Decisión de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 13 de Agosto de 2010
| Fecha de Resolución | 13 de Agosto de 2010 |
| Emisor | Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito |
| Ponente | Carolina Garcia |
| Procedimiento | Cobro De Bolívares (Intimación) |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, trece (13) de agosto de 2010
200º y 151º
Asunto principal: AP11-V-2010-000613
PARTE ACTORA: Ciudadano F.B.R., venezolano, mayor de edad, de este domicilio, comerciante, casado y titular de la cédula de identidad Nº V-13.266.481.-
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: ROQUEFÉLIX ARVELO VILLAMIZAR y H.F.V., venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad Nos V-11.028.829 y V-11.232.690, respectivamente, abogados en ejercicio e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos 75.334 y 76.956, en el mismo orden enunciado.-
PARTE DEMANDADA: Sociedad mercantil PUBLICIDAD VEPACO, C.A., de este domicilio e inscrita por ante el Registro Mercantil I de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 20 de marzo de 1950, bajo el N° 331, Tomo 1-C, cuyos Estatutos han sido refundidos en un solo texto, según Acta de Asamblea General de Accionistas celebrada en fecha 27 de febrero de 1987 e inscrita en el citado Registro Mercantil en fecha 2 de abril de 1987, bajo el Nº 62, Tomo 3-A Pro; y el ciudadano F.F.T., venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-6.819.169 y con Registro de Información Fiscal (R.I.F.) 06819169-2.-
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No consta en autos representación judicial alguna.-
MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES (INTIMACIÓN).-
- I -
Se inicia el presente procedimiento mediante libelo de demanda, presentado en fecha 7 de julio de 2010, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de este Circuito Judicial de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por los abogados ROQUEFÉLIX ARVELO VILLAMIZAR y H.F.V., quienes en su carácter de endosatarios en procuración del ciudadano F.B.R., procedieron a demandar por COBRO DE BOLÍVARES (INTIMACIÓN) a la sociedad mercantil PUBLICIDAD VEPACO, C.A. y el ciudadano F.F.T.; siendo asignado por sorteo y distribución a este Juzgado Noveno de Primera Instancia.-
Por providencia de fecha 9 de julio de 2010, se admitió la presente demanda ordenando la intimación de los codemandados a fin que comparecieran por ante este Tribunal dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a la constancia en autos de su intimación, dentro de las horas de despacho a fin que apercibidos de ejecución cancelen o acreditasen el haber pagado a la actora las cantidades de dinero demandadas en pago, especificadas en el auto de admisión, instándose a la parte actora a consignar los fotostatos respectivos a fin de elaborar las boletas de intimación compulsa correspondiente.-
Mediante diligencia de fecha 19 de julio de 2010, la representación judicial del accionante consignó los fotostatos necesarios a fin de la elaboración de la boleta respectiva y ser anexados a la misma, siendo libradas en fecha 22 de julio de 2010, tal y como consta al folio 17 del presente asunto.-
Durante el despacho del día 10 de agosto de 2010, compareció el abogado F.J.P.R., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 45.209, quien señalando actuar en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil PUBLICIDAD VEPACO C.A., parte codemandada en la presente causa, solicitó sea decretada la perención de la instancia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 ordinal 1ro del Código de Procedimiento Civil.-
En fecha 11 de agosto de 2010, el apoderado actor, mediante diligencia consignó los emolumentos necesarios para la práctica de la intimación de la parte intimada.-
- II -
PUNTO PREVIO
Como punto previo observa esta Juzgadora que el ciudadano F.J.P.R., quien consignó escrito de solicitud de perención, señalando actuar en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil PUBLICIDAD VEPACO C.A., a su decir, según instrumento poder otorgado en fecha 1 de octubre de 2004, por ante la Notaría Pública Vigésima Cuarta del Municipio Libertador del distrito Capital bajo el Nº 44, Tomo 29, el cual alega encontrarse anexada en copia al presente expediente, sin embargo destaca esta Directora del proceso que no existe en autos instrumento poder alguno que acredite la representación que se atribuye. Así se establece.-
&
DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA
Luego de una minuciosa revisión a las actas que conforman el presente expediente, considera menester esta Juzgadora, hacer referencia a la norma contenida en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual prevé:
Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento de las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
1°) Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado...
(subrayado de este fallo)
Por su parte, la norma contenida en el artículo 269 ejusdem, establece lo que sigue:
Artículo 269.- La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente
. (subrayado de este fallo).
De las disposiciones precedentemente transcritas, esta Juzgadora observa que la perención se consuma una vez que se dan los supuestos establecidos taxativamente en la norma que prevé el artículo 267 ejusdem, antes citado, sin necesidad que ocurra alguna otra circunstancia o que sea alegada por alguna de las partes.
Por su parte, el tratadista patrio Dr. Ricardo Henríquez La Roche, ha sostenido en este sentido que un proceso puede también extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes, produciéndose la perención de la instancia, que no es más que la extinción del proceso que se produce por la no realización de actos de impulso procesal, y que constituye la regulación legal de la situación anómala en que cae el proceso al detenerse excesivamente. El instituto de la perención de la instancia se apoya en dos distintos motivos: por una parte, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso; y, por la otra, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos por el peligro que esto conlleva para la seguridad jurídica. Después de un período de inactividad procesal prolongado, el Estado entiende liberar a sus propios Órganos de la necesidad de proveer las demandas y de todas las actividades derivadas de la existencia de una relación procesal.
Al respecto, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 211 de fecha 21 de junio del año 2.000, expresó:
...La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil...
.
Es así como la misma Sala, en la sentencia Nº 156 de fecha 10 de agosto de 2000, estableció que:
...La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Este instituto es, por tanto, de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, y puede declararse aun de oficio por el tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo...
.
En el mismo sentido y más recientemente, la misma Sala en sentencia dictada en fecha 06 de julio del año 2.004, con ponencia del Magistrado Dr. C.O.V. (Caso J.R.B.V.), expresó lo siguiente:
Las obligaciones a que se contrae el ordinal primero del artículo 267 aludido, son de dos órdenes; pero, ambas destinadas a lograr la citación del demandado.
En primer lugar, la que correspondía al pago de los conceptos en la elaboración de los recaudos de citación o compulsa del libelo, libramiento de boleta de citación y, las atinentes al pago del funcionario judicial Alguacil para la práctica de sus diligencias encaminadas a la obtención del acto de comunicación procesal de citación y que estaban previstas en el artículo 17, aparte I, numeral 1 y 2, y aparte II, numeral 1, respectivamente de la Ley de Arancel Judicial, que se materializaba mediante la liquidación de las respectivas planillas de los extintos derechos de arancel judicial normas que en atención al contenido y alcance de la disposición derogatoria única de la Constitución de 1999, perdieron vigencia por contrariar la garantía de la justicia gratuita que ella misma contempla en su artículo 26, por lo que dada su derogatoria no cuenta para los efectos de la perención breve; en segundo lugar, la urgente obligación lógica de suministrar por lo menos la dirección o lugar en el cual se encuentra la persona a citar, así como el transporte o traslado y gastos de manutención y hospedaje, cuando haya que cumplirse en lugares que disten más de quinientos metros de la sede del Tribunal, los cuales se cubren de diferente manera, pero, jamás mediante liquidación de recibos o planillas, pero que su incumplimiento a juicio de esta Sala generan efectos de perención.
(… omissis…)
Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece.
Estos nuevos argumentos doctrinarios como ya se indicó, no son aplicables al caso en estudio, pero sí para aquellos que se admitan a partir de la publicación de esta sentencia. De este modo bajo criterio imperante para el momento, la denuncia analizada debe ser declarada procedente. Así se decide
.-
Establecido lo anterior, se procedió a realizar un meticuloso examen a las actas que integran este expediente, y de las mismas se evidencia que en fecha 9 de julio de 2010, se dictó el auto mediante el cual se admitió la presente demanda, y que los fotostatos necesarios para ser anexos a las boletas de intimación fueron consignados por el apoderado judicial del demandante en fecha 19 de julio de 2010 y no fue sino hasta el día 11 de agosto de 2010, cuando el actor dejó constancia de haber entregado las expensas necesarias para la práctica de las intimaciones ordenadas, En virtud de lo cual, habiendo transcurrido el lapso de treinta (30) días continuos después de la admisión de la presente demanda, se consumió sobradamente el término establecido para que el accionante diera cumplimiento a sus obligaciones legales, sin que la parte actora haya dado cumplimiento a su obligación de suministrar las expensas necesarias a la Unidad de Actos de Comunicación del Alguacilazgo de este Circuito, a fin de la práctica de la intimación de los codemandados, dentro de ese lapso; siendo este acto requisito fundamental para la continuación del proceso, y de lo cual puede declarar este Juzgador, que fueron incumplidas las obligaciones legales del demandante. Así se establece.-
En este orden de ideas, la parte accionante tiene la carga de impulsar la intimación de su contraparte, consignando para ello no solamente los fotostatos para la elaboración de las compulsas, en este caso boletas de intimación, sino también con el deber de cancelar los respectivos emolumentos a fin de interrumpir la denominada perención “breve” a que hace referencia la doctrina. Así se establece.-
Resulta evidente que los hechos supra descritos, se subsumen perfectamente en la norma contenida en el ordinal 1ro del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, arriba citado, al haber transcurrido suficientemente, el lapso legal para que se produzca la perención de la instancia en la presente causa, y así lo declara el Tribunal por imperativo de la norma contenida en el artículo 269 ejusdem. Así se establece.
En conclusión de todo lo antes expuesto, resulta forzoso a este Despacho Judicial declarar PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente juicio, con fundamento en lo previsto en el articulado arriba citado. ASÍ SE DECIDE.
- III -
Como consecuencia de los elementos de hecho y fundamentos de derecho precedentemente expuestos, este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en la pretensión que por COBRO DE BOLÍVARES (INTIMACIÓN) incoara el ciudadano F.B.R., contra la sociedad mercantil PUBLICIDAD VEPACO, C.A. y el ciudadano F.F.T., ampliamente identificados al inicio, DECLARA: DECLARA: PERIMIDA LA INSTANCIA y extinguido el proceso.
Dada la naturaleza del presente fallo no hay especial condenatoria en costas.-
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la Ciudad de Caracas, a los trece (13) días del mes de agosto de 2010. Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación.
LA JUEZ TITULAR,
ABG. C.M.G.C.
EL SECRETARIO,
Abog. J.A.H.
En esta misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, siendo las dos y veinticuatro minutos de la tarde (2:24 p.m.), previa las formalidades de Ley.-
EL SECRETARIO,
Abog. J.A.H.
Asunto: AP11-V-2010-000613
INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA.-
