Decisión nº 164-2009 de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 24 de Noviembre de 2009
| Fecha de Resolución | 24 de Noviembre de 2009 |
| Emisor | Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo. |
| Ponente | Jorge Nuñez |
| Procedimiento | Querella Funcionarial |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En su nombre:
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL
EXPEDIENTE Nº 8588
El 6 de noviembre de 2009, los abogados M.A.M., CARLOS PRATO D´ARMAS y R.R.M.H., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 36.406, 111.508 y 72.555, respectivamente, obrando con el carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos B.R.A.P., M.A., Z.A.R., M.Á.B., L.C.Á.S., F.F.A.S., C.A.M., A.M.A.P., N.A.A.G., N.M.B.A., AYALA BARRIOS GONZÁLEZ, A.J.B.M., W.D.B.L., Y.B.H., J.G.T.P. y A.R.T.M., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. 2.740.574, 7.712.367, 9.263.786, 13.538.129, 3.717.767, 11.941.139, 7.573.047, 5.313.836, 4.888.136, 11.557.747, 10.802.832, 6.154.597, 10.797.126, 7.246.257, 5.273.006 y 3.145.586, respectivamente, interpusieron ante este Juzgado Superior, en funciones de distribuidor de causa, querella funcionarial contra el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES).
Asignado por distribución el libelo a este Juzgado Superior, consta en Nota de Secretaría que corre inserta al folio 71 del expediente, que en fecha 11 de noviembre de 2009, se le dio entrada al mismo.
Efectuado el estudio de las actas que conforman el expediente, procede este Tribunal a decidir sobre la admisión de la querella, en los siguientes términos:
Solicitan los apoderados judiciales de la parte actora que el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES), le realice a sus representados las evaluaciones de desempeño correspondientes a los primeros tres (3) trimestres del presente año, así como el pago de las respectivas primas de eficiencia. Ahora bien, se desprende de los autos que cada uno de los querellantes mantiene una relación individual de empleo público con el organismo accionado, ocupando distintos cargos y que el tiempo de servicio y el sueldo que devengan en cada caso es distinto.
En situaciones como la descrita, esto es, cuando varios funcionarios o empleados públicos demandan constituyéndose para ello bajo la figura de un litisconsorcio activo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 11 de junio de 2003, estableció lo siguiente:
La interpretación realizada por la Sala sobre la institución del litisconsorcio en su sentencia nº 2.458/2001, del 28.11, caso Aeroexpresos Ejecutivos C.A, es aplicable por igual tanto al procedimiento laboral, regulado todavía por la Ley Orgánica del Tribunales y Procedimientos del Trabajo, como al procedimiento contencioso-funcionarial que en la actualidad esta previsto en la Ley del Estatuto de la Función Publica, ya que las reglas contenidas en dicho fallo para la aplicación conforme a los derechos constitucionales protegidos por los artículos 26, 49 y 253, primer aparte, de la Carta Magna, del articulo 146 del Código de Procedimiento Civil, como norma de aplicación subsidiaria en ambos procedimientos judiciales, son compatibles con las normas procesales que rigen la tramitación de procesos de ambas sedes judiciales, de manera tal que cuando los Tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa conozcan de recursos de nulidad contencioso funcionariales intentados por diferentes funcionarios públicos contra diferentes actos administrativos contrarios a sus derechos e intereses personales, legítimos y directos, deberán examinar al momento de pronunciarse sobre la admisibilidad de las pretensiones deducidas si éstas no han sido acumuladas en contra de las reglas sobre el litisconsorcio establecidas con carácter vinculante en la sentencia de esta Sala Constitucional antes mencionada. Así se declara
.
En el fallo del 28 de noviembre de 2001, al cual se hace referencia en la sentencia parcialmente transcrita, se estableció la posibilidad de que varias personas demanden o sean demandadas conjuntamente en litisconsorcio, en los supuestos establecidos en el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 52 eiusdem, dispositivos que ad pedem literae disponen:
Artículo 146.- Podrán varias personas demandar o ser demandadas conjuntamente como litisconsorte: a) Siempre que se hallen en estado de comunidad jurídica respecto del objeto de la causa; b) Cuando tengan un derecho o se encuentren sujetas a una obligación que derive del mismo titulo; c) En los casos de los artículos 1º 2º y 3º del articulo 52 del Código de Procedimiento Civil.
Artículo 52.- Se entenderá también que existe conexión entre varias causas a los efectos de la primera parte del artículo precedente:
1) Cuando haya identidad de personas y objetos, aunque el titulo sea diferente.
2) Cuando haya identidad de personas y titulo, aunque el objeto sea distinto.
3) Cuando haya identidad de titulo y de objeto, aunque las personas sean diferentes.
4) Cuando las demandas provengan del mismo titulo, aunque sean diferentes las personas y el objeto.
Conforme a la normativa en comento, al constatarse en autos que los recurrentes mantienen relaciones de empleo público individuales y distintas con el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES), que tienen asignados sueldos diferentes y que han acumulado períodos de antigüedad también distintos, resulta evidente que en el supuesto hipotético de que la querella interpuesta sea declarada con lugar, ello conllevaría al examen individual de diversas actuaciones surgidas en el marco de las relaciones de empleo que vincula a los actores con ese organismo y a condenar al pago de las sumas de dinero que se les adeude, pudiendo surgir del análisis que al efecto se realice, situaciones disímiles, con los inconvenientes de tipo procesal que esto conllevaría.
Por tal motivo, se declara en el presente caso la inepta acumulación de las pretensiones deducidas, por haber sido acumuladas en contra de las reglas sobre litisconsorcio activo, establecidas con carácter vinculante en la sentencia de fecha 25 de noviembre de 2001, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a la cual supra se hizo referencia y por ende inadmisible el recurso, conforme lo establecido en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública en concordancia con el aparte 5 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.
No obstante, el anterior pronunciamiento, tomando en cuenta que nuestro constituyente y la jurisprudencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia establecieron claramente la posibilidad de que toda persona pueda acceder a los órganos que imparten justicia, sin que estén sujetas a formalismos de ley no esenciales para la solución de sus conflictos, y que, por tanto, el sistema de justicia sea reflejo de la posibilidad de ejercicio de una tutela judicial efectiva, principios éstos consagrados en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de manera que resultaría contrario a los principios antes señalados, consagrados en nuestra Carta Magna, el impedir a los querellantes, en el presente caso, acceder a los órganos jurisdiccionales para asegurar y reclamar sus derechos e intereses, a fin de evitarle un daño mayor o perjuicio y en garantía de su derecho a una tutela judicial efectiva, y al correlativo deber que el texto fundamental le impone en su artículo 26 al Estado y, en particular a los órganos de administración de justicia, este Tribunal declara que al lapso para interponer las acciones que se consideren pertinentes, debe deducirse el período transcurrido desde la fecha de interposición de la presente querella y hasta la fecha en la cual se declare firme el presente fallo. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogados M.A.M., CARLOS PRATO D´ARMAS y R.R.M.H., obrando con el carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos B.R.A.P., M.A., Z.A.R., M.Á.B., L.C.Á.S., F.F.A.S., C.A.M., A.M.A.P., N.A.A.G., N.M.B.A., AYALA BARRIOS GONZÁLEZ, A.J.B.M., W.D.B.L., Y.B.H., J.G.T.P. y A.R.T.M., contra el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES).
Publíquese, Regístrese y notifíquese a las partes.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas, a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre del año dos mil nueve (2009). Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación.
EL JUEZ,
J.N.M..
LA SECRETARIA,
M.I.R.
En la misma fecha de hoy, siendo las (11:00 a.m.), quedó registrada bajo el Nº 164-2009.
LA SECRETARIA,
M.I.R..
Exp. Nº 8588.
JNM/jg.-
