Decisión nº 1511 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 21 de Octubre de 2010
| Fecha de Resolución | 21 de Octubre de 2010 |
| Emisor | Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario |
| Ponente | Javier Sanchez Aullon |
| Procedimiento | Recurso Contencioso Tributario |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 21 de octubre de 2010
200º y 151º
ASUNTO: AF41-U-1992-000002.- SENTENCIA Nº 1511.-
ASUNTO ANTIGUO: 701.-
En horas de despacho del día 04 de mayo de 1992, se recibió Oficio Nº HJI-320-000483 de fecha 27 de abril de 1992, emanado de la extinta Dirección Jurídico Impositiva del Ministerio de Hacienda, actual Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, hoy Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante el cual fue remitido el recurso contencioso tributario interpuesto subsidiariamente al recurso jerárquico ejercido en fecha 15 de marzo de 1990, ante la Oficina de Registro de Presentación de Documentos de la Dirección General Sectorial del entonces Ministerio de Hacienda, por el ciudadano J.O.P.P., titular de la cédula de identidad Nº V-2.153.198 actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la contribuyente “SOCIEDAD FINANCIERA DEL ORINOCO, C.A.”, sociedad mercantil inscrita originalmente en el Registro de Comercio llevado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en fecha 12 de julio de 1973, bajo el Nº 345, Tomo 4º de los libros respectivos, modificado según documento inscrito en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en fecha 03 de septiembre de 1984, bajo el Nº 29, Tomo C Nº 32, en contra de la Resolución Nº HJI-100-003157 de fecha 25 de noviembre de 1991, emanada de la mencionada Dirección Jurídico Impositiva, mediante la cual se resolvió confirmar parcialmente la resolución culminatoria del sumario administrativo Nº HRCF-SA-213 de fecha 19 de septiembre de 1989, y confirmó de la planilla de liquidación Nº 08-10-14-000012 de fecha 14 de febrero de 1990, los montos de Bs. 79.669,10 (impuesto sobre la renta) y Bs. 69.112,94 (intereses moratorios); anulando el monto de Bs. 39.834,55 (multa), quedando en consecuencia la mencionada recurrente obligada a pagar un total de Bs. 148.782,04 equivalentes actualmente a Bs.F. 148,78 en virtud de la reconversión monetaria que entró en vigencia el 01 de enero de 2008, según el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Reconversión Monetaria Nº 5.229, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.638 del 06 de marzo de 2007.
Por auto de fecha 06 de mayo de 1992, se le dio entrada a dicho recurso, ordenándose formar expediente bajo el Nº 701, actualmente Asunto Nº AF41-U-1992-000002, y librar boletas de notificación dirigidas a los ciudadanos Contralor General de la República, Procurador General de la República y al Representante Legal de la contribuyente “SOCIEDAD FINANCIERA DEL ORINOCO, C.A.” y/o a su apoderado judicial.
Estando las partes a derecho, según consta en autos a los folios 310 al 312 ambos inclusive, de la segunda (2º) pieza del expediente, se admitió dicho recurso mediante auto de fecha 03 de junio de 1992, ordenándose su tramitación y sustanciación correspondiente.
El 08 de junio de 1992, se abrió la causa a pruebas.
En fecha 17 de junio de 1992, la ciudadana R.A.P.P., titular de la cédula de identidad Nº 1.741.405, actuando en su carácter de apoderada judicial de la recurrente, presentó escrito de promoción de pruebas, haciendo valer el mérito favorable de los autos.
Posteriormente, el Tribunal en fecha 02 de julio de 1992, admitió la prueba promovida por la parte recurrente, por no ser manifiestamente ilegal ni impertinente.
El 04 de agosto de 1992, vencido el lapso probatorio, se dio inicio a la relación de la causa de conformidad a lo previsto en el artículo 184 del Código Orgánico Tributario vigente para la fecha.
En fecha 14 de enero de 1993, el Tribunal fijó el décimo quinto (15º) día de despacho siguiente para que tuviese lugar el acto de informes.
El 05 de febrero de 1993, oportunidad fijada por el Tribunal para la presentación de informes, comparecieron, por una parte la ciudadana N.A.d.A., actuando en su carácter de representante judicial del Fisco Nacional, quien presentó diligencia a objeto de consignar conclusiones escritas en cinco (05) folios útiles; y por otra parte la ciudadana R.A.P.P., ya identificada, quien presentó diligencia a los fines de consignar su correspondiente escrito de informes constante de un (01) folio útil. Seguidamente el Tribunal dijo “VISTOS” y entró en la oportunidad procesal de dictar sentencia.
Mediante auto de fecha 08 de junio de 1993, se prorrogó por treinta (30) días de despacho la oportunidad para dictar sentencia.
No hubo más actuaciones por parte de la representación judicial de la recurrente.
En fecha 16 de julio de 2010, quien suscribe la presente decisión en su carácter de Juez Provisorio de este Tribunal, debidamente designado mediante Oficio Nº CJ-09-0100 de fecha 06 de febrero de 2009, emanado de la Presidencia de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y Juramentado el día 04 de marzo de 2009, por la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, se abocó al conocimiento de la presente causa; y asimismo, comparte el criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 23 de octubre de 2002 (caso: Módulos Habitacionales, C.A.) donde se indicó:
"... el avocamiento (sic) de un nuevo Juez sea ordinario, accidental o especial, al conocimiento de una causa ya iniciada, debe ser notificado a las partes, aunque no lo diga la ley expresamente, para permitirle a éstas, en presencia de alguna de las causales taxativamente establecidas, ejercer la recusación oportuna, y de proceder ésta, con la designación del nuevo juzgador, garantizar a las partes su derecho a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido de acuerdo a la ley, derecho éste comprendido en el concepto más amplio de derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Siendo ello así, la falta de notificación a las partes del avocamiento (sic) de un nuevo Juez al conocimiento de una causa en curso, podría constituir una violación de la garantía constitucional del derecho de defensa; no obstante, considera esta Sala que, para configurarse tal violación, es necesario que, efectivamente, el nuevo Juez se encuentre incurso en alguno de los supuestos contenidos en alguna de las causales de recusación taxativamente establecidas, porque, de no ser así, el recurso ejercido resultaría inútil y la situación procesal permanecería siendo la misma”. (Destacado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).
-I-
ÚNICO
De la revisión detallada de los autos que conforman el expediente de la causa in examine, puede este Juzgador evidenciar que desde la fecha en la cual se dijo “VISTOS”, la representación judicial de la contribuyente “SOCIEDAD FINANCIERA DEL ORINOCO, C.A.” no ha instado el proceso, siendo su última actuación procesal cuando en fecha 05 de febrero de 1993, presentó escrito de informes. A partir de allí, no ha ocurrido nuevamente a dar impulso a la causa, por lo cual resulta oportuno analizar de seguidas, si se ha producido la pérdida sobrevenida del interés por parte de la recurrente y, consecuencialmente, el decaimiento de la acción incoada.
En cuanto al interés procesal, el maestro i.P.C., en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídicas E.A., Buenos Aires, 1973) señala: “El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.”.
En virtud de lo anterior, debe este Tribunal señalar el criterio jurisprudencial expuesto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la Sentencia Nº 416 (caso: Ciudadanía Activa), publicada en fecha 28 de abril de 2009, el cual ratificó el criterio planteado por dicha Sala mediante el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.), expresando lo siguiente:
… (Omissis).
El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) C.J. Moncada’).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y M.P.M. de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.
(Omissis)…
(Resaltado del Tribunal).
Del criterio jurisprudencial antes transcrito se colige, que la pérdida sobrevenida del interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se diga “VISTOS” y comience el lapso para dictar la sentencia de mérito.
A mayor abundamiento, cabe destacar lo puntualizado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se señaló lo siguiente:
(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido
. (Destacado de este Juzgado Superior).
Ahora bien, este Despacho comparte y está en sintonía con el criterio precedentemente expuesto, y evidencia que en el presente caso se está claramente en presencia de la segunda de las situaciones expuestas por la Sala Constitucional, toda vez que se dijo “VISTOS” en fecha 05 de febrero de 1993; y la última actuación de la parte recurrente se produjo en esa misma fecha, cuando su representación judicial presentó escrito de informes.
Siendo ello así, y ante la ausencia de manifestación asidua en que se decida la presente causa, este Tribunal al considerar que resulta inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado, tal y como lo ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en las citadas Sentencias, estima pertinente declarar extinguida la acción por pérdida sobrevenida de interés procesal. (Ver decisión de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia N° 740, del 19 de junio de 2008). Así se declara.
-II-
DECISIÓN
Con fundamento en los razonamientos antes señalados, este Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara EXTINGUIDA LA ACCIÓN por pérdida sobrevenida del interés procesal, del recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente “SOCIEDAD FINANCIERA DEL ORINOCO, C.A.”, en contra de la Resolución Nº HJI-100-003157 de fecha 25 de noviembre de 1991, emanada de la mencionada Dirección Jurídico Impositiva, mediante la cual se resolvió confirmar parcialmente la resolución culminatoria del sumario administrativo Nº HRCF-SA-213 de fecha 19 de septiembre de 1989, y confirmó de la planilla de liquidación Nº 08-10-14-000012 de fecha 14 de febrero de 1990, los montos de Bs. 79.669,10 (impuesto sobre la renta) y Bs. 69.112,94 (intereses moratorios); anulando el monto de Bs. 39.834,55 (multa), quedando en consecuencia la mencionada recurrente obligada a pagar un total de Bs. 148.782,04 equivalentes actualmente a Bs.F. 148,78.
Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los veintiún (21) días del mes de octubre de dos mil diez (2010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.-
El Juez Provisorio,
Abg. J.S.A..- El Secretario Titular,
Abg. F.J.E.G..-
La anterior sentencia se publicó en su fecha, siendo las doce y once minutos de la tarde (12:11 p.m.).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Secretario titular,
Abg. F.J.E.G..-
ASUNTO: AF41-U-1992-000002.-
ASUNTO ANTIGUO: 701.-
JSA/ith.-
