Decisión nº 114 de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Zulia, de 10 de Marzo de 2006

LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En su nombre:

EL JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO DEL TRABAJO

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

ASUNTO: VP01-R-2006-00083

SENTENCIA

Conoce de los autos este Juzgado Superior en virtud de recurso de apelación interpuesto por la abogada Jossary Paz a nombre y en representación de la empresa Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), contra la sentencia de fecha 16 de junio de 2005, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, que conoció de la demanda intentada por el ciudadano EUDO J.F.V., titular de la cédula de identidad No.5.181.066, representado por los abogados E.F., G.P.N., y G.P., frente a la sociedad mercantil COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA, constituida mediante documento inscrito en el Registro Mercantil que llevó el Juzgado de Comercio del Distrito Federal el 20 de junio de 1930, bajo el No. 387, Tomo 02, representada judicialmente por los abogados F.D.C., M.S., R.P., W.H.A., Jossary Paz, R.M. y C.M.; en reclamación del beneficio de pensión de jubilación, sentencia que declaró procedente el reconocimiento de la pensión de jubilación solicitada.

Habiendo celebrado este Juzgado Superior audiencia pública donde las partes expusieron sus alegatos y el Tribunal dictó su fallo en forma oral, pasa a reproducirlo por escrito en los siguientes términos:

Alega el actor que en fecha 01 de enero de 1976 comenzó a prestar servicios para la demandada, desempeñando como último cargo el de Supervisor de Operaciones Comerciales, hasta el 15 de julio de 1999, fecha en la cual la demandada le propuso dar por terminada la relación de trabajo ofreciendo el pago de los beneficios e indemnizaciones contemplados en la cláusula 62 de la Convención Colectiva de CANTV para la fecha, de la que era beneficiario, más una bonificación especial del doble de la indemnización de antigüedad prevista en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, a cambio de que renunciara a la jubilación especial a la que tenía derecho para esa fecha, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el artículo 4, numeral 3 del Anexo C, de la referida Convención Colectiva.

Señala el actor que recibió por concepto de prestaciones sociales y bono especial la cantidad de 68 millones 153 mil 120 bolívares con 73 céntimos.

Señaló que el Anexo C Plan de Jubilaciones de la empresa CANTV, en su artículo 4, numeral 3°, establece un régimen especial de jubilaciones para los trabajadores cuya separación de la empresa fuese por causa distinta a las previstas en el artículo 102 de la Orgánica del Trabajo.

Alega que tiene derecho a la jubilación especial antes referida, con todos los beneficios adicionales que prevé la convención colectiva para los jubiladoss, en virtud de que la relación laboral tuvo un duración de 22 años 7 meses y 15 días de servicio, y terminó por una causa distinta a las previstas en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo, en razón del último salario mensual devengado de 499 mil 100 bolívares, correspondiéndole una pensión mensual del 4.5% de éste salario por cada año de servicio hasta los 20 primeros años, más el 1% del mismo salario por cada año adicional en los términos que establece el numeral 1 del artículo 10 de la referida Convención.

Alega el actor que para el 15 de julio de 1999, fecha de la terminación de la relación laboral, contaba con 40 años de edad, dado que nació el 01 de agosto de 1958, y como quiera que el promedio de vida del venezolano de sexo masculino es de 75 años, señala que le asiste el derecho de recibir el pago mensual de 499 mil 100 bolívares, por lo menos hasta cumplir la expresada edad, vale decir por 35 años, que multiplicados por 12 meses al año, arrojan la cantidad de 209 millones 622 mil bolívares que reclama en base a los argumentos antes planteados, más la cantidad de 5 millones de bolívares por concepto de derechos sociales y beneficios médicos adicionales al plan de jubilación.

De su parte la demandada alegó la prescripción de la acción, rechazó todos y cada uno de los hechos y derechos reclamados por el actor el libelo, y aceptó la existencia de la relación laboral, las fechas de inicio y terminación de la relación laboral.

Negó que el demandante fuera beneficiario de la jubilación especial, puesto que el actor renunció al derecho de acogerse a ésta, en virtud de que renunció a ese derecho libremente a cambio de una bonificación especial prevista en la Convención Colectiva de la empresa, puesto que la Jubilación Especial tiene un carácter opcional según los artículos 4 y 5 de la referida Convención.

Señaló la demandada que el actor no cumplía los requisitos para acogerse al beneficio de jubilación especial, los cuales son, primero, el tiempo de servicio acreditado en la empresa, y el segundo, que se haya resuelto su despido por una causa distinta a las previstas en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo. Alega que si bien el demandante cumplía con el tiempo de servicio acreditado, el mismo no había sido despedido, sino que llegó a un acuerdo con la patronal para dar por terminada la relación de trabajo.

Continúa señalando, que la jubilación especial no es un derecho adquirido de los trabajadores, sino que la misma es opcional o potestativa de los trabajadores, los cuales al cumplir con los requisitos para acogerse a ella deciden si se acogen a ella o no.

En fecha 16 de junio de 2005, el Juzgado de la causa antes nombrado, dictó sentencia estimativa de la demanda, en cuya parte dispositiva declaró procedente el reconocimiento del derecho de beneficio especial de jubilación al demandante M.C.A., fijó como pensión de jubilación a cargo de la demandada y a favor del actor la cantidad de 469 mil 154 bolívares, en forma vitalicia y retroactiva, con los aumentos salariales que recibieron y reciban los trabajadores activos de la empresa demandada, con todos los beneficios adicionales que el beneficio de jubilación conlleva, ordenado la compensación del crédito existente a favor de la sociedad mercantil demandada, por la cantidad de 55 millones de bolívares que le fue entregada al demandante por concepto de bonificación especial en virtud de la culminación de la relación de trabajo con las pensiones de jubilación reconocidas al demandante, condenando a las partes a pagar la cantidad que resulte de la indexación sobre las sumas ordenada a pagar, desde el 9 de abril de 2001 hasta el día anterior a la fecha en que se realice el cómputo respectivo, eximiendo de costas y costos a la demandada, por no haber sido totalmente vencida en la controversia.

Habiendo obtenido éxito parcial en la instancia la pretensión de la parte demandante, la contraparte ejerció recurso de apelación, señalando que el actor voluntariamente aceptó el pago de la bonificación especial en vez de la pensión de jubilación, por ser más beneficioso para él, y que en ningún caso éste incurrió en un error material al aceptar dicho pago; por lo que se debe revocar la sentencia apelada y declarar la pretensión del demandante sin lugar.

De lo anterior deriva que en el presente caso la controversia sometida al conocimiento de esta Alzada se encuentra limitada a determinar si existió vicio en el consentimiento manifestado por el actor al aceptar recibir una bonificación especial a la terminación de la relación de trabajo, determinar la existencia de la prescripción alegada, y en caso de ser improcedente, determinar si en definitiva el demandante resulta beneficiario del derecho que reclama.

El artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, textualmente dispone:

Concluida la audiencia preliminar sin que haya sido posible la conciliación ni el arbitraje, el demandado deberá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, consignar por escrito la contestación de la demanda, determinando con claridad cuáles de los hechos invocados en la demanda admite como ciertos y cuáles niega o rechaza, y expresar asimismo, los hechos o fundamentos de su defensa que creyere conveniente alegar. Se tendrán por admitidos aquellos hechos indicados en la demanda respectiva, de los cuales, al contestar la demanda, no se hubiere hecho la requerida determinación, expuestos los motivos del rechazo, ni aparecieren desvirtuados por ninguno de los elementos del proceso.

Si el demandado no diera la contestación de la demanda dentro del lapso indicado en este artículo, se le tendrá por confeso, en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante. En este caso, el tribunal remitirá de inmediato el expediente al Tribunal de Juicio, quien procederá a sentenciar la causa, sin más dilación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, al recibo del expediente, ateniéndose a la confesión del demandado

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Del contenido de la norma legal bajo estudio se desprende el establecimiento de un imperativo de orden procesal, al señalar que el demandado o quien ejerza su representación en el acto de contestación deberá determinar cuáles de los hechos admite y cuáles rechaza, produciéndose así la carga procesal del demandado de determinar con claridad cuáles de los hechos invocados en el libelo admite como ciertos y cuáles niega o rechaza, con la finalidad de simplificar el debate probatorio, dando por admitidos los hechos del demandante, que no hayan sido expresa y razonadamente contradichos por el patrono.

De lo anterior deriva que la contestación de la demanda en materia laboral debe hacerse en forma clara y determinada, estableciendo cuáles de los hechos alegados por el actor se admiten y cuáles se rechazan, estando obligada la parte demandada a fundamentar el motivo del rechazo o de la admisión de los hechos, lo cual tiene su asidero en la circunstancia de que según como el accionado dé contestación a la demanda, se fijará la distribución de la carga de la prueba en el proceso laboral, por lo que el demandado en el proceso laboral tiene la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del actor.

Conforme a la doctrina que al respecto ha establecido la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, es preciso señalar que habrá inversión de la carga de la prueba en el proceso laboral, es decir, estará el actor eximido de probar sus alegatos, en los siguientes casos:

Cuando en la contestación a la demanda el accionado admita la prestación de un servicio personal aun cuando el accionado no la califique como relación laboral. (Presunción iuris tantum, establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo).

Cuando el demandado no rechace la existencia de la relación laboral, se invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral, por lo tanto es el demandado quien deberá probar, y es en definitiva quien tiene en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicio, si le fueron pagadas las vacaciones, utilidades, etc.

Se tendrán por admitidos aquellos hechos alegados por la parte accionante en su libelo, que el respectivo demandado no niegue o rechace expresamente en su contestación, o cuando no haya fundamentado el motivo del rechazo, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los autos en la oportunidad legal, alguna prueba capaz de desvirtuar dichos alegatos del actor, por lo que la demandada tendrá la carga de desvirtuar en la fase probatoria, aquellos hechos sobre los cuales no hubiese realizado en la contestación el fundamentado rechazo, de lo contrario, el sentenciador deberá tenerlos como admitidos.

De la misma manera, la Sala de Casación Social ha precisado que no todos los alegatos y rechazos que se expongan en la contestación, deberán recibir idéntico tratamiento, porque la adecuada o suficiente precisión en el rechazo o en la exposición de las razones y fundamentos de las defensas, en relación con la carga de la prueba o el riesgo de no aportarla, dependerá de la naturaleza y circunstancias de cada asunto y resultará del examen de las mismas que debe practicar el juzgador, tarea en la cual hará uso de las presunciones establecidas a favor del trabajador pero de la que no puede eximirse con el solo fundamento de indicar que por efecto de declararse la existencia de la relación de trabajo alegada, se tendrán por admitidos todos los hechos y pedimentos planteados con fundamento y por derivación de ella, aún cuando se los hubiere rechazado expresa y precisamente y se trate de rechazos o negativas que se agotan en sí mismas, como son las opuestas a condiciones distintas o exorbitantes de las legales, señalando la Sala, como ejemplo, que si se ha establecido que una relación es de carácter laboral, con una remuneración y tiempo determinado y bajo condiciones legales, es claro que el riesgo de no quedar demostrados los pagos que derivan de esos supuestos no recae sobre el trabajador demandante, sino sobre el patrono demandado, aunque éste haya rechazado punto por punto lo reclamado, pero no puede ser igual cuando se han alegado condiciones y acreencias distintas o en exceso de las legales, como un preaviso en monto equivalente a cuatro o seis meses de salario, o especiales, circunstancias de hecho como horas extras o días feriados trabajados, pues a la negación de su procedencia y/u ocurrencia en el mundo de lo convenido o llevado a cabo no hay, salvo algún caso especial, otra fundamentación que dar; siendo necesario analizar y exponer las demostraciones y razones de hecho y de derecho conforme a las cuales sean o no procedentes los conceptos y montos correspondientes.

El m.T. de la República en sentencia del 1 de julio de 2005 estimó conveniente señalar que lo expresado anteriormente en nada colidía con los criterios emanados por la Sala de Casación Social con respecto al alcance y extensión del artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, y que ahora contiene el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pues es esta la norma que determina el principio de la distribución de la carga probatoria en materia laboral, siendo de aplicación conjunta con dicha disposición los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, como reglas generales de la carga de la prueba, en los casos en que el hecho controvertido se trate de un hecho negativo absoluto que se genere en función al rechazo que se exponga en la contestación, así como de la exposición de los fundamentos de defensa realizados por el demandado y que evidentemente presuponen el riesgo o la imposibilidad de no poder demostrarse por ser estos de difícil comprobación por quien lo niega y que por otro lado, supletoriamente se aplicarían las normas enunciadas anteriormente como reglas generales de la carga de la prueba, en el último supuesto contenido en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, es decir, cuando se trata de hechos notorios, por ser este un presupuesto que no está contenido en el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo.

En consonancia con lo anterior, en relación a la carga de la prueba, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece en su artículo 72, lo siguiente:

Salvo disposición legal en contrario, la carga de la prueba corresponde a quien afirme hechos que configuren su pretensión o a quien los contradiga, alegando nuevos hechos. El empleador, cualquiera que fuere su presencia subjetiva en la relación procesal, tendrá siempre la carga de la prueba de las causas del despido y del pago liberatorio de las obligaciones inherentes a la relación de trabajo. Cuando corresponda al trabajador probar la relación de trabajo gozará de la presunción de su existencia, cualquiera que fuere su posición en la relación procesal

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Con fundamento en las anteriores consideraciones, observa el Tribunal que en la forma como la demandada dio contestación a la demanda, han quedado admitidos los siguientes hechos:

1. - Que el actor laboró para la demandada desde el 01 de enero de 1976 hasta el 15 de julio de 1999 con el cargo de Supervisor de Operaciones Comerciales.

2. - Que la relación de trabajo terminó por causas distintas al despido justificado del actor.

3. - Que el demandante al momento de la terminación de la relación de trabajo recibió el pago de sus prestaciones sociales y además aceptó el pago de una bonificación especial de 55 millones de bolívares a cambio del beneficio de jubilación.

   Ahora bien, de acuerdo a la doctrina expuesta anteriormente, los hechos anteriormente señalados quedan fuera de la controversia, y la demostración de que el actor incurrió en error al aceptar la bonificación especial en vez de la jubilación, corresponde al mismo demandante, siendo el punto referido a si efectivamente al actor le corresponde la pensión de jubilación, de mero derecho.

   Alegada la prescripción de la acción como defensa de fondo por parte de la demandada, esta Alzada procede a verificar su existencia, sin embargo observa que para poder aplicar la normativa legal previamente deberá determinarse si hubo o no vicios en el consentimiento manifestado por el actor al momento de la terminación de la relación de trabajo, pues ello será determinante para establecer si en el caso sub iudice operó o no la prescripción de la acción, por lo que la determinación de si en el caso concreto operó o no la prescripción de la acción del demandante se realizará una vez se establezca si el consentimiento del demandante manifestado al terminar la relación de trabajo y recibir una bonificación especial en vez de optar por el beneficio de jubilación, estuvo viciado o no. Así se establece.

   Debe antes esta Alzada analizar el punto referente a la estimación del valor de la demanda.

   Al respecto, conforme al artículo 35 del Código de Procedimiento Civil, al demandarse el pago de una renta, la cuantía se determinará sumando las anualidades que se consideren incumplidas, pero solicitándose un pronunciamiento sobre al validez del título del cual proviene la renta, el valor se determinará acumulando diez anualidades.

   En el caso de autos se reclama una pensión de jubilación en la cantidad de 499 mil 100 bolívares, lo que arroja un total anual de 5 millones 989 mil 200 bolívares, lo cual multiplicado por diez anualidades, arroja un total de 59 millones 892 mil bolívares, monto este que constituye el valor de la demanda, salvo de lo que pudiere resultar en le definitiva en cuanto a la procedencia de la pretensión. Así se establece.

   Resuelto lo anterior, pasa este Tribunal Superior a analizar las pruebas que constan en el expediente:

   PRUEBAS DEL DEMANDANTE:

   Reprodujo el mérito favorable de las actas procesales e invocó el principio de la comunidad de la prueba, lo cual no es un medio probatorio, de allí que no resulta procedente valorar tales alegaciones.

   Consignó copia simple de cálculo de liquidación de prestaciones sociales por la cantidad de 68 millones 153 mil 120 bolívares con 73 céntimos, y donde se incluye el pago de 55 millones de bolívares como bonificación especial, la cual es valorada por quien decide en virtud de haber sido también consignada por la demandada en su escrito de promoción de pruebas, y de la misma se puede evidenciar el último salario mensual del demandante.

   Con el libelo de la demanda consignó copia simple de la Convención Colectiva de fecha 13 de setiembre de 1999, de la empresa CANTV, la cual conoce esta Alzada en virtud del principio iura novit curia.

   Promovió la testimonial de los ciudadanos Valmore Barrera, I.A., A.P.W.F. y E.F., rindiendo declaración sólo los siguientes:

   Valmore Barrera e I.A. declararon que conocen al demandante porque laboraron en CANTV, y señalaron que la empresa coaccionó a los trabajadores para que se renunciaran a la jubilación especial señalándoles que si no se acogían al plan de liquidación ofertado serían liquidados sencillo, que no tuvieron asistencia jurídica ni sindical, que las cartas de renuncia fueron elaboradas por los propios abogados de la patronal, y que fueron presionados por la empresa para liquidarlos debido a la proximidad de la privatización de ésta.

   Esta Alzada le otorga valor probatorio a las referidas testimoniales, por cuanto no se contradicen ni en su propio contenido ni entre ellas, demostrando que el actor no tuvo oportunidad de elegir entre el bono ofrecido por la patronal y la jubilación especial prevista en la convención colectiva, además de no tener ningún tipo de orientación al momento de decidir para lo cual recibió presiones de la empresa demandada.

   PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA:

   Reprodujo el mérito favorable de las actas procesales e invocó el principio de la comunidad de la prueba, ante lo cual ya se pronunció esta Alzada.

   Promovió original de planilla de liquidación de prestaciones sociales, sobre lo cual ya se pronunció esta Alzada.

   Consignó original de acta de fecha 17 de mayo de 1999, suscrita entre el actor y la demandada, donde las partes manifiestan dar fin a la relación laboral de mutuo acuerdo con efectividad al 15 de julio de 1999, razón por la cual la empresa le cancelaría al actor una bonificación especial de 55 millones de bolívares, observando el Tribunal que no es un hecho controvertido el que la relación de trabajo terminó por mutuo acuerdo de las partes y que el actor recibió el pago de 55 millones de bolívares, sin embargo, por ser la nulidad de dicho acuerdo lo que se persigue en esta causa, este Tribunal aprecia dicha documental como demostrativa de la existencia de la misma.

   Copia de jurisprudencia, lo cual no es un medio de prueba.

   Ahora bien, analizadas las probanzas que constan en actas, en virtud de los principios de unidad y de carga de la prueba, esta Alzada observa lo siguiente:

   No es objeto de controversia en esta causa que el demandante fue trabajador de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, para la cual laboró durante 22 años, 7 meses y 15 días, desde el 01 de enero de 1976 hasta el 15 de julio de 1999, sin que la relación de trabajo terminara por despido conforme lo previsto en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo, recibiendo al término de su relación laboral el pago de sus prestaciones sociales así como adicionalmente recibió un pago de 55 millones de bolívares como contrapartida por renunciar al beneficio de jubilación establecido en el Plan de Jubilación previsto por la Convención Colectiva de dicha empresa vigente para el período 1999-2001, la cual surte sus efectos y rige las relaciones entre la empresa y los trabajadores al servicio de la empresa, excepto los trabajadores de dirección o de confianza.

   Dicha Convención Colectiva establece lo siguiente:

   La cláusula 69 establece lo referido al PAGO DE BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES POR TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO:

1. - A la terminación de su contrato de trabajo, el trabajador recibirá de la Empresa, previa las deducciones a que haya lugar, los siguientes beneficios e indemnizaciones:

   A.- Indemnización de antigüedad conforme a las previsiones de la Cláusula “Antigüedad” y la Ley Orgánica del Trabajo.

   B.- Vacaciones y su correspondiente bono, de conformidad con la cláusula ‘Vacaciones’.

   C.- Utilidades, conforme a lo señalado en la cláusula “Utilidades”.

   D.- Cualquier otra acreencia a favor del trabajador, exigible para la fecha de terminación del contrato de trabajo. (…).

   En los capítulos I y II del Anexo “C” del referido Contrato Colectivo denominado “Plan de Jubilaciones”, se establece el objeto del plan de jubilaciones y los tipos de jubilación y sus requisitos, el carácter opcional del plan y las reglas relativas a la fijación de la pensión.

   Al respecto, encuentra el Tribunal que el demandante puede ser incluido en lo previsto en el numeral tercero del artículo 4, denominado JUBILACIÓN ESPECIAL, que es aquella a la que podrá optar el trabajador que tenga acreditados catorce (14) o más años de servicios en la empresa, y se haya resuelto su despido por alguna causa no prevista en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo y en este caso será potestativo del trabajador recibir la totalidad de sus prestaciones legales y contractuales contempladas en la cláusula 62 “Pago de Beneficios e Indemnizaciones por Terminación del Contrato de Trabajo”, más cualquier indemnización adicional que pueda corresponderle si fuere el caso, o acogerse al beneficio de jubilación en los términos establecidos, según el anexo y de optar el trabajador por esta última alternativa (jubilación), sólo recibirá el pago de los beneficios e indemnizaciones normales por terminación del contrato de trabajo a los cuales se refiere la cláusula 62 “Pago de Beneficios e Indemnizaciones por Terminación del Contrato de Trabajo”.

   Así mismo el artículo quinto del anexo establece el CARÁCTER OPCIONAL DEL PLAN DE JUBILACIONES, conforme al cual el plan de jubilaciones es opcional en el sentido de que el trabajador no está obligado a acogerse a sus previsiones, aun cuando reúna todas las condiciones exigidas para optar a alguno de los tipos de jubilación.

   De su parte el artículo décimo del capítulo II del anexo “C”, establece lo relativo a la FIJACIÓN DE LA PENSIÓN:

1. -“Los trabajadores a quienes conforme a las disposiciones de este documento se les hubiere concedido la jubilación, tendrán derecho a una pensión mensual de por vida, que se fijará a razón de cuatro y medio por ciento (4,5%) del salario mensual por cada año de servicio hasta veinte (20) años, y a razón de uno por ciento (1%) del mismo salario mensual por cada año de servicio en exceso de los veinte (20) años indicados anteriormente. El resultado será el monto de la pensión mensual de jubilación la que, sin embargo, no podrá exceder del cien por cien (100%) del salario mensual que sirvió de base para el cálculo de la pensión”.

2. - “El salario que conforme al numeral anterior servirá de base para fijar el monto mensual de la pensión de jubilación, será el percibido por el trabajador en el mes inmediato anterior a la terminación de los servicios y comienzo del disfrute de la jubilación... (omissis) …”

   Ahora bien del análisis anterior esta Alzada observa que la jubilación especial establecida en la Convención Colectiva, es aquella a la que podrán optar aquellos trabajadores que tengan acreditados 14 o más años de servicios en la empresa y se haya resuelto su despido por alguna causa no prevista en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo (despido injustificado) y en este caso es facultativo del trabajador recibir sus prestaciones legales y contractuales más una bonificación especial, o acogerse al beneficio de jubilación en los términos previstos, es decir, recibiendo el pago de los beneficios e indemnizaciones normales a que tiene derecho por ruptura del vínculo y aunado a ello una pensión de jubilación vitalicia y el derecho a continuar disfrutando de Servicios Médicos y los Planes de Becas, Fianza de Arrendamiento, Vivienda, Caja de Ahorro, más una contribución por gastos de entierro y un bono especial único en caso de su fallecimiento.

   En consecuencia, nos encontramos en presencia de un beneficio de fuente convencional de carácter opcional, lo que conlleva a establecer, que aún en el supuesto de cumplir todos los requisitos para ser beneficiario del mismo, puede el trabajador optar o no a él, dejando en claro que la elección que haga el trabajador es valedera, siempre y cuando no se aleguen y demuestren contra ella vicios en el consentimiento o por la incapacidad legal de las partes o de una de ellas, ex artículos 1143 al 1154 del Código Civil.

   Ahora bien, alega el actor en el caso en cuestión, que se acogió al pago de sus prestaciones sociales más una bonificación especial, por cuanto fue presionado por la patronal para que renunciara, pues de lo contrario sería despedido y no se le notificó por escrito que tenía el derecho a acogerse al beneficio especial de jubilación, esto es, se le presionó para que no optara a la jubilación especial y a los beneficios que ésta conlleva.

   E.M.L. en su libro “Curso de Obligaciones”, define el error de la siguiente forma:

   Es cuando la voluntad negocial que aparece de la declaración no traduce la verdadera voluntad negocial del declarante. Hay dos clases de error, el error-vicio del consentimiento y el error-obstáculo. El error vicio del consentimiento es el que actúa sobre la voluntad interna del sujeto declarante y se constituye en una declaración diversa de la que hubiera querido, debido a la intromisión de un motivo perturbador; este error no impide el consentimiento, sino que lo deforma, por lo que el contrato se encuentra afectado de nulidad relativa. Los casos del error-vicio son: a) el error de derecho (recae sobre la existencia, circunstancias, efectos y consecuencia de una norma jurídica) y para que sea causa de nulidad del contrato debe ser determinante y principal; y b) el error de hecho (recae sobre una circunstancia fáctica o de hecho), dentro del cual se encuentran el error en la sustancia (recae sobre la materia, cualidades o composición de una cosa – artículo 1.148 C.C.) y el error en la persona (recae sobre la identidad o cualidades de la persona con quien se ha contratado), último caso éste en el cual para que produzca la nulidad del contrato debe ser su causa única o principal. El error-declaración, que opera en el momento de emitir una declaración y que también se denomina error-obstáculo, es aquella falsa apreciación de la realidad que es de tal naturaleza y gravedad que impide la formación del consentimiento, por lo que su presencia acarrea la nulidad absoluta del contrato, al impedir u obstaculizar su formación; consistente en expresar una voluntad distinta a la que el sujeto tiene en su fuero interno. Los casos de error-obstáculo son los siguientes: a) error sobre la naturaleza del contrato, que conlleva una divergencia absoluta en cuanto al significado, alcance, estructura y contenido del acto jurídico que se realiza; b) error sobre la identidad del objeto del contrato, que conlleva una falsa apreciación de la realidad sobre el objeto mismo del contrato; y c) error en la causa, que es el que recae sobre los fines perseguidos por las partes al contratar o las razones jurídicas que las impulsan a la celebración del contrato. En la legislación venezolana el error que da lugar a la nulidad del contrato es el excusable, entendiendo por tal, cualesquiera de las categorías señaladas siempre y cuando pueda concluirse que, dadas las circunstancias de cada caso, cualquier persona razonablemente pueda incurrir en el mismo

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   Ahora bien, en el caso de autos, quedó establecido que las partes suscribieron un acuerdo el 17 de mayo de 1999 mediante el cual dieron por terminada la relación de trabajo con efectividad al 15 de julio del mismo año, lo cual está previsto en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Trabajo, demostrando el actor mediante testigos que incurrió en un error material que vició su voluntad, puesto que se le presionó para llegar al acuerdo y no se le informó que podía acogerse al plan de jubilación, observando el tribunal que la demandada no logró desvirtuar tal alegato, por lo cual, al no haber podido optar entre escoger ente el beneficio de jubilación especial o el pago de una bonificación especial, conforme lo prevé el numeral 3 del artículo 4 del anexo “C” de la Convención Colectiva, no pudo determinar lo que más le convenía o beneficiaba, apoyado en el artículo 1146 del Código Civil, que textualmente señala que “aquel cuyo consentimiento haya sido dado a consecuencia de un error excusable, o arrancado por violencia o sorprendido por dolo, puede pedir la nulidad del contrato”, está en la potestad de pedir que se anule el acta que firmó aceptando la bonificación especial, y puede entonces reclamar la pensión de jubilación, puesto que de la referida acta no se evidencia una renuncia voluntaria al beneficio de jubilación, incurriendo el demandante en un error excusable ex artículos 1146 y 1148 del Código Civil, pues tuvo una falsa representación y un falso conocimiento de la realidad, de lo cual resulta la nulidad parcial del acta o convenio suscrito con la empleadora respecto a la escogencia de la bonificación especial otorgada por la cantidad de 55 millones de bolívares. Así se establece.

   Ahora bien, esclarecido el punto sobre si al actor le correspondía o no el beneficio de jubilación y de que su voluntad estuvo viciada por un error material excusable, esta Alzada, conforme lo expresó anteriormente, debe analizar si para el demandante prescribió el derecho a solicitar el otorgamiento del beneficio solicitado:

   Observa esta Alzada que la relación laboral terminó en fecha 15 de julio de 1999 y que la demanda fue interpuesta en fecha 17 de abril de 2001, habiendo transcurrido un lapso de 1 año, 9 meses y 2 días, y la citación cartelaria se produjo el 25 de junio de 2001.

   El artículo 1980 del Código Civil establece:

   Se prescribe por tres años la obligación de pagar los atrasos del precio de los arrendamientos, de los intereses de las cantidades que los devenguen, y en general, de todo cuanto deba pagarse por años o por plazos periódicos más cortos

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   Este lapso de tres años como término para considerar prescrito el derecho a solicitar el beneficio de jubilación, fue el adoptado por la Sala de Casación Social para los casos en que se alegue que la voluntad del trabajador estuvo viciada, tal como consta de la sentencia de fecha 14 de febrero de 2002 a la cual se hizo referencia anteriormente:

   “Aún cuando los derechos del trabajador sean derechos adquiridos, irrenunciables, intangibles y de orden público, la prescripción de las acciones derivadas del contrato de trabajo es de un (1) año, inclusive para el reclamo de la jubilación, pues ésta es derivada de una relación de trabajo.

   La acción para reclamar la jubilación es de un (1) año, por tratarse de un beneficio derivado de la relación de trabajo, a menos que se demuestre que el consentimiento del trabajador estuvo viciado al escoger el beneficio más conveniente, caso en el cual se aplicará la prescripción de tres (3) años prevista en el Código Civil.

   De lo anterior se evidencia que en el caso de autos no se consumó el lapso de prescripción alegado por la demandada. Así se establece.

   Ahora bien, resuelto el punto de la prescripción, este Tribunal Superior determina que el actor es beneficiario de la jubilación solicitada puesto que para el momento en que finalizó la relación de trabajo tenía acreditados los requisitos para optar a la jubilación especial prevista en el numeral 3 del artículo 4 del anexo “C” de la Convención Colectiva 1999-2001 vigente en la empresa para aquel momento, ello con retroactividad al 15 de julio de 1999. Así se establece.

   Debe entonces este Tribunal a proceder en consecuencia a determinar como se efectuará el pago de la referida jubilación y cual será su quantum, de acuerdo con la normativa convencional aplicable:

   El artículo 10 del Anexo “C” de la Convención, antes referido, establece que la pensión se fijará a razón de cuatro y medio por ciento (4,5%) del salario mensual por cada año de servicio hasta veinte (20) años, y a razón de uno por ciento (1%) del mismo salario mensual por cada año de servicio en exceso de los veinte (20) años indicados anteriormente. El resultado será el monto de la pensión mensual de jubilación la que, sin embargo, no podrá exceder del cien por cien (100%) del salario mensual que sirvió de base para el cálculo de la pensión y que el salario que conforme al numeral anterior servirá de base para fijar el monto mensual de la pensión de jubilación, será el percibido por el trabajador en el mes inmediato anterior a la terminación de los servicios y comienzo del disfrute de la jubilación.

   En este caso el último salario del actor fue de 499 mil 100 bolívares, y el trabajador prestó sus servicios de forma ininterrumpida por 23 años, 6 meses y 14 días (lo que equivale a 24 años conforme al Anexo “C”, Capítulo I, Artículo 2, lteral “F”, el cual establece como tiempo de servicio acreditable los años de servicios debidamente reconocidos por la empresa de conformidad a las previsiones de ese plan y que la fracción mayor de seis meses se computará como un año de servicio); lo que quiere decir que la pensión de jubilación corresponderá al 94% del salario mensual, lo que nos da como resultado una pensión de 469 mil 154 bolívares, la cual deberá ser pagada por la demandada Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) al demandante Eudo J.F.V. en forma vitalicia y retroactivamente desde el 15 de julio de 1999.

   Observa este Tribunal que conforme lo estableció la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 25 de enero de 2005 (Magistrado Ponente Dr. I.R.U.), los aumentos salariales que recibieron o reciban los trabajadores activos de la empresa deberán ser acumulados proporcionalmente para los aumentos de la pensión de jubilación, para asegurarle un ingreso periódico que cubra sus necesidades de subsistencia y calidad de vida, asegurando al demandante una vejez digna, por lo que la pensión fijada de 469 mil 154 bolívares, deberá ser pagada por la demandada al actor, con los aumentos salariales que desde el 15 de julio de 1999 recibieron y los que reciban en el futuro las trabajadores de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, la cual en caso de ser inferior al salario mínimo nacional, deberá ajustarse a éste último. Así se establece.

   La determinación de los referidos aumentos se habrá de realizar mediante una experticia complementaria al presente fallo, con la designación de un experto contable que acordarán las partes de mutuo acuerdo o en su defecto será designado por el Tribunal de Ejecución.

   Igualmente queda expresamente establecido, que la demandada deberá proporcionar al demandante hoy trabajador jubilado, todos los beneficios previstos en los artículo 14 y 15 del anexo “C” de la Convención Colectiva de Trabajo, esto es, servicios médicos, becas, fianza de arrendamiento, vivienda, permanencia en al caja de ahorros, bonificación especial de fin de año y los beneficios establecidos en caso de óbito del jubilado, así como cualquier otro beneficio que establezcan las convenciones colectivas de trabajo posteriores al vigente para el período 1999-2001. Así se establece.

   Ahora bien, en relación a la cantidad de 55 millones de bolívares recibida por el actor en el acta cuya nulidad parcial se estableció, recibida por el actor como bonificación especial, esta Alzada observa que dicha cantidad debe ser devuelta a la empresa demandada por el trabajador ahora jubilado.

   Ahora bien, conforme a las disposiciones del artículo 1331 del Código Civil, cuando dos personas son recíprocamente deudoras, se verifica entre ellas una compensación que extingue las dos deudas, compensación que opera de derecho conforme al artículo 1332 eiusdem y se rige conforme a las condiciones que establecen los artículos 1332 y 1333 ibidem.

   En el caso en concreto, se determina que existe un crédito a favor del demandante Eudo Freites, proveniente de la fijación de una pensión de jubilación a su favor por la cantidad de 469 mil 154 bolívares, a cargo de la demandada en forma vitalicia y retroactiva a partir del 15 de julio de 1999 con los aumentos salariales que recibieron y reciban los trabajadores activos de la empresa, cuyo monto se determinará mediante experticia complementaria del fallo, como ya se indicó.

   Igualmente existe un crédito a favor de la empresa demandada a cargo del demandante por la cantidad de 55 millones de bolívares que corresponde a la bonificación recibida por el actor Eudo Freites en la oportunidad de suscribir el convenio anulado parcialmente, la cual debe devolver, pues lo contrario significaría un enriquecimiento sin causa por parte del trabajador en detrimento de la empresa demandada.

   En decisiones de fecha 19 de junio de 2000 (CESAR A.G. vs C.A.N.T.V., Exp. Nº 99-104; E.E.Y.T. vs C.A.N.T.V., Exp. Nº 99-560, C.R. BORJAS BALDA vs C.A.N.T.V., Exp. Nº 00-029 y P.M.R.M. vs C.A.N.T.V., Exp. Nº 00-119; y otras), la Sala de Casación Social se ha pronunciado respecto del asunto planteado en términos que se señalan a continuación,

   “En el supuesto de declararse la nulidad de los efectos del Acta, en lo que respecta al acto de escoger entre una u otra opción en las que se presenta la jubilación especial, el demandante a quien le ha sido reconocido su derecho a la jubilación especial, cuando optó por recibir una cantidad de dinero adicional a lo que legal y convencionalmente le correspondía, y en vía judicial ha pretendido se le reconozca a ser considerado jubilado (acreedor de pagos periódicos y otros beneficios), le corresponde el pago de éstas cantidades de dinero que mensualmente debió recibir a título de pensión de jubilación, y siendo que tal concepto califica como una deuda de valor, cuyo principal objeto es satisfacer requerimientos alimentarios y/o de subsistencia en sustitución al salario, tales cantidades deberán ser pagadas con corrección monetario; pero también debe decirse, en aras de la justicia y equidad, fuente del derecho del trabajo, que el demandante percibió en aquella oportunidad una cantidad de dinero que en derecho no le correspondía, habida cuenta de la nulidad de los efectos de la referida escogencia, por lo que a fin que no tenga lugar un enriquecimiento, deberá devolver tal cantidad de dinero, igualmente a valor actualizado o con corrección monetaria por inflación, de allí que en caso de declararse procedente la pretensión del actor, en la condenatoria, se deberá ordenar se determine en primer lugar la corrección monetaria de cada una de las pensiones de jubilación que ha debido recibir, con los ajustes a que hubiera lugar, computadas mes a mes, desde la fecha de ruptura del vínculo de trabajo, ya que cada una está en mora desde un momento distinto al del resto, hasta la fecha de declaratoria de ejecución del fallo e igualmente que se determine la cantidad de dinero recibida por el trabajador en exceso a lo que legal y contractualmente le correspondía en virtud de la ruptura del vínculo, para que debidamente indexada, igualmente hasta la fecha de declaratoria de ejecución del fallo, el Juez ejecutor proceda a realizar la compensación de las mismas, y el saldo deudor, si lo hubiere, en caso que deba ser pagado por el trabajador, se deducirá de las pensiones de jubilación futuras, y caso contrario, en que el deudor resulte el patrono, debe pagarse en efectivo y de inmediato. Además de lo anterior, a partir de la declaratoria de ejecución del fallo, deberá regularizarse el pago de lo que corresponda por pensión de jubilación en forma mensual y vitalicia, más el disfrute del resto de los beneficios complementarios o inherentes a la jubilación especial. El monto de la pensión de jubilación deberá determinarlo el Juez, con vista al último salario devengado por el trabajador demostrado en autos, y su antigüedad, tal y como lo señala la cláusula pertinente del Anexo “C”, debiendo solicitar a la demandada suministre la información que le permita determinar los incrementos que a dicha pensión de jubilación le hubieran correspondido en caso que el demandante hubiese tenido la condición de jubilado, para que a cada una de estas pensiones de jubilación incrementadas en las oportunidades correspondientes, le sea aplicada la corrección monetaria desde la fecha en que se causaron, corrección monetaria que deberá determinarse con base a los Índices de Precios al Consumidor (IPC) que mensualmente publica el Banco Central de Venezuela, que en consecuencia deberá ser solicitado a dicho organismo”.

   En consecuencia, se ordena experticia complementaria del fallo, debiendo el experto que será nombrado por el Tribunal si las partes no llegan a un acuerdo, seguir los parámetros establecidos por la Sala de Casación Social para efectuar la compensación, que ahora se adecuan a la instancia Superior en cuestión:

1. - Se deberá determinar en primer lugar la corrección monetaria de cada una de las pensiones de jubilación que ha debido recibir el actor con los ajustes a que hubiera lugar, computadas mes a mes, desde la fecha de ruptura del vínculo de trabajo, ya que cada una está en mora desde un momento distinto al del resto, hasta la declaratoria de ejecución del fallo.

2. - Se deberá indexar la cantidad de 55 millones de bolívares recibida por el actor, igualmente desde la ruptura del vínculo laboral hasta la declaratoria de ejecución del fallo, realizando la compensación entre esta cantidad y la adeudada al actor; y el saldo deudor, si lo hubiere, en caso que deba ser pagado por el trabajador, se deducirá de las pensiones de jubilación futuras, amortizada en forma mensual en una cantidad que no excederá del 30 por ciento de la pensión de jubilación mensual que corresponda al demandante y caso contrario, en que el deudor resulte el patrono, debe pagarse en efectivo y de inmediato.

3. - Además de lo anterior, a partir de la declaratoria de ejecución del fallo deberá regularizarse el pago de lo que corresponda por pensión de jubilación en forma mensual y vitalicia, más el disfrute del resto de los beneficios complementarios o inherentes a la jubilación especial, referidos a Servicios Médicos y Planes de Becas, Fianza de Arrendamiento, Vivienda, Caja de Ahorro, una contribución por gastos de entierro y un bono especial único en caso del fallecimiento del actor.

4. - La corrección monetaria que deberá determinarse lo será con base a los índices de Precios al Consumidor (IPC) que mensualmente publica el Banco Central de Venezuela, que en consecuencia deberá ser solicitado por el Juzgado Ejecutor.

   En atención a los argumentos antes señalados procede la declaratoria desestimativa del recurso de apelación ejercido por la parte demandada, y en el dispositivo del fallo se declarará parcialmente con lugar la demanda. Así se decide.

   DISPOSITIVO

   Por lo expuesto, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, este Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en el ejercicio de sus facultades legales, administrando justicia por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la representación judicial de la empresa COMPAÑÍA ANÓMINA TELÉFONOS DE VENEZUELA (CANTV), contra la sentencia de fecha 16 de junio de 2005, dictada por el Juzgado Segundo de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA incoada por el ciudadano EUDO J.F.V. en contra de la COMPAÑÍA ANÓMINA TELÉFONOS DE VENEZUELA (CANTV), por lo que se condena a la demandada a cancelar al actor las cantidades que resulten de las experticias complementarias al fallo y compensación ordenadas en la parte motiva de la presente decisión. SE CONFIRMA el fallo apelado. NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS en virtud de la procedencia parcial de la demanda.

   PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE.

   Dada en Maracaibo a diez de marzo de dos mil seis. Año 195° de la Independencia y 147° de la Federación.

   El Juez,

   Miguel A. Uribe Henríquez

   El Secretario,

   F.P.P.

   Publicada en su fecha a las 15:25 horas.

   El Secretario,

   F.P.P..