Decisión de Juzgado Segundo De Primera Instancia En Lo Civil Y Mercantil de Aragua, de 17 de Noviembre de 2010
| Fecha de Resolución | 17 de Noviembre de 2010 |
| Emisor | Juzgado Segundo De Primera Instancia En Lo Civil Y Mercantil |
| Ponente | Luz Garcia |
| Procedimiento | Resolucion De Contrato |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA.
Maracay, 17 de noviembre de 2010
200º y 151º
EXPEDIENTE Nº 47695-09
DEMANDANTE: ARRENDADORA FINACIERA EMPRESARIAL C.A. AFINCO antes denominada ARRENDADORA FINANCIERA CORPOINDUSTRIA, C.A, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N° 47, Tomo 36-A, Segundo, de fecha 23 de febrero de 1979, posteriormente, inscrita, en el registro mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, bajo el N° 01, Tomo 17-A, de fecha 28 de septiembre de 1979.-
APODERADA: M.T.R., Abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 16568 y de este domicilio.-
DEMANDADO: Sociedad Mercantil DISTRIBUIDORA BALASTOS 2000, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, bajo el N° 36, Tomo 38-A, en fecha 24 de mayo de 1999, representada por los ciudadanos S.R. MONTILLA Y M.E.J.D.P., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 5.930.933 y 7.4.74.625 respectivamente.-
MOTIVO: RESOLUCION DE CONTRATO
DECISIÓN: PERENCIÒN DE LA INSTANCIA
Se inició el presente procedimiento cuando en fecha “09 de marzo de 2009”, la Abogada M.T.R.S., Abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 16568 y de este domicilio, en su carácter de apoderada judicial de ARRENDADORA FINACIERA EMPRESARIAL C.A. AFINCO antes denominada ARRENDADORA FINANCIERA CORPOINDUSTRIA, C.A, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N° 47, Tomo 36-A, Segundo, de fecha 23 de febrero de 1979, posteriormente, inscrita, en el registro mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, bajo el N° 01, Tomo 17-A, de fecha 28 de septiembre de 1979, interpone demanda por RESOLUCION DE CONTRATO contra la Sociedad Mercantil DISTRIBUIDORA BALASTOS 2000, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, bajo el N° 36, Tomo 38-A, en fecha 24 de mayo de 1999, representada por los ciudadanos S.R. MONTILLA Y M.E.J.D.P., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 5.930.933 y 7.4.74.625 respectivamente, este Tribunal por cuanto de la revisión del expediente observa:
Por auto de fecha 16 de marzo de 2009, se le dio entrada a la demanda.- Por auto de fecha 31 de marzo de 2009, se admitió la demanda y ordenó el emplazamiento de la parte demandada, y se comisionó al Juez del Municipio valencia del Estado Carabobo.- En diligencia de fecha 14 de abril de 2009, la apoderada actora consignó los fotostatos del libelo para que se libraran las compulsas, y asimismo, solicitó se decrete la medida de secuestro.- En diligencias de fecha 27 de abril de 2009 y 11 de mayo de 2009, la parte actora ratifico la solicitud de que se decrete la medida de secuestro.- En diligencia de fecha 16 de Julio de 2009, la apoderada actora consignó poder que le fue conferido por la parte demandante.-
La institución de la perención de la instancia, comporta la ausencia absoluta de cualquier actividad tendente a impulsar el proceso. En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, es necesario considerar que la inactividad que denota desinterés procesal, se manifiesta precisamente por la falta de interés en el devenir del proceso que hace presumir que el actor realmente no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin. Según el artículo 269 del mismo Código, la perención se verifica ope-legis y no es renunciable por las partes, incluso puede declararse de oficio.
La obligación arancelaría que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el artículo 12 de la precitada ley, que deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los accionantes de la tutela jurídica del Estado dentro de los 30 días calendario siguientes a la admisión de la demanda o su reforma, que no son solamente de orden económico, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del sujeto pasivo y particularmente cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste a más de 500 metros de la sede del tribunal, en virtud de implicar el traslado al sitio de la citación un mayor costo; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención breve de la instancia, siendo obligatorio igualmente para el Alguacil dejar constancia en el expediente, que la parte accionante le proporcionó lo exigido en la ley a fin de realizar las diligencias subsiguientes y pertinentes a la consecución de la materialización de la citación.
Aplicando a la sucinta cronología de actuaciones procesales anteriormente relatadas las consideraciones precedentes, constatado que desde el 16 de julio de 2009, fecha en la cual la apoderada actora consignó poder que le fue conferido por la parte demandante; la parte que instó la tutela jurídica del Estado mantuvo una conducta pasiva para gestionar la citación de la parte demandada para la prosecución del proceso hasta el estado de obtener la sentencia que declararía su pretensión con o sin lugar, habiendo transcurrido hasta el 17 de noviembre de 2010, un (1) año, cuatro (04) meses y un (1) días, es decir, un tiempo que excede el previsto por el legislador patrio para que opere la sanción de la perención, es por lo que este Tribunal, en virtud de la omisión o incumplimiento de la carga procesal del accionante, indefectiblemente DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial adminiculado con el ordinal primero del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en el juicio que por RESOLUCION DE CONTRATO sigue ARRENDADORA FINACIERA EMPRESARIAL C.A. AFINCO antes denominada ARRENDADORA FINANCIERA CORPOINDUSTRIA, C.A.contra Sociedad Mercantil DISTRIBUIDORA BALASTOS 2000, C.A., representada por los ciudadanos S.R. MONTILLA Y M.E.J.D.P. todos ut supra identificados.- Así se decide en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley.
REGISTRESE, PUBLIQUESE Y DEJESE COPIA.
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho de este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. Maracay, a los diecisiete (17) días del mes de noviembre de dos mil diez.-
LA JUEZ PROVISORIA,
DRA. L.M.G.M.. EL SECRETARIO,
ABOG. P.P.C.
En la misma fecha se dictó y publicó la anterior sentencia, siendo las once de la mañana (11:00 a.m.).-
EL SECRETARIO,
LMGM/cristina.
Exp. N° 47695-09
