Expediente

En el expediente de las relaciones del gobierno de Hugo Chávez con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, leo dos historias: la de los gravísimos y recurrentes reclamos del Gobierno colombiano, y la de las denuncias y exigencias de investigación de los venezolanos, preocupados por los efectos que los entendimientos que se asomaron desde 1999 tendrían, y en efecto tuvieron, para nuestra seguridad como ciudadanos y como país. En la primera historia, hubo ciertas atenciones, aunque inconsistentes, a los reclamos; en la segunda, se impuso la descalificación de los denunciantes. Los archivos publicados por el Instituto Inter nacional de Estudios Estratégicos ordenan piezas centrales de un rompecabezas que los venezolanos comenzamos a armar y padecer hace doce años. A medida que se sumaban evidencias del acercamiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, veíamos cómo eran desmontados los instrumentos y acuerdos que debían protegernos de la legitimación de la violencia y sus turbios negocios. Esta segunda historia, valga seleccionar algunos episodios, se inicia formalmente el 22 de febrero de 1999 cuando, a pocos días de juramentado, Chávez se sintió investido para reconocer a los guerrilleros colombianos como combatientes en un conflicto interno en el cual nosotros somos neutrales. Seis meses después, el 10 de agosto, tras un violento ataque guerrillero, el Presidente insistió en que no iba a cambiar una estrategia por hechos tácticos, y esa estrategia contemplaba un encuentro con los jefes de las FARC, con o sin autorización del Presidente de Colombia. Enseguida, el entonces canciller José Vicente Rangel sostenía respecto a ese encuentro, dizque para beneficio de la seguridad de Venezuela: Las relaciones se tienen con quien tiene el poder. En los tres años siguientes, a las afrentas...

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