Decisión de Juzgado de Municipio Segundo Ejecutor de Medidas de Caracas, de 13 de Abril de 2015

DE LA PRESCRIPCIÓN:

Invocó el accionado que el artículo 62 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios en concordancia con el artículo 58 de la misma Ley, indica que la acción de reintegro debe intentarse antes de los dos (02) años de ocurrido el exceso, y en el caso de autos si la demanda fue admitida el nueve (09) de Enero de dos mil dos (2.002), de haber sobrealquileres la posibilidad de ejercer la acción corre a partir de los dos años anteriores a la admisión, estando prescritos los generados con anterioridad a esos dos (02) años.

Al respecto, debe este Juzgado traer a colación el contenido de los artículos invocados en la defensa bajo estudio, es decir, las normas contempladas en los artículo 58 y 62 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, que textualmente dicen lo que sigue: artículo 58: “En los inmuebles sometidos a regulación conforme al presente Decreto-Ley, quedará sujeto a repetición todo cuanto se cobre en exceso del canon máximo establecido por los organismos competentes.”

Por su parte, la otra disposición mencionada establece a la letra lo siguiente: “La acción para reclamar el reintegro de sobrealquileres prescribe a los dos (2) años.”

Tal y como se observa de la lectura de las disposiciones transcritas, el demandante para hacer efectivo su derecho de reintegro por los sobrealquileres que le hayan cobrado de manera injusta, tendría que ejercer la acción correspondiente dentro de los dos (02) años siguientes a la ocurrencia del cobro indebido en exceso de alquiler (sobrealquiler), siendo a considerar la oportunidad en la cual se admite la demanda, como acertadamente lo sostiene la accionada, por cuanto el interés –en sentido amplio– del justiciable se evidencia en el momento en el cual una vez interpuesta su demanda, la misma es admitida por el Órgano Jurisdiccional.

En consideración a ello bien observa este Despacho que la parte accionante en su escrito libelar, indicó que la ocurrencia del injusto cobro por excesivo tuvo lugar a partir de Noviembre de mil novecientos noventa y siete (1.997), cuando a su decir fuera obligado a efectuar a favor del arrendador demandado el pago exagerado de Doscientos Setenta Mil Bolívares (Bs. 270.000,oo) mensuales por ambos locales. En ese sentido y verificando este Juzgado que la interposición de la demanda se llevó a cabo por el accionante el ocho (08) de Noviembre de dos mil uno (2001), efectivamente admitida el nueve (09) de Enero de dos mil dos (2.002), según lo advirtiera el accionado, lo cual también se constata de las actas procesales, sus efectos se retrotraen a los dos (02) años inmediatamente anteriores a esa fecha, es decir, hasta el ocho (08) de Enero de dos mil (2.000), y no hasta el nueve (09) de Enero de dos mil (2000), como erradamente lo indicó el accionado en su contestación, por cuanto se dan exactamente dos (02) años desde el (09) de enero de dos mil dos (2002) hasta el ocho (08) de enero de dos mil (2000), pues de ser hasta el nueve (09) de enero de dos mil (2000) se estaría en presencia del lapso de dos (02) años y un (01) día.

Así las cosas y con fundamento en el razonamiento antes expuesto, es procedente declarar la prescripción de los sobrealquileres anteriores al ocho (08) de enero de dos mil (2000); y así se decide.

DE LA COSA JUZGADA:

La parte demandada sustentó esa defensa con base a lo establecido en el artículo 885 del Código de Procedimiento Civil, esgrimiendo que conforme a transacción celebrada ante la Notaría Pública Trigésima Sexta de Caracas, anotada bajo el Nº 46, Tomo 4 de sus Libros de Autenticaciones, consignada al expediente Nº 8374 ante el Juzgado Tercero de Parroquia de esta Circunscripción Judicial, la misma fue homologada el veintisiete (27) de Septiembre de dos mil (2.000), instrumento en el que arrendatario actor reconoció adeudar los cánones desde Junio de mil novecientos noventa y ocho (1.998) hasta el tres (03) de Febrero de dos mil (2.000). Ahora bien, esta Sentenciadora observa que riela a las actas del expediente, inserta a los folios ciento quince (115) al ciento veintiuno (121), copia certificada pero no de una transacción como lo alegó la parte demandada, sino de un convenimiento suscrito entre las partes el tres (03) de Febrero de dos mil (2.000), ante la mencionada Notaría y cuya homologación efectuó el Juzgado Duodécimo de Municipio de esta Circunscripción Judicial, el veintisiete (27) de Septiembre de dos mil (2.000) y su certificación la expidió ese Juzgado el veintisiete (27) de Septiembre de dos mil (2000). De una minuciosa revisión del instrumento de marras, aprecia esta Sentenciadora Jurisdiccional, que tal y como lo alegó el demandado en su contestación, el inquilino demandante manifestó en ese instrumento adeudar a favor del arrendador accionado: “…desde Junio del año 1.998 hasta la presente fecha…”

Es decir, que conforme al contenido del acuerdo bilateral y voluntario habido entre las partes, el demandante reconoció estar insolvente desde Junio de mil novecientos noventa y ocho (1.998) hasta el tres (03) de Febrero de dos mil (2.000), oportunidad cuando se llevó a cabo la suscripción del referido documento, por lo cual se hace aplicable el efecto de la cosa juzgada al acuerdo convenido entre los aquí litigantes, según lo expuesto. En consecuencia, si bien es cierto que ut supra esta Juzgadora señaló en la oportunidad de dilucidar lo relativo a la defensa de la PRESCRIPCIÓN, que se entendería ejercida la acción por el lapso que cubre desde el (09) de Enero de dos mil dos (2.002) hasta el ocho (08) de Enero de dos mil (2.000), sin embargo, dado el acuerdo suscrito entre las partes, que aquí es analizado por sustentar este segundo particular del punto previo, reduce ese lapso en cuestión, limitándolo desde el (09) de Enero de dos mil dos (2.002) hasta el cuatro (04) de Febrero de dos mil (2.000), pues el acuerdo in comento excluye del THEMA DECIDENDUM los meses de Enero de dos mil (2.000) y retroactivamente desde el tres (03) de Febrero de dos mil (2000); y así se decide.

DE LA SENTENCIA DE REPOSICIÓN.

Luego que el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, el siete (07) de Julio de dos mil tres (2.003) dictó Sentencia, mediante la cual declaró CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la accionada y ordenó la REPOSICIÓN de la causa al estado de que “…se admita la contestación de la demanda…”, y siendo que el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial, se pronunció el catorce (14) de Agosto de dos mil tres (2.003) convalidando la contestación formulada, tal y como se lee al folio doscientos setenta y tres (273) de los autos, ni la parte actora ni el accionado hicieron uso de su derecho a promover pruebas en el lapso de Ley, por lo que queda a quien suscribe el presente fallo, entrar al análisis de los instrumentos que se acompañaron con el libelo y la contestación y, así se decide.

Precisado lo anterior, y en consideración de ello, esta Sentenciadora procede a la continuación del análisis del elenco probatorio traído a los autos, de la siguiente manera:

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA:

De las consignadas con el libelo:

 Anexó marcados “K”, originales de recibos de pago, correspondientes a las mensualidades de Diciembre de mil novecientos noventa y dos (1.992), Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo, Junio y Julio, Agosto, Septiembre, finalmente Octubre de mil novecientos noventa y tres (1.993), los cuales si bien es cierto ilustran sobre los inicios de la relación locativa, no es menos cierto que nada aportan al análisis y esclarecimiento de los hechos controvertidos, por cuanto no inciden en su contenido con los lapsos en relación a los cuales el demandante esgrimió que se produjo el exceso en el alquiler o sobrealquiler se desechan por cuanto nada aportan al esclarecimiento de la controversia; y así se decide.

 Riela a los folios distinguido con la letra A, original de contrato locativo suscrito por las partes el primero (1º) de Enero de mil novecientos noventa y cinco (1.995), del cual se evidencia la diversidad de obligaciones y demás condiciones contractuales contraídas por las partes para regir su relación jurídica locativa, siendo de resaltar que en su cláusula “PRIMERA” se lee que la relación arrendaticia se estableció sobre el local Nº cinco (05), mientras que la cláusula “SEGUNDA”, indicó como canon mensual fijado la cantidad de Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 50.000,oo), además acordaron que de haber alguna modificación en el canon por parte de la autoridad respectiva durante el transcurso de la relación arrendaticia, el mismo sería aplicable a partir de la fecha de la Resolución que a tales efectos se dictara. Por su parte, la cláusula contractual OCTAVA, señaló como lapso de duración el término de dos (02) años fijos, contados a partir de la fecha de suscripción del mismo, instrumento que no fue impugnado ni desconocido por la parte demandada, por lo que se le concede valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 429 y 444 del Código de Procedimiento Civil, y así se decide.

 Cursa anexo distinguido A-1, consistente en recibo de pago suscrito entre las partes el primero (1º) de Enero de mil novecientos noventa y cinco (1.995), por la cantidad de Doscientos Setenta Mil Bolívares (Bs. 270.000,oo), todo por concepto de garantía, siendo que ese instrumento debe ser desechado porque de su contenido no se dilucidan circunstancias inherentes a los hechos controvertidos entre las partes, por ser ajeno en su temporalidad, y así se decide.

 Se encuentra inserto marcado B, original de contrato arrendaticio suscrito entre las partes el dieciocho (18) de Octubre de mil novecientos noventa y seis (1.996), ante la Notaría Pública Trigésima Sexta de Caracas, inserto bajo el Nº 01, Tomo 113 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Oficina, del cual se evidencian las obligaciones y deberes contractuales acordados por las partes para regir esa relación jurídica locativa, que modificó la preexistente sobre el local Nº cinco (05), tal y como se lee en su cláusula PRIMERA, y en la cláusula SEGUNDA se fijó el canon mensual de Sesenta y Dos Mil Cien Bolívares (Bs. 62.100,oo), y de haber alguna modificación en el canon por parte de la autoridad respectiva durante el transcurso de la relación locativa, el mismo sería aplicable a partir de la fecha de la Resolución dictada. La cláusula contractual TERCERA señaló como lapso de duración el término de un (01) año fijo pero prorrogable por ese mismo lapso y bajo las mismas condiciones, instrumento que al no ser impugnado ni desconocido por la accionada, se le concede valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 429 y 444 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.363 del Código Civil, y así se decide.

 Cursa a los folios ejemplar original de Resuelto emanado de la antes Dirección General Sectorial de Inquilinato, adscrita al extinto Ministerio de Fomento, fechado tres (03) de Octubre de mil novecientos noventa y cinco (1.995), que se encontrara inserto al expediente Nº 85.995, nomenclatura de esa Entidad Administrativa, por medio del cual se estableció que el canon arrendaticio máximo para los locales uno (01) y cinco (05), serían las cantidades de Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Cincuenta Bolívares (Bs. 55.250,oo) y Sesenta y Dos Mil Cien Bolívares (Bs. 62.100,oo), respectivamente. El instrumento en referencia es de los denominados por la jurisprudencia como público administrativo, respecto de los cuales estableció la Sala Constitucional de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha dieciséis (16) de Mayo de dos mil dos (2.002), con ocasión del recurso de nulidad interpuesto por la sociedad mercantil Aserca Airlines, C. A., en contra de una Resolución Administrativa emanada del Ministerio de Infraestructura que: “...En este orden de ideas, ya la Sala ha establecido en anteriores fallos (sentencia No. 300 del 28 de mayo de 1998) que la especialidad del documento administrativo lo configura como una tercera categoría de prueba instrumental. En efecto, esta especial clase de documento escrito no puede asimilarse al documento público definido en el artículo 1.357 del Código Civil, pues no participa del carácter negocial que caracteriza a este último. Sin embargo, su carácter auténtico deviene del hecho de ser una declaración emanada de un funcionario público...Así, conforme al criterio sostenido por la doctrina nacional mayoritaria, con el cual coincide esta Sala, el expediente administrativo se asemeja a los documentos privados reconocidos o tenidos por reconocidos (artículo 1.363), pero sólo en lo que concierne a su valor probatorio, dado que en ambos casos, se tiene por cierto su contenido, en tanto que las declaraciones efectuadas en dichos instrumentos no sean objeto de impugnación a través de cualquier género de prueba capaz de desvirtuar su veracidad...”. Conforme al fallo parcialmente transcrito, concluye esta Sentenciadora, que el instrumento bajo análisis ineludiblemente es un documento público administrativo, contra el cual la parte demandada no ejerció defensa alguna, por lo que debe ser valorado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.363 del Código Civil, y así se decide.

 Riela a los folios anexo E, que consiste en copia certificada por el Juzgado Duodécimo de Municipio de esta Circunscripción Judicial, de contrato locativo suscrito entre los justiciables el veinte (20) de Octubre de mil novecientos noventa y siete (1.997), ante la Notaría Pública Trigésima Sexta de Caracas, bajo el Nº 48, Tomo 93 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Oficina, instrumento del que se evidencian las obligaciones y deberes contractuales acordados por las partes en esa relación arrendaticia, que modificó la preexistente sobre el local Nº cinco (05), según indicó la cláusula “PRIMERA”, y en la cláusula “SEGUNDA” se mantuvo el canon inmediatamente anterior, de Sesenta y Dos Mil Cien Bolívares (Bs. 62.100,oo); también se reiteró en esa oportunidad, que de haber alguna modificación en el canon por la autoridad competente y durante el transcurso de la relación locativa, el mismo sería aplicable a partir de la fecha de la resolución administrativa. También se reitera en su cláusula “TERCERA”, el lapso de duración contractual de un (01) año fijo pero improrrogable a diferencia de los contratos que le anteceden, y no siendo impugnado ni desconocido por la parte demandada, se le concede valor probatorio según lo dispuesto en los artículos 429 y 444 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.363 del Código Civil; y así se decide.

 Consta en autos distinguido con el literal F, anexo libelar consistente en copia certificada expedida por el Juzgado Duodécimo de Municipio de esta Circunscripción Judicial, de contrato arrendaticio suscrito entre las partes el veinte (20) de Octubre de mil novecientos noventa y siete (1.997), ante la Notaría Pública Trigésima Sexta de Caracas, anotado bajo el Nº 47, Tomo 93 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Oficina, instrumento del que se evidencia que las partes suscribieron contrato locativo, esta vez sobre el local Nº uno (01), según se lee en su cláusula “PRIMERA”, mientras que en su cláusula “SEGUNDA” se fijó el canon arrendaticio en Cincuenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta Bolívares (Bs. 52.250,oo), además en el mismo orden de ideas que los contratos anteriores, se estableció que de haber modificación del canon por la autoridad competente durante el lapso contractual, el mismo sería aplicable a partir de la fecha de la resolución administrativa; finalmente, se acordó que el lapso de duración contractual fuera de un (01) año fijo e improrrogable, lo cual se lee en su cláusula TERCERA, y al no ser objeto de impugnación o desconocimiento por la parte demandada, se le concede valor probatorio según lo establecido en los artículos 429 y 444 del Código de Procedimiento Civil y el 1.363 del Código Civil; y así se decide.

 Inserto en autos rielan documentales marcadas M, que consisten en originales de doce (12) recibos de pago suscritos por el arrendador demandado, fechados catorce (14) de Marzo de dos mil (2.000) sólo los tres (03) primeros, de los cuales se evidencia en cada uno que el accionado dejó asentado que recibió del inquilino aquí demandante, la cantidad de Setecientos Doce Mil Quinientos Sesenta y Siete Bolívares (Bs. 712.567,oo), y se indicó también en ese documento que de ese monto la cantidad de Trescientos Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 350.000,oo), corresponden a los cánones de arrendamiento de los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de dos mil (2.000), y Enero de dos mil uno (2.001) sobre los locales uno (01) y cinco (05), y la cantidad de Trescientos Sesenta y Dos Mil Quinientos Sesenta y Siete Bolívares (BS. 362.567,oo), corresponderían a cuotas según convenio suscrito entre las partes el tres (03) de Febrero de dos mil (2.000), ante la Notaría Pública Trigésima Sexta del Municipio Libertador del hoy Distrito Capital, que fuera anotado bajo el Nº 49 del Tomo 66 de los Libros respectivos. Siendo que las documentales analizadas no fueron objeto de defensa alguna por parte de la parte demandada se les concede valor probatorio según lo dispuesto en los artículos 429 y 444 del Código de Procedimiento Civil, y así se decide.

 Consta anexo libelar L, que consisten en cinco (05) originales de comprobantes de egresos, cada uno por la cantidad de Doscientos Setenta Mil Bolívares (Bs. 270.000,oo), de los cuales únicamente se encuentran suscritos por el arrendador demandado y con el carácter de beneficiario de los mismos, los dos (02) primeros, mientras que los tres (03) restantes no cuentan con suscripción del mismo, por lo cual no pueden serles opuestos éstos, sino sólo los dos primeros en referencia. Es así, como de los instrumentos suscritos se evidencia que se corresponden a cancelaciones de pagos por los meses de Noviembre y Diciembre de mil novecientos noventa y siete (1.997), sin embargo, los mismos no pueden ser apreciados por cuanto en modo alguno pasó por desapercibido a esta Juzgadora que tales cancelaciones se llevaron a cabo con motivo de locales identificados como “A” y “B”, no constando su identidad para con los locales uno (01) y cinco (05), siendo sobre estos últimos en relación a los cuales se establecieran los presuntos cánones con exceso, y que originó la controversia de marras, todo según el escrito libelar, lo que es suficiente para que se desestimen esas documentales por impertinentes; y así se decide.

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA:

De las consignadas con la contestación:

 Original de instrumento poder, otorgado por el demandado a favor de su representación legal, en fecha veintiséis (26) de Febrero de dos mil dos (2.002), ante la Notaría Pública Trigésima Sexta del Municipio Libertador del Distrito Capital, anotado bajo el Nº 58, Tomo 07 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría. Documento que al no haber sido impugnado ni tachado se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil; quedando demostrada la facultad que tienen los abogados para actuar en el presente juicio, y así se decide.

 Copia simple de Resolución administrativa emanada de la antes Dirección General de Inquilinato del otrora Ministerio de Fomento, fechada treinta (30) de Noviembre de dos mil uno (2.001). Mediante esa decisión administrativa, el Ente Regulador fijó el canon máximo a cobrar por los locales uno (01) y cinco (05), las cantidades de Seiscientos Treinta y Un Mil Ciento Veinticinco Bolívares (Bs. 631.125,oo) y Ochocientos Treinta y Ocho Mil Trescientos Cincuenta Bolívares (Bs. 838.350,oo), respectivamente. Este Tribunal le concede al documento a.v.p. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.363 del Código Civil, y así se decide.

 Copia certificada expedida por el Juzgado Quinto de Municipio de esta misma Circunscripción Judicial, que comprende las actuaciones relativas a notificación judicial llevada a cabo por el aquí arrendador demandado, con la finalidad de hacer del conocimiento del inquilino (hoy demandante) la Resolución Administrativa emanada de la Dirección General de Inquilinato del Ministerio de Fomento el treinta (30) de Noviembre de dos mil uno (2.001), que fijó nuevos cánones máximos a cobrar por los locales uno (01) y cinco (05), es decir, las cantidades de Seiscientos Treinta y Un Mil Ciento Veinticinco Bolívares (Bs. 631.125,oo) y Ochocientos Treinta y Ocho Mil Trescientos Cincuenta Bolívares (Bs. 838.350,oo), respectivamente. Observa este Juzgado que el mencionado Tribunal de Municipio dio entrada esa solicitud el diecinueve (19) de Febrero de dos mil dos (2.002), fecha cuando se efectuó el respectivo traslado para la práctica efectiva de la notificación al arrendatario ahora demandante, de quien se dejó constar le fueran entregadas copias fotostáticas de la solicitud y de la Resolución correspondiente; también se asentó en esa actuación que el inquilino se negó a firmar el acta levantada por el Tribunal, dándose por cumplida la misión del Órgano Jurisdiccional. A esa documental se le concede valoración probatoria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.363 del Código Civil, y así se decide.

 Riela a los folios copia certificada de contrato locativo suscrito entre las partes sobre el local Nº cinco (05), el veinte (20) de Octubre de mil novecientos noventa y siete (1.997), ante la Notaría Pública Trigésima Sexta de Caracas, autenticado bajo el Nº 48, Tomo 93 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Oficina, instrumento ese en relación al cual ya se pronunció este Juzgado, en la oportunidad de analizar el ejemplar aportado por la parte actora y que se encuentra inserto a los folios distinguido como anexo E, por lo que se ratifica aquí su apreciación probatoria, y así se decide.

 Consta a los autos copia certificada de contrato arrendaticio suscrito entre las partes sobre el local Nº uno (01), fechado veinte (20) de Octubre de mil novecientos noventa y siete (1.997), ante la Notaría Pública Trigésima Sexta de Caracas, autenticado bajo el Nº 47, Tomo 93 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Oficina, instrumento cuya valoración aquí ratifica esta Instancia Jurisdiccional, por haber ya hecho pronunciamiento sobre su contenido, al valorar las pruebas aportadas por la parte actora con su libelo, y que fue distinguido F, del cual se indicó que se trata de una copia certificada expedida por el Juzgado Duodécimo de Municipio de esta Circunscripción Judicial, siendo valorado por este Tribunal, y así se decide.

 Por último anexó copia certificada de convenimiento del cual esta Juzgadora efectuó su análisis en el PUNTO PREVIO de este fallo, en su particular SEGUNDO y le confiere valor probatorio, según las normas contempladas en los artículos 429 y 444 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.363 del Código Civil, y así se decide.

PARA DECIDIR, ESTE TRIBUNAL OBSERVA:

Se inició la presente causa en fecha ocho (08) de Noviembre de dos mil uno (2.001), oportunidad en la cual se consignó demanda por REINTEGRO, mediante la cual la parte actora alegó ser arrendatario o inquilino desde Diciembre de mil novecientos noventa y dos (1.992), de dos (02) locales cuya dirección ut supra se detalló, y que ostentaba esa condición de inquilino ocupando el local Nº cinco (05), por contrato, y que posteriormente, el primero (1º) de Enero de mil novecientos noventa y cinco (1.995), decidieron entre ellos suscribir otro contrato escrito sobre el mencionado inmueble, fijándose en esa oportunidad, un canon mensual de Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 50.000,oo), siendo que en el mismo año de mil novecientos noventa y cinco (1.995) celebraron un nuevo contrato pero sobre el local Nº uno (01) en el mismo inmueble, con el pago de la cantidad de Doscientos Setenta Mil Bolívares (Bs. 270.000,oo), por concepto de depósito. Que el contrato sobre el local Nº cinco (05), fue renovado el dieciocho (18) de Octubre de mil novecientos noventa y seis (1.996), con un canon de Sesenta y Dos Mil Cien Bolívares (Bs. 62.100,oo), y que esos montos se fijaron conforme a la P.A. emanada de la Dirección de Inquilinato, que establecía Sesenta y Dos Mil Cien Bolívares (Bs. 62.100,oo) por el local Número cinco (05), mientras se fijó el monto de Cincuenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta Bolívares (Bs. 52.250,oo) por el local Nº uno (01), y que el veinte (20) de Octubre de mil novecientos noventa y siete (1.997), ante la Notaría Pública Trigésima Sexta del Municipio Libertador suscribieron dos (02) contratos arrendaticios, ratificando los cánones fijados por la Resolución inquilinaria, pero que el arrendador lo obligó a partir de Noviembre de mil novecientos noventa y siete (1.997) a pagar la cantidad exagerada de Doscientos Setenta Mil Bolívares (Bs. 270.000,oo) mensuales por ambos locales.

Ahora bien, frente a las alegaciones formuladas por la actora en modo alguno ha podido apreciar esta Instancia Jurisdiccional que se haya evidenciado prueba alguna que sustente el alegado cobro excesivo frente al monto regulado que fue establecido por el Órgano Administrativo competente, puesto que si bien es cierto el demandante demostró el inicio de la relación jurídica que le une con su aquí contraparte, así como el desarrollo de la misma, no es menos cierto que sus probanzas en nada incidieron sobre el controvertido sobrealquiler que dio origen al ejercicio de la presente acción. En ese orden de ideas, se analizaron los contratos aportados como pruebas libelares por la actora, (anexos libelares A, B y E, sobre el local Nº 5, y el F suscrito sobre el local Nº (01), los cuales a pesar de ser apreciados, nada aportaron como evidencia del denunciado exceso de pago del canon. Es más llama la atención de esta Juzgadora, que la Resolución inqulilinaria acompañada con el escrito libelar (anexo C), fijó como canon máximo de alquiler para el local Nº 1, la cantidad de Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Cincuenta Bolívares (Bs. 55.250,oo); sin embargo, el contrato anexado con el literal F suscrito el veinte (20) de Octubre de mil novecientos noventa y siete (1997), fijó un monto inclusive menor al fijado por el Órgano Regulador, es decir, Cincuenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta Bolívares (Bs. 52.250,oo), lo cual contraría las afirmaciones de la parte actora desde el inicio mismo del procedimiento.

Así las cosas, bien puede apreciarse que la parte actora no se ajustó en cuanto se refiere a las probanzas, a la exigencia que contempla el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.354 del Código Civil, que le impone la carga de la prueba para demostrar el sobrealquiler anunciado.

Tales normas a la letra disponen lo siguiente: artículo 506: “Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho.Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación…” Artículo 1.354: “Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación.” –Subrayado nuestro–.

Por ello es que de un análisis exhaustivo de las afirmaciones de hecho y de derecho efectuadas por cada una de las partes aquí litigantes, así como del elenco probatorio traído a los autos, bien establece esta Instancia de Administración de Justicia, que la acción ejercida por REINTEGRO, forzosamente debe ser declarada SIN LUGAR, y así se decide.

III

DISPOSITIVA

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Segundo de Municipio Ejecutor de Medidas e Itinerante de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

SIN LUGAR la demanda que por REINTEGRO ejerció el ciudadano F.V.R. contra el ciudadano L.D.F.J.D.C., ambos plenamente identificados en el encabezado del presente fallo.

SE CONDENA a la parte actora, conforme a lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, al pago de las costas procesales.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

Déjese Copia Certificada de la presente decisión en la sede del Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Municipio Ejecutor de Medidas e Itinerante de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la Ciudad de Caracas, a los trece (13) días del mes de abril del año dos mil quince (2015). Años: 204º de la Independencia y 156° de la Federación.

LA JUEZ,

C.D.V..

EL SECRETARIO ACCIDENTAL,

C.M.S..

En la misma fecha siendo las tres de la (3:00 p.m.) se registró, agregó y publicó la anterior decisión, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.-

EL SECRETARIO ACCIDENTAL,

C.M.S..

EXP. Nº: 12-0303 (Tribunal Itinerante)

EXP. Nº: AH1A-V-2004-000041 (Tribunal de la Causa)

CDV/CMS/l.z.-