Decisión nº KP02-G-2007-000035 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 19 de Septiembre de 2008

Fecha de Resolución19 de Septiembre de 2008
EmisorJuzgado Superior Civil Contencioso Administrativo
PonenteFreddy Josue Duque Ramirez
ProcedimientoQuerella Funcionarial

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Región Centro Occidental

Barquisimeto, diecinueve de septiembre de dos mil ocho

198º y 149º

ASUNTO: KP02-G-2007-000035

QUERELLANTE: F.M., venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 4.305.256.

REPRESENTANTE JUDICIAL DE LA PARTE QUERELLANTE: R.V., venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 119.647, con domicilio en esta ciudad de Barquisimeto Estado Lara.

QUERELLADO: GOBERNACIÓN DEL ESTADO TRUJILLO

REPRESENTANTE JUDICIAL DEL QUERELLADO: S.N., venezolana, mayor de edad, abogada en ejercicio, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 102.119, de este domicilio.

MOTIVO: QUERELLA FUNCIONARIAL

I

SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA

Se interpone la presente querella funcionarial el 15 de octubre del 2007 por cobro de diferencia de prestaciones sociales interpuesta por la ciudadana F.M. ya identificada, en contra de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO TRUJILLO, por considerar la querellante que se le adeuda parte de sus prestaciones sociales y otros conceptos laborales, producto de la relación laboral que mantuvo con la administración.

Así las cosas, la presente querella es admitida por este tribunal, el 22 de octubre del 2007, en base a lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, por lo que se ordena la practicada de las notificaciones y citaciones a las que hubiere lugar, para llevar a cabo el procedimiento establecido en dicha ley.

Posteriormente, el 05 de junio del 2008, se dejo constancia de que la parte querellada dio contestación a la demanda.

Constatada como fueron, la práctica de las citaciones y notificaciones ordenadas en el auto de admisión, se procede a la celebración de la audiencia preliminar de conformidad con lo establecido en el 103 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, la cual tuvo lugar el 13 de junio del 2008 a la cual acudió solo la parte querellada y solicitó la apertura del lapso de prueba.

Posteriormente, vencido dicho lapso, se realizo la audiencia definitiva en base a lo preceptuado en el artículo 107 eiusdem, el 29 de julio del 2008, a la cual acudieron las partes, y este sentenciador vista la complejidad del asunto se reservo el lapso de cinco (05) días para dictar el dispositivo del fallo, vencido el cual y luego de revisar de manera pormenorizada las actas que conforman el expediente, dicto el dispositivo declarando INADMISIBLE la presente acción por haber operado la caducidad.

Finalmente, llegado el momento del correspondiente dictado de la sentencia in extenso, quien aquí decide pasa a fundamentar tal decisión en los siguientes términos:

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

PUNTO PREVIO

Este juzgador, entrar a a.c.p.p., lo relativo a la inadmisibilidad por caducidad alega por la defensa de la parte querellada, en tal sentido, se puede evidenciar que la caducidad prevista en el articulo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, establece que todo recurso que se realiza con fundamento a esta ley solo podrá ser ejercido validamente dentro del lapso de 3 meses contados a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a ello, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto.

Así las cosas, la caducidad de la acción según prevé la disposición legal prevista en el articulo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Publica solo podrá ser ejercido validamente dentro del lapso de tres (03) meses contados a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a ello, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto.

En tal sentido, la caducidad es un plazo que no admite interrupción ni suspensión, sino que el mismo transcurre fatalmente y cuyo vencimiento implica la extinción de la acción para ejercer el derecho que se pretende hacer valer y por ende, tal acción debe ser interpuesta antes de su vencimiento. En efecto, la caducidad es por disposición legal, una condición cuya verificación debe ser procesada por el tribunal por ante el cual se interpone el recurso, incluso de oficio, y una vez constatada la operación de la misma, ser declarada inadmisible la acción propuesta, todo ello en virtud de que el estado, necesita por razones de estabilidad y seguridad jurídica, que los actos de la Administración Pública adquieran firmeza en un momento dado, y por ello impone al recurso que pueda intentarse contra ellos una doble limitación, la legitimación activa y la caducidad que se estudia en el caso de marras y la cual esta prevista en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Publica.

De igual forma es importante hacer referencia a la Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 03 de Octubre de 2006, donde dicha Sala estableció que a pesar de ser el derecho al trabajo un derecho fundamental el cual debe ser respetado y garantizado por los operadores de justicia tal como lo ordena el artículo 19 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela el mismo no debe interpretarse como absoluto y no sometido a limite alguno por lo que todo reclamo que surja como consecuencia de una relación de empleo público no puede hacerse valer por disposiciones normativas ajenas a la especialidad de la materia y a la ley respectiva, ya que los lapsos procesales son materia de orden publico; y ello supondría una violación al principio de legalidad y especialización -funcionario publico- que podría derivar en una situación de anarquía jurídica.

Ahora bien, se observa de las actas procesales que la querellante dirige el objeto de su pretensión al cobro por concepto de diferencia de prestaciones sociales con motivo del cargo que ostento dentro de la Gobernación del Estado Trujillo; en consecuencia, se puede constatar de lo señalado por la propia querellante, que existe una fecha cierta entre el pago de las prestaciones sociales y la interposición de la presente querella por el cobro de la diferencia de las prestaciones sociales, a saber, que tal y como lo reconocen ambas partes, las prestaciones sociales de la querellante fueron canceladas el 16 de octubre del 2006, fecha desde la cual comienza a contarse el lapso de caducidad, y es en fecha 15 de octubre del 2007 cuando se interpone la presente querella; y siendo que el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública establece dos supuestos a partir de los cuales se comenzará a computar el lapso de caducidad, el primero de ellos; la notificación del interesado y el segundo, el día en que se produjo el hecho que dio lugar a ello, el cual se subsume en el caso de autos, de tal manera que observándose que la presente querella funcionarial fue interpuesta por ante la oficina URDD en fecha 15 de octubre del 2007 como se señalo supra, transcurrió con creces el lapso de caducidad previsto en la Ley Especial para ejercer la presente acción, por lo que debe declararse de manera forzosa la inadmisibilidad la presente acción por haber operado la caducidad, y así se decide.

En consecuencia, y dada las reflexiones explanadas supra se declara de manera forzosa INADMISIBLE la acción de cobro de diferencia de prestaciones sociales propuesta por la ciudadana F.M., en contra de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO TRUJILLO, por haber operado la caducidad, de conformidad con lo señalado en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y así se decide.

III

DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide:

PRIMERO

Se declara INADMISIBLE la Querella Funcionarial por Cobro de Diferencia de Prestaciones Sociales interpuesta por la ciudadana F.M., en contra de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO TRUJILLO, por haber operado la caducidad.

SEGUNDO

No hay condenatoria en costas en razón del principio de igualdad Constitucional de las partes, ya que si bien no puede condenarse a la Administración Pública mal podría condenarse a los particulares.

Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Notifíquese al Procurador General del Estado Trujillo, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República por reenvío expreso del artículo 33 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público.

Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre del año dos mil ocho (2008). Años: 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

El Juez Titular

Dr. F.D.R.

La Secretaria,

Abogada S.F.C.

Publicada en su fecha a las 9:40 a.m.

La Secretaria,

Ydg/fd.-

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