Decisión nº S-N de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 17 de Febrero de 2010
| Fecha de Resolución | 17 de Febrero de 2010 |
| Emisor | Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control |
| Ponente | Kervin Villalobos |
| Procedimiento | Sentencia Condenatoria |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Control de Punto Fijo
Punto Fijo, 17 de Febrero de 2010
199º y 150º
ASUNTO PRINCIPAL : IP11-P-2009-001962
ASUNTO : IP11-P-2009-001962
I
IDENTIFICACION DE LAS PARTES
Juez Presidente: Abg. K.E.V.M.
Juzgado Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado F.E.P.F..
Fiscal: Abg. C.C.F. XV del Ministerio Público.
Acusados: J.A.A.S., Venezolano, mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad 14.226.027, de 30 años de edad, residenciado en la Urbanización Las Adjuntas, Manzana 1 del sector San N.d.B.E.F..
Delito: APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTE DEL HURTO O ROBO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 9 DE LA LEY SOBRE EL HURTO y EL ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR.
II
HECHOS OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN
Siendo las 2:00 post meridiem del 29 de Junio de 2009, una comisión del Cuerpo de Investigaciones Cientificas Penales y Criminalisticas, que se desplazaba por la urbanización Las Adjuntas, puntualmente por la manzana Nro. 01 del Sector San N.d.B., avistaron una residencia con su portón semi abierto y en el interior de la misma un vehículo desvalijado, junto a una persona que estaba haciendo unos trabajos de soldadura sobre el mismo.
Ante dicho evento, los funcionarios del cuerpo investigador se hicieron de dos testigos y amparados en las previsiones del artículo 210, aparte primero del Código Orgánico Procesal Penal, ingresaron en la vivienda ante la evidente comisión de un hecho de naturaleza punible, oportunidad en la cual quedó detenido el ciudadano J.A.S., dentro del inmueble que según manifestó, funge como su residencia, dado que el referido bien registró como vehículo robado solicitado por el sistema integrado de información policial, según expediente instruido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas, Sub Delegación Maracaibo.
III
DE LA ADMISIBILIDAD DE LA ACUSACION
De la revisión de las actuaciones, específicamente del escrito acusatorio, se observa que el Ministerio Público cumplió con los requisitos de forma y de fondo señalados en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es:
-
Los datos que sirvan para identificar al imputado y el nombre y domicilio o residencia de su defensor.
-
Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado;
-
Los fundamentos de la imputación, con expresión de los elementos de convicción que la motivan;
-
La expresión de los preceptos jurídicos aplicables;
-
El ofrecimiento de los medios de prueba que se presentaran en el juicio, con indicación de su pertinencia o necesidad y;
-
la solicitud de enjuiciamiento del imputado.
En relación a ello, ha señalado la Sala Constitucional del m.T. de la República lo siguiente: “…a tenor de lo preceptuado en el artículo 326 del Copp, cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, presentará la acusación ante el Tribunal del control, la cual deberá contener, entre otros, los requisitos siguientes: una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado; los fundamentos de la imputación con expresión de los elementos de convicción que la motivan y el ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en el juicio, con indicación de su pertinencia o necesidad.
Los señalados requisitos a juicio de esta Sala, son los que le van a permitir al Juez de control, controlar la apertura del juicio oral contenida en la acusación, esto es, determinar si concurren o no los presupuestos para la celebración del juicio oral y público, toda vez que de ésta emergen fundamentos serios para el enjuiciamiento del imputado. Ese control fundamental además de relacionarse con la validez de la acusación, la cual podría verse comprometida tanto por vicios de su estructura –falta de descripción circunstanciada del hecho punible- como por la inexistencia o invalidez de los actos – vicios en la declaración del imputado- también lo está con la congruencia entre los hechos contenidos en la acusación y los intimados en la declaración del imputado..” (Sentencia Nro. 1156 de fecha 22-06-07, Sala Constitucional)
En el presente caso, acreditados como se encuentran todos y cada uno de los requisitos señalados en el precitado artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal como presupuestos fácticos de admisibilidad del escrito acusatorio, y siendo la oportunidad procesal idónea para efectuar un pronunciamiento en cuanto a su admisibilidad, es por lo que este Tribunal admite parcialmente la presente acusación, conforme a lo señalado en el artículo 330 ejusdem; y así se decide.
IV
DE LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS
La norma rectora que rige el procedimiento por admisión de los hechos es el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual dispone lo siguiente: “…en la audiencia preliminar, una vez admitida la acusación, o en el caso del procedimiento abreviado, una vez presentada la acusación y antes del debate, el Juez en la audiencia instruirá al imputado respecto al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndole la palabra. Éste podrá admitir los hechos objeto del proceso y solicitar al Tribunal la imposición inmediata de la pena…”
Ha dicho la Sala Constitucional de nuestro m.t., en relación a la figura del procedimiento por admisión de los hechos lo siguiente: “…el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal establece la llamada declaración de culpabilidad y pretende consagrar en forma acorde con el principio de oportunidad que la inspira, una ventaja, un beneficio para el imputado que reconociendo su autoría en los hechos, le ahorra al estado tiempo y dinero al no intervenir en un juicio al cual, quien admite los hechos, renuncia. De igual forma, se observa que el procedimiento por admisión de los hechos es una de las formas de autocomposición procesal mediante la cual el legislador creó una manera especial de terminación anticipada del proceso, con prescindencia del juicio oral y público y con la condena del imputado, poniendo fin al proceso…”
…la admisión de los hechos supone una renuncia voluntaria al derecho a un juicio, principio garantizado no sólo por el Código Orgánico Procesal Penal sino por instrumentos internacionales ratificados por la República; y al mismo tiempo, tal admisión evita al estado el desarrollo de un proceso judicial que siempre resultará costoso…
(Sala Constitucional Sentencia Nro. 242 de fecha 15-02-07).
En el caso sub judice, el acusado J.A.A.S., al ser impuesto de las medidas alternativas a la prosecución del proceso, manifestó en forma libre, espontánea, sin juramento y sin coacción alguna su disposición de acogerse al procedimiento por admisión de los hechos, por lo cual, se procedió a imponerse la pena respectiva de la siguiente manera:
El artículo 455 del Código penal venezolano establece lo siguiente:
Quien por medio de violencia o amenazas de graves daños inminentes contra personas o cosas, haya constreñido al detentor o a otra persona presente en el lugar del delito a que le entregue un objeto mueble o a tolerar que se apodere de éste, será castigado con prisión de seis años a doce años
Siendo así y tomando los extremos de la pena señalada para el delito objeto de la presente controversia, tenemos que el término medio de la pena a aplicar por el delito de robo genérico es de nueve (09) años, según lo dispuesto en el artículo 37 ejusdem, menos la rebaja de un tercio de la pena según lo dispuesto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal.
Debe señalarse que verificada la admisión de los hechos efectuada por los acusados de autos y por aplicación del artículo 376 del Copp que contempla una rebaja de un tercio a la mitad de la pena a imponer, en el presente caso se procedió a rebajar un tercio de la pena respecto, resultando en definitiva una pena a imponer de DOS (02) AÑOS DE PRISION.
Habida cuenta que la pena impuesta supera el límite legal que establece la presunción legal del peligro de fuga, y sobre la base de que no han variado los presupuestos fácticos del artículo 250 del Copp, este Tribunal resuelve mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad.
V
DISPOSITIVA
Por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado F.E.P.F., administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, resuelve:
Unico: actuando conforme a lo previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal CONDENA al ciudadano J.A.A.S., Venezolano, mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad 14.226.027, de 30 años de edad, residenciado en la Urbanización Las Adjuntas, Manzana 1 del sector San N.d.B.E.F., por la comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTE DEL HURTO O ROBO previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley sobre el Robo y Hurto de Vehiculo Automotor y por consiguiente, le impone la pena de DOS (02) AÑOS DE PRISION, la cual cumplirá en el establecimiento penitenciario que indique el Juez de Ejecución respectivo.
Se exonera al acusado del pago de las costas del proceso, toda vez que se han acogido al procedimiento por admisión de los hechos y le han suprimido al Estado venezolano la realización de un juicio oral y público, conforme a lo dispuesto en el artículo 272 del Código Orgánico Procesal Penal.
Se fija como fecha provisional de culminación de la presente condena el día 09 de Febrero de 2012, sin perjuicio del cómputo de pena que por mandato de la norma adjetiva debe efectuar el Juez de Ejecución respectivo.
Se ordena la publicación de la presente sentencia condenatoria, a los (10) días del mes de Agosto de 2009, en la sede de este Tribunal Segundo de Control de Primera Instancia Penal del Circuito Judicial Penal del Estado F.E.P.F..
Se ordena remitir las presentes actuaciones una firme la presente sentencia, al Juez de Ejecución respectivo a fin de que se prosiga el respectivo curso de ley. Cúmplase.
El Juez Presidente,
Abg. K.E.V.M.
La secretaria,
Abg. R.C..
