Decisión de Juzgado Superior Laboral de Yaracuy, de 29 de Julio de 2013

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR DEL TRABAJO

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY

San Felipe, 29 de julio de 2013

203º y 154º

Asunto Nº: UP11-R-2013-000074

(Dos (02) Piezas)

SENTENCIA DEFINITIVA

Ha subido a esta Alzada el presente expediente, a fin de conocer y decidir el recurso ordinario de apelación ejercido por la representación judicial de la parte demandante en este proceso, contra la decisión de fecha 15 de mayo de 2013, dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy. Celebrada la audiencia de apelación en la que se declaró “PARCIALMENTE CON LUGAR” el referido recurso y, siendo esta la oportunidad procesal para la publicación de la sentencia en forma escrita, pasa ahora este Juzgado a emitir su respectivo pronunciamiento, previas las siguientes consideraciones:

-I-

IDENTIFICACION DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS JUDICIALES

PARTE DEMANDANTE RECURRENTE: F.A.D.C., venezolano, mayor de edad, domiciliado en el Municipio Bruzual del Estado Yaracuy, y titular de la cédula de identidad número 7.555.039.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE RECURRENTE: J.D. SEGURA Y JOSMIR JENEDY SEGURA, ambos abogados en ejercicio, debidamente inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 95.580 y 145.144 respectivamente

PARTE DEMANDADA: “COMEDORES INDUSTRIALES DEL ESTADO YARACUY” C.A., sociedad de comercio inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en fecha 14/07/2005, bajo el Nº 49, Tomo 264-A.

PARTE DEMANDADA SOLIDARIA: “CERAMICAS CARIBE, C.A. inscrita en el Registro Mercantil llevado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en fecha 02 de agosto de 1.977, bajo el Nº 143, Tomo 27 (Adicional), folios 24 al 41 del Libro de Registro de Firmas de Comercio, Tomo XXVII Adicional, representada por el ciudadano S.F.C.S., en su condición de Director de dicha empresa.

APODERADOS JUDICIALES DE LA DEMANDADA RECURRENTE: AURIMAR HERNANDEZ, H.M. Y M.S.S., todos abogados en ejercicio, de este domicilio, debidamente inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 51.072, 133.473 y 67.565 respectivamente.

MOTIVO: RECURSO DE APELACION EN AMBOS EFECTOS

-II-

FUNDAMENTOS DE LA APELACION

Durante la celebración de la audiencia de apelación, la representación judicial de la parte actora recurrente, denuncia la valoración de la prueba documental consignada durante la etapa probatoria y, constituida por el expediente administrativo, a los efectos de demostrar los alegatos, entre ellos la solidaridad y del cual la parte accionada no hizo ninguna objeción, si embargo consta de la recurrida que a criterio del Juez a-quo no esta demostrada la solidaridad. Invoca Sentencia Nº 209 emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 16 de mayo de 2003 respecto de la presunción del documento público administrativo, el cual al no haber sido enervado, a su decir, se convierte en documento de carácter público, de acuerdo al artículo 1359 del Código Civil, razón por la cual solicita se valore el referido instrumento y se declare la solidaridad entre ambas codemandadas. Por otro lado, denuncia el vicio de incongruencia negativa y violación del principio de exhaustividad del fallo, por cuanto a pesar de que surgió una admisión de hechos, el juez no efectuó pronunciamiento sobre los salarios caídos. A su juicio, éste no sentenció de acuerdo a lo alegado y probado en autos, por lo cual solicita se revise la forma en la cual fue contestada la demanda, con fundamento en el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Finalmente solicita se desestime el alegato la demandada solidaria de que la accionada principal prestaba servicios a otras empresas, ya que éste constituye un hecho nuevo que carece de sustento legal. Solicita se modifique la apelada decisión en los términos solicitados.

Por su lado, la representación judicial de la demandada solidaria aduce que los objetos de ambas codemandadas son completamente distintos y que Comedores Industriales sólo presta a la empresa Cerámicas Caribe el servicio de comedor. Argumenta además que la demandada principal percibe ingresos de otras empresas tal como está demostrado en autos.

-III-

DELIMITACION DE LA CONTROVERSIA

De acuerdo al dispositivo del fallo recurrido, el Tribunal de la Primera Instancia declaró “ PARCIALMENTE CON LUGAR” la demanda incoada en el presente asunto respecto de la codemandada empresa COMEDORES INDUSTRIALES DEL ESTADO YARACUY, condenándola a pagar la cantidad de diecinueve mil setecientos cincuenta y cuatro bolívares con noventa y siete céntimos (Bs. 19.754,97), por los conceptos de antigüedad, vacaciones, utilidades e indemnización por despido injustificado, así como también condena la indexación o corrección monetaria, intereses sobre prestaciones sociales e intereses moratorios, éstos últimos determinados mediante experticia complementaria del fallo. Por otro lado desestima la demanda respecto de la codemandada empresa CERAMICAS CARIBE C.A, por considerar improcedente el alegato de solidaridad. Por tal motivo antes de entrar a revisar el contenido y fundamentación de dicha sentencia, estima necesario esta Alzada conocer las distintas alegaciones y defensas expuestas por las partes en el decurso del proceso. En tal sentido se observa lo siguiente:

Por un lado, indica el libelo de demanda que, el trabajador reclamante, ciudadano F.A.D.C., prestó servicios desde el día 10 de octubre de 2006 como Ayudante de Mantenimiento para la empresa COMEDORES INDUSTRIALES DEL ESTADO YARACUY (COINYA), labores que desempeñaba en las instalaciones de la empresa CERAMICAS CARIBE donde cumplía un horario de trabajo de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., siendo despedido el día 16 de enero de 2010 sin que mediara justificación alguna. Señala que ante el despido de que fue objeto interpuso reclamo administrativo, declarado Con Lugar por el Inspector del Trabajo de este Estado, y ante la negativa del patrono a reenganchar al trabajador decide renunciar de manera justificada a la fecha de interposición de la presente demanda, procediendo a demandar los salarios caídos, prestaciones sociales, indemnizaciones por despido injustificado y demás conceptos de índole laboral que por derecho le corresponden y que estima en la cantidad de setenta y seis mil trescientos veintiséis bolívares con noventa y nueve céntimos (Bs. 76.326,99). Demanda además la solidaridad entre Comedores Industriales del Estado Yaracuy C.A. y la empresa CERAMICAS CARIBE C.A. pidiendo la aplicación de la Convención Colectiva que rige a la última de las mencionadas empresas.

Luego, en la oportunidad para celebrar la prolongación de la audiencia preliminar, el día 05 de octubre de 2013, la parte co-demandada COMEDORES INDUSTRIALES DEL ESTADO YARACUY no compareció a dicho acto ni por sí ni por intermedio de apoderado judicial alguno (Folios 66 al 69 de la Primera Pieza), produciéndose en ese caso la ADMISION DE LOS HECHOS, conforme a lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con las orientaciones jurisprudenciales contenidas en Sentencia N° 1300 de fecha 15 de octubre de 2004.

Por su parte la co-demandada empresa CERAMICAS CARIBE C.A., en la oportunidad para dar contestación a la demanda (Folios 212 al 215 de la primera pieza), niega la demanda interpuesta, alegando la inexistencia de relación de trabajo alguna con el trabajadores accionante. Niega la solidaridad alegada con la demandada principal Comedores Industriales del Estado Yaracuy (COINYA), con quien admite existió un contrato mercantil de prestación de servicios.

-IV-

DISTRIBUCION DE LA CARGA PROBATORIA

En atención a lo anterior y de acuerdo a la norma contenida en los artículos 72 y 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, tenemos que según la forma como haya sido contestada la demanda, constituye un deber del sentenciador, aplicar el Principio de Inversión de la Carga de la Prueba, es decir, indicar en forma debida, lo referente a la distribución de la carga probatoria (Vid. TSJ/SCS, sentencias números 47 y 0501, de fechas 15/03/2000 y 12/05/2005, respectivamente). La referida jurisprudencia postula que, la finalidad principal de ello es proteger al trabajador de la desigualdad económica en que se encuentra frente al patrono, de no ser así, se generaría en el accionante una situación de indefensión.

Observa este juzgador, que la presente causa quedaría en todo caso delimitada a determinar y por lo tanto demostrar los hechos controvertidos, resultantes de aquellos que hubieren sido expresamente negados, con fundamento en otros nuevos traídos a la litis por la parte demandada, pero como quiera que la demandada principal no ejerció el derecho a la defensa en forma debida durante la oportunidad procesal correspondiente por cuanto no compareció a la prolongación de la audiencia preliminar, como se dijo precedentemente de acuerdo a lo previsto en el artículo 131 de nuestra ley adjetiva, se produce la confesión ficta de la accionada empresa Comedores Industriales del Estado Yaracuy, vale decir, se entienden admitidos los hechos alegados por la parte actora en el escrito libelar. No obstante, de acuerdo a criterio reiterado de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, según el cual si la incomparecencia del demandado surge en una de las prolongaciones de la audiencia preliminar –como es el caso de marras-, la admisión de los hechos por efecto de dicha incomparecencia revestirá carácter relativo, por lo tanto desvirtuable por prueba en contrario (presunción juris tantum), caso en el cual, el sentenciador de sustanciación, mediación y ejecución deberá incorporar al expediente las pruebas promovidas por las partes a los fines de su admisión y evacuación ante el juez de juicio, quien es el que verificará, una vez concluido el lapso probatorio, el cumplimiento de los requisitos para que la confesión ficta sea declarada y tenga eficacia legal, es decir, verificará si la petición del demandante no es contraria a derecho y que el demandado no haya probado nada que le favorezca. (Vid. TSJ/SCS, Sentencia N° 1300 del 15/10/2004).

En cuanto a la existencia de la relación de trabajo, la jurisprudencia nos orienta en el sentido que, negada la misma como en efecto así lo hizo la codemandada empresa Cerámicas Caribe C.A., corresponde a la parte actora demostrar la sola prestación del servicio, sin embargo también compete a la parte demandada desvirtuar por cualquier medio probatorio, la naturaleza laboral de la relación pre-existente (Vid. TSJ/SCS; Sentencia N° 419 del 11/05/2004). Finalmente corresponde a la parte accionante demostrar la alegada la solidaridad entre las co-demandadas por inherencia o conexidad.

-V-

ANALISIS DE LAS PRUEBAS

(i)

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE

1. PRUEBA POR ESCRITO: Cursan en autos instrumentos así: i) Legajo de Copia certificada de expediente administrativo signado con la nomenclatura 057-2010-01-00074, la cual corre inserta de los folios 73 al 146 de la primera del expediente, en el que riela P.A. N° 276/2010 dictada en fecha 06 de septiembre de 2010 por la Inspectoría del Trabajo del Estado Yaracuy, también consignada en copia simple e inserta a los folios 136 al 139 de la misma pieza, con ocasión el procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos interpuesto por un grupo de ciudadanos, entre los que se encuentra el hoy demandante F.A.D.C. contra las hoy demandadas empresas COMEDORES INDUSTRIALES DEL ESTADO YARACUY (COINYA) y la sociedad mercantil CERAMICAS CARIBE , C.A. ii) Acta de cumplimiento voluntario de fecha 29 de junio de 2011. iii) Acta de ejecución forzosa de fecha 15 de julio de 2011. iv) Auto de apertura de procedimiento sancionatorio de fecha 18 de agosto de 2011. Los mismos constituyen documentos de carácter público administrativo, por emanar de funcionarios o empleados públicos competentes que, al no haber sido impugnados por la contra parte son apreciados por este juzgador en toda su extensión, es decir se tiene como cierto su contenido, fecha y firma, a tenor de lo establecido por nuestra jurisprudencia patria (Vid. TSJ/SCS; Sentencia Nº 1001 del 08/06/2006). De los mismos se evidencia la interposición del procedimiento administrativo por parte del accionante, contra las hoy demandadas empresas, que culminó mediante p.a. de Reenganche y Pago de Salarios Caídos a favor del reclamante, orden ésta impartida a la empresa COMEDORES INDUSTRIALES DEL ESTADO YARACUY (COINYA), en virtud del ilegal despido del que fue objeto el trabajador, así como también se evidencia que dicha empresa no pudo ser notificada de tal providencia, sin embargo ante el traslado del órgano administrativo, se negó a dar cumplimiento voluntario a dicha providencia en fecha 29/06/2011, por lo cual se inició un procedimiento sancionatorio. Asimismo consta en acta de ejecución forzosa de fecha 15 de julio de 2011 levantada en la sede de la empresa CERAMICAS CARIBE C.A. quien se negó al reenganche alegando la existencia de un contrato mercantil con la empresa COMEDORES INDUSTRIALES DEL ESTADO YARACUY (COINYA) para la cual índica que prestó servicios el trabajador.

2. PRUEBA DE EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS: La parte demandante requirió de la accionada la exhibición de nominas de los trabajadores desde el 10/10/2006 al 16/02/2010; Control de entrada y salida; y, horario y planificación de las jornadas de trabajo. Estas documentales no fueron mostradas por la procesalmente obligada empresa COMEDORES INDUSTRIALES DEL ESTADO YARACUY (COINYA), de manera que inexorablemente se producen los efectos a los cuales se contrae el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, vale decir se tienen como ciertos los datos que al respecto fueron afirmados por el solicitante en su escrito libelar. No obstante respecto de la codemandada CERAMICAS CARIBE, C.A, no se producen los efectos a que se contrae dicha norma por cuanto fue negada la existencia de la relación laboral.

   (ii)

   PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA

   PRUEBA POR ESCRITO:

1. Cursan en auto instrumentos así: a) Recibo de pago de vacaciones 2007 y 2009 (Folios 205 y 206), b) Recibos de pagos de utilidades 2007-2009 (Folios 207 al 209) ambos de la primera pieza del expediente. Estos representan documentos de carácter privado, de conformidad con lo previsto en el artículo 1.363 del Código Civil, los cuales fueron impugnados por la demandada durante el decurso de la celebración de la audiencia de juicio; no insistiendo la accionada en su valor probatorio, por lo que en consecuencia quedan desechadas y por ende fuera del debate probatorio, a tenor de lo dispuesto en los artículos 10 y 69 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

2. Corre inserto al folios 210 de la primera pieza del expediente, documento intitulado “Cuenta Individual de afiliación IVSS”, presuntamente emanado de la red informática Internet “www.ivss.gov.ve” de fecha 04 de junio de 2012, no impugnada por la parte demandante, el cual concatenado con la prueba de informes que emanada de dicho órgano cursante a los folios 06 al 09 de la segunda pieza de este expediente, se aprecia sanamente como evidencia de la inscripción del trabajador F.D.C. por ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

   (iii)

   PRUEBAS DE LA CODEMANDADA SOLIDARIA

   PRUEBA POR ESCRITO:

1. Corren en autos instrumentos así: contratos de servicio suscritos entre las empresas CERAMICAS CARIBE C.A. representada por la ciudadana KLEIDIMAR CHRINOS VASQUEZ y la empresa COMEDORES INDUSTRIALES DEL ESTADO YARACUY C.A., (folios 152 al 161), ordenes de pago y factura (folios 162 al 167) ambos de la primera pieza del expediente, calificados como documentos de carácter privado, de conformidad con lo previsto en el artículo 1.363 del Código Civil, los cuales fueron impugnados por la parte actora, por tratarse de copia simple. Como quiera que no consta en autos instrumentos originales para constatar su veracidad, quedan en consecuencia desechados y fuera del debate probatorio, a tenor de lo dispuesto en los artículos 10 y 69 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

2. Corren en autos instrumentos así: Planilla Forma 14-01, (folio 168), certificado emanado de la unidad de nutrición del Estado Yaracuy (folio 169), controles de fumigación (Folios 170 al 172), Facturas de Comedores Industriales del Estado Yaracuy (Folios 173 al 178) y Recibos de pago (Folios 183 al 202), todos ellos agregados a la primera pieza del expediente, calificados como documentos de carácter privado, de conformidad con lo previsto en el artículo 1.363 del Código Civil, los cuales fueron impugnados por ser copia simple y, como quiera que no consta en autos instrumentos originales para constatar su veracidad, aunado al hecho que nada aportan a la resolución de la presente controversia, quedan en consecuencia desechados y por ende fuera del debate probatorio, a tenor de lo dispuesto en los artículos 10 y 69 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

3. A los folios 179 al 182 de la primera del expediente, riela P.A. N° 276/2010 dictada en fecha 06 de septiembre de 2010 por la Inspectoría del Trabajo del Estado Yaracuy, instrumento ya analizado por esta Alzada por lo que se remite a la valoración realizada ut supra.

   -VI-

   MOTIVACION PARA DECIDIR

   Orientado este Juzgador por el Principio de Prohibición de la Reforma en Perjuicio, mejor conocido por el aforismo de la “Non Reformatio in Peius”, según el cual no debe el Juez de Alzada desmejorar la condición del apelante, ni tampoco pronunciarse sobre aquello que no ha sido objeto de apelación (Vid. TSJ/SC, Sentencias números 2007 y 830 del 20/11/2006 y 11/05/2005 respectivamente); respecto de las denuncias formuladas por la parte recurrente, en primer lugar observa este Superior Despacho que, negada la relación de trabajo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cuando corresponda al trabajador probar la relación de trabajo, gozará éste de la presunción de su existencia, cualquiera fuere su posición en la relación procesal. Así mismo tenemos que, según lo contemplado en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, se presumirá la existencia de una relación de trabajo entre quien preste un servicio personal y quien lo reciba. Quiere esto decir que, el elemento principal a considerar y con el cual determinar la existencia de una relación de carácter laboral, negada por el patrono, es fundamentalmente la prestación de un servicio directo y personal, vale decir la ejecución de una labor específica por parte de una persona, denominada trabajador, pero por cuenta ajena, en beneficio y bajo la dependencia de otra denominada patrono.

   Siguiendo al tratadista español M.A.O., opina este juzgador que, para la determinación de la pre-existencia de la relación de trabajo, la misma se encuentra sujeta a la verificación de ciertos elementos concurrentes que, vendrían a constituir la prestación de un servicio personal y directo, a saber: a) Actividad ejecutada por un ser humano; b) Se trata de un acto volitivo del trabajador; c) Es productiva, es decir idónea para procurarle a quien la ejecuta, los medios requeridos para su subsistencia y; d) Por cuenta ajena, por cuanto que el trabajador se inserta en una unidad donde se articulan los factores de producción bajo la dirección, orientación y riesgo de otro.

   Por su parte, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, citando a DE LA CUEVA, ha venido sosteniendo de manera consistente en el tiempo que, la relación de trabajo es una situación jurídica objetiva que se crea entre un trabajador y un patrono por la prestación de un trabajo subordinado, cualquiera que sea el acto o la causa que le dio origen, en virtud de la cual se aplica al trabajador un estatuto objetivo. La presunción apunta a desarrollar una protección amplia al trabajador, en el sentido de reconocer consecuencias jurídicas al solo hecho de la prestación del servicio personal, mediante la incorporación de la presunción juris tantum a favor del mismo. Establecida la prestación personal de un servicio, dice la Sala, debe el sentenciador considerar existente la relación de trabajo y, por admitir dicha presunción prueba en contrario, de acuerdo con la doctrina generalmente aceptada, centrar el examen probatorio en el establecimiento de la existencia o no de algún hecho capaz de desvirtuar la presunción legal.- Asimismo, se ha señalado que “cuando el patrono niega en forma pura y simple la relación laboral, si el trabajador demuestra que prestó servicios al empleador, ello conducirá al establecimiento de la relación de trabajo, con todas las consecuencias legales que implica”. (Vid. TSJ/SCS, sentencias números 264 y 46 del 25/03/2004 y 15/03/2000 respectivamente).

   De igual modo, nuestra jurisprudencia también nos ha orientado en cuanto a los elementos que deben ser valorados para considerar una relación jurídica como de naturaleza laboral, a saber: ajenidad, dependencia y salario.- Es decir la ejecución de una labor por cuenta ajena, la subordinación económica y volitiva y, la percepción de una remuneración efectuada con ocasión de la prestación del servicio. Para ello y, a propósito de la teoría sostenida por BRONSTEIN, se dice igualmente que existe una serie de indicios o indicadores que coadyuvan en la determinación del carácter laboral o no de una relación entre quien ejecuta un trabajo y quien lo recibe, comprendiendo en ello lo que se conoce como “Test de Laboralidad”, a saber: a) Forma de determinar el trabajo; b) Tiempo de trabajo y otras condiciones de trabajo; c) Forma de efectuarse el pago; d) Trabajo personal, supervisión y control disciplinario; e) Inversiones, suministro de herramientas, materiales y maquinaria; f) Otros, asunción de ganancias y pérdidas por la persona que ejecuta el trabajo o presta el servicio, la regularidad del trabajo, la exclusividad o no para la usuaria; g) La naturaleza jurídica del pretendido patrono; h) Propiedad de los bienes e insumos con los cuales se verifica la prestación del servicio; i) La naturaleza y quantum de la contraprestación recibida por el servicio, máxime si el monto percibido es manifiestamente superior a quienes realizan una labor idéntica o similar; j) Aquellos propios de la prestación de un servicio por cuenta ajena. (Vid. TSJ/SCS, Sentencias números 728 y 498 del 12/07/2004 y 13/08/2002 respectivamente).

   Tratándose aquí de una presunción iuris tantum, que como dice PLANIOL Y RIPERT, admite prueba en contrario, en el caso que hoy nos ocupa, de las pruebas promovidas por las partes y valoradas por este sentenciador por el Principio de Comunidad de la prueba, en primer lugar concluye este Tribunal de Alzada que, el accionante no logró demostrar la prestación del servicio personal a favor de la litisconsorte, sociedad mercantil CERAMICAS CARIBE C.A, por ende tampoco existe evidencia alguna que demuestre la argumentada solidaridad entre las co-demandadas.- En particular, del instrumento de carácter público administrativo, constituido por la copia certificada del expediente administrativo, en el que riela P.A. N° 276/2010 dictada en fecha 06 de septiembre de 2010 por la Inspectoría del Trabajo del Estado Yaracuy, con ocasión el procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos interpuesto por un grupo de ciudadanos, entre los que se encuentra el hoy demandante F.A.D.C. contra las hoy demandadas empresas COMEDORES INDUSTRIALES DEL ESTADO YARACUY (COINYA) y CERAMICAS CARIBE, C.A; no puede este Tribunal establecer la pretendida solidaridad, por cuanto como lo hace saber el Juez de la recurrida, tal hecho no quedó demostrado durante el procedimiento administrativo, ni siquiera de los recibos de pago allá promovidos, habida cuenta de su falta de oponiblidad, al no tener sello ni firma de la contraparte en señal de haberse encontrado en conocimiento de su contenido, por consiguiente contrarios al Principio de Alteridad de la Prueba, aunado ésto a que la p.a., solo imparte orden a la empresa COMEDORES INDUSTRIALES DEL ESTADO YARACUY, tendente a restituir al trabajador a sus labores habituales y el pago de los salarios caídos. ASI SE DECIDE.

   En consecuencia, al no existir las características esenciales de la relación de trabajo en el presente proceso respecto de la co-demandada empresa CERAMICAS CARIBE C.A., no nace para ésta la obligación de pagar prestaciones sociales de conformidad con la Ley Orgánica del Trabajo, no así para la co-demandada empresa COMEDORES INDUSTRIALES DEL ESTADO YARACUY, quien por efecto de la confesión surgida y no habiendo demostrado el pago de los conceptos peticionados por el trabajador, resulta procedente su pago, tal como fueron condenados por el juez de la recurrida. En tal sentido se desestima la delación formulada. ASI SE DECIDE.

   En otro orden de ideas, respecto de la denuncia formulada por la recurrente, relacionada con la falta de pronunciamiento sobre los salarios caídos peticionados, en el fallo recurrido, advierte este Superior Despacho que, en el caso que nos ocupa, se produjo la ADMISIÓN DE LOS HECHOS en virtud de la incomparecencia de la demandada empresa COMEDORES INDUSTRIALES DEL ESTADO YARCUY, C.A. a una de las prolongaciones de la audiencia preliminar y, por tanto la CONFESION FICTA, aunque de carácter relativo, vista la a.d.o. contestación a la demanda, conforme a lo preceptuado en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con las orientaciones jurisprudenciales citadas en el Capítulo IV de esta sentencia. Quiere ello decir que, se tienen como ciertos los hechos alegados en el libelo de demanda, entre ellos el despido injustificado de que fue objeto el trabajador en fecha 16 de enero de 2010, hecho además demostrado con la P.A. N° 276/2010 dictada en fecha 06 de septiembre de 2010 por la Inspectoría del Trabajo del Estado Yaracuy, contenida en el expediente Nro. 057-2010-01-00074 llevado por ante dicho órgano administrativo.

   Ahora bien, de la recurrida como bien apunta el recurrente, se constata que el Juez a-quo a pesar que declara procedente las indemnizaciones por despido injustificado, sin embargo no emite pronunciamiento alguno sobre los salarios caídos pedidos en el escrito de libelar. Así las cosas tenemos que, de acuerdo a criterio reiterado de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, conforme puede apreciarse en Sentencia Nº 2.439 de fecha 07 de diciembre de 2007, “la p.a. consagra al trabajador un derecho subjetivo, al declarar su reenganche y pago de los salarios caídos, concediéndole estabilidad absoluta en virtud de la inamovilidad, razón por la cual mientras no pudiera materializarse, mantenía su vigencia hasta que el trabajador tácita o expresamente renunciare a su ejecución, lo cual puede ocurrir de dos formas, la primera cuando se agotan todos los mecanismos necesarios tendientes a lograr su ejecución, o en su defecto, cuando el trabajador sin agotar tales recursos, decide interponer demanda por prestaciones sociales, momento a partir del cual renuncia al reenganche y puede considerarse terminada la relación de trabajo.”

   Por tanto, coincide esta Alzada con la opinión recurrente, en cuanto a que, en virtud del manifiesto incumplimiento de la orden administrativa por parte del empleador, son procedentes los salarios caídos reclamados, los cuales deben computarse desde la fecha de la efectiva notificación de la accionada del procedimiento administrativo, es decir desde el 29 de junio de 2011, oportunidad en la cual la empresa COMEDORES INDUSTRIALES DEL ESTADO YARACUY, C.A. se niega al reenganche del trabajador (Folios 140 al141) considerando esta fecha al no existir certeza de la notificación de la accionada acerca de la p.a. dictada el 06 de septiembre de 2010, hasta la fecha de interposición de la presente demanda judicial, vale decir, hasta el día 16 de marzo de 2012, con base en las variaciones de salario mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional, siendo para ello necesario su cálculo mediante experticia complementaria del fallo, adoptando de este modo el criterio contenido en Sentencia N° 17 del 03 de febrero de 2009 mediante la cual la Sala de Casación Social, en un caso similar advierte que, ante la imposibilidad de ejecutar la orden de reenganche en sede administrativa, si el trabajador accionante posteriormente procede a reclamar judicialmente sus derechos, abandona el derecho a ser reenganchado, y en consecuencia, ya en pretérito declarado ilegal el despido, empero sin perder efecto, es a partir de allí cuando se debe tener por finalizada la relación que lo unió con el patrono.

   Por tal motivo, habiendo prosperado de manera parcial las denuncias formuladas por la recurrente, forzosamente debe ser modificada la apelada decisión sólo en lo que respecta a los salarios caídos peticionados, quedando firme el resto de los conceptos condenados por el a-quo. ASI SE DECIDE. De manera tal que, procede la condenatoria al pago de las siguientes cantidades y conceptos:

   ANTIGÜEDAD BONO VACACIONAL VACACIONES UTILIDADES TOTAL

   2006-2007 740,4953425 285,6 612 612 2250,095342

   2007-2008 1020,238027 326,4 652,8 612 2611,438027

   2008-2009 1393,993644 367,2 693,6 612 3066,793644

   2009-2010 1873,850301 408 734,4 612 3628,250301

   5028,577315 1387,2 2692,8 2448 11556,57732

   INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO

   a.- Antigüedad 150 días x 34,16 Bs.………………………………………………Bs.5.124, 00

   b.- Preaviso 90 días x 34,16 Bs.……………………………………………………..Bs. 3.074,4

   TOTAL INDEMNIZACIÓN DEL ART. 125 DE LA L.O.T.…………………………….Bs. 8.198, 4

   TOTAL PRESTACIONES……………………………………………………….…… Bs. 19.754, 97

   Se acuerda el pago de los Intereses sobre prestaciones sociales que resulte de la experticia complementaria del fallo la cual se practicara por un solo experto designado por el Tribunal, todo de conformidad con el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Asimismo, los Intereses Moratorios sobre el monto de las prestaciones sociales condenadas a pagar, los cuales deberán ser calculados mediante experticia complementaria del fallo bajo los siguientes parámetros: Desde la fecha de finalización de la relación de trabajo, sea por causa atribuible a la voluntad de las partes o por causas ajenas a la misma, independientemente de la oportunidad elegida por el trabajador para reclamar sus derechos judicial o extrajudicial hasta la materialización de esta (oportunidad del pago efectivo), según lo dispuesto en el articulo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y la sentencia de fecha 11 de Noviembre de 2008 de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.

   Por otra parte, se acuerda la indexación de la cantidad por prestación de antigüedad será calculados mediante experticia complementaria del fallo bajo los siguientes parámetros: Desde la fecha de finalización de la relación de trabajo, sea por causa atribuible a la voluntad de las partes o por causas ajenas a la misma, independientemente de la oportunidad elegida por el trabajador para reclamar sus derechos judicial o extrajudicial hasta la materialización de esta (oportunidad del pago efectivo), según lo dispuesto en la sentencia de fecha 11 de Noviembre de 2008 de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. La indexación de los demás montos condenados, los cuales deberán ser calculados mediante experticia complementaria del fallo bajo los siguientes parámetros: Desde la fecha de notificación de la demandada hasta que la sentencia quede definitivamente firme, excluyendo de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor, según lo dispuesto en la sentencia de fecha 11 de Noviembre de 2008 de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.

   Asimismo, el Beneficio de Alimentación deberá ser calculado mediante experticia complementaria del fallo bajo los siguientes parámetros: Desde el 10 de Octubre de 2006 hasta 16 de Enero de 2010 tomando en cuenta lo dispuesto en la Ley de Alimentación para los trabajadores, en base a la unidad tributaria vigente al momento en que se verifique el cumplimiento del pago. En la misma experticia deberá igualmente calcularse los salarios caídos acordados en esta sentencia cuantificados desde el día 29 de junio de 2011 hasta el día 16 de marzo de 2012, con base en las variaciones de salario mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional.

   -VII-

   DISPOSITIVO

   Por todo el razonamiento tanto de hecho como de derecho anteriormente expuesto, este Tribunal Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO

“PARCIALMENTE CON LUGAR” el Recurso de Apelación ejercido por la representación judicial de la parte demandante contra la sentencia de fecha 15 de mayo de 2013, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy. ASI SE DECIDE.

SEGUNDO

“SE MODIFICA” la recurrida decisión en los términos que indique esta sentencia y, en consecuencia, se declara “PARCIALMENTE CON LUGAR” la demanda por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos derivados de la relación de trabajo, incoada por el ciudadano F.D.C., contra la empresa COMEDORES INDUSTRIALES, C.A. y, solidariamente contra CERAMICAS CARIBE, C.A, condenando a la primera a pagar las cantidades y conceptos señalados en la parte motivacional de la presente sentencia. ASI SE DECIDE.

TERCERO

Se ordena la práctica de una experticia complementaria del fallo, para el cálculo del beneficio de alimentación y los salarios caídos, así como los intereses sobre las prestaciones sociales y la corrección monetaria de la deuda, siguiendo los términos que a tales fines han especificados. ASI SE DECIDE.

CUARTO

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, no hay condenatoria en costas. ASI SE DECIDE.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada. Así mismo remítase el expediente a su Tribunal de origen una vez firme esta sentencia en la oportunidad procesal correspondiente. Dada, firmada y sellada en la sede del Despacho del Tribunal Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en la ciudad de San Felipe, a los veintinueve (29) días del mes de julio del año dos mil trece (2013).

DIOS Y FEDERACION

EL JUEZ,

J.G.R.

LA SECRETARIA,

NORAYDEE REVEROL VEROES

Nota: Se deja expresa constancia que, en horas de despacho del mismo día de hoy, lunes (29) de julio del año dos mil trece (2013), siendo las tres y veinte minutos de la tarde (03:20pm), se diarizó y publicó la anterior decisión.

LA SECRETARIA

Asunto Nº: UP11-R-2013-000074

(Segunda Pieza)

JGR/NRV