Decisión nº 2C-1642-10 de Tribunal Segundo de Control del L.O.P.N.A. Area Penal Extensión Barlovento de Miranda, de 17 de Noviembre de 2010

JUEZ: Dr. R.U.

FISCAL: Dr. O.J., Décimo Octavo Especializado

DEFENSOR: Dr. TIRONNE BERROTERAN. Pública

IMPUTADO: IDENTIDAD OMITIDA

VICTIMA: H.R.D.R.,

GONCALVEZ PERNIA ADELILZ JOSE, RIVAS D.J.

ALGUACIL: E.H.

SECRETARIA: Abg. NACARID QUERALES

CAPITULO I

ACTOS PROCESALES DE INVESTIGACION CUMPLIDOS

En su oportunidad procesal, el Ministerio Publico Imputo al adolescentes IDENTIDAD OMITIDA, la comisión del delito de ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR Y ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COAUTORÍA, previsto en el artículo 458 del Código Penal, y el segundo de ellos en los artículos 5 y 6 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículos, en perjuicio de A.J.G.P., D.J. RIVAS NOGUERA Y D.R.H.R. una vez impuesto de sus derechos y garantías Constitucionales y legales debidamente asistido de su defensor.

CAPITULO II

IMPUTACIÓN FISCAL

En la oportunidad procesal correspondiente, el ciudadano Fiscal Dieciocho 18° del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, en ejercicio de sus atribuciones:

Constitucionales: Prevista en el articulo 285 ordinal 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la cual es del tenor siguiente cito “Son atribuciones del Ministerio Publico: 4. Ejercer la acción Penal en los casos en que para intentarla o proseguirla no fuere necesario instancia de parte, salvo las excepciones establecidas en la Ley. “

Legales: El articulo 648 de La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes establece cito “Al Ministerio Publico corresponde el monopolio de la acción publica para exigir la responsabilidad de los adolescentes en conflicto con la Ley penal. “

Presentó en su oportunidad correspondiente escrito acusatorio en contra de los adolescentes, IDENTIDAD OMITIDA, la comisión del delito de ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR Y ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COAUTORÍA, previsto en el artículo 458 del Código Penal, y el segundo de ellos en los artículos 5 y 6 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículos Solicitando su enjuiciamiento y consecuente condena.

CAPITULO III

DE LOS HECHOS IMPUTADOS

Se le atribuye al adolescente: Que en fecha 02 de junio de 2010, a las 10:30 de la noche aproximadamente, cuando el ciudadanos A.J.G., se encontraba en compañía de los ciudadanos, D.R., JOSE CONTRERAS Y D.H., en las afueras del bar denominado “LA CANDELARIA”, ubicado en la Plaza La Candelaria, al lado de la Iglesia La Candelaria, Guarenas Municipio A.P., del Estado Bolivariano de Miranda, cuando fueron despojados por parte del adolescente IDENTIDAD OMITIDA, en compañía de tres (03) sujetos, quienes utilizando arma de fuego u bajo amenaza de muerte, los despojaron de sus pertenencias, así como del vehículo clase Rústico, Modelo Montero, propiedad del ciudadano A.J.H.T., en compañía de uno de los sujetos al darse a la fuga a bordo del vehículo antes descrito y los otros dos (02) huyeron hacia la parte alta del sector por cuanto los estaban esperando un vehículo taxi, posterior a ello las víctimas efectuaron llamada telefónica a la Policía Municipal de Zamora, y en paralelo a la altura del sector Valle Verde, avistaron una patrulla adscrita a la Policía Municipal de Plaza,, abordando la misma para manifestar lo ocurrido, así como también informar que los agresores se dirigían a bordo del vehículo en sentido Guarenas-Caracas, por lo que de inmediato los funcionario efectuaron comunicación por radio, a funcionarios adscritos a la Policía Municipal del Municipio Sucre, quienes instalaron un punto de observación a la Altura del Distribuidor Metropolitano y quienes a su vez observaron un vehículo con características similares en la Avenida Boyacá, a la altura del distribuidos la Julia en sentido Este – Oeste y del mismo descendiendo un sujeto y se introduce en la maleza, siendo este ubicado y aprehendido a los fines de efectuarle la inspección corporal, no incautándole ningún objeto de interés criminalistico. .

DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES

Los artículos, 665, 666 y siguiente de La Ley Orgánica Para La Protección del niño y del adolescente, se refiere a las facultades jurisdiccionales de los diferentes Tribunales que componen la sección de adolescentes.

El artículo 655, establece: “ Corresponde a la Sección de Adolescente de los Tribunales penales ordinarios y a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, EL EJERCICIO DE LA JURISDICCION PARA LA RESOLUCION DE LOS ASUNTOS SOMETIDOS A SU DECISION…”

En virtud de tales facultades y recibida como fue la acusación se acordó darle el tramite correspondiente a los fines de la celebración de la audiencia preliminar como lo establecen los artículos 571, 576 y 577 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

El día, 17 de noviembre del 2010, día y hora fijado, para la audiencia oral y privada la defensa pública, solicita en virtud que en la sede de este Circuito se encuentran el adolescentes, IDENTIDAD OMITIDA se le imponga al mismo del Procedimiento Especial por Admisión de los Hechos, previsto en el artículo 583 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, en consecuencia se procedió a realizar audiencia.

Seguidamente el ciudadano Juez le explicó los adolescente en forma clara y sencilla el hecho que se le atribuye, le explicó que puede rendir declaración o abstenerse de hacerlo, sin que su silencio lo perjudique, que su declaración es un medio para su defensa y que tiene derecho a desvirtuar las imputaciones que sobre ella pesa, se le impuso del artículo 49 numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del contenido de los artículos 538 al 550 y 594, todos de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, así mismo se le impuso de sus garantías y del carácter educativo del presente juicio, y visto lo solicitado por la Defensa Pública se le impuso del procedimiento especial por admisión de los hechos, previsto en el artículo 583 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, en tal sentido la adolescentes manifestó su deseo de admitir los hechos imputados por la Representación Fiscal que se refiere a ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR Y ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COAUTORÍA y que se le impusiera inmediatamente la sanción. A continuación se le concede la palabra a la defensa quien expone: “ Oída la exposición de mi defendido y dada la admisión de los hechos por el delito que le atribuye el Fiscal del Ministerio Público, no tengo ningún cuestionamiento al respecto en razón de ello, solicito respetuosamente del Tribunal que a la hora de imponer su sanción tenga muy en cuenta que se trata de un adolescente que están incursionando por primera vez en una situación tan delicada como esta, mas aun el proceso en esta materia tiene un fin socio educativo y que imponga una sanción racional sobre la base del principio de la proporcionalidad. De seguidas se le concedió la palabra al Ministerio Público quien expuso: “Ratifico la acusación presentada en su debida oportunidad por mi persona, por la comisión del Delito de ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR Y ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COAUTORÍA y escuchada la admisión de hechos por parte del acusado no se oponía a que el mismos admitiera los hechos, toda vez que habían reconocido que participo en los mismos”.

PROCEDIMIENTO POR ADMISION DE LOS HECHOS.

El procedimiento especial por admisión de los hechos, es una institución por la cual el imputado solicita la imposición inmediata de la sanción, figura que se encuentra regulada en el Capítulo II Sección Tercera – Artículo 583 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en el mismo el legislador no hace distinción sobre los delitos, por lo que el procedimiento es aplicable a todos los delitos, pero si se hace distingo en la rebaja de la sanción aplicable al delito que va desde un tercio a la mitad de la sanción que haya debido imponerse en los casos en los que proceda la privación de libertad, es decir la sanción en concreto, ya que debe atenderse a todas las pautas para la determinación y aplicación de la misma, además de la obligación de tomar en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado, ordenándosele al juzgador como es el caso que nos ocupa a que solo podrá rebajar de la sanción aplicable, señalándole el límite de rebaja desde la mitad hasta un tercio.

Cabe señalar que la institución de la Admisión de los Hechos supone que los hechos por los cuales se acusa, sean aceptados por el imputado en las condiciones como fue planteada la acusación por el Ministerio Público o la víctima en su querella, y es el deber del Juez advertirle que de admitir la acusación será por el delito planteado y que su manifestación debe ser total y no relativa, clara, sin apremio ni coacción alguna, a los fines de que sea impuesta la sanción de manera inmediata de acuerdo a los hechos por los cuales se le acusa, como lo fue en el caso de auto.

La doctrina y la Jurisprudencia,

La cual ha sido constante, pacífica y reiterada tanto en el Tribunal Supremo de Justicia, como en las distintas C.d.A. y Tribunales de Instancia , sostiene, que cuando el imputado, en conocimiento de cuales son los hechos que se le imputan y de la calificación jurídica que el Juez ha dado a esos hechos, resuelve admitirlos y acogerse al procedimiento por admisión de los hechos para que se le imponga de manera inmediata la pena que corresponde según las circunstancias particulares del caso, muestra su conformidad con la calificación jurídica que el órgano jurisdiccional ha dado a esos hechos, dejando de ser dicha calificación un punto controvertido del pronunciamiento y por lo tanto no susceptible de ser discutido en apelación, mas aun si tomamos en consideración que dicha admisión debe cumplir con los requisitos que la doctrina ha considerado deben concurrir con ella, es decir, que sea absoluta (en el sentido que comprenda la imputación táctica en su totalidad y la calificación jurídica, que conoce, ha dado el Juez a tales hechos, ya que resulta en la actualidad impensable la admisión de los hechos y al mismo tiempo el cuestionamiento de la calificación jurídica; Pura (no sometida a condición ni dependencia de un hecho incierto; Expresa (ya no es posible una admisión tacita o implícita); Voluntaria (conciente y libre); Personalísima (debe realizarse en persona el acusado); y formal (libre de toda coacción y apremio y a viva voz) Sentencia de fecha 30 septiembre del 2004, dictada por La Sala 10 de La Corte de apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

CAPITULO IV

FUNDAMENTO DE HECHO Y DE DERECHO

El artículo 583 de Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, establece que admitido los hechos objeto de la acusación, el acusado podrá solicitar al Tribunal la imposición inmediata de la sanción. Y en el presente caso El Juez una vez analizada la solicitud observó que está conforme a los principios de celeridad, procesal, economía procesal, inmediación, concentración y a las normas constitucionales de los artículos 26 y 257, que debe ser norte de todo Juez, en el sentido que la justicia debe ser gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismo o reposiciones inútiles y de no sacrificarla por formalidades no esenciales, por cuanto el acusado, había reconocido haber cometido los hechos que el Ministerio Público les imputó, y solicitaban la imposición inmediata de la sanción. En cuyo caso, podrá el Juez rebajar la sanción aplicable del delito desde un tercio a la mitad de la misma que haya debido imponerse atendidas todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado.

El procedimiento de admisión de los hechos, exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

1. - Que el acusado en la Audiencia Oral admita los hechos imputados por el Fiscal del Ministerio Público en forma personal y voluntaria, estando sin juramento alguno y libre de toda prisión, coacción y apremio, solicitando la imposición inmediata de la sanción ante el Juzgado de la Causa.-

2. - Que la oportunidad del pedimento, sea previa acusación presentada por la vindicta pública y debidamente admitida.-

3. - Que esté plenamente demostrada la responsabilidad del acusado,-

4. - Que esté plenamente demostrada la materialidad de los hechos objeto del proceso. De modo tal que cumplida como ha sido todas las formalidades de procedencia, en cuanto al procedimiento por admisión de los hechos solicitados, este juzgado procede a imponer la sanción mediante sentencia en el presente caso, por mandato expreso de lo establecido en el artículo 583 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en los siguientes términos:

APITULO IV

SANCION

El artículo 620 Eiusdem, prevé el tipo de sanción a imponer por el Tribunal, el artículo 622 ibidem, establece y fija las pautas para la determinación y aplicación de la misma, debiendo tenerse que la sanción tiene como finalidad preventiva especial una conducta futura socialmente proactiva.

Así tenemos que se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. La comprobación del acto delictivo, y la existencia del daño causado.

2. La comprobación de que el adolescente ha participado en el hecho delictivo.

3. La naturaleza y gravedad de los hechos.

4. El grado de responsabilidad del adolescente.

5. La proporcionalidad e idoneidad de la medida.

6. La edad del adolescente y su capacidad para cumplir la medida.

7. Los esfuerzos del adolescente por reparar los daños.

8. Los resultados de los informes clínicos y sico-social.

De modo tal, es evidente que está plenamente demostrado en las actas que conforman la presente causa, que se realizó un acto delictivo como lo fue el delito de ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR Y ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COAUTORÍA , el cual genera un daño. Así mismo quedó comprobado que el adolescentes es participe en el hecho delictivo. En relación a la naturaleza y gravedad de los hechos; Es innegable que estamos en presencia de un delito grave, cuya protección resulta indispensable y necesaria para una vida armónica en sociedad, Demostrado como fue el grado de responsabilidad del adolescente, pues la conducta desplegada por el mismo fue contraria a la norma, lo cual la hace responsable de su comportamiento, toda vez, que el hecho es punible, y al haber sido declarada responsable la misma está obligado a cumplir con la sanción que se le ha de imponer. En cuanto a la proporcionalidad e idoneidad de la medida, es de observar que el legislador patrio, consideró que algunos delitos fueren merecedores de privación de libertad en el presente caso la misma seria procedente, aun así en virtud de la gravedad de los hechos realizados por el adolescente, pues previo que tal delito podría ser sancionado de esta forma, a los fines de contribuir con su desarrollo en sociedad, en cuyo caso se hace necesario imponer una sanción en proporción al hecho y sus consecuencias, como en efecto se hace, teniéndose como norte que la medida tiene una finalidad primordialmente educativa, toda vez, que la misma coadyuvará a su desarrollo integral, lo que permitirá la modificación de su comportamiento y la comprensión del delito cometido y del daño social producido por el mismo, lo cual le ayudará a integrarse a la sociedad. En función a la edad del adolescente y su capacidad para cumplir la medida, es de considerar que el mismo es adulto y está en capacidad como para cumplir con la medida que se le ha de imponer, es decir, tiene conciencia de entender sus actos y rectificar sobre los mismos. En relación a los esfuerzos del adolescente por reparar el daño; en el curso del proceso, el mismo se mostró arrepentido por su conducta, manifestando su intención de modificarla. Ahora bien demostrada la lesividad ocasionada por parte del adolescente, como resultado de su comportamiento, lo procedente y ajustado a derecho es imponerle al adolescente: a cumplir la sanción DOS (02) AÑO DE LIBERTAD ASISTIDA, DOS (02) AÑOS DE REGLAS DE CONDUCTA Y SEIS (06) MESES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD. ASÍ SE DECLARA.-

CAPITULO IV

DISPOSITIVA

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Tribunal de Control Nº 2 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, Extensión Barlovento, Sección Adolescentes, con sede en Guarenas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley y conforme a lo previsto en el artículo 603 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, emite los siguientes pronunciamientos: ESTE TRIBUNAL SEGUNDO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MIRANDA EXTENSIÓN BARLOVENTO, CON SEDE EN GUARENAS, SECCIÓN ADOLESCENTES, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, PUNTO PREVIO: ADMITE TOTALMENTE LA ACUSACIÓN, presentada por el Fiscal Décimo Octavo Especializado del Ministerio Público en contra del adolescente: IDENTIDAD OMITIDA, por el delito de ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR Y ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COAUTORÍA, previsto en el artículo 458 del Código Penal, y el segundo de ellos en los artículos 5 y 6 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículos, en perjuicio de AELIO J.G.P., D.J. RIVAS NOGUERA Y D.R.H.R., por cuanto la misma cumple con todos los requisitos señalados en el artículo 570 eiusdem. Asimismo SE ADMITEN en todas y cada una de sus partes las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, por cuanto la representación Fiscal de conformidad con lo establecido en el artículo 570 literal “C”, de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, indicó y aportó las pruebas recogidas en la investigación, considerando este Juez que las mismas son idóneas, legales, lícita, pertinentes, y necesarias para la realización del Juicio Oral y Privado. A continuación el ciudadano Juez de conformidad con lo establecido en el artículo 583 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, procede en este acto, en virtud de la admisión de la acusación Fiscal, a concederle nuevamente la palabra al joven acusado, no sin antes explicarles detalladamente en qué consiste esta normativa legal, para lo cual se le interrogó si comprendía todo lo que ha sucedido hasta este instante en la presente audiencia señalando el adolescente: IDENTIDAD OMITIDA “Si comprendo todo, y admito los hechos que me imputa el Fiscal del Ministerio Público, y como ya dije estoy arrepentido de lo que hice. Es todo“. Inmediatamente se le concede el derecho de palabra a la Defensa, quien expone: “La Defensa no tiene objeción alguna a tales efectos y ratifico mi exposición, que mis defendidos sean sancionados conforme lo establece el artículo 583 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Es todo”. A continuación se le concede la palabra al Representante Fiscal quien expone: “No tengo objeción a que el joven acusado sea sancionado”. El tribunal se acoge al lapso de los 5 días para presentar la Sentencia en virtud del artículo 605 de la Ley Orgánica para protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En razón a las anteriores exposiciones el Juez procede a dictar el siguiente pronunciamiento: ESTE TRIBUNAL SEGUNDO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MIRANDA EXTENSIÓN BARLOVENTO, CON SEDE EN GUARENAS, SECCIÓN ADOLESCENTES, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, acuerda: PRIMERO: Vista la admisión de la acusación presentada por el Fiscal del Ministerio Público, por parte de este Tribunal y oída como ha sido la declaración del Joven IDENTIDAD OMITIDA en la cual se ha acogido al Procedimiento Especial por Admisión de los Hechos, previsto en el artículo 583 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niñas y del Adolescente, lo cual hicieron libres de apremio y coacción y de manera espontánea habiendo admitido su responsabilidad en la comisión del delito de: ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR Y ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COAUTORÍA, previsto en el artículo 458 del Código Penal, y el segundo de ellos en los artículos 5 y 6 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículos, en perjuicio de AELIO J.G.P., D.J. RIVAS NOGUERA Y D.R.H.R., este Tribunal procede a, SANCIONAR al acusado: IDENTIDAD OMITIDA, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR Y ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COAUTORÍA, previsto en el artículo 458 del Código Penal, y el segundo de ellos en los artículos 5 y 6 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículos, en perjuicio de AELIO J.G.P., D.J. RIVAS NOGUERA Y D.R.H.R., a cumplir la SANCION DE DOS (02) AÑO DE LIBERTAD ASISTIDA, DOS (02) AÑOS DE REGLAS DE CONDUCTA Y SEIS (06) MESES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD, Siendo las reglas de conducta las siguientes: 1. Medida de Presentación una vez al mes ante el Tribunal de Ejecución. 2. Prohibición de acercamiento o comunicación con las víctimas. 4. Obligación de Trabajar y permanecer en el sistema educativo. 5. Prohibición de ingerir bebidas alcohólicas o permanecer en sitios donde expendan las mismas. 6. Prohibición de consumir sustancias estupefacientes o psicotrópicas. 7. Prohibición de permanecer en sitios donde consuman o expendan sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Todo ello conforme a lo establecido en el artículo 620 Literal “b, c y d”, en relación con el artículo 624, 625 y 626 todos de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente. SEGUNDO: este Tribunal le señala al joven la obligación en que se encuentra de comparecer al Tribunal de Ejecución de este Circuito Judicial Penal, en su debida oportunidad. TERCERO: La presente acta fue leída en presencia de las partes, quienes quedan debidamente notificadas del desarrollo de la audiencia y de todo lo decidido en la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 eiusdem. Se concluyó el acto siendo las 10:15 horas de la mañana. Es todo, Término, se leyó y conformes firman.

Regístrese, Publíquese, déjese copia de la presente Sentencia.

Dada, Sellada, Firmada y Refrendada en la sede del Tribunal de Control Nº 2, del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, Extensión Barlovento, Sección Adolescentes con sede en Guarenas, siendo las 03:30 de la tarde del día (17) de noviembre del año dos mil Diez (2010), Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación.

EL JUEZ

DR. ROGER ABEL USECHE ALVAREZ.

LA SECRETARIA,

Dra. NACARID QUERALES.

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En la misma fecha, conforme a lo ordenado, siendo las TRES y TREINTA (03:30) horas de la tarde, se publicó y registró la anterior Sentencia.

LA SECRETARIA,

Dra. NACARID QUERALES.

CAUSA Nº 2C-1642-10

RAUA/NQM