Decisión nº 3E-788-99 de Tribunal Tercero de Ejecución Los Teques de Miranda, de 18 de Mayo de 2010
| Fecha de Resolución | 18 de Mayo de 2010 |
| Emisor | Tribunal Tercero de Ejecución Los Teques |
| Ponente | Lieska Daniela Fornes Diaz |
| Procedimiento | Cumpliento De Pena |
Los Teques, 18 de mayo de 2010
200º y 151º
CAUSA nro. 3E788-99
Identificación de las partes:
PENADO: P.J.R.C., portador de la cédula de identidad número V-16.811.879.
FISCAL: Fiscal Décimo del Ministerio Público del estado Miranda.
DEFENSA: Defensor Público Décimo del estado Miranda
PENA: Ocho (8) años de presidio y penas accesorias establecidas en el artículo 13 del Código Penal derogado, por la comisión del delito de Robo a mano armada, previsto y sancionado en el artículo 460 eiusdem.
Corresponde a este Tribunal Tercero de Ejecución con sede en Los Teques, decidir en el presente caso respecto al cumplimiento de la pena impuesta al ciudadano P.J.R.C.. En tal sentido, se observa seguidamente.
I
Consta del presente cuaderno separado que en fecha 10 de noviembre de 1998, el hoy extinto Juzgado Superior Primero en lo Penal de la Circunscripción Judicial del estado Miranda con sede en la ciudad de Los Teques, condenó, entre otros, al ciudadano P.J.R.C., titular de la cédula de identidad nro. V-16.811.879, a cumplir la pena de 8 años de presidio y penas accesorias contempladas en el artículo 13 y artículo 34 del texto sustantivo penal, por ser autor responsable del delito de robo a mano armada, sancionado en el artículo 460 del Código Penal (folios 13 y 14, pieza I).
En fecha 21 de diciembre de 1998, el suprimido Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del estado Miranda con sede en Los Teques, definitivamente firme como quedara la referida sentencia condenatoria, conforme a lo establecido en el artículo 358 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, emite auto de ejecución y ordena practicar por Secretaría, cómputo de pena, precisándose entonces que el ut supra mencionado ciudadano fue detenido en fecha 16-8-1996 (folio 16 pieza I).
En fecha 17 de abril de 2000, el Tribunal de primera instancia en función de ejecución nro. 2 con sede en Ocumare del Tuy, publica nuevo cómputo de pena y precisa que el penado cumple la pena el 16-8-2004 (folios 23 al 27, pieza I).
Mediante decisión dictada en fecha 11 de octubre de 2000, el Tribunal de primera instancia en función de ejecución nro. 2 con sede en Ocumare del Tuy concede el beneficio de confinamiento al penado P.J.R.C., a cumplir en el estado Aragua, San Casimiro, calle Curucuti (folio 34, pieza I del cuaderno separado), por lo que se libró boleta de excarcelación número 183/00 al Director del Centro Penitenciario Metropolitano Región Capital Yare I (folio 40, pieza I).
Obra en autos oficio de fecha 11 de octubre de 2000, dirigido al P.d.M.S.C.d. estado Aragua, cuyo tenor es el que sigue:
Me dirijo a Usted, en la oportunidad de remitirle al ciudadano R.C.P.J. titular de la Cédula de Identidad No. 16.811.879, quien fue confinado a esa Jurisdicción por un término de DOS (02) AÑOS, DOS (02) MESES por la comisión del delito de ROBO A MANO ARMADA, previsto y sancionado en el Artículo 375 (sic) del Código penal. Todo conforme al artículo 52 Ejusdem. Se agradece avrir régimen de presentación e informar a este despacho cualquier irregularidad cometida por el referido penado
. (folio 36, pieza I)
En fecha 13 de octubre de 2000, el penado se comprometió al cumplimiento de las obligaciones impuestas (folio 35, pieza I).
En fecha 11 de febrero de 2004 el penado P.J.R.C. acudió al Tribunal y manifestó que dio cumplimiento al régimen de presentaciones que le fue impuesto por ante la Prefectura del Municipio san Casimiro (folio 57, pieza II). Nuevamente en fecha 14 de abril de 2004 el penado ratifica que cumplió el régimen impuesto (folio 172, pieza II) y posteriormente, en fecha 26 de mayo de 2004 reitera su cumplimiento al régimen acordado (folio 174 pieza II).
En fecha 18 de febrero de 2008, quien suscribe asume este Tribunal Tercero de Ejecución, dando cumplimiento al programa anual de rotación de Jueces de Primera Instancia Penal.
En fecha 2 de marzo de 2009 este Tribunal acuerda librar oficio al P.d.M.A.S.C. a los fines de verificar el cumplimiento de la conmutación de la pena en confinamiento e igualmente se ordena, a los mismos fines, la citación del penado.
En fecha 29 de marzo de 2009 el penado P.J.R.C. se comprometió ante este Tribunal a presentar constancia de cumplimiento de la obligación que le fue acordada (folio 61, pieza III).
En fecha 20 de marzo de 2009 el prenombrado penado consignó, en 21 folios, copia de actuaciones atinentes al régimen de presentaciones que le fue impuesto (folios 62 al 83, pieza III).
II
Se advierte entonces que, en fecha 11 de octubre de 2000, el Tribunal de primera instancia en función de ejecución nro. 2 con sede en Ocumare del Tuy, acordó a favor del ciudadano P.J.R.C., ut supra identificado, la gracia del confinamiento en la estado Aragua, San Casimiro, calle Curucuti.
Así las cosas, a los fines de verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas, tenemos: Cursa al folio 63 de la pieza III, oficio número 23, datado 20 de marzo de 2009, mediante el cual el P.d.M.S.C.d. estado Aragua, remite copia del expediente del ciudadano P.J.R.C., e informa que el penado “culmino su confinamiento en este Municipio de San Casimiro, el día 03 de Noviembre del año 2003”, igualmente, cursa a los folios 66 al 83 copia de las presentaciones cumplidas, así como constancia de residencia y permisos de traslados solicitados por el penado, por lo que el ciudadano P.J.R.C., cumplió con las obligaciones impuestas en el confinamiento que le fue acordado y consiguientemente, cumplió, en su totalidad, la pena que le fue impuesta. Así se declara.
Así las cosas, por cuanto el ciudadano P.J.R.C. cumplió la pena principal de 8 años de presidio y penas accesorias de interdicción civil e inhabilitación política que le fueron impuestas, en fecha 10 de noviembre de 1998, por el hoy extinto Juzgado Superior Primero en lo Penal de la Circunscripción Judicial del estado Miranda con sede en la ciudad de Los Teques, por ser autor responsable de la comisión del delito de robo agravado, tipificado en el artículo 460 del Código Penal derogado, resulta lo procedente y ajustado a derecho, procediendo de conformidad con el artículo 479.1 del Código Orgánico Procesal Penal en relación con el artículo 105 del Código Penal, declarar la extinción de la pena principal y de las penas accesorias de interdicción civil e inhabilitación política. ASÍ SE DECLARA.-
Ahora bien, respecto a la pena accesoria de sujeción a la vigilancia de la autoridad a la que fue condenado el antes mencionado ciudadano, conforme al artículo 13.3 del Código Penal, se observa:
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión identificada con el nro. 940, datada 21 de mayo de 2007, expresó, revisando la doctrina sostenida por la referida Sala sobre el particular, que los artículos 13.3 y 22 del Código Penal, son contrarios al artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en tal sentido señaló:
De acuerdo al contenido del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la libertad es un derecho inviolable; asimismo, consagra dicha norma que toda persona tiene derecho a estar en libertad, a menos que exista una decisión judicial que provea lo contrario o sea capturada in fraganti en la comisión de un delito. Ese derecho a la libertad personal, es un derecho intrínseco de la persona y se puede concluir, que es el derecho más importante después del derecho a la vida
…
De acuerdo con el contenido del nuestro Código Penal, las penas se clasifican en corporales y no corporales; principales y accesorias.
Las penas corporales son aquellas que restringen la libertad personal de un individuo; y las no corporales restringen otros derechos que no se corresponden con la libertad individual. Por su lado, las penas principales, son aquellas que la ley aplica directamente al castigo del delito, y las accesorias se refieren a las que la ley trae como adherentes a la principal, ya sea en forma necesaria o imprescindible, o en forma accidental.
Entre las penas no corporales encontramos, las siguientes: sujeción a la vigilancia de la autoridad pública, interdicción civil, inhabilitación política, inhabilitación para ejercer alguna profesión, industria o cargo, multa, entre otras.
…
De modo que, la pena de sujeción a la vigilancia de la autoridad es una pena no corporal, de carácter accesorio, que es complementaria de la pena de presidio y de prisión y persigue un objetivo preventivo, el cual consiste, en teoría, en reinsertar socialmente al individuo. Consiste, como lo establece el artículo 22 anteriormente transcrito, en la obligación para el penado de dar cuenta a los respectivos Jefes Civiles de Municipio donde resida o por donde transite de su salida y llegada a éstos. Sin embargo, esta pena de sujeción a vigilancia de la autoridad, comienza cuando se ha cumplido la pena principal de presidio o de prisión.
…
Ahora bien, la Sala observa que la pena accesoria de sujeción a la vigilancia de la autoridad es excesiva de la pena que causa el delito. La sujeción a la vigilancia de la autoridad, a pesar de que no es una pena principal, restringe la libertad plena a la que tiene derecho el penado luego de cumplida la pena principal, por lo que la misma, a juicio de esta Sala, se convierte en excesiva.
En efecto, la consecuencia natural del cumplimiento de la pena corporal es que se acuerde la libertad plena. Sin embargo, esta plenitud no es alcanzada por el ciudadano que cumplió su pena principal, por cuanto debe sujetarse a una pena accesoria que, en fin, se trata de una extensión de hecho de la condena privativa de libertad, pudiendo exceder con creces la privativa de libertad a la pena máxima establecida constitucionalmente en el artículo 44.3 in fine de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; ya que en efecto, con la sujeción a la vigilancia de la autoridad, se subordina a un ciudadano, que ya ha cumplido su pena privativa de libertad, a una libertad condicionada, que es una especie de restricción de la libertad, contraria a la libertad plena a la cual tiene derecho el penado una vez cumplida la pena de presidio o prisión.
En efecto, a juicio de la Sala, la sujeción de vigilancia a la libertad (sic) obliga al penado a dar cuenta a los respectivos Jefes Civiles de Municipio sobre el lugar donde resida o por donde transite, lo que equivale a un régimen de presentación que limita, a todas luces, la libertad individual.
Para la Sala, basta el cumplimiento de la pena de presidio o de prisión para justificar la privación de libertad de una persona, el que se restrinja por extensión la libertad plena a través de la sujeción a la vigilancia de la autoridad, es contrario al espíritu del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Se insiste, esa extensión de hecho, podría ir más allá de lo establecido en la Carta Magna, respecto al límite que debe tener toda pena que prive, de algún modo, la libertad plena del individuo. En efecto, de acuerdo con el artículo 44.3 in fine constitucional las penas privativas de libertad no excederán de treinta años, por lo que, verbigracia, si una persona es condenada a cumplir la pena de presidio por treinta años, no debería -por existir esa limitante y por tratarse de una especie de restricción de libertad-, estar sujeta a un cuarto de la pena bajo la sujeción a la vigilancia de la autoridad, ya que ello se convertiría en una extralimitación de lo señalado en la Carta Magna.
Lo anterior demuestra que la sujeción a la vigilancia de la autoridad es una pena excesiva, por lo que no cumple con las exigencias del derecho penal moderno.
Además, cabe acotar que el Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas desaplicó los artículos 13.3 y 22 del Código Penal, los cuales prevén la pena de la sujeción a la vigilancia de la autoridad, al considerar que dicha figura penal ‘...además de estar completamente en desuso, es violatoria a los derechos humanos más intrínsecos del penado’. Adicionalmente, vale otra reflexión.
En la práctica la pena de sujeción a la vigilancia de la autoridad siendo una pena de auto ejecución su eficacia depende de la persona sujeta a la misma; ahora bien, toda vez que su eficacia depende de la propia presentación del penado ante la autoridad pública, aunado a lo cual debe tomarse en cuenta, tal como lo sostuvo el Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que las condiciones geográficas de las ciudades venezolanas han cambiado sustancialmente en los últimos años, convirtiéndose en grandes urbes cosmopolitas en las cuales existen varios Jefes Civiles, resultando imposible, por lo tanto, que dichos funcionarios pudiesen ejercer algún tipo de control sobre los penados que están sometidos a esa pena accesoria, es lógico concluir que con ella no se hace efectiva la reinserción social del penado.
Esa inutilidad ya ha sido advertida por la Sala, al darse cuenta sobre la inconveniencia de la pena accesoria de sujeción a la vigilancia a la autoridad, respecto a la figura de los Jefes Civiles, en sentencia N° 424 del 6 de abril de 2005 (caso: M.Á.G.O.). La Sala estableció que:
‘... la figura de la primera autoridad civil del Municipio, que fue el funcionario que el legislador penal de 1926 habilitó, probablemente, de acuerdo con las disponibilidades y concepciones de la época, para el ejercicio del referido control, viene a ser, entonces, el equivalente a la figura actual del delegado de prueba, que se ha desarrollado, fundamentalmente, a partir de la vigencia de leyes penales complementarias como las de Régimen Penitenciario de 1981 (artículo 76), Sometimiento a Juicio y Suspensión Condicional de la Pena, de L.P. bajo Fianza (artículo 15), de Beneficios en el P.P. (artículo 18) y, por último, el Código Orgánico Procesal Penal (artículo 496). En el orden de las ideas que acaban de ser expresadas, se concluye que, por virtud de interpretación progresiva del artículo 22 del Código Penal, debe entenderse que el control postinstitucional del penado, incluso la vigilancia a la autoridad a la cual éste haya quedado sometido, de acuerdo con los artículos 13 y 15 eiusdem, está a cargo, en primer término, del Juez de Ejecución y el ejercicio efectivo e inmediato de dicho control corresponde al delegado de prueba que será designado por el Ministerio del Interior y Justicia, de acuerdo con el artículo 497 del Código Orgánico Procesal Penal, mientras no entre en vigencia la ley que desarrolle el artículo 272 de la Constitución.’
No obstante, esta Sala considera que, a pesar de que la función que estableció el Código Penal a los Jefes Civiles fue absorbida jurisprudencialmente por los delegados de prueba, esa solución no ha sido definitiva, en virtud de que ello no ha resuelto la ineficacia de la pena de la sujeción a la vigilancia de la autoridad, por cuanto queda a responsabilidad del penado, que ya cumplió su pena privativa de libertad, acudir a los delegados de prueba, en aquellos casos que transite por varios lugares; resultando iluso el quebrantamiento de la condena previsto en el artículo 262 del Código Penal, que establece una sanción para el incumplimiento de la pena accesoria de la sujeción a la vigilancia de la autoridad; al no existir un mecanismo de control que permita supervisar el cumplimiento de la sujeción a la vigilancia de la autoridad. Por lo tanto, al no existir ese mecanismo, la pena accesoria deviene, además de excesiva, en ineficaz…
.
Doctrina la anterior cuyo carácter vinculante fue afirmado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en decisión publicada el 21 de Febrero de 2008, en el expediente nro. 07-1653, por lo que, en acatamiento de la supra mencionada sentencia, este Tribunal declara el cese de la pena accesoria de sujeción a la vigilancia de la autoridad de los artículos 13.3 y 22 del Código Penal, impuesta al ciudadano supra identificado. Así se decide.-
En armonía con lo antes expuesto, se declara la libertad plena y sin restricciones del ciudadano P.J.R.C., portador de la cédula de identidad número V-16.811.879, en lo que respecta a la presente causa. Así se decide.-
DISPOSITIVA
Este Tribunal de Primera Instancia en funciones de ejecución nro. 3 del Circuito Judicial Penal del estado Miranda con sede en Los Teques, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, procediendo de conformidad con lo establecido en el artículo 479 numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal en relación con el artículo 105 del Código Penal, decide:
Se declara, por cumplimiento de la pena, la extinción de la pena principal de 8 años de presidio y de las penas accesorias de interdicción civil e inhabilitación política del artículo 13 numerales 1 y 2 del Código Penal, que le fueron impuestas al ciudadano P.J.R.C., portador de la cédula de identidad número V-16.811.879, en la sentencia dictada en fecha 10 de noviembre de 1998, por el hoy extinto Juzgado Superior Primero en lo Penal de la Circunscripción Judicial del estado Miranda con sede en la ciudad de Los Teques, por la comisión del delito de robo agravado, tipificado en el artículo 460 del Código Penal derogado.
En acatamiento de la sentencia dictada, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, identificada número 940, fechada 21 de mayo de 2007, cuyo carácter vinculante se afirmó en decisión dictada por la mencionada Sala, en fecha 21 de febrero de 2008, expediente 07-1653, se declara el cese de la pena accesoria de sujeción a la vigilancia de la autoridad de los artículos 13.3 y 22 del Código Penal que le fue impuesta al ciudadano P.J.R.C..
En consecuencia de lo anterior, se declara la libertad plena y sin restricciones, por cumplimiento de pena, del ciudadano P.J.R.C., portador de la cédula de identidad número V-16.811.879, en lo que respecta a la presente causa.
Por cuanto no hay más actuaciones que practicar, remítase el expediente, en su oportunidad legal y mediante legajo que al efecto se forme, a la Oficina de Archivo Judicial a los fines del cuido y resguardo del expediente.
Publíquese. Regístrese. Notifíquese y ofíciese lo conducente. Déjese copia autorizada.
LA JUEZ,
Lieska D.F.D.
EL SECRETARIO,
E.S.A.
En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado, se libraron boletas de notificación al Fiscal y Defensa, así como al penado, oficio nro. 719-2010 al Departamento de Vigilancia y Ejecución de Sanciones Penales del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia; oficio nro. 720-2010 al Servicio Administrativo de Registros y Notarías; oficio nro. 721-2010 al C.N.E.; oficio nro. 722-2010 al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
EL SECRETARIO,
E.S.A.
Causa 3E788-99
18-5-2010
P.J.R.C.
9/9.-
