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Es una fatal arrogancia determinar a priori el valor de las cosas

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Vincent

Tomás Arias Castillo llega vestido de traje y corbata al cafetín de la Escuela de Ar quitectura de la Universidad Central de Venezuela. Faltan 15 minutos para las 9:00 am, pero ya impartió sus primeras horas de clase en esa institución donde es profesor de posgrado. Tiene 31 años de edad y, por lo tanto, forma parte de una generación de venezolanos que prácticamente comenzaba en la vida universitaria en un pasado no muy lejano, cuando Hugo Chávez estaba en pleno ascenso a la Presidencia de la República. Hoy el joven académico Âgraduado en la UCV y con formación de cuarto nivel en España ha acumulado suficientes horas de estudio e investigación para mostrarse como un especialista en Derecho Constitucional y Administrativo capaz de plantarse con verbo certero en el debate sobre las libertades económicas. El avance jurídico del proyecto socialista del jefe del Estado ha convertido el tema en un asunto capital que esta semana devoró la agenda pública luego de la entrada en vigencia de la Ley de Costos y Precios Justos y de la congelación de los precios de 18 productos de higiene personal y aseo del hogar. --¿Qué representa ese ins trumento jurídico para las libertades económicas en Venezuela? --Constituye la exacerbación de una tradición de políticas comerciales que se ha traducido en la redacción de leyes que persiguen y obstaculizan la labor del empresario por considerarlo el agente causante de males endémicos de la economía como la inflación, las olas de desabastecimiento y la falta de la calidad de los productos, cuando eso responde a otras realidades que los gobernantes conocen. La inflación es consecuencia de la creación inorgánica de dinero que hace que haya un circulante que no está respaldado con bienes y servicios. Además la falta de estímulos a la competencia hace que no haya mejores precios, ni mejores productos. En el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez se creó la Superintendencia para la Protección y Promoción de la Libre Competencia y eso hoy está desmantelado. Competir por precios es prácticamente ilegal. --Si bien es cierto que ha existido esa tradición punitiva contra los empresarios, también es verdad que algunos de estos abusan. ¿Cómo se deben equilibrar los derechos de unos y otros? --Existe un mercado peque ño, con bienes cada vez más apreciados, entre otras cosas, por la mala regulación del Estado. No hay incentivos para competir, ni para producir más y mejor. Entonces el empresario busca obtener tasas de ganancias...

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