Decisión nº INTERLOCUTORIA de Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 11 de Octubre de 2013
| Fecha de Resolución | 11 de Octubre de 2013 |
| Emisor | Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario |
| Ponente | Beatriz González |
| Procedimiento | Perdida Del Interes |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 11 de octubre de 2013
203º y 154º
ASUNTO: AF43-U-2002-000050
SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA
Se inicia esta controversia mediante escrito presentado en fecha 27 de Septiembre de 2002 por ante el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas, a través del cual la ciudadana B.E.A.M., titular de la cédula de identidad No. V- 12.352.567 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 85.615, actuando en su carácter de Apoderada Judicial del ciudadano J.C.S., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 3.450.700, en su carácter de propietario de la firma unipersonal denominada “FERRETERÍA MERCANTIL CARRILLO”, interpuso recurso contencioso tributario en contra de las Resoluciones de Imposición de Sanción (Multa) Nos. RLA/DF/RPN/2001-001527, RLA/DF/RPN/2001-001528, RLA/DF/RPN/2001-001529 y RLA/DF/RPN/2001-001530, todas de fecha 16 de octubre de 2001 (folios 29 al 37), emanadas de la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Los Andes del SENIAT, en cuyo texto ordenó expedir planillas de liquidación por los siguientes montos:
EJERCICIO MULTA (U.T.) VALOR DE LA U.T. MULTA Bs. F.
01-03-1999 al 29-02-2000 30,00 9,60 288,00
01-03-1997 al 28-02-1998 30,00 7,40 222,00
01-03-1998 al 28-02-1999 30,00 7,40 222,00
01-03-1999 al 29-02-2000 31,50 9,60 302,40
01-03-1995 al 29-02-1996 50,00 1,70 85,00
En fecha 11 de octubre de 2002 (folio 91), se dio entrada al presente asunto, y se libraron las respectivas boletas de notificación a los ciudadanos Contralor, Fiscal y Procurador General de la República, así como a la Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), las cuales fueron cumplidas tal y como consta a los folios 93 al 96, a tenor de lo dispuesto en el artículo 267 del Código Orgánico Tributario.
Iniciado y culminado todo el proceso judicial del recurso contencioso tributario establecido en el Código Orgánico Tributario, hasta la presentación de los respectivos informes en fecha 03 de septiembre de 2003, por parte de la ciudadana J.R. DE PRATO, actuando en su carácter de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República (folios 102 al 133).
En fecha 22 de mayo 2009, la ciudadana RANCY MUJICA, actuando en su carácter de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República, presentó diligencia mediante la cual solicitó se dicte sentencia (folios 138 y 139).
Con fecha 25-05-2009 (folio 140), se aboca al conocimiento de la causa la ciudadana Jueza Provisoria B.B.G., quien mediante auto dictado en dicha fecha, concedió un lapso de tres días de despacho, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de que las partes pudieran recusarla por cualquier motivo legal.
En fecha 06 de febrero 2012, la ciudadana RANCY MUJICA, actuando en su carácter de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República, presentó diligencia mediante la cual solicitó se dicte sentencia (folios 141 y 142).
Con fecha 30-10-2012 (folio 143), se aboca al conocimiento de la causa la ciudadana Jueza Temporal Y.Á.G., quien mediante auto dictado en dicha fecha, concedió un lapso de tres días de despacho, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de que las partes pudieran recusarla por cualquier motivo legal.
En fecha 05 de abril 2013, la ciudadana RANCY MUJICA, actuando en su carácter de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República, presentó diligencia mediante la cual solicitó se dicte sentencia (folios 144 y 145).
En fecha 11 de junio de 2013, este Tribunal Superior, dictó auto ordenando notificar a la contribuyente “FERRETERÍA MERCANTIL CARRILLO” para que exponga si mantiene interés en que se dicte sentencia en la presente causa (folio 146). Se libró Boleta de Notificación en esa misma fecha, la cual fue debidamente cumplida como consta a los folios 147 al 149).
I
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Correspondería a este Tribunal Superior pronunciarse sobre el recurso contencioso tributario ejercido en contra las Resoluciones de Imposición de Sanción (Multa) Nos. RLA/DF/RPN/2001-001527, RLA/DF/RPN/2001-001528, RLA/DF/RPN/2001-001529 y RLA/DF/RPN/2001-001530, todas de fecha 16 de octubre de 2001 (folios 29 al 37), emanadas de la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Los Andes del SENIAT.
Ahora bien, observa esta Juzgadora que en el curso del proceso el 04 de Septiembre de 2003 comenzó el lapso de sesenta (60) días para dictar sentencia. Igualmente se verificó que en fecha 18 de julio de 2013, se consignó la boleta de notificación librada a la contribuyente para que manifestase o no su interés en que se dicte sentencia en la presente causa.
Este Órgano Jurisdiccional, tomando como base el fallo No. 416 del 28 de abril de 2009, caso: C.V. y otros de la Sala Constitucional del M.T., dejó sentado lo relativo a la pérdida del interés procesal en los términos que de seguidas se transcriben:
(…) El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) C.J. Moncada’).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y M.P.M. de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.
. (Destacado de este Tribunal).
En sentencia No. 1139 del 05 de agosto de 2009, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, dejó sentado lo siguiente:
Ahora bien, de la revisión exhaustiva de las actas procesales que conforman el expediente se evidencia que se dijo “Vistos” el 26 de abril de 2001, y que la última actuación en el caso bajo examen se produjo el 10 de febrero de 2005, cuando la representación judicial de las asociaciones civiles solicitó a esta Alzada dictar la sentencia.
Como corolario de lo antes expuesto, concluye esta Sala que en el presente caso hay inactividad procesal, toda vez que la causa entró en estado de dictar sentencia en fecha 26 de abril de 2001 y que desde el 10 de febrero de 2005 no existe actuación alguna de la parte actora a los fines de impulsar el proceso; razón por la cual se declara extinguida la acción por pérdida del interés. Así se decide.
De los fallos parcialmente transcritos se desprende que la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce: i) antes de la admisión o ii) después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia se produce cuando la paralización se verifique entre la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “Vistos” y comienza el lapso para dictar la sentencia o iii) que la misma puede ser declarada de oficio, ya que el interés procesal debe mantenerse a lo largo del proceso.
En el caso concreto, de la revisión del expediente se evidencia que el 04 de Septiembre de 2003 comenzó el lapso de sesenta (60) días para dictar sentencia, y que desde esa fecha no ha habido actuación alguna por parte de la contribuyente; y siendo que en fecha 18 de julio de 2013, se consignó Boleta de Notificación a la contribuyente, para que informe en un plazo máximo de de treinta (30) días de despacho, contados a partir de su notificación, si conserva su interés procesal en el mencionado recurso tal y como consta a los folios 147 al 149; no habiendo manifestado dicho interés; razón por la cual considera este Tribunal Superior que en el caso bajo análisis se verificó la inactividad procesal, por lo que, en consecuencia, se declara extinguido el recurso de nulidad por pérdida del interés. Así se decide.
II
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara la EXTINCIÓN POR DECAIMIENTO DEL INTERÉS PROCESAL del recurso contencioso tributario interpuesto por la ciudadana B.E.A.M., titular de la cédula de identidad No. V- 12.352.567 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 85.615, actuando en su carácter de Apoderada Judicial del ciudadano J.C.S., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 3.450.700, en su carácter de propietario de la firma unipersonal denominada “FERRETERÍA MERCANTIL CARRILLO”, en contra de los Actos Administrativos anteriormente identificados.
Publíquese, Regístrese y Notifíquese. Cúmplase lo ordenado.
Notifíquese esta decisión al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), al Procurador General de la República, a este último con copia certificada de la presente decisión conforme al artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y al ciudadano J.C.S., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 3.450.700, en su carácter de propietario de la firma unipersonal denominada “FERRETERÍA MERCANTIL CARRILLO”, de conformidad con lo establecido en el artículo 277 del Código Orgánico Tributario. Líbrense boletas.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario, en la ciudad de Caracas, a los once (11) días del mes de octubre del año dos mil trece (2013). Año 203° de la independencia y 154° de la Federación.
LA JUEZA,
B.B.G.. EL SECRETARIO ACC.,
J.C.A..-
BBG/sb.-
