Sentencia nº 106 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 19 de Febrero de 2009
| Fecha de Resolución | 19 de Febrero de 2009 |
| Emisor | Sala Constitucional |
| Ponente | Luisa Estella Morales Lamuño |
| Procedimiento | Recurso de Nulidad |
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrada Ponente: L.E.M. LAMUÑO
Expediente Nº 08-1569
El 3 de diciembre de 2008, se recibió en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia escrito contentivo del recurso de nulidad por inconstitucionalidad ejercido por la FEDERACIÓN DE CÁMARAS Y ASOCIACIONES DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE VENEZUELA (FEDECÁMARAS), asociación civil constituida por documento protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro del Departamento Libertador del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) el 21 de agosto de 1944, bajo el nº 134, folio 22 y su vto., protocolo 1º, duplicado, tomo 3º, representada por el ciudadano J.M.G., titular de la cédula de identidad Nº 5.217.224, en su carácter de presidente de la mencionada asociación, según se desprende de Acta de Asamblea Anual Ordinaria LXIII de la asociación celebrada el 28 de julio de 2007, inscrita en el Registro Inmobiliario del Primer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital el 20 de noviembre de 2007, bajo el Nº 29, Tomo 20, Protocolo I; la CONFEDERACIÓN VENEZOLANA DE INDUSTRIAS (CONINDUSTRIAS), asociación civil constituida por documento protocolizado en la Oficina Subalterna del Tercer Circuito del Registro del Departamento Libertador del Distrito Federal bajo el Nº 6, Folio 17, Protocolo Primero, Tomo 12, del 5 de abril de 1971, representada por el ciudadano E.G.S., titular de la cédula de identidad Nº 4.375.204, en su carácter de presidente de la referida asociación, según se desprende de Asamblea Deliberativa de la asociación celebrada el 16 de mayo de 2007, inscrita en el Registro Público del Tercer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital el 9 de julio de 2007, bajo el Nº 32, Tomo 03, Protocolo 1º; y el CONSEJO NACIONAL DEL COMERCIO Y LOS SERVICIOS (CONSECOMERCIO), asociación civil inscrita ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Federal el 12 de diciembre de 1971, bajo el Nº 12, Tomo 36, Adc., Cuarto Trimestre de 1971, representada por el ciudadano N.M., titular de la cédula de identidad Nº 2.896.096, en su condición de presidente de la aludida asociación, según se desprende del Acta de Asamblea General Ordinaria Administrativa XXXVII, inscrita en el Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, el 11 de julio de 2007, bajo el Nº 15, Tomo 3, Protocolo Primero; asistidos por los abogados G.F.V. y M.V.S., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 20.802 y 70.884, respectivamente; en contra del “(…) Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad Agroalimentaria, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.889 extraordinario del 31 de julio de 2008 (…)”.
El 9 de diciembre de 2008, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente a la Magistrada L.E.M. Lamuño, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.
ÚNICO
En el presente caso, se ha ejercido un recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad en contra del “(…) Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad Agroalimentaria, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.889 extraordinario del 31 de julio de 2008 (…)”.
En cuanto a la competencia para conocer de recursos como el presente, esta Sala advierte que la competencia para declarar la nulidad total o parcial de los actos dictados por el Ejecutivo Nacional en ejecución directa e inmediata de la N.F., se encuentra asignada a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con el último aparte del artículo 336.3 de la Carta Magna, según el cual corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como jurisdicción constitucional, “(…) Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley dictados por el Ejecutivo Nacional, que colidan con esta Constitución (…)” y del artículo 5, numeral 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, por cuanto el acto impugnado en autos ha sido dictado en ejecución de la potestad conferida al Presidente de la República en el artículo 236.8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y tienen -tal como lo dispusiera el Constituyente de 1999- rango y fuerza de ley, de conformidad con la competencia expresa otorgada a esta Sala por las referidas normas de la Constitución y de la ley que rige las funciones de este M.T. de la República, la misma se declara competente para conocer del recurso de nulidad interpuesto. Así se decide.
Determinada la competencia de esta Sala para conocer el asunto de marras, resulta pertinente reiterar lo sostenido en la sentencia Nº 1.795 del 19 de julio de 2005, caso: “Inversiones M7441, C.A. y otras”, en la cual se estableció respecto al procedimiento para tramitar los recursos de nulidad por inconstitucionalidad, lo siguiente:
Siendo que la preocupación principal, pero no la única, es la tutela judicial cautelar, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, establece los siguientes parámetros para la tramitación de las solicitudes cautelares conjuntamente con los recursos de nulidad por inconstitucionalidad:
i) Ante la interposición conjunta del recurso de nulidad por inconstitucionalidad con alguna o varias solicitudes cautelares, se le dará entrada al mismo en la Secretaría de la Sala e inmediatamente se designará ponente, a quien se pasará el expediente para el pronunciamiento sobre la admisibilidad.
En la misma decisión donde sea admitido el recurso, se emitirá el pronunciamiento relativo a la medida cautelar solicitada, sea que se trate de medida cautelar innominada o de amparo cautelar, para lo cual no sólo deberán tomarse en cuenta los alegatos y la debida argumentación relativa a los hechos y al derecho que se invocan para lograr la convicción de la Sala respecto a su procedencia, sino que también se tomará en cuenta todo instrumento que pueda ser aportado junto al escrito para tales efectos, siempre que ello sea posible. Claro está, en toda esta tramitación debe tenerse siempre presente que el estudio de la constitucionalidad de las normas y en general de los actos u omisiones estatales, no exige mucho de los hechos.
ii) En caso de ser admitido el recurso, se ordenarán las citaciones y notificaciones respectivas, continuando así con la tramitación del mismo de conformidad con lo establecido en la sentencia Nº 1.645 del 19 de agosto de 2004 (caso: ‘Constitución Federal del Estado Falcón´), remitiéndose para ello al Juzgado de Sustanciación (…)
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Siendo ello así, y dado que en el presente caso no se ha solicitado medida cautelar conjunta al recurso principal así como tampoco un amparo cautelar, la Sala debe remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación, al cual corresponde hacer el pronunciamiento sobre la admisibilidad o no del presente recurso, atendiendo a lo dispuesto en los apartes 4 y 5 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (Cfr. Sentencia de esta Sala Nº 833 del 21 de mayo de 2008, caso: “Efraín J.S.B.”). Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, se declara COMPETENTE para conocer el recurso de nulidad por inconstitucionalidad ejercido por la FEDERACIÓN DE CÁMARAS Y ASOCIACIONES DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE VENEZUELA (FEDECÁMARAS), representada por el ciudadano J.M.G.; la CONFEDERACIÓN VENEZOLANA DE INDUSTRIAS (CONINDUSTRIAS), representada por el ciudadano E.G.S.; y el CONSEJO NACIONAL DEL COMERCIO Y LOS SERVICIOS (CONSECOMERCIO), representada por el ciudadano N.M.; asistidos por los abogados G.F.V. y M.V.S., ya identificados; contra el “(…) Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad Agroalimentaria, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.889 extraordinario del 31 de julio de 2008 (…)” y, en consecuencia, ORDENA remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines del pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso de nulidad por inconstitucionalidad interpuesto.
Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 19 días del mes de febrero de dos mil nueve (2009). Años: 198° de la Independencia y 150° de la Federación.
La Presidenta de la Sala,
L.E.M. LAMUÑO
Ponente
El Vicepresidente,
F.A. CARRASQUERO LÓPEZ
Los Magistrados,
J.E. CABRERA ROMERO
P.R. RONDÓN HAAZ
M.T. DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
A.D.J. DELGADO ROSALES
El Secretario,
J.L. REQUENA CABELLO
Exp. Nº AA50-T-2008-1569
LEML/
