Decisión nº S-N de Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 20 de Julio de 2014
| Fecha de Resolución | 20 de Julio de 2014 |
| Emisor | Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control |
| Ponente | Gregory Joseph Coello Magdaleno |
| Procedimiento | Auto Acordando Revisión De Medidas Cautelares |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en funciones de Control
Punto Fijo, 21 de Julio de 2014
204º y 155º
ASUNTO PRINCIPAL : IP11-P-2012-006431
ASUNTO : IP11-P-2012-006431
AUTO ACORDANDO REVISION DE MEDIDA
Vista la solicitud interpuesta por el profesional del derecho Abg. E.V., actuando en su carácter de Defensor Publico del imputado J.R.S.P., mediante el presente escrito solicitó revisión de la medida de prohibición de salida de la península, todo de conformidad con lo previsto en los artículos 250 del Código Orgánico Procesal.
Este Tribunal, pasa a resolver con fundamento en las siguientes consideraciones:
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De análisis hecho a la solicitud presentada, por el profesional del derecho Abogado E.V., así como a la presente causa se observa que efectivamente el imputado de autos J.R.S.P., tiene como medida de coerción personal la prevista en el articulo 242 numerales 3 y 4 del Código Orgánico Procesal Penal, específicamente la presentación periódica cada ocho (08) días ante el Tribunal y la prohibición de salida de la península de Paraguaná, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON MOTIVOS FUTILES E INNOBLES, EN GRADO DE COMPLICIDAD NECESARIA en perjuicio del ciudadano: F.G. CAMPOI (OCCISO), previsto y sancionado en el Artículo 406, ordinal 1ero del Código Penal, concatenado con el artículo 84 de la norma penal adjetiva.
En este orden de ideas, dado que la presente solicitud se centra en obtener una revisión de la medida inicialmente impuesta; resulta oportuno precisar que las medidas de coerción personal, tienen como objeto principal, servir de instrumentos procesales que garanticen la permanencia y sujeción de los procesados penalmente, al desarrollo y resultas del proceso criminal que se les sigue; ello, en atención a que el resultado de un juicio, puede potencialmente conllevar a la aplicación de penas corporales, que de no estar debidamente garantizado mediante medidas instrumentales, como lo son las medidas coercitivas, pudieran hacer ilusoria la ejecución de la sentencia.
De allí, que en atención a estos dos principios, el Código Adjetivo Penal en su artículo 250 ha establecido el instituto del examen y revisión de las medidas, disponiendo:
El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación
.
Del contenido de la referida previsión legal, se desprende el ejercicio de dos derechos que asisten al imputado, tales como lo son: 1) El derecho a solicitar y obtener un pronunciamiento judicial respecto de la necesidad de mantener la medida precautelativa de la que ha sido impuesta con anterioridad, esto es, de incoar el examen de la vigencia de los supuestos de la medida; y 2) La obligación para el juez de examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares, de oficio, cada tres meses y “cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas”, obligación que, de acuerdo al principio pro libertatis, debe entenderse que consagra la posibilidad de sustituir y aun de revocar la medida precautelativa en cualquier momento en que los supuestos que la fundan hayan cesado de manera alguna, absoluta o parcialmente (Vid. 2426 de fecha 27.112001, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).
Ahora bien, precisado como ha sido lo anterior, observa esta Instancia que el caso sub-examine; desde el 21 de Agosto de 2012, en la celebración de audiencia oral de presentación de imputado, fueron acordadas las medidas al ciudadano J.R.S.P., prevista en el articulo 242 numerales 3 y 4 del Código Orgánico Procesal Penal, específicamente la presentación periódica cada 8 días ante el Tribunal y la Prohibición de salida de la Península de Paraguaná; la cuál de la revisión del sistema juris2000, ha venido cumpliendo a cabalidad, desde la fecha en que le decretó la medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad prevista en el numerales 3 y 4 del artículo del Código Orgánico Procesal Penal; lo cual pone en evidencia la voluntad del representado de la defensa solicitante de someterse a los actos del presente proceso penal.
En este orden de ideas, verificado como ha sido en el presente caso, que el procesado de autos ha cumplido fielmente con las presentaciones; estima esta Instancia, que en el presente caso resulta ajustado a derecho proceder, a ampliar el lapso de presentaciones inicialmente acordado de ocho (08) días y de prohibición de salida de la península de paraguana Punto Fijo estado Falcón a treinta (30) días y la prohibición de la salida de País. Y ASI SE DECIDE.
DISPOSITIVA
En mérito de las razones expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Declara: CON LUGAR la solicitud de revisión de la medida de cautelar a la privación judicial preventiva de libertad, solicitada por la profesional del derecho Abogado E.V., Defensor Público Penal Primero, adscrita a la unidad de Defensa Pública del Estado Falcón, Extensión Punto Fijo y defensor del imputado J.R.S.P. plenamente identificado en autos; en consecuencia se amplía el lapso de presentación del imputado y la prohibición de salir de la península de paraguana Punto Fijo estado Falcón, a un plazo de tiempo de cada a treinta (30) días y la prohibición de la salida de País, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 242 numeral 3 y 4 del Código Orgánico Procesal Penal.
Publíquese, regístrese, ofíciese al Coordinador de la Oficinal de Alguacilazgo, a los fines legales correspondientes. Notifiques a las partes déjese copia de la presente decisión
EL JUEZ PRIMERO DE CONTROL
ABG. G.J.C.M.
EL SECRETARIO
ABG. ACISCLO REYES
