Decisión de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 26 de Marzo de 2010

Mediante escrito de fecha 09 de octubre de 2007, la ciudadana R.R.D.S., supra identificada, actuando en su carácter de apoderada judicial de la accionante, solicitó a este Juzgado que se le otorgue fuerza ejecutoria en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela a la sentencia de divorcio dictada en fecha 25 de mayo de 2003, por el Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga, República de Colombia, y se tenga por disuelto el matrimonio celebrado entre los ciudadanos M.E.S.D.R. Y J.R.R., extendido con el Acta No. 62 del Libro de Registro Civil de la Primera Autoridad Civil de la Parroquia San Juan, Municipio Libertador del Distrito Capital de la República Bolivariana de Venezuela (F. 09).

Mediante escrito de fecha 18 de Octubre del 2007, la abogada R.R.D.S., en su carácter de apoderada judicial de la parte accionante, mediante diligencia consignó: instrumento poder que la acredita como apoderada judicial de la solicitante(F.04 al 07); fotocopia de la cédula de identidad de la ciudadana M.E.S. de Rodríguez(F.08), copia certificada del acta de matrimonio(F.09); copia certificada de la Sentencia de Divorcio de los ciudadanos J.R.R. y M.E.S.S., dictada en fecha 25 de mayo del 2003, por el Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga (República De Colombia); (F.10 Al 14).

Mediante auto de fecha 24 de octubre de 2007 se admitió la solicitud, ordenando oficiar a la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX), a los fines de que informara sobre el movimiento migratorio de J.R.R., y se ordenó la notificación del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial.

Costa oficio Nº 00000633 emanado de al ONIDEX el 24 de Marzo de 2008, informando que el ciudadano J.R.R. “No registra Movimiento Migratorio”. (F. 25);e igualmente consta el folio 27 oficio Nº RII E-1-0501-129 de fecha 13 de febrero de 2008, el cual, el mencionado organismo informa que la cédula de identidad no corresponde a la parte demandada.

Según auto de este tribunal de fecha 11 de Agosto de 2008, se ordenó la notificación del ciudadano J.R.R., por medio de carteles, de conformidad con lo establecido en el artículo 224 de código de Procedimiento Civil, previa solicitud de la accionante.

A los folios 38 hasta 52 ambos inclusive constan las publicaciones del cartel de citación del ciudadano J.R.R., consignadas por la parte solicitante.

El día 12 de Enero del 2009, compareció la Abogada R.R.d.S., y solicitó la designación de defensor Ad-Litem, de conformidad con el artículo 224 del Código de Procedimiento Civil.

Mediante el auto de este Tribunal de fecha 26 de enero de 2009, se designó como Defensor Ad-Litem del ciudadano J.R.R., al ciudadano L.V., abogado en ejercicio, a quien se acordó notificar a los fines de que aceptará o presentará su excusa, y en el primero de los casos prestara el correspondiente juramento de ley, quien fue notificado en fecha 25 de marzo de 2009 y aceptó el cargo y prestó juramento de fecha 27 de marzo de 2009.

En 13 de mayo de 2009 este tribunal ordenó librar compulsa de citación al ciudadano J.R.R., en la persona de su defensor Ad-Litem designado.

Practicada la citación del abogado L.V., defensor Ad- Litem del ciudadano J.R.R., este procedió a dar contestación, según consta a los folios 67 hasta 69, en la siguiente forma:

…que el fallo cuya ejecutoria aquí se solicita, cumple con todos los requisitos de procedimiento, toda vez que

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1- La sentencia extranjera se dictó en una materia de naturaleza civil, como es el juicio de divorcio, en cuyo resolución del vínculo conyugal.

2- El referido fallo tiene fuerza de cosa juzgada de acuerdo a la ley del Estado en el cual ha sida pronunciada, tal como se evidencia de la copia certificada anexa.

3- Dicha sentencia no versa sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República a que se haya arrebatado a Venezuela.

4- El Tribunal del Estado sentenciador tiene jurisdicción para conocer de la causa de acuerdo con los principios generales de jurisdicción.

5- Al demandado se le garantizó el Debido Proceso y consecuencialmente el Derecho a la Defensa.

6- El referido fallo no es incompatible con sentencia anterior que tenga autoridad de cosa juzgada: y no se encuentra pendiente, ante los Tribunales venezolanos, un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes.

DE LA SOLICITUD DE EXEQUATUR

La solicitante expuso en su escrito presentado al efecto, que pretendía que este Juzgado le otorgue fuerza ejecutoria en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela a la sentencia de divorcio dictada en fecha 25 de mayo de 2003, por el Juzgado Sexto De Familia, De Bucaramanga, República De Colombia, y se tenga por disuelto el matrimonio entre los ciudadanos M.E.S.S. y J.R.R., extendido con el Acta No. 62 del Libro de Registro Civil de la Parroquia San Juan, Municipio Libertador, Distrito Capital de la República Bolivariana de Venezuela.

DE LA OPINION FISCAL

La Fiscal Nonagésimo Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, manifestó textualmente lo siguiente:

Revisadas como han sido las actas procesales, que conforman el presente asunto, esta Representación Fiscal no tiene objeción que hacer a la presente solicitud

Al respecto, este Tribunal observa que el exequátur es el procedimiento por medio del cual se pretende obtener el reconocimiento de un acto o sentencia dictada por un tribunal extranjero en el territorio cuya ejecución se pretenda hacer valer, es decir, es el medio judicial que hace posible que fallos dictados en un Estado extranjero tengan fuerza ejecutoria en otro. Es importante determinar inicialmente sí la sentencia extranjera sobre la cual se pretende solicitar el exequátur, es de naturaleza contenciosa o no contenciosa, dependiendo de esto, se podrá decidir las formalidades a las cuales estará sujeta.

El artículo 856 del Código de Procedimiento Civil, aplicable solo a los casos en que el exequátur se pretenda emitir respecto a sentencias extranjeras pronunciadas en procedimientos no contenciosos, establece:

El pase de los actos o sentencias de las autoridades extranjeras en materia de emancipación, adopción y otros de naturaleza no contenciosa, lo decretará el Tribunal Superior del lugar donde se hayan de hacer valer, previo examen de si reúnen las condiciones exigidas en los artículos precedentes, en cuanto sean aplicables

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De lo trascrito anteriormente, se determina que el pase de tales actos o sentencias se efectuará previo examen de si reúne las condiciones exigidas en los artículos precedentes en los que se regula lo referente a las solicitudes de exequátur de los actos o sentencias que se producen en asuntos contencioso, con la excepción relativa a que las condiciones contenidas en tales normas le fueran aplicables al exequátur de los asuntos no contenciosos. Dentro de las condiciones que debe examinarse a los fines de que pueda declararse procedente o no el exequátur, se encuentran los contemplados en los artículos 851 del Código de Procedimiento Civil, actualmente derogado por la Ley de Derecho Internacional Privado conforme a su articulo 63, por lo que en su lugar deben examinarse las condiciones determinadas en el artículo 53 ejusdem; así como las condiciones contenidas en el artículo 852 del Código de Procedimiento Civil, relativas a los requisitos de la solicitud de exequátur; no siendo aplicable para las solicitudes de exequátur de asuntos no contenciosos como el de autos, lo relativo a la citación, nombramiento de defensor, contestación, ya que de lo contrario se estaría llevando a la jurisdicción contenciosa un asunto que fue resuelto de forma no contenciosa y además porque la ejecutoria de estas sentencias derivadas de procedimientos no contenciosos, no obran contra una u otra parte. Por lo que la citación del otro cónyuge en el presente caso resulta improcedente; en consecuencia, no es procedente la citación del ciudadano J.R.R..

DE LOS DOCUMENTOS ACOMPAÑADOS A LA SOLICITUD

La parte actora acompañó al escrito de solicitud de exequátur, los siguientes documentos:

1- Instrumento poder que la acredita como apoderada judicial de la solicitante (F.04 al 07).

2- Fotocopia de la cédula de identidad de la ciudadana M.E.S.d.R. (F.08),

3- Copia certificada del acta de matrimonio (F.09).

4- Copia certificada de la Sentencia de Divorcio de los ciudadanos J.R.R. y M.E.S.S., dictada en fecha 25 de mayo del 2003, por el Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga (República De Colombia); (F.10 Al 14).

DE LA COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL

Antes de pronunciarse sobre la solicitud de exequátur a que se contrae el presente procedimiento, es necesario determinar la competencia de este Tribunal para el conocimiento del mismo.

En materia de sentencias o actos extranjeros, el primer aspecto a considerar, previo análisis sobre la procedencia de la solicitud de exequátur, es el de conocer si el pronunciamiento que dio origen a la sentencia es de naturaleza contenciosa o no, para así poder determinar cual es el órgano competente para conocer del mismo.

Ahora bien, en virtud de que el órgano jurisdiccional para declarar el exequátur de sentencias o actos extranjeros, se determina tomando en consideración si la materia de la sentencia o acto extranjero es contenciosa o no de conformidad con el artículo 850 del Código de Procedimiento Civil; asignándosele la competencia a los Juzgados Superiores con competencia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Familia, cuando se trata de materia no contenciosa; éste Tribunal en virtud de que el caso bajo análisis se trata de un procedimiento no contencioso; resulta competente para el conocimiento de la presente solicitud; y así se establece.

DE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD

Declarada la competencia de este Despacho para conocer del asunto in comento, procede quien juzga a decidir sobre la cuestión de fondo planteada, y en cuanto a la procedencia de la solicitud de exequátur efectuada por la parte actora, dicho análisis debe hacerse dentro del m.d.D.P.C.I.; lo que impone al órgano jurisdiccional competente observar necesariamente las fuentes en materia de Derecho Internacional Privado.

Así se tiene, respecto a la referida jerarquía, que el orden de prelación de las aludidas fuentes, está expresamente establecido en el artículo 1° de la Ley de Derecho Internacional Privado, el cual establece:

(…) Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán, por las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado Venezolano; a falta de ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, se regirán por los principios de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados (…)

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Conforme la citada norma, en primer lugar deben aplicarse las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular las establecidas en los tratados internacionales vigentes en la República Bolivariana de Venezuela; en segundo lugar, las normas de derecho internacional privado; en tercer lugar, se aplica la analogía, y en defecto de lo anterior, deben ser aplicados los principios generales del derecho generalmente aceptados.

En el caso bajo análisis la abogada R.R.d.S., supra identificada, actuando en nombre de la ciudadana M.E.S.D.R., solicitó a este Juzgado que se le otorgue fuerza ejecutoria en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela a la sentencia de divorcio dictada en fecha 25 de mayo de 2003, por el Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga, República de Colombia y se tenga por disuelto el matrimonio entre los ciudadanos M.E.S.D.R. y J.R.R., celebrado el día 19 de diciembre de 1975, extendido con el Acta No. 62 del Libro de Registro Civil de la Parroquia San Juan, Municipio Libertador, Distrito Capital de la República Bolivariana de Venezuela.

Dicha sentencia declaró “disuelto por Divorcio(Cesación de los efectos civiles) del matrimonio católico”, que contrajeron los ciudadanos M.E.S.d.R. y J.R.R., tal como se desprende de los documentos consignados por el abogado solicitante y que cursan en los folios 3 al 14 del presente expediente.

Ahora bien, revisadas las actas que conforman el presente expediente, especialmente el contenido de la sentencia de divorcio cuyo exequátur se solicita, se evidencia que los ciudadanos M.E.S.D.R. y J.R.R., comparecieron ante el Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga, República de Colombia, a los fines de realizar la petición de divorcio, que por “Mutuo Acuerdo” fuere resuelto.

En tal sentido se observa que en la sentencia que se analiza, se decretó la disolución definitiva y absoluta del matrimonio de los referidos cónyuges con todos los efectos legales.

Dicho lo anterior, observa esta sentenciadora, que el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, norma específica aplicable a este caso, contiene los requisitos que deben concurrir para que las sentencias extranjeras tengan efecto en Venezuela y los mismos son del tenor siguiente:

1. - Que hayan sido dictadas en materia civil, mercantil o, en general, en materia de relaciones jurídicas privadas: La sentencia analizada versa sobre materia civil, como lo es la disolución del vínculo matrimonial de los ciudadanos M.E.S.D.R. y J.R.R.; en consecuencia dicha sentencia cumple con el presente requisito.

2. - Que tenga fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la ley del Estado en el cual han sido pronunciadas: El Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga, República de Colombia, dictó sentencia en fecha 25 de mayo de 2003, todo lo cual se evidencia del fallo que se decretó la disolución definitiva y absoluta del matrimonio existente entre los prenombrados ciudadanos.

3. - Que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República o que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le correspondiere para conocer del negocio: Al respecto se observa que la mencionada sentencia no versa sobre derechos reales, sino sobre derechos personales, aunado a que no se arrebató la jurisdicción venezolana, por cuanto para la fecha en que se solicitó la disolución del matrimonio, los cónyuges solicitantes estaban domiciliados en la República de Colombia vecinos de Bucaramanga, a cuyos Tribunales le correspondía el conocimiento de la solicitud; en consecuencia la sentencia cumple con el presente requisito.

4. - Que los Tribunales del Estado sentenciador tengan jurisdicción para conocer de la causa de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en el capitulo IX de esta Ley: La sentencia fue pronunciada por un Tribunal con jurisdicción para conocer de la causa, de conformidad con lo previsto en la Ley de Derecho Internacional Privado, en virtud de que para la fecha de la solicitud los ciudadanos M.E.S.D.R. y J.R.R.e. domiciliados en la República de Colombia vecinos de Bucaramanga, tal como se desprende de la sentencia la cual se solicita el exequátur, en virtud de ello, el Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga, República de Colombia, tenía jurisdicción para conocer de la causa.

5. - Que el demandado haya sido debidamente citado, con tiempo suficiente para comparecer, y que se le hayan otorgado en general, las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa: Ambos cónyuges estuvieron en conocimiento del proceso y de todas las garantías procesales para una razonable defensa y que éste no fue contencioso.

6. - Que no sean incompatibles con sentencias anteriores que tenga autoridad de cosa juzgada; y que no se encuentre pendiente, ante los Tribunales venezolanos, un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciando antes que se hubiere dictado la sentencia extranjera: Al respecto, por cuanto no consta en autos que la sentencia en cuestión sea incompatible con alguna decisión anterior que tenga autoridad de cosa juzgada, dictada por tribunal venezolano; tampoco hay evidencia de que exista juicio pendiente ante los tribunales venezolanos que verse sobre el mismo objeto y la misma identidad de las partes, iniciado antes de que se hubiere dictado la sentencia extranjera; se tiene por cumplido el referido requisito.

Así entonces, efectuado el estudio y análisis de los recaudos acompañados a la solicitud, considera este Tribunal cumplidos los requisitos consagrados en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, para declarar la ejecutoriedad de la sentencia de divorcio dictada en fecha 25 de mayo de 2003, por el Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga, República de Colombia, y se tenga por disuelto el matrimonio entre los ciudadanos M.E.S.D.R. y J.R.R., para que surta todos los efectos legales en Venezuela, tal como se declarará en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.

DISPOSITIVA

En razón de todos los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, CONCEDE FUERZA EJECUTORIA en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela a la sentencia de divorcio dictada en fecha 25 de mayo de 2003, por el Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga, República de Colombia, Caso No. 2003-0316 y se tenga por disuelto el matrimonio entre los ciudadanos M.E.S.D.R. Y J.R.R., celebrado el día 19 de diciembre de 1975, extendido con el Acta No. 62 del Libro de Registro Civil de la Parroquia San Juan, Municipio Libertador, Distrito Capital de la República Bolivariana de Venezuela

Regístrese, publíquese y notifíquese a las partes. Déjese copia certificada de la presente decisión en la sede del Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los 26 días del mes de Marzo de dos mil diez (2010) Años: 199° y 150°.

LA JUEZA

DRA. R.D.S.G..

EL SECRETARIO

ABG. JUAN E. FREITAS ORNELAS

En esta misma fecha 26 de marzo de 2010, siendo las 12:55p.m. se publicó y registró la anterior decisión.

EL SECRETARIO

ABG. JUAN E. FREITAS ORNELAS

RDSG/JEFO/ynso.

EXP: 070771.