal, correspondió el conocimiento de la causa a este tribunal, que en fecha 11 de junio de 1992, le dio entrada al expediente y trámite de definitiva.

Mediante escrito de fecha 17 de junio de 1992, los abogados Á.F.E. y Z.M.A., actuando como apoderados judiciales de la tercera opositora, solicitaron a este tribunal ordenara recabar el expediente contentivo de la tercería por ellos propuesta, por cuanto existía temor que se decretaran medidas que pudieran lesionar gravemente los derechos de sus representados. El abogado S.Y.R., en fecha 29 de junio de 1992, en su carácter de apoderado judicial de la parte actota, se opuso a la acumulación solicitada por la representación judicial de la tercera opositora.

En fecha 29 de junio de 1992, la representación judicial de la tercera opositora solicitó copias certificadas de varias actuaciones contenidas en el expediente. En la misma fecha, insistió en su solicitud de recabar del a-quo el expediente contentivo de la tercería por ellos propuesta.

Este tribunal en fecha 29 de junio de 1992, acordó las copias certificadas solicitadas por la representación judicial de la tercera opositora.

En fecha 30 de junio de 1992, se ordenó agregar al expediente el oficio Nº 58, proveniente del Tribunal Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual solicita a este tribunal, la remisión del cuaderno de medidas del expediente identificado con el Nº 6233, por cuanto ante ese juzgado cursaba juicio por estimación e intimación de honorarios profesionales.

Mediante escrito de fecha 16 de julio de 1992, los abogados Á.F.E. y Z.M.A., actuando como apoderados judiciales de la tercera opositora, solicitaron a este juzgado superior ordenara recabar del a-quo el expediente contentivo de la tercería y consignó copias certificadas relativas a la causa.

Por auto de fecha 23 de julio de 1992, se dejó constancia que las partes no comparecieron ni por si ni por medio de apoderados a consignar informes y se fijó el lapso de sesenta (60) días continuos para dictar sentencia.

Mediante escrito de fecha 6 de agosto de 1992, la representación judicial de la tercera opositora complementó su solicitud de recabar al a-quo el expediente contentivo de la tercería.

En fecha 14 de agosto de 1992, este tribunal negó la solicitud de recabar el expediente de tercería, efectuada por los abogados Á.F.E. y Z.M.A., actuando como apoderados judiciales de la tercera opositora; con fundamento en que la tercería debe instruirse y sustanciarse en forma autónoma y el juez superior no está facultado por la ley para solicitar del juez de primera instancia el expediente de tercería a menos que el a-quo haya ordenado la acumulación de causas.

Los abogados Á.F.E. y Z.M.A., en fecha 28 de septiembre de 1992 y 7 de octubre de 1992, actuando como apoderados judiciales de la tercera opositora, solicitaron a este juzgado superior copias certificadas de varias actuaciones contenidas en el expediente; las cuales fueron acordadas mediante autos fechados 30 de septiembre de 1992 y 8 de octubre de 1992, respectivamente.

El día 22 de octubre de 1992, se dictó auto mediante el cual se difirió la oportunidad para dictar sentencia, por un lapso de treinta (30) días contados a partir de esa fecha

III.- MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Planteados los hechos y luego de haberse efectuado el estudio pormenorizado de las actas que conforman el presente expediente, el tribunal observa:

  1. ) La causa se encuentra paralizada en estado de sentencia desde el día 22 de octubre de 1992, sin actividad procesal de la partes, ni del tribunal;

  2. ) La pretensión trata de una demanda de cumplimiento de transacción planteada por la sociedad mercantil Estacionamientos Generales, C.A., contra el ciudadano B.G..

En razón de la dilación procesal en este juicio, el tribunal observa, que el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se materializa mediante el ejercicio de la acción con la demanda. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca, pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal, cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión. Al respecto señaló la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, bajo ponencia del Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, en sentencia de fecha 25 de marzo de 2008, Exp. Nº 05-1998, que:

(…) respecto a la pérdida de interés procesal, esta Sala mediante fallo Nº 2673/2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos”), señaló lo siguiente:

(…) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:

a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.

b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido (…)

.

En resumen, se aprecia que esta Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: i) antes de la admisión de la demanda o; ii) después de que la causa ha entrado en estado de sentencia, si rebasa los términos de prescripción del derecho objetivo. Negrita, subrayado y cursiva de este tribunal.

En línea con lo expuesto señaló el maestro i.P.C., en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídica E.A., Buenos Aires, 1973):

El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.

Del precedente jurisprudencial y de la doctrina citada se colige que el interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo. En razón de ello ha de manifestarse de la demanda, solicitud o recurso y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción si la acción no existe. En el presente caso, aprecia este jurisdicente que han transcurrido un lapso de diecisiete (17) años y tres (3) meses, desde que se difirió la oportunidad para dictar sentencia, esto fue el 22 de octubre de 1992. Asimismo, se constata que las partes no instaron para que ello ocurriese, pues desde la oportunidad en que se difirió el lapso de sentencia, no se realizó acto alguno en el proceso que demostrara su interés en la decisión del mismo, lo que denota una absoluta ausencia de actividad procesal durante el período señalado.

De acuerdo con lo expuesto, visto que la pérdida del interés procesal se produjo en la etapa de sentencia y la pretensión trata de una demanda de cumplimiento de transacción planteada por la sociedad mercantil Estacionamientos Generales, C.A., contra el ciudadano B.G., lo que constituye una acción personal que prescribe por diez (10) años y en el caso de autos la inactividad rebasó el término de prescripción del derecho subjetivo; resulta forzoso para este tribunal declarar la PÉRDIDA DEL INTERÉS EN PROSEGUIR CON EL RECURSO y por ende, TERMINADO EL PROCEDIMIENTO en segunda instancia. Así se decide.

VI.- DISPOSITIVO DEL FALLO

En mérito de lo antes expuesto, este Tribunal Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara:

PRIMERO

LA PÉRDIDA DEL INTERÉS PROCESAL EN PROSEGUIR CON EL RECURSO.

SEGUNDO

TERMINADO EL PROCEDIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA, en la demanda de cumplimiento de transacción planteada por la sociedad mercantil Estacionamientos Generales, C.A., contra el ciudadano B.G.. En consecuencia, se desecha la apelación ejercida en fecha 17 de marzo de 1992, por la abogada Z.A., apoderada judicial de la tercera opositora, contra la decisión dictada en fecha 4 de marzo de 1992, por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, que homologó la transacción celebrada por las partes en el presente juicio, en fecha 19 de agosto de 1992.TERCERO: Consecuente con lo decidido se declara firme la decisión apelada.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE, DÉJESE COPIA y DEVUÉLVASE en su oportunidad.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2010. Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación.-

EL JUEZ

EDER JESÚS SOLARTE MOLINA LA SECRETARIA,

ENEIDA J. TORREALBA C.

EJSM/EJTC/Mayra

Exp. Nº 6233

Interlocutoria con Carácter de Definitiva

Motivo: Cumplimiento de Transacción.

Materia: Civil

Decaimiento

En esta misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, siendo las ocho y treinta antes meridiem (8:30 A.M.). Conste,

LA SECRETARIA,

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