Decisión nº WP01-P-2009-002608 de Juzgado Tercero de Control de Vargas, de 18 de Diciembre de 2009
| Fecha de Resolución | 18 de Diciembre de 2009 |
| Emisor | Juzgado Tercero de Control |
| Ponente | Victor Yepez Pini |
| Procedimiento | Sentencia Por Admisión De Hechos Y Sobreseimiento |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control
Circuito Judicial Penal del Estado Vargas
ASUNTO PRINCIPAL: WP01-P-2009-002608
ASUNTO: WP01-P-2009-002608
SENTENCIA CONDENATORIA POR ADMISIÓN DE HECHOS Y SOBRESEIMIENTO
JUEZ: V.A. YÉPEZ PINI.
FISCAL: YONESKI MUDARRA, Fiscal Auxiliar 11º del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial.
ACUSADOS: J.C.M.B..
I.Y.D.R..
DEFENSOR: A.N., Defensora Pública Penal 4° de esta
Circunscripción Judicial.
Siendo la oportunidad a que se contrae el segundo aparte del artículo 365 del Código Orgánico Procesal Penal, entra este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control a emitir sentencia en la causa seguida a los acusados J.C.M.B., de Nacionalidad Venezolana, Natural de Caracas, nacido en fecha 21-01-1988, de 22 años de edad, de estado civil Soltero, profesión u oficio Colector, hijo de G.B. (v) y de J.M. (v), residenciado en Mare Abajo, Plaza Los Blancos, Frente al Comedor, Casa S/N, de color verde con negro, Estado Vargas, y titular de la Cédula de Identidad N° V- 18.865.295, teléfono N° 0212-716.39.53 e I.Y.D.R., de Nacionalidad Venezolana, Natural de la Guaria, nacido en fecha 12-10-1984, de 24 años de edad, de estado civil Soltero, profesión u oficio del Hogar, hija de F.D. (v) y de M.R. (f), residenciado en Mare Abajo, Calle Principal Brillamar, frente al Comedor, casa de color verde, Estado Vargas, y titular de la Cédula de Identidad N° V- 18.536.615, en los siguientes términos:
PUNTO PREVIO
SOBRESEIMIENTO
Realizadas como fueron las investigaciones correspondientes, el Ministerio Público presentó acto conclusivo de acusación en contra de los mencionados imputados, atribuyéndoles la comisión del delito de DISTRIBUCIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el tercer aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico y el Consumo Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
De esta forma, celebrada como fue la audiencia preliminar conforme a lo establecido en el artículo 329 del Código Orgánico Procesal Penal, y previamente verificados como lo fueron el acto conclusivo fiscal y lo alegado por la defensa, se observa en primer lugar, que las diligencias preliminares y en consecuencia la orden de allanamiento fue dirigida al ciudadano J.C.M.B., quien admitió los hechos por los cuales fue acusado, siendo criterio reiterado de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, que no puede fundarse medida de coerción personal por ausencia de elementos de convicción en casos similares por no existir investigación previa ni señalamiento que vincule a los coimputados con la actividad ilícita; en este sentido, tal y como quedó asentado en audiencia, la función del Juez de Control en la audiencia preliminar no se encuentra simplemente circunscrita a la verificación de formalidades contenidas en la acusación fiscal sino a depurar el proceso. Como lo afirma Jauchen, “…es dable señalar que el mismo (mérito acusatorio) no puede ser el producto de la discrecionalidad o arbitrariedad del órgano requiriente…” (Derechos del Imputado, Rubinzal-Culzoni 2005).
La orden de pasar a juicio oral y público supone esencialmente la probabilidad de condena, y por ello es denominada preparatoria la fase investigativa del proceso, de lo cual se colige que “…el escalón mínimo cognoscitivo que se requiere para que el Ministerio Fiscal formule acusación solicitando la elevación a juicio es la probabilidad. Este estado psicológico debe estar provocado por la eficacia acreditante de los elementos probatorios conocidos durante la investigación…” (Jauchen, ob.cit.).
En este sentido por vía de lógica elemental opera la imposibilidad del atribuir el hecho a la ciudadana I.Y.D.R., por cuanto se observa que existe una mínima por no decir inexistente probabilidad de sanción en la acusación fiscal que no fue efectivamente acreditada por el Ministerio Público por las razones antes anotadas y que constituye un defecto que no es meramente de forma y que se considera insalvable para admitir la acción, razón por la cual este Juzgado de conformidad con lo establecido en el artículo 330, numeral tercero, en relación con lo establecido en el artículo 318 numeral cuarto, ambos del Código Orgánico Procesal Penal decrete el SOBRESEIMIENTO de la causa seguida en su contra ante la falta de certeza y la imposibilidad de traer nuevos datos a la investigación por la mínima actividad probatoria fiscal. Y ASÍ SE DECLARA.
HECHOS OBJETO DEL PROCESO
En la audiencia preliminar celebrada por este Juzgado, estando presentes las partes, la ciudadana YONESKI MUDARRA, en su carácter de Fiscal Auxiliar 11º del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial ACUSÓ a los ciudadanos identificados ut-supra, por la comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD DE DISTRIBUCIÓN EN MENOR CUANTÍA, previsto y sancionado en el tercer aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, respectivamente en virtud de los hechos atribuidos por la representación fiscal descritos en el escrito acusatorio de la siguiente manera: “Esta Representación Fiscal Presenta Acusación formal en contra de los ciudadanos: M.B.J.C., I.Y.D.R., por el delito de DISTRIBUCIÓN ILÌCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 31 del Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, toda vez que fueran aprehendidos durante la ejecución de un allanamiento, realizado en fecha 10 de Junio de 2009, por los funcionarios; adscritos a la Policía del Estado Vargas, la cual fue emitida por el Tribunal Tercero en Funciones de Control, signado con el número 022-09, practicado en Parroquia C.S.B.M.A. sector plaza los blanco vivienda de un nivel elaborada en bloques, pintada de color verde, con puertas elaboradas de color negro con dos ventanas de hierro color negro adyacente a un poste de alumbrado eléctrico que se encuentra en la entrada del callejón y al centro del Diagnostico Integral, estando en compañía de dos ciudadanos que sirvieron de testigos procedieron a tocar la puerta del inmueble, siendo atendido por el hoy acusado M.B.J.C., una vez en el interior se encontraban los ciudadanos DELGADO ROJAS INDIRA Y H.J.A., donde una vez realizada la inspección de la vivienda localizaron una caja pequeña de madera y en su interior un envoltorio contentivo de Ciento trece (113) envoltorios de papel metálico contentivo en su interior de una sustancia denominada cocaína igualmente un envase pequeño con tapa contentivo de seis (06) envoltorios elaboradas en material sintético de color amarillo y un envoltorio elaborado en material sintético de color verde y un celular marca MoviStar Samsum el cual se encuentra descrita dentro de la experticia de reconocimiento legal…”.
Luego de oídas las argumentaciones esgrimidas por el representante del Ministerio Público, por la Defensa y por el acusado en la audiencia preliminar celebrada por este Tribunal de Control, considera este Juzgador que del análisis y apreciación de los elementos de convicción y las pruebas ofrecidas en la mencionada audiencia por la vindicta pública, como lo son el dicho de los aprehensores, corroborado con el de los testigos instrumentales, así como el peritaje practicado a la sustancia incautada, la acusación ofrece fundamento serio para estimar la comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES EN LA MODALIDAD DE DISTRIBUCIÓN, previsto y sancionado en el artículo 31 en su tercer aparte de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; y, establecida como fue la admisión parcial de la oferta probatoria contenida en la misma, por ser procedente y ajustado a derecho se acordó la ADMISIÓN del escrito acusatorio y el correspondiente pase a juicio oral y público.
Por otra parte, el acusado J.C.M.B. en el transcurso de la audiencia oral efectuada por este Tribunal en la presente causa, al momento de serle concedida la palabra luego de la admisión de la acción, ADMITIÓ LOS HECHOS por los cuales el Fiscal del Ministerio Público ejerció la acción penal en su contra, razón por cual la defensa solicitó la aplicación inmediata de la pena, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, solicitud que fue acogida por este decisor en dicha audiencia.
Como consecuencia de ello y vista la admisión de hechos realizada por el acusado y las demás circunstancias atinentes al hecho ilícito, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control procede a CONDENAR al acusado J.C.M.B., por la comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES EN LA MODALIDAD DE DISTRIBUCIÓN, previsto y sancionado en el tercer aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes.
PENALIDAD
En lo que respecta a la pena que se le debe imponer al acusado, este Juzgador observa que el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES EN LA MODALIDAD DE DISTRIBUCIÓN, previsto y sancionado en el artículo 31 en su tercer aparte de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, establece una sanción de CUATRO (4) A SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, siendo su término medio conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Código Penal, CINCO (5) AÑOS DE PRISION. Ahora bien, en virtud de la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos, contemplado en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, dicha pena será rebajada en una tercera parte, tomando en cuenta todas las circunstancias, el bien jurídico afectado y el daño social causado, por lo cual este Juzgador, al apreciar la buena conducta predelictual como atenuante genérica, conforme a las facultades establecidas en el ordinal cuarto del artículo 74 del Código Penal, pues no consta a los autos constancia de antecedentes penales aplica la pena en su límite mínimo, lapso que en definitiva equivale a CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN que, rebajada en una tercera parte conforme a lo dispuesto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal por tratarse de un delito que si bien se encuentra previsto en la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas no excede de ocho años de prisión en su límite máximo, equivale a DOS (2) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN, que será la que en definitiva deberá cumplir el ciudadano A.J.R. MERLO. Y ASÍ SE DECIDE.
DISPOSITIVA
En razón de las consideraciones que preceden, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO VARGAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, CONDENA al ciudadano J.C.M.B., de Nacionalidad Venezolana, Natural de Caracas, nacido en fecha 21-01-1988, de 22 años de edad, de estado civil Soltero, profesión u oficio Colector, hijo de G.B. (v) y de J.M. (v), residenciado en Mare Abajo, Plaza Los Blancos, Frente al Comedor, Casa S/N, de color verde con negro, Estado Vargas, y titular de la Cédula de Identidad N° V- 18.865.295, teléfono N° 0212-716.39.53 a cumplir la pena de DOS (2) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN, por la comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES EN LA MODALIDAD DE DISTRIBUCIÓN, previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en su tercer aparte, delito cometido en las circunstancias de modo, tiempo y lugar que quedaron establecidas en la presente. Asimismo, se le condena a cumplir las penas accesorias contempladas en el artículo 16 del Código Penal. Se le exonera del pago de las costas procesales, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 del Código Orgánico Procesal Penal y por el principio de gratuidad de la justicia establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ASÍ SE DECLARA.
Igualmente, ante la imposibilidad del atribuir el hecho a la ciudadana I.Y.D.R., por cuanto se observa que existe una mínima por no decir inexistente probabilidad de sanción en la acusación fiscal que no fue efectivamente acreditada por el Ministerio Público, defecto que no es meramente de forma y que se considera insalvable para admitir la acción, este Juzgado de conformidad con lo establecido en el artículo 330, numeral tercero, en relación con lo establecido en el artículo 318 numeral cuarto, ambos del Código Orgánico Procesal Penal decreta el SOBRESEIMIENTO de la causa seguida en su contra ante la falta de certeza y la imposibilidad de traer nuevos datos a la investigación por la mínima actividad probatoria fiscal. ASÍ TAMBIÉN SE DECLARA.
Dada, firmada y sellada en el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, en Macuto, a los dieciocho (18) días del mes de Diciembre de 2009, años 199° de la Independencia y 150° de la Federación.
EL JUEZ,
V.A. YÉPEZ PINI.
LA SECRETARIA,
Abg. KATIUSCA MARTÍNEZ
VYP.
