Decisión nº 12 de Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente. Corte Superior, Sala de Apelación. de Zulia, de 10 de Mayo de 2006

Alega el apoderado de la parte demandada en su escrito de contestación a la demanda que la obligación alimentaria cuyo cumplimiento de pago se reclama, fue acordada por los progenitores J.F.H. y E.B.B., en la solicitud de divorcio por el artículo 185-A que introdujeron por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 28 de enero de 1998 y así fue fijado en la sentencia de divorcio de fecha 24 de abril de 1998, dictada por el mencionado Juzgado, para sus hijos, de nombres HERMAGORAS ALBERTO en aquel entonces de quince años de edad y (Nombre Omitido), en aquel entonces de nueve años de edad, en la cantidad de trescientos mil bolívares, (Bs. 300.000,oo) es decir a cada menor le correspondía la cantidad de ciento cincuenta mil bolívares (Bs. 150.000,oo).

Ahora bien, es cierto que ambos padres fijaron para los dos hijos menores de edad la cantidad de trescientos mil bolívares (Bs. 300,000,oo) como pensión alimenticia, pero al alcanzar HERMAGORAS E.H.B. la mayoría de edad, quedó como menor de edad solo (Nombre Omitido) actualmente con diecisiete años de edad, reclamando la progenitora las pensiones alimenticias atrasadas y no pagadas, en consecuencia, el demandado deberá cancelar las pensiones alimenticias adeudadas, reducidas a la mitad, es decir solo hasta alcanzar la cantidad de ciento cincuenta mil bolívares (Bs. 150.000,oo) y no trescientos mil bolívares (Bs. 300.000,oo) como equivocadamente fueron reclamadas por la progenitora en representación del adolescente de autos y erróneamente fijadas por el a quo. Así se decide.

reclama el abogado de la parte demandada en su escrito de contestación a la demanda que la obligación alimentaria nació bajo el imperio de la derogada Ley Tutelar de Menor, y en esa Ley, el atraso o retardo injustificado en el pago de las pensiones alimenticias no se penalizaba con el pago de intereses moratorios. Por otra parte la derogada Ley Tutelar disponía en el artículo 51 que la obligación de pagar pensiones alimenticias atrasadas prescribía a los dos años, y siendo que la sentencia de divorcio en la cual se fijó la obligación alimentaria, salió publicada en el año 1998 y en esa época no estaba vigente la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, esta obligación está prescrita, alegando en consecuencia la prescripción de la acción como defensa de fondo.

Al respecto esta Corte puntualiza lo siguiente: La Ley Orgánica para la Protección del niño y del Adolescente entró en vigencia el 1º de abril del año 2000, es decir, que en el año 1998 la Ley que regía todo lo referente a la obligación alimentaria era la Ley Tutelar de Menores, y ciertamente en el artículo 51 disponía “La obligación de pagar pensiones alimenticias atrasadas prescribe a los dos (2) años”.

Ahora bien, de la revisión de las actas se constata, que ciertamente en la sentencia de divorcio dictada en el año 1998 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial, las partes acordaron la pensión alimenticia para los dos hijos en la cantidad de trescientos mil bolívares y así fue fijada en la sentencia que disolvió el vínculo conyugal, y por cuanto durante los años 1998, 1999 hasta el 31 de marzo del año 2000, no consta en el expediente ningún acto que interrumpiera la prescripción, y siendo que la Ley no tiene efecto retroactivo, la obligación alimentaria que durante los años 1998 y 1999 hasta el 31 de marzo del año 2000, el padre estaba obligado a cancelar como pensión alimenticia a su hijo adolescente está prescrita y en consecuencia, extinguida. Así se decide.

Alega el apoderado de la parte demandada que en la presente demanda existe cosa juzgada, pues la obligación alimentaria nació de la sentencia de divorcio que disolvió el vínculo conyugal entre los ciudadanos J.F.H. y E.B.B., la cual fue ejecutada no siendo potestativo para ningún Juez decidir sobre lo ya decidido.

En efecto, el carácter que reviste la Cosa Juzgada en materia de alimentos es meramente formal no material, por lo tanto, las sentencias dictadas y ejecutadas en materia de alimentos producen cosa juzgada formal y puede ser revisada o modificada siempre en interés del niño o del adolescente.

En la sentencia de divorcio las partes acordaron y así fue fijado por el Tribunal el monto de trescientos mil bolívares (Bs. 300.000,oo) por pensión alimentaria que el ciudadano J.F.H. debía cancelarle a sus hijos, y ciertamente la sentencia de divorcio produce cosa juzgada entre los cónyuges, por lo tanto no pueden los ciudadanos J.F.H. y E.B.B., interponer de nuevo un juicio de divorcio, a menos que la acción haya sido declarada sin lugar o perimida. En el presente caso, el divorcio fue declarado con lugar, disuelto el vínculo y ejecutada la sentencia. En tal virtud, existe cosa juzgada material en cuanto al procedimiento de divorcio que ambos cónyuges instauraron y con respecto a las pensiones alimenticias fijadas existe cosa juzgada formal, toda vez que las mismas quedaron firmes en la sentencia de divorcio, como quiera que solo queda un solo menor de edad, y que en el caso concreto es este quien reclama las pensiones atrasadas, cuyo monto está demandado por el 50% del monto acordado en la sentencia que declaró con lugar el divorcio, es decir la cantidad de ciento cincuenta mil bolívares mensuales, es sobre este monto que debe ser resuelta la reclamación propuesta por el carácter de cosa juzgada que sobre dicho monto recae, en virtud de que no existe en autos constancia de que sobre este aspecto haya habido revisión por aumento o disminución por haberse modificado los supuestos conforme a los cuales fue homologado el convenimiento realizado por los progenitores, tal como lo dispone el articulo 523 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Ahora bien, se evidencia de actas que la actora demanda incumplimiento de pensiones alimenticias atrasadas más no fijación por cuanto como se dijo anteriormente, las pensiones alimenticias para el adolescente (Nombre Omitido) fueron fijadas en la sentencia de divorcio. Razón por la cual, no puede darse una modificación de la pensión ya fijada, en consecuencia la cosa juzgada alegada como defensa de fondo ha prosperado en derecho. Así se decide

Resuelto lo anterior entra esta Corte a resolver el incumplimiento de pensiones alimenticias atrasadas y no pagadas que el ciudadano J.F.H.E. debe a su hijo adolescente (Nombre Omitido).

III

La obligación de proporcionar alimentos a los hijos que no han alcanzado la mayoría de edad, se encuentra establecida en el artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículo 365 al 384 ambos inclusive de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, los cuales conforman la Sección Tercera, Capítulo II del Título IV.

Según las referidas disposiciones, es deber compartido e irrenunciable del padre y de la madre, el criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos. La obligación de alimentos, que forma parte del mantenimiento de los hijos, comprende todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, medicinas, recreación y deportes, requeridos por el niño o el adolescente.

Siendo la obligación alimentaria un efecto de la filiación legal o judicialmente establecida, para su determinación el Juez debe tomar en cuenta la necesidad e interés del niño o adolescente que la requiera y la capacidad económica del obligado y se fija en salarios mínimos, debiendo preverse su ajuste en forma automática teniendo en cuenta la tasa de inflación determinada por los índices del Banco Central de Venezuela.

En la presente causa los ciudadanos J.F.H.E. y E.B.B.R., progenitores de HERMAGORAS ALBERTO, en aquel entonces de 15 años de edad, actualmente mayor de edad y de (Nombre Omitido), en aquel entonces de nueve años de edad, actualmente de diecisiete (17) años de edad, acordaron en el 1998 en la solicitud de divorcio por el artículo 185-A, una pensión alimenticia de Trescientos Mil Bolívares (Bs. 300.000,oo). Sentenciado el divorcio, el Juez que disolvió el vínculo matrimonial fijó la cantidad acordada como pensión de alimentos mensual, obligación ésta que demanda la progenitora del adolescente manifestando que el progenitor nunca cumplió.

Analizadas las probanzas consignadas en actas tenemos que la filiación no ha sido discutida por el demandado, ya que la misma fue demostrada con el acta de nacimiento la cual corre agregada a las actas en copia certificada, por lo que de conformidad con el artículo 295 del Código Civil, estando legalmente establecida la filiación y solicitados los alimentos a los padres, no se requiere de prueba de la necesidad de los hijos, de modo que es un hecho establecido en la presente causa, la procedencia de prestar alimentos al adolescente (Nombre Omitido), a cargo de sus progenitores.

Ahora bien, por cuanto el adolescente vive con la madre, ésta cumple con la obligación alimentaria mediante la atención, cuidado, prestación y aporte de todo cuanto sea necesario para el bienestar de él, tales como educación, como tratamiento médico y así quedó demostrado en actas, a través de la prueba de informes, recibiéndose información de las Unidades Educativas Colegio Rosmini y Colegio San Pedro, que la persona que ha representado y representa al adolescente y cancela el colegio es la progenitora, ciudadana E.B.R., concediéndoles esta Corte a estas comunicaciones emanadas de los referidas instituciones educativas pleno valor probatorio, por ser respuesta a los oficios Nros. 05-2092 y 05-2094 de fechas 30 de junio de 2005, de conformidad con el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.

Asimismo quedó demostrado en actas por información solicitada por la progenitora y acordada por el Tribunal en auto de fecha 27 de agosto de 2003, en la cual se constata, que la progenitora canceló el tratamiento odontológico del adolescente (Nombre Omitido), inclusive los aparatos utilizados, con un costo de de tres millones de bolívares, según información aportada por el Ortodoncista, doctor Á.O., de fecha 13 de julio de 2005, la cual esta Corte valora, por ser respuesta al oficio emanado del a quo, signado con el Nº 05-2093 de fecha 30 de junio de 2005, de conformidad con el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.

Consta en actas Documentos que contienen los contratos de arrendamiento que fueron otorgados en fechas 3 de marzo de 1992 y 10 de agosto de 1994, por ante la Notaría Pública Quinta de Maracaibo, los cuales revelan que el ciudadano J.F.H.E. arrendó un apartamento en el Conjunto Residencial “La Paragua”, Edificio “Caicara”, apartamento 7D, Circunvalación Nº 2, Jurisdicción del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, no quedando demostrado en actas que es él la persona que cancela dicho apartamento en el cual habitan los hermanos (Nombres Omitidos) y su progenitora, la ciudadana E.B.B.R.. A estos documentos de arrendamiento, si bien esta Corte les concede pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 429 el Código de Procedimiento Civil, nada aportan en este proceso. Así se declara.

Así mismo quedó evidenciado en actas que el ciudadano F.H.E. vendió a sus hermanos las acciones que poseía en la empresa “Compañía Anónima Yaritagua, S.A.” en los términos y condiciones antes expuestos, como consecuencia de lo anterior, quedó demostrada, según documentos que rielan a los folios del 18 al 33 ambos inclusive, la capacidad económica del ciudadano J.F.H.E.. A estos documentos esta Corte les concede pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.

Bajo estos parámetros, y analizado el material probatorio, y por cuanto el demandado no demostró en actas cumplimiento alimentario con respecto a su hijo, el adolescente (Nombres Omitidos), entra esta Corte a resolver en los términos siguientes:

IV

En atención a lo anterior y por cuanto se evidencia de actas el incumplimiento sostenido de la pensión alimentaria de ciento cincuenta mil bolívares (Bs. 150.000,oo) correspondiente al adolescente (Nombre Omitido), acordada y fijada en la sentencia de divorcio que disolvió el vínculo conyugal que existió entre los ciudadanos J.F.H.E. y la ciudadana E.B.B.R., es forzoso para esta Corte concluir, que la presente demanda por incumplimiento de pensiones alimenticias atrasadas y no pagadas desde el 1º de abril de 2000 hasta el hasta el 25 de abril de 2005, ha prosperado en derecho, no computándose a las mismas las pensiones alimenticias correspondiente a los años 1998, 1999, hasta el 31 de marzo de 2000, por cuanto como se dijo anteriormente y luego del análisis efectuado, las mismas están prescritas. Así se decide.

V

En cuanto a las pensiones alimenticias futuras del adolescente de autos, es necesario puntualizar lo siguiente: aún cuando el adolescente (Nombre Omitido) está próximo a cumplir la mayoría de edad, esta Corte aplicando la disposición contenida en el artículo 383 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente que establece:

La obligación alimentaria se extingue:

…b) por haber alcanzado la mayoridad el beneficiario de la misma, excepto que padezca deficiencias físicas o mentales que lo incapaciten para proveer su propio sustento, o cuando se encuentre cursando estudios que por su naturaleza, le impidan realizar trabajos remunerados, caso en el cual la obligación puede extenderse hasta los veinticinco año de edad, previa aprobación judicial

.

De acuerdo con el artículo antes transcrito si bien es cierto que el adolescente (Nombre Omitido) está próximo a cumplir los dieciocho (18) años de edad, no es menos cierto que el mismo se encuentra estudiando, o al menos no existe en actas prueba alguna de que no lo esté, en consecuencia, visto el artículo señalado, esta Corte Superior procede a asegurar las pensiones alimenticias futuras del adolescente de autos, de conformidad con el ordinal 3º del artículo 521 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y en cumplimiento de artículo 383 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, fija en treinta y seis mensualidades las pensiones alimenticias futuras, lo que equivale a tres (03) años de pensiones alimenticias futuras, más seis (06) pensiones alimenticias extraordinarias, correspondiente a los meses de agosto y diciembre, a razón de ciento cincuenta mil bolívares (Bs. 150.000,oo) mensuales, que deberán ser depositadas en la cuenta de ahorros que a tal efecto se encuentra abierta en el Banco Industrial de Venezuela a nombre del adolescente y a la orden del Tribunal. Así se decide

DECISIÓN

Por los argumentos antes expuestos esta Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: 1º) PARCIALMENTE CON LUGAR LA APELACIÓN interpuesta en fecha 31 de octubre de 2005, por el abogado P.J.G. en su carácter de apoderado judicial del ciudadano J.F.H.E., en contra de la sentencia de fecha 26 de octubre de 2005 dictada por la Juez Unipersonal Nº 4 de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. 2º) CON LUGAR LA COSA JUZGADA OPUESTA COMO DEFENSA DE FONDO. 3º) CON LUGAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN OPUESTA COMO DEFENSA DE FONDO, en lo que respecta solo a las pensiones alimenticias de los Años 1998, 1999 hasta el 31 de marzo el año 2000. 4º) PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA POR INCUMPLIMIENTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS ATRASADAS Y NO PAGADAS, interpuesta por la ciudadana E.B.B.R., en contra del ciudadano J.F.H.E., a favor del adolescente (Nombre Omitido), en consecuencia queda revocada la sentencia de fecha 26 de octubre de 2005, dictada por la Juez Unipersonal Nº 4 de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. 5º) SE CONDENA AL CIUDADANO J.F.H.E. al pago total de 61 meses de pensiones alimenticias atrasadas discriminadas de la siguiente forma: nueve (09) meses de pensiones alimenticias correspondientes al año 2000; doce (12) meses de pensiones alimenticias correspondientes al año 2001; doce meses correspondientes al año 2002; doce meses correspondientes al año 2003; doce (12) meses correspondientes al año 2004 y cuatro (04) meses correspondientes al año 2005, la suma de todos estos meses nos dan un total de 61 meses de pensiones alimenticias adeudadas y no pagadas, más todas aquellas pensiones alimenticias que se hayan vencido y se sigan venciendo hasta la ejecución del fallo, a razón ciento cincuenta mil bolívares (Bs. 150.000,oo) mensuales, más los intereses anuales calculados a la rata del 12 por ciento (12%) anual, tal como lo dispone el artículo 374 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Para el cálculo de los intereses desde el 1º de abril del año 2000, hasta el 25 de abril del año 2005, sobre la suma adeudada, y de todas aquellas pensiones alimenticias que se hayan vencido y que se sigan venciendo hasta la ejecución del fallo, se ordena una experticia complementaria del fallo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. 6º) En cuanto a las PENSIONES FUTURAS, se fija en treinta y seis mensualidades las pensiones alimenticias futuras, más seis (06) pensiones alimenticias extraordinarias, correspondiente a los meses de agosto y diciembre, tal como fueron establecidas, suma de dinero ésta que deberá ser depositadas en la cuenta de ahorros que a tal efecto se encuentra abierta en el Banco Industrial de Venezuela a nombre del adolescente y a la orden del Tribunal. 7º) NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS por cuanto no hay vencimiento total.

Publíquese. Regístrese. Notifíquese.

Déjese copia certificada para el archivo de esta Corte Superior.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los diez (10) días del mes de mayo de 2006. Años: 195º de la Independencia y 147º de la Federación.

La Juez Presidente,

O.R.A.

La Juez Ponente, La Juez Profesional,

B.B.R.C.T.M.

La Secretaria Temporal,

Karelis Molero García

En la misma fecha, siendo las dos y cincuenta (2:50) minutos de la tarde se publicó el anterior fallo y quedó registrado bajo el Nº 12 en el libro de sentencias definitivas llevado por esta Corte Superior en el presente año 2006. En la misma fecha se libraron boletas de notificación. La Secretaria Temporal,

Exp.00781-05