Decisión nº 659 de Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Zulia (Extensión Maracaibo), de 22 de Junio de 2009
| Fecha de Resolución | 22 de Junio de 2009 |
| Emisor | Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito |
| Ponente | Eileen Lorena Urdaneta Nuñez |
| Procedimiento | Terceria |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Expediente No. 41.273
Se inició el presente p.d.T., instaurado por la Sociedad Mercantil MERCANTIL ATENCIO, S.A., inscrita en el Registro de Comercio que llevaba el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Estado Zulia, de fecha 12 de Abril de 1955, anotado bajo el Nro. 39, bajo el Nro. 362, folios 487 y 488 y modificada por acta de asamblea extraordinaria de accionistas, celebrada en fecha 07 de Marzo de 1989, inscrita en el Registro Mercantil Primero el 22 de Agosto de 1994, bajo el Nro. 47, tomo 58-A Pro, debidamente representada por el profesional del derecho O.V.R., inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nro. 19.444, domiciliado en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, contra la Sociedad Mercantil MERCADO LA FACILIDAD C.A., anteriormente denominada MUEBLERIA LA FACILIDAD, C.A., inscrita en el Registro de Comercio que llevó la Secretaría del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el día 09 de Agosto de 1954, bajo el No. 54, hoy archivado en el Registro Mercantil Primero del Estado Zulia, el día 23 de Agosto de 1993, bajo el No. 47, Tomo 27-A, representada por el ciudadano E.C., venezolano, mayor de edad, comerciante, portador de la cédula de identidad Nro. 125467, de este domicilio, y contra el ciudadano P.C.N.S., de nacionalidad Chilena, residenciado en la Ciudad de Chile República de Chile, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. 81.293.119.
La demanda fue admitida en fecha veinticinco (25) de Junio de 2007, acordándose en el referido auto la citación de la Sociedad Mercantil MERCADO LA FACILIDAD, C.A., antes denominada MUEBLERÍA LA FACILIDAD, C.A, de este domicilio, en la persona de su representante, y del ciudadano P.C.N.S., anteriormente identificados, para que comparecieran ante este Tribunal dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la constancia en actas de la citación del último cualquiera de los demandados, más treinta (30) días continuos que se le concedieron como término ultramarino, a fin de que dieran contestación a la demanda, dentro de las horas comprendidas para despachar; Igualmente, se ordenó librar recaudos de citación, con la correspondiente carta rogatoria o exhorto.
En la misma fecha, la parte actora consignó escrito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 343 del Código de Procedimiento Civil, reformando la demanda, solicitando se practicara la citación del demandado en la avenida 25 entre calles 70 y 71 No. 25-78, sector S.M., Parroquia Chiquinquirá Municipio Maracaibo del Estado Zulia, asimismo, se practicara la citación de la Sociedad Mercantil MERCADO LA FACILIDAD C.A., en la persona de su presidente ciudadano L.H.V.T., venezolano, mayor de edad, comerciante, portador de la cédula de identidad No. 13.313.639 y de este domicilio.
En fechas 02 de Agosto, 19 de Septiembre, 06 y 22 de Noviembre de 2007, 08 de Enero, 20 de Febrero, 02 de Abril, 09 de Mayo, 20 de Junio, 16 de Julio de 2008, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 202 ejusdem, las parte actora suspendió el proceso.
En fecha 08 de Octubre de 2008, el representante de la parte actora consignó en dos (02) folios útiles la renuncia al poder para representar a los actores del proceso.
Posteriormente, el día 19 de Marzo de 2009, este Tribunal admitió la reforma de la demanda, acordándose en el referido auto la citación de la Sociedad Mercantil MERCADO LA FACILIDAD C.A., anteriormente denominada MUEBLERÍA LA FACILIDAD, en la persona de su Presidente, ciudadano L.H.V.T., y del ciudadano P.C.N.S., antes identificados, todos de este domicilio, a fin de que comparecieran ante este Juzgado dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la citación del último cualquiera de los demandados, para que dieran contestación a la demanda y a su reforma, dentro de las horas comprendidas para despachar, igualmente, se ordenó librar recaudos de citación y boleta de notificación a los poderdantes, de la renuncia formulada por sus representantes judiciales.
Es el caso, que desde que se ordenó librar los recaudos de citación a la parte demandada, hasta la presente fecha, han trascurrido más de treinta (30) días continuos siguientes a la admisión de la reforma de la demanda, sin ningún acto de procedimiento de la parte actora capaz de impulsar la citación en el juicio; este Órgano Jurisdiccional, antes de entrar a resolver el presente caso, hace las siguientes consideraciones:
Desde la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se consagra la gratuidad, como principio rector de la justicia, la doctrina
ha considerado, que no hay lugar a la perención breve, por incumplimiento de las obligaciones (cargas pecuniarias) que impone la Ley al demandante para la citación del demandado, en el lapso de treinta (30) días continuos, contados a partir de la fecha de admisión de la demanda o de su reforma, establecido en el ordinal 1° del artículo 267 del Código Adjetivo.
Sin embargo, en sentencias Nros. 00537 y 01324, de fechas seis (6) de julio y 15 de Noviembre del año 2004, respectivamente, ambas proferidas por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo ponente fue el Magistrado Dr. C.O.V., modificó el criterio con respecto a la desaplicación del ordinal 1° de la citada norma, expresando lo siguiente:
(…) Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha Ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley, a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. (…)
Con miras a mantener la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia, este Órgano Jurisdiccional se adhiere al criterio Jurisprudencial señalado, en consecuencia, en el presente caso, objeto de nuestro estudio, la reforma de la demanda fue admitida el día diecinueve (19) de Marzo de 2009, por lo que de una simple revisión procesal de las actas que conforman el presente caso, se observa que la parte actora no cumplió con sus cargas de orden económico, más no tributarias, dentro del lapso perentorio de los treinta (30) día continuos siguientes a la admisión de la reforma de la demanda, el cual era, gestionar la citación en el proceso.
En razón de lo expuesto, el procedimiento a realizar era el siguiente: Admitida la demanda y su reforma, la parte actora tenía que consignar mediante diligencia, las copias fotostáticas para la elaboración de los recaudos de citación, e indicar la dirección donde debía practicarse la citación; asimismo, debió suministrar al Alguacil, los emolumentos o gastos de traslado para que éste la materializara, impulsando de esta manera el proceso, ya que es indispensable la secuencia orgánica de los actos procesales, para la consecución del juicio, y que le impone la ley, a la parte actora, como carga para ir sucesivamente cumpliendo con todos y cada uno de ellos, ante la amenaza sancionatoria, de que si no realiza un acto exigido para la continuidad del proceso, operaría la perención.
De actas no emerge ninguna evidencia del cumplimiento de la obligación de la parte actora de impulsar el proceso, verificándose entonces, que desde el día 19 de Marzo de 2009, es decir, desde que se admitió la reforma de la demanda, hasta la presente fecha, no ha existido la intención de disminuir los efectos jurídicos de la perención por vía de la activación del procedimiento, realizando algún acto que lleve implícito impulsarlo, quedando por más delatado su desinterés en el juicio.
En consecuencia, este Órgano Jurisdiccional infiere, que se ha producido el efecto previsto en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, como es la extinción de la instancia, por haber transcurrido los treinta (30) días continuos, que le impone la ley a la parte actora, para promover la citación en el juicio.
La perención de la instancia se verifica ope legis, al vencerse los treinta (30) días o el año de inactividad procesal, atribuible a las partes. Cuando el Juez la declara, se entiende que los efectos de la perención van ha operar desde que se cumplió la paralización, esto es, se retrotrae, al momento en que el plazo de la perención quedó cumplido, los efectos de los actos procesales realizados por las partes, después de cumplido los treinta (30) días continuos o el año, tiempo que dispone la ley, de ninguna manera van a significar convalidación o subsanación de la perención.
La norma contempla que el Juez puede declarar de oficio la perención, ello quiere decir, que es una facultad que la ley le otorga al Juzgador, quien puede o no hacer uso de ella.
Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República
Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el referido artículo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 269 ejusdem, DECLARA PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente proceso que por TERCERÍA, instauró la Sociedad Mercantil MERCANTIL ATENCIO S.A., contra la Sociedad Mercantil MERCADO LA FACILIDAD, C.A., antes denominada MUEBLERÍA LA FACILIDAD, C.A., y el ciudadano P.C.N.S., todos ya identificados, en la parte narrativa de este fallo.
No hay condenatoria en costas por tratarse de la Perención de la Instancia, de conformidad con lo dispuestos en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE. Déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con lo dispuestos en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, sellada y firmada, en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los ( ) días del mes de Junio del año 2009. Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación.
La Juez, (fdo)
Dra. E.L.U.N.
La Secretaria, (fdo)
Abog. M.H.C.
En la misma fecha, siendo las _______________, se dictó y publicó el fallo que antecede, previo cumplimiento de las formalidades de Ley, quedando anotada bajo el No. ________ del Libro de Sentencias. La Secretaria, (fdo)
Abog. M.H.C.
EU/rap
Quien suscribe, la secretaria de este Juzgado, Abg. M.H.C., hace constar que la presente copia es fiel y exacta de su original, correspondiente al fallo dictado en el Expediente No. 41.273. Lo Certifico en Maracaibo a los ( ) días del mes de Junio de 2009. La Secretaria,
Abg. M.H.C.
