Decisión nº 2935 de Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Zulia (Extensión Maracaibo), de 21 de Diciembre de 2010
| Fecha de Resolución | 21 de Diciembre de 2010 |
| Emisor | Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito |
| Ponente | Glorimar Soto Romero |
| Procedimiento | Partición De Herencia |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
EXPEDIENTE No. 44.920
PARTE ACTORA: A.P.F.D.S.C., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N°. 7.829.378, domiciliado en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del estado Zulia.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: C.D.D., A.V.M. e I.B. venezolanos, mayores de edad, respectivamente y de este domicilio, inscrito en el Inpreabogado bajo los Nros. 32.113, 34.997 y 56.677.
PARTE DEMADADA: G.F.D.S.F.: venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N°. 9.704.196, domiciliada en el Estado Mérida.
MOTIVO: PARTICION DE HERENCIA.
FECHA DE ENTRADA: dieciséis (16) de enero de 2.007.
I
PARTE NARRATIVA
Ocurre el ciudadano C.J.D.D., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-5.844.910, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N°. 32.113, domiciliado en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del estado Zulia, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano A.P.F.D.S.C., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N°. 7.829.378, domiciliado en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del estado Zulia, a demandar por PARTICIÓN DE HERENCIA en contra de la ciudadana G.F.D.S.F., venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N°. 9.704.196.
Por auto de fecha dieciséis (16) de enero de 2007, este Tribunal admitió la demanda propuesta por cuanto la misma ha lugar en Derecho, se ordenando citar a la ciudadana G.F.D.S.F., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No.9.704.196, y domiciliada en el Estado Mérida, para que comparezca por ante este Tribunal dentro de los veinte (20) dias de despacho siguientes después de la constancia en actas de su citación, mas seis (06) dias que se le concede como termino de distancia, a fin de dar contestación a la demandada.
Por diligencia de fecha veintidós (22) de enero de 2.007, presente en la sala de este Tribunal, el Abogado en ejercicio C.D.D., inscrito en el INPREABOGADO bajo el N°.- 32.113, y actuando con el carácter acreditado en las actas, Solicita de este Tribunal se comisione a cualquier Tribunal de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, a los fines de practicar la citación de la parte demandada ciudadana G.F.D.S.F..
Por auto de fecha doce (12) de Febrero de 2.007, este Tribunal, provee de conformidad con lo solicitado y se comisiono a cualquier Juzgado de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, a los fines que el Alguacil del Tribunal comisionado se sirva practicar la citación de la parte demandada.
En fecha diecisiete (17) de Abril de 2007, se devolvieron y se agregaron a las actas la Comisión librada en fecha doce (12) de febrero de 2007, por cuanto en la misma no consta el Auto de Comparecencia y el Recibo de Compulsa.
Por escrito presentado por el Apoderado de la parte actora C.D.D., inscrito en el INPREABOGADO bajo el N°.- 32.113, solicita se libre nuevamente los recaudos de citación a la parte demandada, y le sean entregados para gestionar la referida citación por medio de otro Alguacil o Notario, de conformidad con lo establecido en los Artículos 345 y 218 del Código de Procedimiento Civil, y agregado dicho escrito a las actas en fecha veintiséis (26) de Abril de 2007.
Por auto de fecha dos (02) de Mayo de 2007, este Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 345 del Código de Procedimiento Civil, y en concordancia con el 218 ejusdem, ordena hacer entrega de los recaudos de citación a la parte actora, o en su defecto en la persona de su Apoderado Judicial, identificados en autos.
Por diligencia de fecha catorce (14) de Agosto de 2007, suscrita por el Apoderado de la parte actora ciudadano C.D.D. inscrito en el INPREABOGADO bajo el N°.- 32.113, y donde consigna los recaudos de citación de la parte demandada, gestionada de conformidad con el articulo 345 del Código de Procedimiento Civil, y que contiene la exposición del Alguacil del Tribunal comisionado, donde manifestó la imposibilidad de citar personalmente a la parte demandada ciudadana G.F.D.S.F.. Por lo que solicita la citación por carteles de conformidad con el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.
Por auto de fecha diecisiete (17) de Septiembre de 2007, este Tribunal ordeno citar por medio de carteles a la parte demandada G.F.D.S.F., y comisionándose suficientemente al Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, a los fines legales pertinentes.
Por diligencia de fecha veintiocho (28) de Octubre de 2.008, suscrita por el Apoderado de la parte actora ciudadano C.D.D. inscrito en el INPREABOGADO bajo el N°.- 32.113, y donde solicita nuevamente se libre Cartel de Citación a la parte demandada, y se comisione nuevamente al Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, de conformidad con lo dispuesto en articulo 223 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo y por auto de fecha veintinueve (29) de Octubre de 2.008, este Tribunal ordeno librar Cartel de Citación a la parte demandada, plenamente identificada en actas, y se comisiono al Juzgado antes mencionado.
II
PARTE MOTIVA
La caducidad o Perención de la Instancia, es una de las modalidades de extinción procesal, que no comporta la solución autónoma o heterónoma del conflicto subyacente al Proceso, en tanto se manifiesta como una auténtica sanción, a la inactividad de las partes, aunada al transcurso del tiempo previsto ex lege, en obsequio a la seguridad y estabilidad de las relaciones jurídico sustanciales.
Similares términos son usados por el Procesalita a.M.A.F., para quien la institución sub examine, “... es la extinción de un proceso (principal o incidental) o de alguna de sus instancias, producida por la ausencia de actividad impulsora idónea para su desarrollo, durante los términos que establece la Ley” (MODOS ANORMALES DE TERMINACIÓN DEL PR0CESO. Tomo III. Caducidad de la Instancia. Edit. DEPALMA, Buenos Aires, Argentina. 1991), para J.G., la caducidad de la instancia, “...es, pues, la extinción del proceso que se produce por su paralización durante cierto tiempo en que no se realizan actos procesales de parte,” (DERECHO PROCESAL CIVIL. Tomo I. Edic. 4ª. Pág. 502. Las cursivas son del autor); la ratio essendi de la institución procesal de la Perención, evoca razones de orden público y seguridad jurídica, para H.D.E.:
La Perención es una sanción al litigante moroso, y responde a un principio de economía procesal y de certeza jurídica, para impulsar la terminación de los pleitos, razón por la cual se aplica inclusive cuando se trate de menores e incapaces...
. (COMPENDIO DE DERECHO PROCESAL CIVIL, Tomo I. Teoría General del Proceso. Edic. 10ª. Edit. ABC, Bogotá, Colombia.1985. Pág. 584).
Idéntico cometido le reconoce a la Institución FORNACIARI, en la página 18 de su obra ya citada:
...La caducidad de la instancia encuentra fundamento en diversos componentes que se equilibran en la confluencia de lo público con lo privado. Es cierto que cada una de las partes enfrentadas en el proceso tiene la expectativa de beneficiarse con el error o la inacción del adversario. La inactividad no hace presumir su desinterés. Pero también es cierto que por razones de seguridad jurídica hacen prevalecer el interés comunitario de restablecer el orden jurídico. En la rápida y correcta terminación de los procesos está comprometido el orden público
Ese equilibrio que tiene su fundamento en el superior interés de la comunidad, determina que si bien el juez está facultado a dictar medidas tendientes a evitar la paralización de los procesos...no enerva con esa posibilidad la de decretar de oficio la caducidad de la instancia...
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La procedencia en derecho de la Institución de la Preclusión, requiere, como bien lo advierte H.A., en su TRATADO TEORICO PRACTICO DE DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL. Tomo IV. Juicio Ordinario. Edit. EDIAR SOC. ANON. EDITORES, Buenos Aires, Argentina. 1961, Pág. 429, de la concurrencia de tres condiciones: 1ª. La existencia de Instancia Procesal, 2ª. La Inactividad Procesal de Parte y 3ª. El transcurrir del tiempo previsto en la norma. Pasemos someramente a a.c.u.d.e..
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La existencia de Instancia Procesal.
La instancia, es manifestación del aspecto nomo dinámico del Proceso, esto es de la posibilidad jurídica de desplegar la actividad jurisdiccional, en un proceso concreto, de ello, que su inicio coincida con el acto de formalización de la demanda, como acto introductivo, que apertura las situaciones jurídico procesales futuras.
H.A., entiende por instancia: “...el conjunto de actos de procedimiento que realizan las partes para obtener la decisión judicial de una litis, desde la interposición de una demanda hasta el llamamiento de autos para sentencia”. (Opus. Cit. Pág. 429).
Para FORNACIARI:
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Instancia.
En su común acepción, la voz “instancia” significa acción y efecto de instar, utilizándosela como sinónimo de requerimiento, petitorio o solicitud.
En el plano jurídico se ha tomado en muchas oportunidades la significación descrita para conceptuar el vocablo cuando se lo refiere al proceso. Así, se ha dicho que la instancia es toda petición que se hace valer en justicia; o, en forma más simplificada: toda petición inicial de un proceso.
Esta formulación conceptual permite atisbar la idea de impulso o puesta en movimiento, En este orden, instancia significa ejercicio de la acción procesal.
Empero, existe una acepción que, si bien es mas restringida, tiene mayor depuración y es apropiada a nuestro propósito. En mi sentido se denomina instancia al conjunto de actos comprensivos de una etapa del proceso; idea, esta, que permite establecer entre ambas nociones, es decir, instancia y proceso, la relación de la parte al todo. Conforme a lo expuesto podemos hablar de primera o segunda instancia principal o incidental.
En este orden, la instancia es la sumatoria de actos procesales realizados desde su apertura hasta la notificación del pronunciamiento final que era su objetivo.
Precisando un tanto el concepto precedente, diremos que la instancia tiene comienzo en el proceso principal o incidental con la interposición de la respectiva demanda; en las etapas recursivas se inicia con la resolución que concede el recurso, ya sea este ordinario o extraordinario”. (Opus. Cit. Pág. 7).
En referencia a la génesis de la instancia, la extinta Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, en fallo del 05 de Marzo de 1992, afirmó:
...Con la presentación del libelo de demanda, se genera la > en sus sentidos antes explicados, y por ello es a partir de ese momento cuando debe computarse el lapso de Perención.
Lo dicho anteriormente queda evidenciado, al tomar en consideración el señalamiento que formula el Dr. L.L. en su citada obra monográfica, en el sentido de que , lo que entonces significa que sí existe instancia en su sentido técnico procesal, aun antes de que se trabe la litis, bien sea que se adopte el criterio de que ello ocurre por la contestación de la demanda, bien sea que se asuma la posición de quienes consideran que ello acontece por virtud de la citación, con independencia de que se haya conformado o no plenamente la relación procesal, porque ella ya existe, en su manifestación entre el demandante y el órgano jurisdiccional ante quien se propone la demanda...
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La Inactividad Procesal de Parte.
La instancia, entendida como potencial despliegue de actividad procesal, exige de los sujetos partícipes en el Proceso, la actualización de conductas procedimentales, que tiendan a la consecución de los fines de la estructura procesal, puesta al servicio de los órganos jurisdiccionales del Estado. Históricamente la institución de la Perención, emerge como vía o mecanismo para asegurar la celeridad y economía procesal, pero es solo hasta el Código de Procedimiento Civil Francés de 1806, cuando adquiere los rasgos sancionatorios que actualmente, con modificaciones le definen.
La excesiva y extensa paralización del discurrir procedimental de la instancia, es elemento objetivo que exige del juzgador, un mero acto de constatación temporal, aunado al presupuesto imputacional de la actualización de actividad procesal por las partes, suplido por los denominados actos de impulso procesal, entendidos como manifestaciones volitivas verificadas en el procedimiento, capaces de comportar el antecedente necesario del siguiente acto procesal. J.G. (Opus. Cit. Pág. 434), entiende por acto de impulso procesal: “...aquella actividad que tiende a hacer avanzar el proceso a través de cada uno de los momentos de tiempo: trámites, períodos o fases, que lo componen”, en conclusión la ausencia prolongada de actividad procedimental por quienes son partes en el proceso, y a quienes compete en esa particular fase procesal la carga de impulsarlo, son las condiciones a constatar por el órgano jurisdiccional.
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El transcurrir del tiempo previsto en la norma.
La instancia, como acepción nomodinámica del Proceso, despliega su ámbito de validez, en un módulo temporal delimitado por las normas procedimentales, las cuales inspiradas en particulares valoraciones de iure condendo, realizadas por el legislador prevén lapsos y términos, que de manera idónea, permitan la consecución de una rápida justicia, y hagan efectiva la tutela. La paralización o suspensión en el tiempo del despliegue procesal, por el discurrir de un año, tal como lo preceptúa el artículo 267 encabezamiento del Código de Procedimiento Civil, es considerada por el legislador como razón suficiente para develar, la ineptitud de ese proceso, para lograr la efectiva tutela del interés sustantivo subyacente al juicio.
Admitida la demanda en fecha dieciséis (16) de Enero de 2007 y analizadas las diversas actuaciones que constan en actas, se verifica que desde la fecha veintinueve (29) de Octubre de 2.008, hasta la presente, la parte actora no ha realizado ningún tipo de actuación en el presente proceso para impulsar la citación cartelaría de la parte demandada, es por lo que de un simple cómputo matemático se observa que ha transcurrido más de un (01) año de inactividad de las partes, sin que el proceso se hubiese impulsado, razón por la cual, la presente causa se halla en estado de Perención, a tenor de lo preceptuado en el articulo 267 del Código de Procedimiento Civil. ASI SE DECLARA.
III
En fuerza de los argumentos precedentemente expuestos, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en ejercicio de la Potestad Jurisdiccional atribuida por el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, DECLARA PERIMIDA la instancia en el juicio que por PARTICIÓN DE HERENCIA, interpuesta por el ciudadano A.P.F.D.S.C., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-7.829.378, y domiciliado en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del estado Zulia, en contra de la ciudadana G.F.D.S.F., venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N°. 9.704.196, y domiciliada en el Estado Mérida, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, se DECLARA LA EXTINCIÓN DEL PROCESO. ASI SE DECIDE.
No hay condenatoria en costas, por expresa previsión del artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. ASI SE DECIDE.
Déjese por secretaría copia certificada del presente fallo.
REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE y NOTIFÍQUESE.
Dada, firmada y sellada en la sala del Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a los veintiuno (21) días del mes de Diciembre de Dos Mil Diez (2010). Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación.
LA JUEZA:
(MSc) GLORIMAR SOTO ROMERO.
LA SECRETARIA ACC:
MSc. K.O.F.
En esta misma fecha, previo el cumplimiento de ley y siendo las diez y veinte minutos de la mañana (10:20a.m.), se publicó la anterior sentencia, quedando anotada bajo el No.- 2935-2010
LA SECRETARIA ACC:
MSc. K.O.F.
G.S.R/g.j.s.m.
