Decisión nº 1368 de Juzgado del Municipio Nirgua de Yaracuy, de 3 de Mayo de 2012
| Fecha de Resolución | 3 de Mayo de 2012 |
| Emisor | Juzgado del Municipio Nirgua |
| Ponente | Ivan Palencia |
| Procedimiento | Titulo Supletorio |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO DEL MUNICIPIO NIRGUA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY
Nirgua, tres (3) de mayo del año dos mil doce.
202º y 153º
En fecha veinticuatro (24) de abril del año 2012, el ciudadano: F.E.M.P., venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad N° V- 12.281.903 y de este domicilio, asistida por el abogado: NIXON VARELA, , I.P.S.A. N° 75.619 del Programa Tribunal Móvil y con domicilio en Caracas en esta de tránsito, interpuso por ante este Juzgado SOLICITUD DE TITULO SUPLETORIO, alegando que construyó una vivienda de habitación familiar con las siguientes características: dividida internamente de la siguiente manera: tres (3) habitaciones, una (1) sala, una (1) cocina-comedor, un (1) corredor, un (1) baño, un (1) garaje, puertas y ventanas de hierro con sus respectivos protectores, piso de cemento pulido, servicio de aguas blancas y negras, techo de acerolit, paredes de bloques debidamente frisadas, cercada totalmente de alambres de púas con estantillos de madera con un valor estimado de doscientos veinte mil bolívares (Bs. 220.000), por lo que pidió se interrogara a los testigos que oportunamente presentaría ante este juzgado para que declararan a tenor de los particulares que menciona en su solicitud.-
El Tribunal en fecha dos (2) de mayo de 2012, ordenó darle entrada en el libro de solicitudes para su numeración correspondiente, formar expediente y fijó para proveer, no obstante; en la misma fecha, compareció voluntariamente el solicitante, por ante este juzgado y expuso que en la oportunidad en la cual acudió ante el Tribunal Móvil, omitió indicar que sobre el terreno que posee y que indica en la solicitud referida, tiene además de las bienhechurias descrita en dicha solicitud, una plantación de cuatro (4) matas de mandarina, una (1) mata de aguacates y siete (7) matas de naranjas, haciendo dicha declaración con el ánimo de que las mismas sean tomadas en cuenta a la hora de dictar la resolución respectiva.
Ahora bien vista la declaración jurada del solicitante, el tribunal debe pronunciarse sobre la misma, en el sentido que al agregarse a las bienhechurias referidas en la solicitud inicial, la contenida en la referida declaración se encuentra que l peticionante requiere se declare titulo supletorio sobre bienhechurias civiles, pero también sobre una plantación de frutales, cuya competencia no corresponde a este Tribunal en razón de la materia, pues la misma está contemplada como de la competencia de los Juzgado de Primera Instancia Agraria, en el artículo 197 numeral 1 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario que establece: Artículo 197: “…Los juzgados de primera instancia agraria conocerán de las demandas entre particulares que se promuevan con ocasión de la actividad agraria, sobre los siguientes asuntos: 1.- Acciones declarativas, petitorias, reivindicatorias y posesorias en materia agraria.. (omissis)
Por lo que no siendo atribución de los Juzgados de Municipio resolver solicitudes o peticiones que conlleven la declaratoria de titularidad sobre predios que se consideran “Patios Productivos” (negrillas del tribunal) según la más avanzada interpretación de la legislación agraria, la presente solicitud debe declinarse al Juzgado Agrario competente.
A mayor abundamiento: El Juez ejerce la función jurisdiccional en la medida de la esfera de poderes y atribuciones asignadas previamente por la Constitución y las leyes a los Tribunales de la República, siendo la competencia, la medida de la jurisdicción que puede ejercer cada Juez en concreto y al respecto, nos dice Rengel Romberg , “… En el Juez concurre una capacidad especial, la cual, puede ser objetiva: determinada por las normas sobre competencia, y subjetiva: determinada por las condiciones personales del Juez en relación al objeto de la causa o a los sujetos que en ella intervienen…” (Manual de Derecho Procesal Civil Venezolano, 1.983, v.i.p: 236).
Ahora bien, dentro de los criterios para determinar la competencia del juez se encuentra el derivado de la materia, atendiendo a la calidad de la relación controvertida, al aspecto cualitativo de la misma, y con base a ello se distribuye el conocimiento de las causas entre diversos jueces, encontrándose tanto en el Código de Procedimiento Civil, así como en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la forma de conocer ese reparto. Así el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil establece: “…La competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute, y por las disposiciones legales que la regulan…”
De la interpretación de dicha norma se entiende, que la competencia por la materia se considera como una regla de orden público inderogable y al respecto la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia RC. 00413-27709-20009-08-641 de fecha 27 de Julio de 2009, dejó sentado:
Omissis “…A propósito de ciertas formas procesales consideradas de orden público, en esta oportunidad merece especial mención la competencia por la materia, por cuanto ésta comporta verdaderos límites al ejercicio de la función jurisdiccional, siendo éstas susceptibles de ser declarada aún de oficio, en cualquier estado e instancia del proceso.
Efectivamente, esta Sala ha indicado que la competencia como presupuesto de la sentencia de mérito, se encuentra atribuida por la Ley a los tribunales de la República, y que precisamente se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute. De manera que, la misma puede ser declarada aún de oficio en cualquier estado e instancia del proceso, a tenor de lo previsto en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil. (Vid. Sentencia de fecha 23 de mayo de 2006. (omissis)
En ese sentido, cabe destacar que la competencia por la materia, específicamente, comporta verdaderos límites a la función jurisdiccional, dispuestos constitucionalmente para garantizar, entre otros, el derecho a ser juzgados por sus jueces naturales, así como el pleno respeto al derecho al debido proceso y dentro de éste al derecho de defensa de las partes en el proceso…”
Sobre el particular, este M.T. en Sala Constitucional, mediante sentencia de fecha 19 de Febrero de 2004, caso: P.J.T.D.S., interpretó el alcance del derecho a ser Juzgado por el juez natural. Así, la mencionada decisión estableció lo siguiente:
…La Jurisdicción entendida como la potestad atribuida por la ley a un órgano del Estado para dirimir conflictos de relevancia jurídica, con un procedimiento predeterminado, siendo el órgano capaz de producir cosa juzgada susceptible de ejecución, es ejercida por los Tribunales ordinarios y especiales.
A estos Tribunales la ley, o la interpretación judicial que de ella se haga, les asigna un ámbito específico que vincula a ellos a las personas que realizan actividades correspondientes a esas áreas o ámbitos. Se trata de un nexo entre las personas que cumplen esas actividades, y los Tribunales designados para conocer de ellas. Así, aunque la jurisdicción es una sola, la ley suele referirse a la jurisdicción militar, laboral, agraria, etc., para designar las diversas áreas en que se divide la actividad jurisdiccional por razones de interés público. Esto conduce a que los derechos de las personas relativos a las diversas actividades que tutela la jurisdicción, para que les sean declarados en caso de conflicto, tengan que acudir a los órganos jurisdiccionales que les correspondan, y así los militares, en lo concerniente a los asuntos militares, acuden a los Tribunales militares; los trabajadores a los laborales, los menores a los Tribunales de Menores, etc.
Los jueces a quienes la ley ha facultado para juzgar a las personas en los asuntos correspondientes a las actividades que legalmente pueden conocer, son los jueces naturales, de quienes se supone conocimientos particulares sobre las materias que juzgan, siendo esta característica, la de la idoneidad del juez, la que exige el artículo 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Dentro de estas parcelas, los distintos órganos jurisdiccionales a que pertenecen ellas, se distribuyen el conocimiento de los casos según las reglas de la competencia, bien sea por la cuantía, el territorio o la materia.
Para evitar un caos, y ordenar la administración de justicia, hay reglas de competencia que se consideran de orden público y son inderogables, mientras que hay otras que no lo son. La competencia por la materia se encuentra entre las primeras…
(Negritas y cursivas de la Sala)
Con base en las anteriores consideraciones, este Tribunal declara su INCOMPETENCIA POR LA MATERIA para conocer del presente asunto y por tanto DECLINA su conocimiento en el Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, competente por la materia y territorio para conocer la presente solicitud, y acuerda remitir estas actuaciones al referido Juzgado a los fines legales correspondientes
Remítase con Oficio al citado Juzgado. Así se decide
Dada, firmada y Sellada en la Sala de Despacho del Juzgado del Municipio Nirgua de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy; Nirgua, a los tres (3) días del mes de mayo del año dos mil doce. Año 202º de la Independencia y 153º de la Federación.-
El Juez Titular
Abog. I.P.A.
La Secretaria Titular
Abog. M.R.
En la misma fecha y siendo la 1:50 p.m., se publicó la anterior decisión.
La Secretaria Titular
Abog. M.R.
