Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Miranda, de 15 de Abril de 2014

Fecha de Resolución15 de Abril de 2014
EmisorJuzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo
PonenteTania Yanett Rivas Sojo
ProcedimientoRecurso De Nulidad

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL

TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA CON SEDE EN CHARALLAVE.

203° Y 155º

N° DE EXPEDIENTE: 580-11

PARTE RECURRENTE:

INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.)

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE RECURRENTE: C.M.V., inscrita en el IPSA bajo el No. 97.032

PARTE RECURRIDA: INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY, DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA PARTE RECURRIDA. (PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA) NO SE CONSTITUYÓ REPRESENTACIÓN ALGUNA EN EL PRESENTE JUICIO

MOTIVO:

RECURSO DE NULIDAD DE LA P.A. DE MULTA, SIGNADA CON EL N° 189/2011 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2011, CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE N° 017-2011-06-00233, EMANADA DE LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA; QUE DECLARÓ INFRACTOR AL INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.) Y LE IMPUSO MULTA EQUIVALENTE A MEDIO SALARIO MÍNIMO.

REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO:

Abg. A.C.C., inscrita en el IPSA bajo el número 75.676, con el carácter de Fiscal Trigésima Tercera 33° del Ministerio Público a Nivel Nacional con competencia en lo Contencioso Administrativo y Contencioso Especial Inquilinario.

ANTECEDENTES DE LOS HECHOS

Se inicia la presente causa mediante escrito presentado por la Abogada C.M.V., inscrita en el IPSA bajo el No. 97.032, en su carácter de Apoderada Judicial del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO, (I.F.E), en fecha 24 de Noviembre de 2011, ante la Unidad de Recepción de Documentos de este Circuito Judicial Laboral.

Admitida como fue la demanda en fecha 29 de Noviembre de 2011, este Juzgado en fecha 07 de Diciembre de 2011, emitió pronunciamiento mediante el cual acordó la Suspensión de Efectos de la P.A.S. recurrida.

Así mismo, materializadas como fueron las notificaciones de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en fecha 26 de Enero de 2012, se dictó auto mediante el cual se fijó para el día 16 de Febrero de 2012, la celebración de la Audiencia de Juicio, fecha en la cual se levantó acta dejando constancia de la comparecencia de la Abogada C.M.V., inscrita en el IPSA bajo el Nro. 97.032, en su carácter de Apoderada Judicial de la parte recurrente en el presente procedimiento, y la Abogada A.J.C.C., inscrita en el IPSA bajo el Nro. 75.676, en su condición de Fiscal Titular Nº 33 del Ministerio Público. Asimismo, se dejó constancia de la incomparecencia de la parte recurrida Inspectoría del Trabajo en Los Valles del Tuy, ni por medio de Representante Legal alguno, ni por medio de la representación de la Procuraduría General de la República, por lo que este Tribunal con vista a los privilegios de los cuales goza la parte recurrida, declaró que se entiende contradicha la pretensión del recurrente, de conformidad con el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

En tal sentido, estando en la oportunidad legal para sentenciar de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, quien preside este Tribunal procede a dictar sentencia en atención a las siguientes consideraciones:

DE LA COMPETENCIA DE ESTE JUZGADO DE JUICIO DEL TRABAJO

Como punto previo, debe este Tribunal pronunciarse acerca de la competencia para conocer de la presente causa, y al respecto observa que en el caso de autos se pretende la nulidad de la P.A. signada con el Nº 189/2011, de fecha 19 de Agosto de 2011, que cursa en el procedimiento sancionatorio llevado por ante la Inspectoría del Trabajo de los Valles del Tuy del Estado Bolivariano de Miranda, en el expediente Nº 017-2011-06-00233, donde fue declarado Infractor al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.) y le impuso Multa equivalente a MEDIO SALARIO MÍNIMO.

En este orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia de carácter vinculante No. 955 de fecha 23/09/2010 interpretó el numeral 3º del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y dejó establecido que los Tribunales del Trabajo tienen competencia para conocer de los actos administrativos dictados por la Inspectoría del Trabajo relacionados con la inamovilidad en el marco de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo, relativos a la inejecución de dichos actos administrativos; siendo reiterados tal criterio mediante decisiones signadas con los números 54 y 256 de fechas 15/03/11 y 16/03/11 respectivamente, ambas emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así las cosas, y visto que el presente juicio se refiere a un Recurso de Nulidad ejercido en contra de la P.A. supra mencionada impuesta al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), en total acatamiento de las decisiones antes mencionadas, este Tribunal Primero de Primera de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Charallave, se declara COMPETENTE para conocer de la presente acción. ASÍ SE DECIDE.

FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO

El INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO, (I.F.E.), señala en su escrito recursivo que el acto administrativo impugnado, emanado de la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, relativo a la P.A. Nº 189/2011, de fecha 19/08/2011, mediante la cual se declaró Infractor al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), contiene vicios que afectan la validez del acto administrativo impugnado, siendo los vicios delatados, los siguientes:

  1. QUEBRANTAMIENTO DEL ORDEN CONSTITUCIONAL.

    La representación judicial de la parte recurrente, aduce que la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, quebrantó lo dispuesto en el ordinal 6to del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto ésta aplicó lo dispuesto en el artículo 630 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual impone una sanción al patrono que desacate la orden de reenganche de un trabajador amparado por fuero sindical, alegando la parte recurrente, que la ciudadana M.C.C., no gozaba de inamovilidad consagrada en virtud del fuero sindical, encontrándose en una situación completamente diferente siendo que la ciudadana antes mencionada estaba amparada por la inamovilidad laboral especial decretada por el Ejecutivo Nacional; indica además que el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE), no podía ser multado en base al artículo 630 eiusdem, por cuanto no podía la Inspectoría del Trabajo aplicar sanción alguna, y mucho menos establecer multas sucesivas y acumulativas ante el incumplimiento del acto administrativo de ejecución personal, ello por cuanto aplica una multa en base a un monto mayor del establecido en el artículo 80 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (L.O.P.A.), razón por la cual alega que la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY, vulneró el debido proceso garantizado en nuestra Carta Magna.

  2. FALSO SUPUESTO DE DERECHO.

    La representación judicial de la parte recurrente, indica que la Inspectoría del Trabajo incurre en el vicio de Falso Supuesto de Derecho, cuando aplica a su representado la sanción prevista en el artículo 630 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo –aplicable ratione temporis para el presente caso- alegando que la ciudadana M.C.C., no gozaba de ninguna inamovilidad por fuero sindical, por encontrarse ésta amparada bajo la inamovilidad laboral especial decretada por el Ejecutivo Nacional, indicando la representación judicial de la recurrente que si la Inspectoría del Trabajo hubiese aplicado correctamente la norma, no habría sancionado al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), por lo que alega que en la Ley Orgánica del Trabajo no existe disposición alguna que sancione el no reenganche de un trabajador que goce de inamovilidad laboral proveniente de Decreto Presidencial.

    DE LA AUDIENCIA DE JUICIO

    En la Audiencia de Juicio que fue celebrada en fecha 16 de Febrero del año 2012 en la sede de este Tribunal de conformidad con el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, compareció la Abogada C.M.V., inscrita en el IPSA bajo el Nro. 97.032, en su condición de Apoderada Judicial de la parte recurrente INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), el cual en dicho acto consigna, escrito de alegatos constante de dos (02) folios útiles y consigna escrito de pruebas constante de dos (02) folios útiles.

    De igual manera durante el desarrollo de la audiencia de juicio, se dejó constancia de la incomparecencia de la parte recurrida Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy o en su defecto de algún representante de la Procuraduría General de la República, por lo que este Tribunal con vista a los privilegios de los cuales goza la parte recurrida, declaró que se entiende contradicha la pretensión del accionante, de conformidad con el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

    ANÁLISIS DEL MATERIAL PROBATORIO

    APORTADO POR LAS PARTES:

    PRUEBAS DE LA PARTE RECURRENTE

PRIMERO

En cuanto a la prueba documental, la parte recurrente promueve los siguientes documentos:

I- DE LAS PRUEBAS DOCUMENTALES PRESENTADAS ADJUNTAS AL ESCRITO RECURSIVO:

1) Marcado con la letra “B”, presentado adjunto al escrito recursivo, cursante desde el folio 10 al 15 de la Pieza principal del presente expediente, correspondiente a: (i) Notificación emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY, dirigida al REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), la cual fue recibida, firmada y sellada en fecha 22/08/2011; (ii) P.A. Nº 189/2011 y planilla de liquidación de dicha P.A., de fecha 19/08/2011, correspondiente al Expediente 017-2011-06-00233, contentivo del procedimiento de Multa, emanado de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY.

En cuanto a las documentales supra mencionadas, se desprende que en fecha 19 de Agosto de 2011, fue dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY, P.A. Nº 189/2011, del procedimiento sancionatorio signado con el Nº 017-2011-06-00233, llevado por dicha Inspectoría del Trabajo, contra el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), por cuanto dicho Instituto no acató la p.a. identificada con el Nº 00151, que ordena el reenganche y pago de los salarios caídos, en beneficio de la ciudadana M.C.C., así mismo, mediante dicha P.A.s., se declaró al Instituto in commento INFRACTOR, imponiéndole MULTA equivalente a MEDIO SALARIO MÍNIMO, por la cantidad de BOLÍVARES SETECIENTOS VEINTITRES CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 723,73), fundamentándose dicha Inspectoría en el artículo 630 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo, igualmente estableció multas sucesivas y acumulativas cada 30 días, por la suma de dos (2) salarios mínimos, en caso de persistencia en su incumplimiento. En cuanto a la notificación de tal acto administrativo sancionatorio, se evidencia que el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), fue debidamente notificado en fecha 22 de Agosto de 2011, por lo que se evidencia que tal acto administrativo goza de plena eficacia jurídica.

En tal sentido, siendo que las referidas documentales son documentos públicos de carácter administrativo que no fueron atacadas ni desvirtuadas por otro medio probatorio, este Juzgado en consecuencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil Venezolano, les otorga pleno valor probatorio. Y ASÍ SE ESTABLECE.

2) Marcado con la letra “C”, presentado adjunto al escrito recursivo, cursante al folio 16 al 23 de la Pieza principal del presente expediente, correspondiente a: (i) P.A. Nº 00151, dictada en fecha 06/07/2011, correspondiente al Expediente Administrativo Nº 017-2011-01-00074, llevado por ante la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY.

Respecto a la documental marcada con la letra “C”, correspondiente a la P.A. Nº 00151, dictada en fecha 06/07/2011, del procedimiento de Reenganche y Pago de los Salarios Caídos, interpuesto por la ciudadana M.C.C., en contra del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), se evidencia que la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, parte del supuesto de que la ciudadana M.C.C., se encuentra amparada bajo la inamovilidad laboral especial decretada por el Ejecutivo Nacional, y decide declarando Con Lugar la solicitud de reenganche y pago de los salarios caídos incoada por la ciudadana M.C.C., ordenando al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), a restituir a la ciudadana in commento a su puesto de trabajo en las mismas condiciones que poseía para el momento en que se efectuó el despido. En tal sentido, siendo que las referidas documentales son documentos públicos de carácter administrativo que no fueron atacadas ni desvirtuadas por otro medio probatorio, este Juzgado en consecuencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil Venezolano, les otorga pleno valor probatorio. Y ASÍ SE ESTABLECE.

PRUEBAS DE LA PARTE RECURRIDA

En el Acta de Audiencia de Juicio de fecha Dieciséis (16) de Febrero de 2012, cursante desde el folio 38 al 40, se dejó constancia de la incomparecencia tanto de la parte recurrida, INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY, DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, así como de representación alguna por parte de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por lo tanto la misma no consignó escrito de pruebas, por lo cual este Juzgado deja establecido que no hay prueba alguna sobre la cual emitir pronunciamiento. ASÍ SE ESTABLECE.

DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Mediante Auto de fecha 13/02/2012, este Juzgado ordenó aperturar la Pieza denominada EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, el cual contiene las copias certificadas del expediente administrativo No. 017-2011-06-00233, cursante por ante la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, del Estado Bolivariano de Miranda, y que fuera remitido a este Juzgado por dicho Órgano Administrativo en fecha 07/02/2012, mediante el oficio No. 0134/12; en tal sentido, revisadas como han sido las copias certificadas antes mencionadas, en el procedimiento sancionatorio interpuesto por la Inspectoría del Trabajo en los Valles de Tuy, en contra del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), es de imperiosa necesidad para este Juzgado, hacer especial énfasis en las documentales que se proceden a detallar de la siguiente forma:

Se observa que el procedimiento sancionatorio fue iniciado mediante Memorandum de fecha 13/07/2011, remitido a la Sala de Sanciones de la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, todo ello a los fines de que sea iniciado el procedimiento de sanción contra el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), por la negativa por parte de dicho Instituto a dar cumplimiento voluntario a la P.A. Nº 00151, por no haber comparecido al acto de cumplimiento voluntario de la P.A. que ordena el Reenganche y Pago de los Salarios Caídos de la ciudadana M.C.C.E., siendo admitido e iniciado el procedimiento sancionatorio en fecha 13/07/2011; igualmente se observa que en fecha 14/07/2011, se llevo a cabo el acto de ejecución forzosa, en la cual el Instituto de Ferrocarriles del Estado (I.F.E.) se negó a cumplir el reenganche y pago de los salarios caídos, tal como consta en el INFORME DE INSPECCIÓN DE EJECUCIÓN FORZOSA, así mismo, se evidencia que el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), fue debidamente notificado en fecha 14/07/2011, acerca del inicio del procedimiento sancionatorio llevado en su contra por la sala de sanciones de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY.

En fecha 19/08/2011, la Inspectoría del Trabajo dicta p.a. Nº 189/2011, mediante la cual declara infractor al Instituto de Ferrocarriles del Estado (I.F.E.), fundamentando dicha Inspectoría que el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO, (I.F.E.), se hallaba incurso en la infracción prevista en el artículo 630 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo, imponiéndole una multa equivalente a MEDIO SALARIO MÍNIMO, por la cantidad de BOLÍVARES SETECIENTOS VEINTITRES CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 723,73), estableciendo en la P.A.S., que en caso de persistir el referido Instituto con el desacato, se procederá al cálculo de multas sucesivas y acumulativas cada treinta (30) días, siendo debidamente notificado el Instituto anteriormente mencionado, de la decisión en fecha 22/08/2011.

Así mismo, se observa que de la sala de sanciones emanaron Autos mediante los cuales se declara al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), en INSOLVENCIA y en REBELDÍA, y se establecen las Multas sucesivas y acumulativas, detallándose estos de la siguiente forma:

  1. Auto de fecha 30/09/2010 el cual impone una multa acumulativa de BOLÍVARES FUERTES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs. 1.447,46), siendo notificado el Instituto en fecha 17/11/2011.

  2. Auto de fecha 31/10/2011 el cual impone una multa acumulativa de BOLÍVARES FUERTES DOS MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON DIECINUEVE CENTIMOS (Bs. 2.171, 19), siendo notificado el Instituto en fecha 17/11/2011.

En tal sentido, siendo que la referida documental es un documento público de carácter administrativo que no fue desvirtuado por otro medio probatorio este Juzgado en consecuencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.359 y 1.360 del Código Civil Venezolano, le otorga pleno valor probatorio. Y ASÍ SE ESTABLECE.

DE LA OPINIÓN FISCAL

La Abogada A.C.C., inscrita en el I.P.S.A. bajo el Nro. 75.676, actuando en su carácter de FISCAL TRIGÉSIMA TERCERA DEL MINISTERIO PÚBLICO A NIVEL NACIONAL CON COMPETENCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CONTENCIOSO ESPECIAL INQUILINARIO, mediante escrito presentado en fecha 17 de Abril de 2012, emitió su opinión en los siguientes términos:

Omissis...

De manera, pues, que al no tratarse de un desacato a una orden de reenganche de un trabajador amparado por fuero sindical, en criterio de quien suscribe no podía la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, aplicar la sanción prevista en el artículo 630 de la Ley Orgánica del Trabajo, es por lo que se considera que el acto administrativo recurrido, evidentemente se encuentra viciado de nulidad absoluta, por materializarse la manifiesta violación y contravención de norma de rango constitucional contenida en el Artículo 49 numeral 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Así las cosas, observa esta Representación Fiscal que la Inspectoría del Trabajo de los Valles del Tuy del estado Miranda, a los fines de determinar la multa sucesiva aplicable, y que debe ser conforme a lo establecido en el artículo 80 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, supuesto que regula la imposición de multas sucesivas tomó como punto de partida la cantidad de Bolívares Setecientos Veintitrés con Setenta y Tres Céntimos (Bs. 723,73), monto de la multa impuesta y suma fija para la imposición de las multas sucesivas cada dos (02) días, siendo que tal como se explicó de manera precedente, la misma se trata de una sanción de índole punitiva, no susceptible de ser impuesta de manera reiterada, so pena de incurrir en la trasgresión de la garantía constitucional de no ser juzgado dos (02) veces por el mismo acto, consagra en el artículo 49, numeral 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En consecuencia y en criterio de esta Representación del Ministerio Público el acto administrativo vulnera el artículo 49, numerales 6 y 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el artículo 630 de la Ley Orgánica del Trabajo.

De manera tal, que el caso que nos ocupa se ha verificado un vicio de nulidad absoluta, no susceptible de convalidación, por lo tanto, se considera inoficioso entrar a analizar los demás fundamentos alegados por los recurrentes en la presente demanda de nulidad.

Por ello, el recurso de nulidad interpuesto debe ser declarado con lugar

VI

CONCLUSIÓN

Por los razonamientos expuestos, esta Representación del Ministerio Público estima que en la Demanda de Nulidad interpuesto por la abogado C.M.V., Apoderada Judicial del Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE), contra la P.A. Nº 189/2011 de fecha 19 de agosto de 2011, dictada por la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, estado Miranda, debe declararse CON LUGAR; y así respetuosamente, lo solicito de este honorable Tribunal.

(Negrillas del Escrito).

Consignada como fue la Opinión Fiscal, en total concordancia con el Artículo 16 numeral 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, adminiculada con el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de seguidas quien preside este Juzgado procederá a exponer los fundamentos de derecho de la presente decisión.

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Observa este Tribunal que la representación judicial del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), recurre de la P.A. signada con el Nº 189/2011, de fecha 19 de agosto de 2011, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY, mediante la cual se declaró Infractor al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), siendo éste –hoy recurrente- debidamente notificado de dicha providencia sancionatoria en fecha 22 de Agosto de 2011, en tal sentido, este Juzgado observa que la representación judicial de la parte recurrente fundamenta la solicitud de nulidad del acto administrativo in commento sobre la base de que el mismo está viciado por quebrantamiento de orden constitucional, toda vez que –a su decir- la Inspectoría del Trabajo vulneró el debido proceso consagrado en nuestra Carta Magna (Art. 49.6), por cuanto aplicó a su representada una sanción prevista para el supuesto en el que un patrono desacate la orden de reenganche de un trabajador amparado por fuero sindical (Art. 630 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo - antes 639 de la Ley Orgánica del Trabajo) siendo que la ciudadana M.C.C., no gozaba de inamovilidad consagrada en virtud del fuero sindical, sino que se amparó por la inamovilidad laboral especial decretada por el Ejecutivo Nacional, por lo cual el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE), no podía ser multado en base al artículo 630 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo, por lo cual, -indica- la Inspectoría del Trabajo incurre igualmente en un Falso Supuesto de Derecho al aplicar a su representado la sanción prevista en el artículo 630 eiusdem, por no gozar la ciudadana M.C.C., de inamovilidad por fuero sindical, indicando que el artículo 630 eiusdem no podía ser aplicable para imponerle sanción por el desacato de una trabajadora amparada por la Inamovilidad decretada por el Ejecutivo Nacional, razón por la cual indica que la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, partió de un falso supuesto, de hecho y de derecho al no interpretar correctamente la norma.

Ahora bien a objeto de emitir pronunciamiento en lo atinente a los vicios de quebrantamiento de orden constitucional y de falso supuesto de derecho, este Juzgado establece que de verificarse al menos uno de los vicios ut supra enumerados y que acarreen la nulidad absoluta del acto impugnado, este Juzgado procederá a declarar la nulidad respectiva, siendo inoficioso el pronunciamiento en lo que respecta a los demás vicios delatados en el caso de que el vicio procedente comprometa la validez del acto administrativo impugnado y se subsuma en lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

A tal efecto, en el presente recurso de nulidad de efectos particulares, este Juzgado procederá a analizar la validez del acto administrativo recurrido, de la siguiente forma:

Del acervo probatorio contenido en la pieza principal, se observa cursante al folio 16 al 23, P.A. Nº 00151, de fecha 06 de Julio de 2011, relacionada con el Expediente Nº 017-2011-01-00074, que ordena el Reenganche y Pago de los Salarios Caídos, incoado por la ciudadana M.C.C., titular de la cédula de identidad Nº 18.728.812, en contra del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), mediante la cual señala que la ciudadana M.C.C., se amparó por ante la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, por la Inamovilidad Laboral Especial decretada por el Ejecutivo Nacional mediante Decreto Presidencial, por lo que este Juzgado procederá al análisis de la P.A. Nº 189/2011, de fecha 19 de Agosto de 2011, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY, en el expediente administrativo Nº 017-2011-06-00233, mediante la cual se declara INFRACTOR al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE), y le impone la sanción contenida en el artículo Art. 630 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo, cuyo contenido indica:

Artículo 630 – Del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo.

  1. “Al patrono que desacate la orden de reenganche definitivamente firme de un trabajador amparado con fuero sindical emanada de un funcionario competente, se le impondrá una multa no menor del equivalente a un cuarto (1/4) de un salario mínimo, ni mayor del equivalente a dos (2) salarios mínimos.” (Subrayado y Negrillas de este Juzgado).

En este orden de ideas, con fundamento a la norma que antecede, se evidencia que la protección consagrada en dicha norma se refiere a la inamovilidad por fuero sindical, por lo que resulta evidente que la ciudadana M.C.C., no se encontraba amparada por la inamovilidad correspondiente al fuero sindical, sino que la trabajadora solo alegó la inamovilidad decretada por el Ejecutivo Nacional, tal como lo dejó establecido la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY, en la P.A. Nº 189/2011, dictada en fecha 19/08/2011, mediante la cual se impuso sanción al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE), con fundamento al artículo 630 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo, artículo éste que establece sanción al patrono que incurra en desacato a la orden de reenganche de un trabajador amparado por fuero sindical, que no era el caso de la ciudadana M.C.C. en virtud de que –se reitera- la misma se amparó por la inamovilidad dictada por el Ejecutivo Nacional.

Ahora bien, denunciado como ha sido el vicio de Falso Supuesto, es de impermitible e imperiosa necesidad para quien aquí decide señalar que el vicio de Falso Supuesto se manifiesta de dos maneras, así tenemos que (i) cuando la Administración, al dictar un acto administrativo, fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o no relacionados con él asunto objeto de decisión, o que ocurrieron de manera distinta a la apreciación efectuada por el órgano administrativo (falso supuesto de hecho), y (ii) cuando los hechos existen, son ciertos y atañen a lo acontecido, pero la administración subsume dichos hechos en una norma que no es aplicable al caso concreto, estamos en presencia del vicio de (falso supuesto de derecho). (Vid. Sentencia No. 01752 de fecha de 27/07/2000, Nº 1708 de fecha 24/10/2007 y No. 00810 de fecha 09/07/2008, todas emanadas de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia).

Así mismo, es menester indicar que la potestad sancionatoria de la administración no puede ejercerse de forma arbitraria, a pesar de que la norma jurídica otorgue en excepcionales casos la potestad discrecional, a lo cual podrá la administración elegir u optar entre la aplicación de diversas actuaciones todas válidas e igualmente justas; ahora bien, dicha discrecionalidad debe ser expresamente concedida por la norma jurídica, ésta, no debe suponer la ausencia de ley, pues la Administración no puede actuar de forma arbitraria, es decir, el poder de autodeterminación no existe, sino que hay una ley previa que delimita las posibles actuaciones que ha de desarrollar la Administración Pública, ello en virtud del principio de vinculación positiva al cual se encuentra sujeto la Administración Pública, representándose éste en un ámbito de actuación el cual se encuentra limitado sólo por lo tipificado en el ordenamiento jurídico, es decir, la administración solo puede hacer aquello que la Ley le autorice, con una previa habilitación legal, de lo contrario la actuación carece de validez legal, en tal sentido, dicha vinculación se expresa con la máxima latina: “quae no sunt permisae, prohibita intelliguntur” (lo que no esta permitido, esta prohibido), a diferencia de la vinculación negativa que tienen los particulares que implica que todo aquello que la Ley no prohíba está permitido.

Bajo esta perspectiva, es imprescindible mencionar que la potestad discrecional igualmente se encuentra sujeta al principio de legalidad, tal y como lo consagra el artículo 49 numeral 6to de nuestra Carta Magna, por lo que la discrecionalidad administrativa no puede dejar un espacio abierto para la aplicación de cualquier presupuesto de derecho, siendo que la misma se encuentra subordinada al principio de legalidad, por lo que en consecuencia, no todas las actuaciones discrecionales de la administración son propiamente discrecionales, encontrándose tales actuaciones sujetas a limites previamente establecidos, denominados limites al poder discrecional de la administración.

En ese sentido, de la interpretación de la norma in commento, se colige que todo supuesto de hecho que no se encuentre tipificado dentro del ordenamiento jurídico como una conducta transgresora en una Ley preexistente, le es inaplicable una sanción ya sea coercitiva o punitiva, ello por cuanto dicha actuación (sanción) ya sea de un órgano judicial o administrativo, se subsumiría dentro del ámbito de la legalidad, es decir, quebrantaría el principio de legalidad, por cuanto habría ausencia de tipicidad del acto que se pretenda cuestionar. (Vid., entre otras, Sentencias No 488 de fecha 30/03/2004 emanada de la Sala Constitucional y 00120 de fecha 26/01/2011 emanada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia).

En este orden de ideas, por cuanto este Juzgado observa que la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY, aplicó la sanción contenida en el artículo 630 de la Ley Orgánica del Trabajo, evidenciándose que la misma corresponde a la sanción impuesta al patrono por el desacato a la orden de reenganche de un trabajador amparado por Fuero Sindical, siendo que no corresponde al supuesto de hecho atribuido al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE), el cual versó sobre el desacato a la orden de reenganche de una trabajadora amparada bajo la INAMOVILIDAD ESPECIAL DECRETADA POR EL EJECUTIVO NACIONAL, por lo que se contradice con la norma sancionatoria aplicada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY prevista en el artículo 630 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo verificándose un FALSO SUPUESTO DE HECHO por cuanto la Inspectoría del Trabajo al aplicar la norma sancionatoria apreció los hechos de forma incorrecta, considerando que la ciudadana M.C.C., se encontraba amparada por la inamovilidad por fuero sindical, así mismo se verificó un FALSO SUPUESTO DE DERECHO, siendo que el Inspector del Trabajo aplicó una sanción que no correspondía para el caso concreto, por lo que erró en la formación del silogismo jurídico aplicable para la sanción de multa impuesta al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE), todo lo cual conllevó que consecuencialmente la Inspectoría del Trabajo vulnerara la garantía constitucional del debido proceso y el principio de legalidad y tipicidad de las sanciones, al imponer una multa al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), aplicando una norma que no correspondía con el verdadero supuesto de hecho, es decir, se aplicó una sanción prevista para el desacato a la orden de reenganche de un trabajador amparado por fuero sindical, cuando en el caso de autos la trabajadora no se amparó por fuero sindical, sino que la inamovilidad alegada fue la inamovilidad especial dictada por el Ejecutivo Nacional; en tal sentido, se verifica que la parte recurrida incurrió en el vicio de FALSO SUPUESTO EN APLICACIÓN DEL DERECHO y consecuencialmente el de QUEBRANTAMIENTO DEL ORDEN CONSTITUCIONAL por violación del Debido Proceso consagrado en el artículo 49 numeral 6to de nuestra Carta Magna, por lo que se declara PROCEDENTE el vicio de falso supuesto y consecuencialmente el de quebrantamiento del orden constitucional, por violación del Debido Proceso consagrado en el artículo 49 numeral 6to de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, delatado por la parte recurrente, en contra de la P.A. Nº 189/2011, de fecha 19/08/2011, dictada en el expediente administrativo Nº 017-2011-06-00233, el cual declaró INFRACTOR al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), y le impuso multa equivalente a MEDIO SALARIO MÍNIMO, por la cantidad de BOLÍVARES SETECIENTOS VEINTITRES CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 723,73). ASÍ SE ESTABLECE.

Por otra parte, es de impermitible necesidad para esta Jurisdícente traer a colación lo dispuesto en el artículo 25 de nuestra Carta Magna, que señala que todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución o la Ley es nulo. Ello así, visto que la P.A. Nº 189/2011, de fecha 19/08/2011, dictada en el expediente administrativo Nº 017-2011-06-00233, por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS VALLES DEL TUY, la cual fue debidamente notificada al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.) –hoy recurrente-, en fecha 22/08/2011, violentó el principio de legalidad y tipicidad consagrados en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y el artículo 49, ordinal 6 de Nuestra Carta Magna, ello así, éste Juzgado de conformidad con lo establecido en el artículo 19, Ordinal 1, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en total concordancia con el artículo 25 de Nuestra Carta Magna, declara la NULIDAD ABSOLUTA de la P.A. Nº 189/2011, de fecha 19/08/2011, dictada en el expediente administrativo Nº 017-2011-06-00233, por la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy del Estado Bolivariano de Miranda, mediante el cual se declaró Infractor al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE) imponiéndole MULTA de conformidad con lo previsto en el artículo 630 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo. ASÍ SE ESTABLECE.

Finalmente, con vista a los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, y por cuanto la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS VALLES DEL TUY DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, al imponer multa por el incumplimiento por parte del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE), a la orden de reenganche de la ciudadana M.C.C., titular de la cédula de identidad Nº 18.728.812, la cual se encontraba amparada por el Decreto de Inamovilidad Laboral Especial dictado por el Ejecutivo Nacional, tomando como fundamentos de derecho para la sanción el Artículo 630 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo (FUERO SINDICAL), se evidencia que incurrió dicha Inspectoría en FALSO SUPUESTO DE HECHO Y DE DERECHO, vulnerando así el debido proceso y el principio de legalidad de los actos administrativos; en consecuencia, este Juzgado con fundamento al Artículo 19 ordinal 1 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el Artículo 25 en concordancia con el Artículo 49 numeral 6to de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los Artículos 10 y 80 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara CON LUGAR el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, y en tal sentido, se declara la NULIDAD ABSOLUTA de la P.A. Nº 189/2011, de fecha 19/08/2011, correspondiente al expediente administrativo Nº 017-2011-06-00233, el cual declaró INFRACTOR al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), y le impuso multa equivalente a MEDIO SALARIO MÍNIMO, por la cantidad de BOLÍVARES SETECIENTOS VEINTITRES CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 723,73). ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA

En base a todos los razonamientos de hecho y de derecho antes expuestos y en atención a los méritos que de ellos se desprenden; este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE LOS VALLES DEL TUY, DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHARALLAVE, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: COMPETENTE este Juzgado para conocer de la presente acción, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia Nº 955, de fecha 23 de septiembre de 2010, emanada de la Sala Constitucional. SEGUNDO: CON LUGAR, el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por la abogada C.M.V., inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 97.032, en su carácter de apoderada judicial del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), contra P.A. signada con el Nº 189/2011, contenida en el expediente Nº 017-2011-06-00233, de fecha 19 de Agosto de 2011, dictada por la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy del Estado Bolivariano Miranda, que declaró INFRACTOR al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), imponiéndole MULTA equivalente a MEDIO SALARIO MÍNIMO, por la cantidad de BOLÍVARES SETECIENTOS VEINTITRES CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 723,73). TERCERO: SE DECLARA LA NULIDAD ABSOLUTA de la P.A.N.. 189/2011, dictada por la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy del estado Miranda, en fecha 19 de Agosto de 2011, en el expediente Nro. 017-2011-06-00233, que declaró INFRACTOR al INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO, (I.F.E.), y le impuso MULTA, equivalente a MEDIO SALARIO MÍNIMO, equivalente a la cantidad de BOLÍVARES SETECIENTOS VEINTITRES CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 723,73), así como sus respectivas planillas de liquidación.

Finalmente, por cuanto la presente decisión se publica fuera del lapso legal, se ordena notificar del presente fallo, a (i) al Procurador (E) General de la República Bolivariana de Venezuela, (ii) al Fiscal General del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela, (iii) a la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy del Estado Bolivariano de Miranda (iv) a la parte recurrente, INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (I.F.E.), en la persona de cualquiera de sus representantes legales o estatutarios o en su defecto en la persona de su apoderada judicial abogada C.M.V., inscrita en el IPSA bajo el número 97.032, o cualquier otro de sus apoderados judiciales constituidos en juicio. Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y a tal efecto se ordena librar copia certificada del presente fallo que será remitida adjunta a las notificaciones ordenadas en los particulares (i) y (ii) ut supra descritos.

Igualmente se deja establecido que una vez que conste en autos la última de las notificaciones ordenadas, comenzará a transcurrir el lapso de ocho (08) días previsto en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para entender consumada la notificación dirigida a la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, y vencido como haya sido el lapso previsto en dicho artículo, comenzará a correr el lapso de cinco (5) días hábiles para recurrir de la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

En cumplimiento a lo establecido en las disposiciones del artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, aplicado supletoriamente de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se ordena dejar copia certificada de la presente sentencia en el archivo del Tribunal.

Se ordena la publicación de la presente decisión en la página WEB del Tribunal Supremo de Justicia en el site denominada Región Miranda.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA

Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. En Charallave, a los Quince (15) días del mes de Abril del año dos mil catorce (2014) AÑOS: 203º y 155°.

DRA. T.R.S.

LA JUEZA DE JUICIO

ABG. A.J.A.P.

EL SECRETARIO

Nota: En esta misma fecha siendo las 03:00 de la tarde, se dictó y publicó la anterior Sentencia.

EL SECRETARIO

TRS/AJAP/jmg.

Sentencia N° 40-14

Exp. 580-11

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