Expolio

La decisión del gobierno de Cristina Fernández de declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación 51% del capital de YPF, sociedad participada mayoritariamente por Repsol, supone una declaración de hostilidad económica que debería ser repudiada por las instituciones internacionales e impugnada en los tribunales. La certeza de la expropiación, con la que se ha amenazado durante meses con la intención de socavar la resistencia de Repsol y abaratar el precio de las acciones de YPF, va más allá de la ruptura circunstancial de la seguridad jurídica que se presupone en un país democrático; es una quiebra intencionada del acuerdo de protección recíproca de inversiones firmado entre España y Argentina en 1991. YPF ha cumplido todos los términos...

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