Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Agrario de Nueva Esparta, de 21 de Junio de 2007

Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la pretensión de a.c., instaurada por el ciudadano FAYEZ MAHMOUD KAMAL SAYIM, anteriormente identificado, contra el JUZGADO TERCERO DE LOS MUNICIPIOS MARIÑO, GARCÍA, TUBORES, VILLALBA Y PENÍNSULA DE MACANAO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, en el expediente Nº 1.060-05, de su nomenclatura, por violación de los derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa, previstos en el encabezamiento y ordinal 1°, respectivamente, del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 26 Constitucional. SEGUNDO: Se declara NULO el auto de fecha 1-12-2.006, dictado por el Juzgado Tercero de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en el expediente Nº 1.060-05 (nomenclatura particular de dicho Tribunal), contentivo del juicio que por Cumplimiento de Contrato instauró la Sociedad Mercantil INVERSIONES YAMILE, C.A., contra el ciudadano FAYEZ MAHMOUD KAMAL SAYIM, como mecanismo restablecedor de la situación jurídica infringida por el Juzgado Tercero de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, a quien se ordena notifique en forma personal al ciudadano FAYEZ MAHMOUD KAMAL SAYIM, en su carácter de parte demandada en el mencionado proceso, en el domicilio procesal señalado por éste, en el Capítulo Tercero del escrito de contestación de la demanda presentado en fecha 25-10-2.005, a los fines de que el referido accionante pueda ejercer efectivamente el recurso de apelación. TERCERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por tratarse de una acción de a.c. contra un órgano del Poder Judicial, no hay especial condenatoria en costas. CUARTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se ordena que lo decidido en el presente fallo, sea acatado por todas las Autoridades de la República, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad. Se le informa a las partes que, de conformidad con lo asentado en la sentencia de fecha 1-2-2.000, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (caso A.M.B.), este Tribunal dispone de cinco (5) días para dictar el texto integro de la sentencia.”

7. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:

   En curso como se encuentra el lapso de cinco (5) días para publicar el texto íntegro de la sentencia, este Tribunal lo hace bajo los siguientes términos:

   La pretensión de a.c., prevista en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en el artículo 1° la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, está destinada a restablecer las situaciones jurídicas infringidas, cuando han ocurrido violaciones flagrantes, groseras y directas de derechos o garantías constitucionales. Exige el legislador de la materia, que esas violaciones sean, pues, evidentes o que exista amenaza cierta de que las mismas se van a consumar o llevar a cabo. No funcionan aquí las meras presunciones o sospechas de violaciones de derechos constitucionales.

   Sin embargo, antes de proceder a resolver el fondo del asunto, debe el Tribunal proceder a determinar su competencia y la legitimación del querellante, para el ejercicio de su pretensión de amparo.

   En primer lugar, la competencia de este Tribunal Constitucional para conocer de las violaciones constitucionales denunciadas y presuntamente cometidas por el Juzgado de los Municipios tantas veces mencionado, se encuentra prevista en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, cuando establece que la pretensión de a.c. procede cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia “dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional. En estos casos, la acción de amparo, debe interponerse por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva”, lo cual se concuerda con la doctrina sobre competencia en amparo, asentada en el fallo de fecha 20 de enero de 2000, caso E.M.M., de la Sala Constitucional del M.T.. ASÍ SE ESTABLECE.-

   Aplicando lo expuesto al presente caso, se observa de la lectura del petitorio del libelo de amparo, que el querellante ha invocando protección constitucional, en atención a los artículos 26, 27 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1°, 2° y 4° de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, frente a la actuación presuntamente ilegítima y flagrante en que incurrió el ciudadano A.R.V., como juez titular del Juzgado Tercero de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de la Circunscripción judicial del Estado Nueva Esparta, para el restablecimiento de la situación jurídica presuntamente infringida, consistente en la declaratoria de nulidad del acto contentivo del auto de fecha “ 30 de enero de 2006 (sic)”, que subvirtió el proceso donde en forma ilegal se ordenó la suspensión de la causa y remitir la totalidad del expediente al Juzgado Superior, en contravención a lo establecido en el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil; y la declaratoria de nulidad d el auto de fecha 1° de diciembre de 2006, donde se pretende dejar firme la sentencia dictada en fecha 27 de junio de 2006, por lesionar los derechos constitucionales establecidos en los numerales 1° y 3° del artículo 49 de la Carta Magna, por ser materia de estricto orden público.

   En consecuencia, este Tribunal Constitucional como Alza.d.J.T.d.M., conforme al artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la jurisprudencia del m.T., le compete el conocimiento, sustanciación y decisión de la pretensión de amparo propuesta por el ciudadano FAYEZ MAHMOUD KAMAL SAYIM. ASÍ SE DECIDE.-

   Determinada entonces la competencia por este Juzgado, y visto que en el presente caso se han observado los trámites y formalidades exigidas por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y contempladas en el procedimiento de amparo diseñado conforme a dicha Ley y ajustado a las previsiones constitucionales de la Carta Magna de 1999, en la sentencia de fecha 1° de febrero de 2000, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, caso A.M.B., lo cual no fue objetado por la Representación Fiscal recaída en la persona de la Abogada D.C., en la audiencia constitucional a la cual compareció, en segundo lugar procede este Tribunal a resolver sobre las denuncias planteadas y al efecto observa:

   2.1)DE LA PRESUNTA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DENUNCIADOS DEL AUTO DE FECHA “30 de enero de 2006”, DICTADO POR EL JUZGADO AGRAVIANTE y DE TODAS LAS ACTUACIONES POSTERIORES.-

   A los fines de determinar si el auto de fecha 30 de enero de 2006, lesionó los derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva invocada por el accionante, se hace necesario verificar las irregularidades delatadas por el querellante, en que incurrió el Juez agraviante durante la tramitación del procedimiento de cumplimiento de contrato por vencimiento de prórrega legal, cuando remitió el expediente original al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección de Niños y Adolescentes de esta Circunscripción Judicial y suspendió la causa. En efecto, al folio 90 del presente expediente de amparo, cursa auto de fecha 31 ( y no 30) de enero de 2000, en cuya parte “in fine” se ordena remitir el expediente de la causa al Juzgado Superior a los fines de que decida el recurso de regulación de competencia, porque la “inminente” suspensión del proceso “impide la realización de cualesquiera actos de sustanciación y medidas preventivas”, siendo innecesario mantenerlo en el Tribunal. Así las cosas, en la misma fecha, por oficio N° 06050 fue remitido el expediente original, quedando suspendida la causa, en contravención con lo dispuesto en el único aparte de artículo 35 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, aplicable al caso que nos ocupa, por tratarse de una pretensión de cumplimiento de prórroga legal, que dispone :”…De ser opuestas las cuestiones previas por falta de jurisdicción del Juez o la incompetencia de éste, el Tribunal se pronunciará sobre éstas en la misma oportunidad de ser opuestas o en el día de despacho siguiente, decidiendo el asunto con los elementos que se hayan presentado y los que consten en autos. De ejercer las partes el recurso de regulación de la jurisdicción y/o de la competencia éstos se tramitarán en cuaderno separado, y el proceso continuará su curso hasta llegar al estado de sentencia, en cuyo estado se suspenderá hasta que curse en autos la decisión del recurso interpuesto”. (resaltado del Tribunal).

   De autos se observa que no se ordenó la apertura del Cuaderno Separado y no prosiguió la causa hasta estado de sentencia definitiva, donde efectivamente debía paralizarse el proceso en espera de la decisión de regulación. En este sentido, el Juzgado Superior al declarar la competencia del Juzgado Tercero de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de esta Circunscripción Judicial, ya había advertido sobre la vulneración del debido proceso al Juez agraviante, al contravenir el contenido del artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, remitiendo íntegramente el expediente a esa alzada, por existir prohibición de Ley para ello e impedir actos de sustanciación, pues cuando se impugna tal decisión por el ejercicio del aludido recurso, el Juez debe abstenerse de decidir el fondo del asunto, mientras el Superior determina la competencia.

   Sin embargo de las fechas que se desprenden de los escritos de pruebas de ambas partes y de su admisión (respecto a FAYEZ MAHMOUD KAMAL SAYIM presentó escrito de promoción de pruebas el día 1-11-05, y en fecha 2-11-2005 éstas fueron admitidas, e INVERSIONES YAMILE,C.A. promovió pruebas el día 8-11-2005), que se observan en las copias certificadas de los expedientes traídos a este procedimiento que no guardan un orden cronológico, por lo que este Tribunal se auxilió con la relación de los hechos efectuada por el Juzgado de la causa en la narrativa de la sentencia de fecha 18 de enero de 2006, se infiere que para la oportunidad de la írrita suspensión invocada, ya se habían promovido y evacuado pruebas en la causa principal, es decir, se había cumplido con todo el procedimiento y además, con la interposición de la regulación de competencia, el querellante de amparo y parte demandada en aquel juicio, FAYEZ MAHMOUD KAMAL SAYIM hizo uso del recurso que la Ley le otorgaba para impugnar la resolución de la cuestión previa declarada por ese Tribunal sin lugar, en su perjuicio, la cual fue oída por el Juzgado de la Causa.

   Por otra parte, se observa que una vez recibido por el Tribunal de la Causa el expediente original con las resultas de la regulación de competencia, se dictó sentencia definitiva que resolvió el fondo del asunto en fecha 27 de Junio de 2006, de lo cual se desprende que tampoco se pronunció sobre el mismo, tal como se lo advirtió el Tribunal Superior sino hasta esta oportunidad, cumpliéndose en definitiva todos los actos de procedimiento que alcanzaron el fin para el cual estaban destinados, sin que las irregularidades de índole legal incurridas en la sustanciación del procedimiento revisado, causaran la indefensión denunciada ni afectaran en forma inmediata, flagrante, burda o grosera los derechos constitucionales a la defensa y a la tutela judicial efectiva invocada, durante la suspensión decretada por el Juzgado Tercero de los citados Municipios, por lo que se declara sin lugar la pretensión lesiva de tales derechos interpuesta respecto al auto de fecha 31 de enero de 2006 y las actuaciones procesales subsiguientes en el expediente N° 1060-05, incluida la del debido p.A.S.D..-

   2.2)DE LA PRESUNTA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DENUNCIADOS DEL AUTO DE FECHA “1° de diciembre de 2006”, DICTADO POR EL JUZGADO AGRAVIANTE.-

   Considera quien sentencia, que el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, es una norma que debe interpretarse de manera restringida, sin relajar ni extender su interpretación a otras consideraciones o acepciones, ya que las formalidades previstas en ella, atienden a la protección y garantía del derecho a la defensa de las partes, que es sagrado y de rango constitucional, por lo que de “admitir una interpretación y aplicación benigna y liberal de sus supuestos de hecho”, como bien afirma el autor C.M.F., se estaría lesionando el derecho que tienen las partes procesales a su defensa oportuna y legal, siendo que sus formalidades son esenciales a la validez y eficacia de los mencionados actos, y que las mismas han sido previstas, precisamente, para evitar abusos, arbitrariedades y fraudes procesales (C.M.F., “Citaciones y Notificaciones” – Editorial Componente, 1995, P. 125).

   Buscando el sentido correcto de la institución de la notificación, el maestro COUTURE, expresa que la notificación es la “constancia escrita, puesta en autos de haberse hecho saber a los litigantes una resolución del Juez u otro acto del procedimiento” (Enciclopedia Jurídica Opus, P. 614). Por su parte, el mencionado autor MOROS FUENTES, cuando se refiere a la notificación, señala que “es el acto por medio del cual, la autoridad judicial hace del conocimiento de las partes la continuación de un juicio o la realización de algún acto del proceso, y se diferencia de La citación porque ésta además de notificar, emplaza a la parte demandada para que comparezca, bien sea alegar lo que considere conveniente en defensa de sus intereses o bien a cumplir un acto específico (…) En este sentido una notificación efectuada sin observar la formalidad prescrita, o que presente graves errores, es ineficaz e ilegal, y los vicios existentes en ella, producen en definitiva un menoscabo del derecho a la defensa”. (O.C. 1995, P.123).

   Concatenando los conceptos doctrinarios expuestos, con el contenido del artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, se observa que en dicha norma se encuentran previstas tres (3) formas de notificación: la primera mediante la publicación en la imprenta de un cartel en un diario de los de mayor circulación, dándose un término que no bajará de diez (10) días de despacho; la segunda, a través de boleta remitida por correo certificado con aviso de recibo al domicilio constituido por la parte que haya de ser notificada, de acuerdo al artículo 174 eiusdem; y la tercera por boleta librada por el Juez y dejada por el Alguacil en el referido domicilio.

   Sobre la adecuada interpretación que debe darse a estas tres (3) formas de comunicación procesal en garantía del debido proceso y el derecho a la defensa, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, por auto de fecha 22 de junio de 2004, modificó su anterior criterio y al efecto dictaminó lo siguiente:

   “…Los jueces en materia de notificación deberán seguir el siguiente procedimiento: 1) Ordenar la notificación por boleta remitida por correo con aviso de recibo, al domicilio procesal constituido por la parte, o mediante boleta dejada al Alguacil en ese domicilio. 2) Si la parte no constituye domicilio procesal, entonces el Juez no tendrá otra alternativa que “ordenar la notificación por la imprenta, con la publicación de un cartel en un diario de los de mayor circulación de la localidad ,concediendo sólo en ese caso, un término de diez (10) días de despacho, a contar desde el día siguiente a que conste en autos la consignación del cartel, para que se de por consumada la notificación, luego de lo cual se reanudará la causa. No siendo válida la notificación a través de un cartel fijado en la sede del Tribunal, pues ello definitivamente coarta el ejercicio del derecho de defensa. 3) Nada obsta que las partes igualmente se puedan dar por notificadas voluntariamente, para la reanudación del juicio. En virtud de lo expresado en materia de notificaciones, vuelve a su Doctrina expuesta en sentencia N° 401 del 18 de diciembre de 1990, expediente N° 89-483 en el juicio de Lima S.F., contra L.G.d.C., y sentencia N° 173 de fecha 12 de mayo de 1993, expediente N° 92-335, en el juicio Pantécnica, S.A., contra Apartotel La Llovizna S.A., y abandona expresamente la doctrina que sostuvo en fallo del 27 de junio de 1996, sentencia N° 192, expediente N° 95-207 en el juicio de Constructora Maestro Prieto C.A., contra R.M., C.A., salvo en lo que respecta a que no será necesario que el secretario del Tribunal deje constancia de una actuación que la Ley no le ha confiado a él, sino que será suficiente, a los efectos de lo dispuesto en la última parte del artículo 233, que el Secretario autorice la diligencia que el Alguacil estampe mediante la cual indica al Juez y a las partes que dejó la boleta de notificación en el domicilio procesal constituido por la parte, para que ésta quede legalmente realizada. Por lo cual al día siguiente de esa actuación conjunta del Alguacil y el secretario se reanudará la causa. Ahora bien, con la doctrina que la Sala establece en esta oportunidad; cuya aplicación entrará en vigencia a partir de la publicación de este fallo, para evitar que se produzcan situaciones incongruentes, si no se constituyó domicilio procesal, la notificación de la parte deberá ser hecha a través de cartel publicado por la imprenta, en un diario de los de mayor circulación de la localidad que el Juez indicará…” (resaltado del Tribunal)

   De la doctrina transcrita que entró en vigencia a partir de la publicación de dicho fallo para todos los jueces, se advierte la prevalencia asignada por la Sala, a la notificación de las partes en su respectivo domicilio procesal, lo cual a su vez ofrece seguridad y certeza jurídicas, de cuya omisión o falta de indicación por las mismas en las oportunidades a que se contrae el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, dependerá la aplicación de los otros tipos de notificación.

   Así las cosas, y especialmente en materia de ejercicio de los recursos de Ley, que atañen a la garantía del debido proceso y del derecho a la defensa, amen de su vinculación con los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, de acceso a la justicia y a ser oído o la aplicación del Principio a la Doble Instancia, la Sala Constitucional en sentencia N° 3038, dictada en fecha 4/11/2003, caso Universidad Experimental del Táchira “UNET”, estableció lo siguiente:

   “…la notificación personal constituye la modalidad de notificación más segura para garantizar el conocimiento de los actos procesales a una determinada persona, y al que hay que acudir cuando se conoce el domicilio de la misma, ya que de esta manera se garantiza el real conocimiento por el interesado del acto o resolución que se le notifica, asegurando su derecho a intervenir en el proceso desde tal momento y a interponer los recursos procedentes contra la resolución procesal, criterio jurisprudencial éste que ha venido siendo reiterado por esta Sala en innumerables decisiones, entre las cuales se encuentra la sentencia N° 2555 del 15 de octubre de 2002, en la cual se estableció: “…Hechas estas consideraciones la Sala observa, que en el caso de autos la lesión constitucional al debido proceso y a la defensa, se encuentra presente desde el momento en que no se ordenó la notificación de la parte ahora accionante, y su situación jurídica infringida nace a partir de todos los actos que surgen después de la falta de notificación de dicha sentencia, como lo era declararla firme, obviando la notificación del mismo, privándosele de esa manera su derecho de ejercer los recursos ordinarios o extraordinarios que la Ley establece contra el fallo que fuera adverso a sus intereses…” (Sentencia N° 991 de esta Sala, del 2 de mayo de 2003, caso Servicios de Vigilancia, Resguardo y Protección, C.A.).

   En otra sentencia de la Sala Constitucional del m.T., Nº 2006-060, caso AUDIO R.U., en un caso similar al que nos ocupa, se dispuso lo siguiente:

   Por otra parte, la decisión accionada no fue debidamente notificada, pues de los autos se evidencia (folio 35 pieza I del presente expediente) que el Alguacil del Tribunal del Juzgado Superior Primero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la región Capital, si bien se trasladó al domicilio procesal del accionante, no cumplió con lo previsto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, según el cual, a falta de la presencia de la parte a notificar, éste debe dejar la boleta en el domicilio procesal.

   En este sentido, la Sala ha señalado en su sentencia N° 2.754 del 11 de noviembre de 2002 (caso: C.V.G.), lo siguiente:

   “…Es falso, en este sentido que el Juez deba aplicar conjuntamente, ni siquiera alternamente, lo dispuesto en los artículos 174 y 233 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que es clara e inequívoca la norma contenida en el primero de los mencionados artículos, cuando dispone: “Las partes y sus apoderados deberán indicar una sede o dirección en su domicilio o en el lugar del asiento del Tribunal, declarando formalmente en el libelo de la demanda y en el escrito o acta de la contestación, la dirección exacta. Dicho domicilio subsistirá para todos los efectos legales ulteriores mientras no se constituya otro en el juicio, y en él se practicarán todas las notificaciones, citaciones o intimaciones a que haya lugar. A falta de indicación de la sede o dirección exigida en la primera parte de este artículo, se tendrá como tal la sede del Tribunal” (Destacado de la Sala) (Destacado del fallo)…”

   De manera que, la publicación del cartel de notificación en las puertas del Tribunal, en modo alguno podía sustituir o convalidar la omisión de dejar la notificación en el domicilio del accionante y evidentemente impidió la posibilidad de ejercer la correspondiente apelación a los recursos a que hubiere lugar, los cuales, además, en todo caso debieron recaer respecto de un fallo dictado con posterioridad al vencimiento del lapso fijado para que tuviera lugar la relación de la causa y no, como se ha expresado, dentro de éste. Así se declara.-

   En cuanto al argumento sostenido por el accionante sobre la paralización de la causa en el período comprendido entre el 24 de noviembre al 26 de enero de 2005, por omisión del mencionado Juzgado Superior, consta en autos que mediante sentencias del 7 y 21 de diciembre de 2004, las partes consignaron diligencias en el expediente, quedando demostrado así el impulso que las partes le dieron al proceso y, por tal razón, no se dieron los supuestos necesarios para considerar que el proceso estuvo paralizado, ni aun en los supuestos previstos en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.-

   De conformidad con lo anteriormente expuesto, resulta forzoso para la Sala, declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el hoy accionante, en consecuencia, se repone la causa al estado de que el Juzgado Superior Primero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, abra un lapso de tres (3) días para que se ejerza el recurso de apelación, si hubiere lugar a ello. Así se decide.-

   Ahora bien, en aras de asegurar el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, en lo concerniente a la notificación de la parte actora, y visto que consta en autos que el Tribunal de la causa ordenó, mediante auto del 28 de junio de 2005, la remisión del expediente al archivo judicial, esta Sala ordena al Juzgado Superior Primero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, solicitar el reenvío del expediente a dicha instancia, a los fines de que el accionante pueda ejercer efectivamente el recurso de apelación cuyo lapso comenzará a transcurrir una vez que conste el expediente en dicho Tribunal y éste notifique de ello a la parte actora. Así se declara.-“(Resaltado del Tribunal)

   Aplicando los criterios jurisprudenciales que anteceden al presente caso, se observa que el presunto agraviado presentó como único medio probatorio, y con indicación expresa de los mismos en su escrito, copias certificadas de las actas que conforman el expediente 1060-05 de la nomenclatura del citado Juzgado Tercero de Municipios, las cuales se valoran por el Tribunal, a tenor de lo previsto en los artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1384 del Código Civil. Dichas instrumentales, también fueron promovidas y evacuadas simultáneamente por la interesada INVERSIONES YAMILE, C.A., en la audiencia constitucional, apreciándose con el mismo valor probatorio de las normas adjetivas indicadas. Asimismo presentó copias certificadas de otros expedientes como el de medidas con el mismo número y actuaciones judiciales llevadas a cabo por este Tribunal en otro juicio bajo el N° 21.302 y al cual hace referencia en la audiencia constitucional, cuando señala sobre el convenimiento homologado por este Juzgado en la causa de prórroga legal instaurad por el querellante contra ella. ASÍ SE ESTABLECE.-

   De la revisión efectuada a tales instrumentales se evidencia que en el Capítulo III del escrito de contestación presentado por el accionante en amparo, como demandado en el juicio principal (folio 107), aparece indicada su domicilio procesal en forma clara, específica e inteligible, en los siguientes términos: “ En cuanto a este asunto, para cualquier citación o notificación, señalo como mi domicilio procesal, la siguiente dirección: Centro Comercial Shopping Plaza, local N° 8, Avenida Cuatro de mayo de la ciudad de Porlamar, Municipio Autónomo Mariño, del Estado Nueva Esparta”. De allí que no se explica porque el ciudadano Alguacil J.C., del Tribunal de la Causa, en la diligencia presentada en fecha 16 de octubre de 2006, afirma que se le hizo imposible notificar a la parte demandada “ ya que no se tiene ningún número ni dirección donde localizar a la misma”(folio 217), cuando de la sola revisión de las actas procesales se hubiera percatado que el domicilio del demandado estaba debidamente expresado en el escrito de contestación de la demanda, tal como lo establece el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil. .

   Así las cosas, este Tribunal considera que constando al expediente el domicilio procesal del demandado debió notificársele del fallo dictado en fecha 27 de junio de 2006, en la dirección indicada en la parte “in fine” del respectivo escrito de contestación, lo cual no se hizo y por tanto, con la publicación del cartel de notificación en la prensa bajo el falso supuesto de falta o ausencia de dirección del demandado que fue indicada erróneamente por el Alguacil, no se agotó el procedimiento de notificación personal del ciudadano FAYEZ MAHMOUD KAMAL SAYIM, vulnerándose el debido proceso, infringiéndose el derecho a la defensa por haberse impedido el ejercicio del recuso de apelación contra la mencionada sentencia, el derecho a ser oído que lo asistía y a la tutela judicial efectiva, como derecho constitucional comprendido dentro del derecho de acceso a la justicia. ASÍ SE DECIDE.-.

   De todo lo anteriormente expuesto se concluye, que efectivamente se han producido las lesiones constitucionales denunciadas por el querellante, y atribuidas al auto de fecha 1° de diciembre de 2007, por cuanto con la firmeza decretada en el mismo y la correspondiente orden de archivo del expediente transgredió los derechos constitucionales a la defensa (del cual es inherente el derecho a ser oído), al debido proceso y a la tutela judicial efectiva (comprendida a su vez dentro del derecho de acceso a la justicia), previstos en el encabezamiento, ordinales 1° y 3° del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 26 Constitucional, respectivamente, de la parte demandada FAYEZ MAHMOUD KAMAL SAYIM en el juicio principal, máxime cuando, con anterioridad a éste, no se le había notificado personalmente en el domicilio procesal, que él había indicado en el Capitulo Tercero del escrito de contestación de la demanda presentado en fecha 25 de octubre de 2005, de la sentencia dictada por el Tribunal de la Causa en fecha 27 de junio de 2006. En consecuencia y como mecanismo restablecedor de la situación jurídica infringida, toda vez que el acto judicial lesivo estaba destinado a atribuirle firmeza a la sentencia definitiva en fase de primer grado, dictada por dicho Juzgado en fecha 25 de octubre de 2006, con la cual sería irrevisable por la Alzada, se impone para este Juzgado declarar la NULIDAD del auto de fecha 1° de diciembre de 2006 recaído en el expediente N° (nomenclatura particular del referido Juzgado Tercero de los Municipios), contentivo de la causa que por Cumplimiento de Contrato sigue la sociedad mercantil INVERSIONES YAMILE, C.A., contra el ciudadano FAYEZ MAHMOUD KAMAL SAYIM. Antes identificado. ASÍ SE DECIDE.

8. DISPOSITIVA:

   En fuerza de las precedentes consideraciones de hechos y de derecho, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, actuando en sede CONSTITUCIONAL, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decreta:

Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la pretensión de a.c., instaurada por el ciudadano FAYEZ MAHMOUD KAMAL SAYIM, anteriormente identificado, contra el JUZGADO TERCERO DE LOS MUNICIPIOS MARIÑO, GARCÍA, TUBORES, VILLALBA Y PENÍNSULA DE MACANAO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, en el expediente Nº 1.060-05, de su nomenclatura, por violación de los derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa, previstos en el encabezamiento y ordinal 1°, respectivamente, del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 26 Constitucional.

Se declara NULO el auto de fecha 1-12-2.006, dictado por el Juzgado Tercero de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en el expediente Nº 1.060-05 (nomenclatura particular de dicho Tribunal), contentivo del juicio que por Cumplimiento de Contrato instauró la Sociedad Mercantil INVERSIONES YAMILE, C.A., contra el ciudadano FAYEZ MAHMOUD KAMAL SAYIM, como mecanismo restablecedor de la situación jurídica infringida por el Juzgado Tercero de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, a quien se ordena notifique en forma personal al ciudadano FAYEZ MAHMOUD KAMAL SAYIM, en su carácter de parte demandada en el mencionado proceso, en el domicilio procesal señalado por éste, en el Capitulo Tercero del escrito de contestación de la demanda presentado en fecha 25-10-2.005, a los fines de que el referido accionante pueda ejercer efectivamente el recurso de apelación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por tratarse de una acción de a.c. contra un órgano del Poder Judicial, no hay especial condenatoria en costas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se ordena que lo decidido en el presente fallo, sea acatado por todas las Autoridades de la República, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad..

Publíquese, regístrese y déjese copia.

Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en La Asunción, a los veintiún (21) días del mes de junio del año Dos Mil Siete (2007). 197º de la Independencia y 148º de la Federación.