Decisión de Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral, con sede en La Víctoria de Aragua, de 10 de Mayo de 2010
| Fecha de Resolución | 10 de Mayo de 2010 |
| Emisor | Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral, con sede en La Víctoria |
| Ponente | Eumelia MarÃa Velazquez Marcano |
| Procedimiento | Recurso De Invalidación |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, DE PROTECCIÓN Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
En el RECURSO DE INVALIDACION , incoado por la abogada E.P., inscrita en el Instituto de Previsión Social del abogado bajo el Nº 70.029, apoderada judicial de la ciudadana E.A.G.A., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-11.667.409, actuando en representación de su hijo NIKOLL DARIANA GUEVARA GUERRERO, según copia fotostática de poder cursante a los autos, contra los ciudadanos YADIRA MAITES SANCHEZ MATUTE, D.R. GUEVARA SANCHEZ Y DANNY DULEYS GUEVARA SANCHEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad No. V-4.368.009, V- 12.120.122 y V-14.684.218, respectivamente, vista la diligencia que antedcede de fecha 30-04-2010, suscrita por la apoderada judicial de la parte actora, y luego de la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente, este Tribunal pasa a realizar las siguientes observaciones:
En fecha 25 de febrero de 2005, se admitió la presente demanda, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada, y la notificación del Fiscal del Ministerio Publico instando a la parte actora a consignar los fotostatos necesarios a los fines de librar las compulsas.
En fecha 04 de abril de 2005, suscribió diligencia la apoderada judicial de la parte actora, antes identificada donde consigno los fotostatos necesario para librar compulsa, y facilito los medios para el traslado del Alguacil a fin de practicar las citaciones.
Ahora bien, desde el día 25 de febrero de 2005, fecha en que este Tribunal ordenó la comparecencia de los demandados, hasta el día 04 de abril de 2005, fecha en que la parte actora suministró los fotostatos necesarios a fin de librar compulsas transcurrieron más de treinta (30) días, sin que la parte actora haya cumplido con las obligaciones que le impone la ley para la práctica de la citación de los demandados.
El ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece:
… (omissis). También se extingue la instancia: 1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
. (Sic).
La norma parcialmente transcrita consagra la denominada institución de la “perención breve o especial”, que extingue el proceso, ya no por acto de parte sino por la inactividad de ellas prolongada por un cierto tiempo, luego de ser admitida la demanda o la reforma de la misma. Por lo tanto, la inactividad procesal y el transcurso del lapso legal, hacen verificar de pleno derecho esta figura. La perención requiere de la concurrencia de tres elementos o condiciones, a saber: uno objetivo, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otro subjetivo, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del Juez; y uno temporal, que es la prolongación de la inactividad de las partes por el lapso de treinta días.
La jurisprudencia nacional señala que la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes y en la presunción de que la inactividad de éstas entraña una renuncia a continuar la instancia.
Del contenido de la disposición parcialmente transcrita se desprende que es carga de la parte actora cumplir con las obligaciones de ley para lograr la citación de la parte demandada, cuales son: el pago de los derechos por concepto de arancel judicial y timbres fiscales. Sin embargo, hoy día toda la normativa referida a la cancelación de tales derechos es inconstitucional, ello en atención al principio de gratuidad establecido en el aparte único del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice: “El Estado garantizará una justicia gratuita…(omissis)”. No obstante ello, cabe resaltar que en relación con la obligación prevista en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, en cuanto al transporte de los funcionarios o auxiliares de justicia, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia dictada en fecha 06-07-2004, en el expediente N° AA20-C-2001-000436, estableció que:
…(omissis) la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente debe ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo la obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación…(Sic)
.
Por otra parte, la referida Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada en fecha 13 de diciembre del 2007, en el expediente N° 2007-000033, sostuvo que:
De tal manera que, en los casos en los cuales existan alguno o algunos co-demandados que estén residenciados fuera de la jurisdicción del tribunal de la causa, el demandante, dentro de los 30 días siguientes contados a partir del auto de admisión de la demanda, deberá dejar constancia, mediante diligencia consignada en el expediente que cursa en el tribunal de la causa, de haber puesto a la orden del Alguacil del tribunal comisionado los medios y recursos necesarios para el logro de la citación de la parte demandada; y dicho Alguacil, mediante diligencia consignada en el expediente que se abra en el tribunal comisionado, con ocasión de la comisión para la citación, dejará constancia de que la parte demandante le proporcionó lo exigido por la ley, a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Así, cuando el tribunal comisionado devuelva la comisión al tribunal comitente, el Juez de la causa podrá verificar si el actor dio realmente cumplimiento a la obligación legal prevista en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial y, de no ser así, declarará la perención de la Instancia de conformidad con lo previsto en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, la cual se verifica de derecho y no es renunciable por las partes, según lo dispone el artículo 269 ejusdem
.
Comprobado en el caso de autos, que desde el día 25 de febrero de 2005, fecha en que este Tribunal admitió la demanda, hasta el día 04 de abril de 2005, fecha en que la parte actora suministró los fotostatos necesarios a fin de librar compulsas, transcurrieron en exceso los treinta días continuos que tiene la actora para cumplir con su obligación de impulsar la citación, configurándose los supuestos establecidos en el ordinal 1° del articulo 267 de nuestra norma adjetiva procesal, y los criterios jurisprudenciales del Tribunal Supremo de Justicia, que en consecuencia produce como efecto inmediato la perención de la instancia por ser de orden público. Y ASI SE DECIDE.
DECISIÓN
Por todo lo antes expuesto, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, de Protección y Bancario de La Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: la PERENCION DE LA INSTANCIA, en el RECURSO DE INVALIDACIÓN, incoado por la abogada E.P., inscrita en el Instituto de Previsión Social del abogado bajo el Nº 70.029, apoderada judicial de la ciudadana E.A.G.A., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-11.667.409, actuando en representación de su hija NIKOLL DARIANA GUEVARA GUERRERO, según copia fotostática de poder cursante a los autos, contra los ciudadanos YADIRA MAITES SANCHEZ MATUTE, D.R. GUEVARA SANCHEZ Y DANNY DULEYS GUEVARA SANCHEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad No. V-4.368.009, V- 12.120.122 y V-14.684.218, respectivamente. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
REGISTRESE, NOTIFIQUESE y PUBLÍQUESE
Dado, firmado y Sellado en la Sala de Despacho del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, de Protección y Bancario de La Circunscripción Judicial del Estado Aragua. En La Victoria, a los 10 días del mes de Mayo del dos mil diez (2010).
LA JUEZA PROVISORIA
DRA. EUMELIA VELÁSQUEZ M
LA SECRETARIA
ABOG. JHEYSA ALFONZO
En la misma fecha, siendo las diez y cincuenta de la mañana (10:50 a.m.), se publicó y registró la anterior sentencia.
LA SECRETARIA,
EXP. N° 18.263 EV/JA
