Sentencia nº 74 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Electoral de 5 de Mayo de 2015

En Sala Electoral

Magistrada Ponente: I.M.A.I.

EXPEDIENTE N° AA70-E-2014-000057

I

Adjunto al oficio número 4430-312 del 19 de mayo de 2014, el Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia, remitió a esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia expediente número 2484 (nomenclatura del referido Tribunal), contentivo de demanda contencioso electoral interpuesta el 12 de febrero de 2014 por el ciudadano F.R.L., titular del número de cédula de identidad V-5.358.432, en su carácter de “(…) PRESIDENTE de la ASOCIACIÓN CIVIL DE TRANSPORTE V.D.S., (…) inscrita por ante la Oficina del Registro Principal Civil del Estado Carabobo, bajo el N° 26, Tomo 18 de fecha 04 de agosto de 2.006 (…)” asistido por la abogada Y.C., inscrita en el Inpreabogado con el número 207.428, con el objeto de “(…) DEMANDAR (…) LA NULIDAD, de la asamblea extraordinaria celebrada en fecha DIECIOCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL CATORCE (2.014) (sic), en la que (…) se eligió a una Comisión Electoral y consecuencialmente LA NULIDAD DE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES efectuada por (…) D.O., titular de la cédula de identidad V-4.483.942, (…) presidente del Comité Electoral (…) para una elección de la Junta Directiva de [la referida] asociación (…) sin que se cumplieran los requisitos establecidos en el documento constitutivo estatutario y sus reformas (…)”. (Destacado del original, corchetes de la Sala).

La remisión se efectuó con motivo de la decisión dictada el 5 de mayo de 2014, por el referido Juzgado de Municipio en la cual declaró “(…) PROCEDENTE la cuestión previa del ordinal 1° del (sic) 346 del Código de Procedimiento Civil de la incompetencia y en consecuencia se DECLINA LA COMPETENCIA a favor de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (…)”. (Destacado del original).

El 14 de julio de 2014, se dio cuenta en esta Sala Electoral; y, por auto del 15 de julio de 2014, se designó ponente al Magistrado Oscar J. León Uzcátegui, a los fines del pronunciamiento correspondiente.

El 23 de julio de 2014, por sentencia número 128, esta Sala Electoral aceptó la competencia declinada por el Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia y, en consecuencia, se declaró competente para conocer la demanda contencioso electoral interpuesta.

El 13 de agosto de 2014, se ordenó notificar la sentencia número 128, al ciudadano F.R.L. (parte recurrente), igualmente se ordenó notificar a la Comisión Electoral de la Asociación Civil de Transporte V.d.S., integrada por los ciudadanos D.O., J.R. y V.Z., identificados en autos, para que consignaran los antecedentes administrativos y el respectivo informe de hecho y de derecho, para lo cual se comisionó al Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo.

Por auto del 29 de septiembre de 2014, “(…) se dejó constancia de la incorporación de la Magistrada Suplente I.M.A.I., a fin de suplir temporalmente la falta absoluta del Magistrado OSCAR J. LEÓN UZCÁTEGUI hasta que la Asamblea Nacional proceda a la designación definitiva del Magistrado (a), según lo dispuesto en los artículos 47 y 48 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. La Sala quedó integrada de la siguiente manera: Presidente, Magistrado F.R.V.T., Vicepresidente, Magistrado M.G.R., Magistrado J.J.N.C., Magistrada JHANNETT M.M.S. y Magistrada Suplente I.M.A.I., Secretaria, P.C.G. y Alguacil ciudadano R.G. (…)” (mayúsculas de la Sala).

El 13 de noviembre de 2014 se agregó a los autos la resultas del cumplimiento de la comisión, librada por esta Sala el 13 de agosto de 2014 al Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo.

El 3 de febrero de 2015, el Juzgado de Sustanciación de la Sala Electoral, admitió “cuanto ha lugar en derecho”, la demanda contencioso electoral interpuesta.

En esa misma oportunidad se ordenó la notificación de la Comisión Electoral de la Asociación Civil de Transporte V.d.S. y al ciudadano F.R.L., para lo cual se comisionó al Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo y, de conformidad con el artículo 186 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia se ordenó notificar al Ministerio Público.

Por auto del 6 de febrero de 2015, se dejó constancia que el 29 de diciembre de 2014 se produjo en esta Sala Electoral “(…) la incorporación de la Magistrada I.M.A.I., designada por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en Sesión celebrada el 28 de diciembre de 2014, la Sala quedó integrada de la siguiente manera: Presidente, Magistrado F.R.V.T., Vicepresidente, Magistrado M.G.R., Magistrado J.J.N.C., Magistrada JHANNETT M.M.S. y Magistrada I.M.A.I.; Secretaria, Abogada P.C.G. y el Alguacil ciudadano R.G. (…)” (mayúsculas del original).

El 6 de abril de 2015, se agregó a los autos la resulta del cumplimiento de la comisión, librada por esta Sala el 3 de febrero de 2015, al Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo.

El 8 de abril de 2015, visto la constatación en autos de las notificaciones ordenadas, se libró el cartel de emplazamiento de conformidad con lo establecido en los artículos 186 y 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de ser retirado y publicado en el diario “Ultimas Noticias”, y consignado en el expediente por la parte demandante en el plazo de siete (7) días de despacho, con la advertencia en caso de incumplimiento de esa carga, que se declarará la perención de la instancia y se ordenará el archivo del expediente.

Por auto del 23 de abril de 2015, se dejó constancia del vencimiento del lapso legal establecido en el artículo 189 da la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, para retirar publicar y consignar el cartel de emplazamiento a los terceros interesados librado el 8 de abril de 2015; y en esa misma fecha se designó ponente a la Magistrada I.M.A.I. a los fines del pronunciamiento correspondiente.

Analizadas las actas procesales, esta Sala Electoral se pronuncia previas las consideraciones siguientes:

II

DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ELECTORAL

En el escrito presentado el 12 de febrero de 2014, el recurrente F.R.L., asistido por la abogada Y.C., fundamenta su pretensión en lo siguiente (folios 1 al 2 vto. del expediente):

(…) [E]n fecha DIECIOCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL CATORCE (2.014) (sic), habiendo sida (sic) convocada debidamente una Asamblea Extraordinaria de la Asociación (…) [se] reuni[eron] en su sede una parte de dichos asociados, a fin de debatir aspectos de nuestro interés colectivo, cuando en forma violenta y sin ningún tipo de fundamento legal, un grupo reducido de asociados dentro de los cuales se encuentran los ciudadanos J.S. (sic), F.R., H.P., Y.R. entre otros, interrumpieron el orden del día y se dispusieron a nombrar un Comité Electoral totalmente de facto, imponiendo a la fuerza y sin que mediara ningún tipo de orden, las decisiones que ellos mismos tomaron, estableciendo con ello un vicio en el consentimiento sobre las personas que asisti[eron] a dicha asamblea, pues por medio de violencia y amenazas pretendieron tener la mayoría requerida para su validación.

Así las cosas, nombrando como fue de facto el irrito Comité Electoral, los mismos procedieron a realizar un cronograma electoral (…) en el que establecen las bases para una elección de la Junta Directiva de [su] asociación fijada en forma totalmente arbitraria para el día 15 de febrero del año en curso, todo sin que se cumplieran los requisitos establecidos en el documento constitutivo estatutario y sus reformas, y sin que la misma designación del mencionado Comité Electoral se encuentre plasmada en ningún tipo de acta, ni mucho menos registrada por ante la Oficina respectiva, aunado al hecho, que estos personajes auto proclamados del comité electoral, han hecho un llamado a elecciones, vulnerando flagrantemente el contenido del artículo 20 de la reforma de los estatutos celebrada en fecha 20 de mayo de 2.013 (sic) (…) donde expresamente se estipula que la Junta Directiva tiene una duración de TRES (03) años, lapso este que se cumple expira (sic) en fecha 08 de febrero de 2.015 (sic) , sin que hasta la fecha se haya efectuado ningún tipo de Referéndum Revocatorio, es por lo que considera quien suscribe que la convocatoria a elecciones y la misma acta donde se designa a los integrantes del tantas veces invocado comité, resulta nula de toda nulidad, tal como formalmente solicit[a] sea declarada por es[e] digno tribunal, ya que si bien es cierto que la nombrada asamblea no ha sido registrada, no es menos cierto que las decisiones en ella plasmados (sic) han tenido efecto en el seno de la asociación y se corre un riesgo manifiesto de que pudiese ser vulnerado el orden institucional por medio de violencia, generando con ello una perturbación al orden público.

(…)

(…) [E]l objeto de la pretensión es (…) DEMANDAR LA NULIDAD, de la asamblea extraordinaria celebrada en fecha DIECIOCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL CATORCE (2.014) (sic), en la que írritamente se eligió a una Comisión Electoral y consecuencialmente LA NULIDAD DE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES efectuada por el de facto y auto proclamado Comité Electoral, con la consecuente NULIDAD de todos los actos emanados de dicho comité.

Esta pretensión la efectú[a] de conformidad con los artículos 1.346, 1146 del Código Civil Venezolano, 15 y 20 de los estatutos de la ASOCIACIÓN CIVIL DE TRANSPORTE V.D.S..

CAPITULO III

DEL PETITORIO

(…) [Ocurre] (…) para DEMANDAR (…) con [su] carácter de PRESIDENTE de la ASOCIACIÓN CIVIL DE TRANSPORTE V.D.S., LA NULIDAD, de la asamblea extraordinaria celebrada en fecha DIECIOCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL CATORCE (2.014) (sic), en la que írritamente se eligió a una Comisión Electoral y consecuencialmente LA NULIDAD DE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES efectuada por el de facto y auto proclamado Comité Electoral, en las personas del ciudadanos (sic) D.O., titular de la cédula de identidad V-4.483.942, (…) como el de facto presidente del Comité Electoral (…)

(…)

(…) [E]stim[a] la presente demanda en la cantidad de: VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000,00), equivalentes a CIENTO OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA Y UN UNIDADES TRIBUTARIAS.

(…)

(…) [Deja] constancia que no consign[a] el acta de asamblea que pretend[e] anular, por cuanto no ha sido registrada, no obstante de estar surtiendo efectos internos por la convocatoria a elecciones. Consign[a] copia simple de la transcripción del acta N° 26, de fecha 18 de enero de 2.014 (sic), siendo esta la que se pretende anular (…)

. (Destacado del original, corchetes de la Sala).

III

ANALISIS DE LA SITUACIÓN

Corresponde a esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia pronunciarse sobre la obligación de la parte recurrente respecto al retiro, publicación y consignación del cartel de emplazamiento de los interesados, en el lapso previsto en el artículo 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el cual establece:

El cartel deberá ser retirado, publicado en un diario de circulación nacional o regional, según sea el caso, y consignado por la parte demandante dentro de los siete días de despacho siguientes a su expedición. Si la parte demandante incumpliere con esta carga, el Juzgado de Sustanciación declarará la perención de la instancia y se ordenará el archivo del expediente; sin embargo, podrá remitir el expediente a la Sala cuando estimare que existen razones de orden público que justifiquen la continuación de la causa, en cuyo caso, el cartel deberá ser publicado por el Juzgado de Sustanciación. Dentro de los cinco días de despacho siguientes al vencimiento del plazo para el retiro, publicación y consignación del cartel de emplazamiento, los interesados o interesadas podrán comparecer y presentar sus alegatos

. (Negrillas de la Sala).

Conforme a la norma citada, el emplazamiento de los interesados debe realizarse mediante cartel que se publicará en un diario de circulación nacional, con la carga procesal para la parte recurrente de su retiro, publicación y consignación en el lapso de siete (7) días de despacho siguientes a su expedición.

El incumplimiento de la parte recurrente de esta obligación es sancionado con la perención de la instancia, que constituye uno de los modos anormales de extinguir la relación procesal.

En ese sentido, la Sala Político Administrativa, en relación a la perención de la instancia, declaró en sentencia número 01279 del 7 de noviembre de 2013:

La perención de la instancia constituye un mecanismo anómalo de terminación del proceso, en el sentido de que el pronunciamiento proferido por el operador de justicia que declare la perención no produce cosa juzgada material, pudiendo el accionante interponer nuevamente la acción en similares términos como fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido a tales fines

.

Al respecto, es criterio reiterado de esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que “(…) la perención de la instancia no extingue la pretensión, pero deja sin efecto el proceso. El efecto de la perención de la instancia no es extinguir el derecho, y no impide que se ejerza de nuevo la acción para reclamarlo”. (vid. Sentencias números 43 del 18 de marzo de 2014, 163 del 13 de noviembre de 2013 y 131 del 8 de octubre de 2013).

De conformidad con lo expuesto, esta Sala Electoral observa que en el presente caso, verificado en autos la constancia de las notificaciones ordenadas el 3 de febrero de 2015, se libró el cartel de emplazamiento el 8 de abril de 2015 (folio 117 del expediente), con la carga procesal de la parte recurrente de retirar, publicar y consignar el referido cartel en el lapso de siete (7) días de despacho siguientes a su expedición, los cuales transcurrieron, así: 9, 13, 14, 15, 16, 20 y 21 de abril de 2015. En consecuencia, hasta el 21 de abril de 2015 la parte recurrente tenía oportunidad para cumplir con la carga procesal referida.

De igual forma, consta que el 23 de abril de 2015, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala Electoral ordenó agregar al expediente el original del cartel de emplazamiento librado el 8 de abril de 2014 (folio 117 del expediente), lo cual evidencia que la parte recurrente incumplió la carga de retirar el mencionado cartel para su posterior publicación y consignación.

Considerando lo anterior, de conformidad con el artículo 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala Electoral declara la perención de la instancia, por no existir razones de orden público que justifiquen la continuación del procedimiento. Así se decide.

IV

DECISIÓN

En mérito de las razones expuestas, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, administrado justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, respecto de la demanda contencioso electoral interpuesta el 12 de febrero de 2014 por el ciudadano F.R.L., en su carácter de “(…) PRESIDENTE de la ASOCIACIÓN CIVIL DE TRANSPORTE V.D.S., (…)” asistido por la abogada Y.C., con el objeto de “(…) DEMANDAR (…) LA NULIDAD, de la asamblea extraordinaria celebrada en fecha DIECIOCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL CATORCE (2.014) (sic), en la que (…) se eligió a una Comisión Electoral y consecuencialmente LA NULIDAD DE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES efectuada por (…) D.O., (…) presidente del Comité Electoral (…) para una elección de la Junta Directiva de [la referida] asociación (…) sin que se cumplieran los requisitos establecidos en el documento constitutivo estatutario y sus reformas (…)”. (Destacado del original, corchetes de la Sala).

Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 05 días del mes de mayo del año dos mil quince (2015). Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.

Los Magistrados

La Presidenta

I.M.A.I.

Ponente

El Vicepresidente

J.J.N.C.

F.R.V.T.

JHANNETT M.M.S.

M.G.R.

La Secretaria,

P.C.G.

IMAI

Exp. N° AA70-E-2014-000057

Quien suscribe, F.R.V.T., salva su voto por disentir del criterio sostenido en el fallo que antecede, por las razones siguientes:

En el presente caso, correspondió a esta Sala pronunciarse acerca de la falta de retiro, publicación y consignación del cartel de emplazamiento a los interesados librado en el recurso contencioso electoral interpuesto, por el ciudadano F.R.L., antes identificado, actuando con el carácter de “…PRESIDENTE, de la ASOCIACIÓN CIVIL DE TRANSPORTE V.D.S.…” asistido por la abogada Y.C., identificada previamente con el objeto de “…DEMANDAR (…) LA NULIDAD de la asamblea extraordinaria celebrada en fecha DIECIOCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL CATORCE (2.014) (sic), en la que (...) se eligió a una Comisión Electoral y consecuencialmente LA NULIDAD DE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES…” (negrillas y mayúsculas del original).

La mayoría sentenciadora, de conformidad con la letra del artículo 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia declaró la perención de la instancia, toda vez que el referido cartel de emplazamiento no fue retirado.

Quien suscribe, observa que el artículo 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, vigente desde el 29 de julio de 2010, establece lo siguiente:

Artículo 189: El cartel deberá ser retirado, publicado en un diario de circulación nacional o regional, según sea el caso, y consignado por la parte demandante dentro de los siete días de despacho siguientes a su expedición. Si la parte demandante incumpliere con esta carga, el Juzgado de Sustanciación declarará la perención de la instancia y se ordenará el archivo del expediente…

(negrillas de la Sala).

Como se aprecia del texto del artículo transcrito, el legislador estableció que la falta de retiro, publicación y consignación del cartel de emplazamiento en el procedimiento contencioso electoral da lugar a declarar la perención de la causa.

Al respecto cabe señalar que la perención es una de las formas de terminación anormal del proceso, respecto a la cual A.R.R. expresó lo siguiente: “…es la extinción del proceso por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes…” (Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo II, pág. 349). Asimismo F.Z. refiriéndose a la misma figura jurídica destacó que “…es la extinción de la instancia por el abandono del proceso por la falta de impulso procesal por el tiempo establecido en la ley” (La Perención, pág. 62).

Ambos tratadistas formulan sus tesis partiendo del análisis del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual la instancia se extingue cuando transcurre un año ininterrumpido sin que se hayan realizado actos de procedimiento en la causa, salvo que la causa esté en fase de decisión.

En ese mismo orden, la Sala Constitucional ha sostenido de manera reiterada que “…la institución procesal de la perención de la instancia, como forma de extinción del proceso, ocurre por la circunstancia de que la causa haya permanecido paralizada más de un año…” (decisión número 1645, de fecha 26 de noviembre de 2009).

Igualmente, la Sala Político Administrativa en lo que respecta a la perención de la instancia, señaló lo siguiente:

La perención de la instancia constituye un mecanismo anómalo para la culminación del procedimiento, en el sentido de que la declaratoria que a bien tenga proferir el operador de justicia, no produce cosa juzgada material en las causas sometidas a su conocimiento, pudiendo el accionante interponer nuevamente la demanda en los mismos términos en que fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido a tales fines.

Erígese entonces, el instituto procesal en referencia, como un mecanismo de ley diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés de los sujetos procesales.

Así pues, de lo sostenido por la doctrina y la jurisprudencia de este Alto Tribunal, puede colegirse que la perención de la instancia: 1) extingue el proceso; 2) opera ante la paralización de la causa por más de un año; y 3) persigue evitar que los procesos donde no hay interés se perpetúen.

Ahora bien, el desistimiento del procedimiento, no es otra cosa que la manifestación de voluntad expresa o tácita de la parte actora de abandonar el proceso.

El desistimiento tácito se configura en casos expresamente previstos por el legislador, en los que la parte actora incumple con alguna carga procesal, que hace presumir la falta de interés y abandono del proceso.

Con respecto a esta figura del desistimiento tácito la Sala Constitucional bajo la vigencia de la derogada Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2004, reiteró lo siguiente:

De la norma parcialmente transcrita se desprende que el legislador previó la figura del desistimiento tácito, para aquellos casos en que el recurrente no consignara en autos, dentro del lapso de tres (3) días de despacho siguientes a su publicación, un ejemplar del periódico donde apareciere el cartel de emplazamiento a los terceros interesados. Resulta necesario acotar, que como el legislador no previó un lapso para la publicación del cartel al que hace mención la citada norma, ‘esta Sala en sentencia N° 1645 del 19 de agosto de 2004, estableció, que el referido lapso sería de quince (15) días hábiles contados a partir de la expedición del cartel.

Tal consecuencia jurídica (la terminación anormal del proceso), se impone a consecuencia del incumplimiento de una carga procesal cuya omisión, delata una ausencia de interés en la sustanciación de la causa y, por tanto, una violación del principio de racionalización en el ejercicio de los recursos adjetivos.

En efecto, el referido principio postula que la utilización de los órganos jurisdiccionales debe responder a una finalidad practica concreta y de allí, que esta Sala ha desarrollado que el interés jurídico actual es un elemento constitutivo de la acción (decisión N° 445 del 23 de mayo del 2000, caso: nulidad del Estatuto Electoral del Poder Público), y en tal virtud, una vez constatada esa falta de interés, debe procederse a la terminación del proceso por extinción de la acción’.

En este sentido se pronuncia Arazi (La Legitimación como Elemento de la Acción’ (publicado dentro de la obra ‘La Legitimación’. Libro Homenaje al profesor L.E.P.. Abeledo Perrot. Buenos Aires, 1996) al señalar, que el interés procesal debe ser actual y si éste cesa, se extingue la actividad jurisdiccional.

La citada doctrina, fue ratificada en la sentencia N° 956 del 1 de junio de 2001 (caso: F.V.G. y M.P.M.d.V.), donde se estableció que ‘la pérdida del interés puede ocurrir durante el proceso y una vez que se evidencia, corresponde al juez analizar la utilidad del proceso en concreto.’

En el caso bajo examen, se advierte que el 23 de noviembre de 2006, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala libró el cartel de emplazamiento a los terceros interesados, el cual si bien fue retirado de forma tempestiva (el 20 de diciembre del mismo año), no fue consignada su publicación en el lapso correspondiente, evidenciándose así que los accionantes perdieron el interés jurídico actual en la presente demanda y en consecuencia, debe la Sala declarar el desistimiento de la pretensión postulada; y así se decide

(véanse decisiones número 139 de fecha 9 de marzo de 2010, y número 1.982 del 4 de noviembre de 2008).

Por su parte, la Sala Político Administrativa en sentencia número 00456 de fecha 11 de mayo de 2004, señaló lo siguiente:

…esta Sala ha sostenido reiteradamente que cuando el recurrente no cumple con la carga procesal de retirar el cartel, publicarlo y consignar un ejemplar del mismo, está denotando poco o ningún interés en la demanda y por ello ha entendido la declaratoria de desistimiento como una sanción para la parte actora en virtud del manifiesto desinterés de ésta en el procedimiento.

Según la sentencia antes citada, ha sido criterio de la Sala Político Administrativa de este Alto Tribunal que el incumplimiento de la carga procesal referente al retiro, publicación y consignación del cartel de emplazamiento a los interesados, es una expresión tácita de falta de interés procesal por parte del recurrente, que acarrea como sanción la declaratoria del desistimiento.

En el contencioso administrativo tal situación está actualmente regulada por lo previsto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual establece lo siguiente:

Artículo 81: El demandante deberá retirar el cartel de emplazamiento dentro de los tres días de despacho siguientes a su emisión, lo publicará y consignará la publicación, dentro de los ocho días de despacho siguientes a su retiro.

El incumplimiento de las cargas antes previstas, dará lugar a que el tribunal declare el desistimiento del recurso y ordene el archivo del expediente, salvo que dentro del lapso indicado algún interesado se diera por notificado y consignara su publicación.

En ese mismo sentido el artículo 21, aparte 8, de la derogada Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establecía que “…En el auto de admisión se ordenará la citación del representante del organismo o del funcionario que haya dictado el acto; al Fiscal General de la República, si éste no hubiere iniciado el juicio, el cual deberá consignar un informe hasta el vencimiento del plazo para presentar los informes; al Procurador General de la República en el caso de que la intervención de éste en el procedimiento fuere requerida por estar en juego los intereses patrimoniales de la República. Asimismo, cuando fuere procedente, en esa misma oportunidad, se podrá ordenar la citación de los interesados, por medio de carteles que se publicarán en un (1) diario de circulación nacional, para que se den por citados, en un lapso de diez (10) días hábiles siguientes: contados a partir de la publicación del cartel o de la notificación del último de los interesados. El recurrente deberá consignar un (1) ejemplar del periódico donde fue publicado el cartel, dentro de los tres (3) días siguientes a su publicación; el incumplimiento de esta obligación se entenderá que desiste del recurso, y se ordenará el archivo del expediente.” (destacado de la Sala)

Igualmente, el artículo 125 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia señalaba que “…En el auto de admisión el Tribunal ordenará notificar al Fiscal General de la República y también al Procurador General de la República, caso de que la intervención de éste en el procedimiento fuere requerida teniendo en cuenta la naturaleza del acto. Cuando lo juzgue procedente, el Tribunal podrá disponer también que se emplace a los interesados mediante un cartel que será publicado en uno de los periódicos de mayor circulación de la ciudad de Caracas, para que concurran a darse por citados dentro de las diez audiencias siguientes a la fecha de publicación de aquél. Un ejemplar del periódico donde fuere publicado el cartel será consignado por el recurrente dentro de los quince días consecutivos siguientes a la fecha en la que aquél hubiere sido expedido y de no hacerlo dentro de dicho término, la Corte declarará desistido el recurso y ordenará archivar el expediente, a menos que alguno de los interesados se diere por citado y consignare el ejemplar del periódico donde hubiere sido publicado el cartel.” Se desprende del texto de los artículos antes citados, que en los procesos de naturaleza contencioso administrativa, el demandante debe retirar, publicar y consignar el cartel de emplazamiento a los interesados, lo que constituye una carga procesal que de no cumplirse acarrea la imposición de la sanción procesal consistente en la declaratoria, aun de oficio, del desistimiento tácito del proceso.

Cabe destacar que en el caso del desistimiento tácito, a diferencia de la perención, la declaratoria procede en una causa que no se encuentra paralizada, sino en la que sencillamente el recurrente ha incumplido una carga procesal, como lo es el retiro, publicación y consignación del cartel de emplazamiento a los interesados, tanto así que es posible que entre el día en que se libre el referido cartel y la fecha en que venció el lapso para retirarlo, publicarlo y consignarlo, la parte actora haya realizado alguna actuación en el juicio mas no haya cumplido con esa carga, y en ese supuesto igual se configura la causa que da lugar a la declaratoria de desistimiento, a diferencia de la perención, la cual se declara frente a la paralización ininterrumpida de la causa por más de un año, supuesto lejano al del incumplimiento de la carga de retirar, publicar y consignar el cartel de emplazamiento.

Si bien la perención y el desistimiento son semejantes en cuanto a sus efectos, en vista de que ambas figuras ponen fin al proceso judicial, no operan frente al mismo supuesto, en la primera se pone fin al proceso por su paralización durante todo un año por la falta de actividad de las partes en el expediente en general, sin que tengan carga procesal alguna pendiente por cumplir, mientras que en el segundo caso el supuesto es que el recurrente haya incumplido una específica carga procesal, para que se declare la terminación del proceso, haya o no actuado de cualquier otra forma mientras tenía esa carga en la causa.

El supuesto de hecho contenido en el artículo 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, es la falta de retiro, publicación y consignación del cartel de emplazamiento a los interesados, por lo que no alude a la paralización de la causa como supuesto que da lugar a la terminación del proceso sino al incumplimiento de la referida carga procesal.

Siendo ello así, entiende esta Sala que del análisis histórico, lógico y sistemático de la norma contenida en el artículo 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, debe concluirse que la declaratoria que procede frente al incumplimiento de la carga procesal de retirar, publicar y consignar el cartel de emplazamiento a los interesados, es la del desistimiento tácito del proceso y no la perención como la ley señala.

En consecuencia, considera quien suscribe que la lectura del artículo 184 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, permite aseverar, sin lugar a dudas, que el legislador califica como perención de la instancia, a la consecuencia de la falta de retiro, publicación y consignación del cartel de emplazamiento, siendo que en realidad dentro del proceso lo que produce esa omisión es el desistimiento tácito, en vista de que se termina el procedimiento en virtud de que el recurrente incumple con una carga procesal, y no porque se haya paralizado la causa. Tal situación que parece obedecer a un lapsus calamis del legislador no puede ser pasada por alto por este Tribunal, razón por la cual haciendo una interpretación correctiva de dicha norma, hubiese sido más apropiado que esta Juzgadora se refiriera a la figura consagrada en el referido artículo como “desistimiento tácito” y no como “perención”, el cual tendrá los efectos establecidos en la norma, valga recordar la extinción de la instancia.

En vista de lo anterior, considera quien disiente que en el presente caso ha debido hacerse una interpretación correctiva del artículo 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, tal como ya lo ha realizado este Tribunal Supremo de Justicia respecto a otros dispositivos legales (véanse verbi gratia decisión N° 1.466, de fecha 5 de agosto de 2004 de la Sala Constitucional, cuyo criterio fue acogido por la Sala Político Administrativa como se aprecia en sentencia número 1.328, de fecha 24 de septiembre de 2009, y decisión número 1.939 de fecha 27 de noviembre de 2007, de la Sala Político Administrativa) declarándose el desistimiento tácito del recurso incoado y no la perención de la instancia.

Queda expresado el criterio del Magistrado disidente.

En Caracas, fecha ut retro.

Magistrados,

La Presidenta

I.M.A.I.

Ponente

El Vicepresidente,

J.J.N.C.

F.R.V.T.

Disidente

JHANNETT M.M.S.

M.G.R.

La Secretaria,

P.C.G..

Exp. Nº AA70-E-2014-000057

FRVT/

En cinco (05) de mayo del año dos mil quince (2015), siendo las diez y treinta y tres de la mañana (10:33 a.m.), se publicó y registró la anterior sentencia bajo el N° 74, con el voto salvado del Magistrado Fernando Ramón Vegas Torrealba.

La Secretaria,