Decisión nº 1C-1394-08 de Tribunal Primero de Control del L.O.P.N.A. Area Penal Extensión Barlovento de Miranda, de 29 de Marzo de 2011

JUEZ: Dr. M.A.G..,

FISCAL: Dr. O.F.J., 18º Especializado del Ministerio Público.

VICTIMA: ANUEL A.H.X.

IMPUTADA: IDENTIDAD OMITIDA.

DEFENSA: Dr. TIRONNE BERROTERAN, Público Penal,

ALGUACIL: R.S.

SECRETARIA: Dra. A.C..

IMPUTACION FISCAL

El ciudadano Fiscal Decimoctavo del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, Dr. O.F.J., en Audiencia Preliminar celebrada en esta misma fecha presentó por ante este Tribunal Primero de Control Sección Adolescentes, de forma oral y circunstanciada, formal acusación en contra de la adolescente imputada IDENTIDAD OMITIDA, por los hechos ocurridos en fecha 24 de Diciembre de 2008, en la Calle Comercio, Municipio E.B.d.E.M., cuando siendo aproximadamente las 11:00 horas de la mañana, momentos en que la adolescente IDENTIDAD OMITIDA, conjuntamente con otra ciudadana agredió verbal y físicamente al funcionario ANUEL A.H.H.X., adscrito al Instituto Autónomo de Policía Municipal E.B., propinándole múltiples golpes en distintas partes del cuerpo, causándole contusión equimótica en el brazo izquierdo, cara anterior 1/3 medio, tal y como se desprende del Reconocimiento Médico, signado con el Nº: 9700-049-4212, razón por la cual el funcionario procedió a hacer uso de la fuerza pública y con la ayuda de los Detectives O.V., L.B. y el Agente D.G., todos adscritos al Instituto Autónomo de Policía Municipal E.B., a quienes en contacto vía radiofónica para que le brindaran el apoyo necesario, una vez en el lugar lograron controlar la situación realizando la aprehensión de las dos agresoras, quedando identificada una de ellas como la adolescente objeto de esta investigación, posteriormente es trasladado todo el procedimiento a la sede del referido cuerpo policial con la finalidad de colocar a la adolescente y la ciudadana aprehendida a la orden del Tribunal de Guardia, siendo presentada la adolescente involucrada en fecha 26 de diciembre de 2008, por ante el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, Sección Adolescentes, se le designo como Abogado defensor al Dr. TIRONNE BERROTERAN, en su carácter de defensor público.

Asimismo el Fiscal del Ministerio Público ofreció los medios de pruebas testimoniales y documentales para ser debatidos en el respectivo juicio oral y reservado, debidamente señalados en su escrito acusatorio, los cuales se mencionan a continuación:

PRUEBAS TESTIMONIALES:

1. - Testimonio de la Experto NORKA RODRIGUEZ, adscrita al Servicio del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub-Delegación, Estadal Higuerote, quien realizo el estudio médico legal a la víctima.

2. - Testimonio del funcionario Detective ANUEL A.H.H.X., adscrito al Instituto Autónomo de Policía Municipal E.B., quien depondrá en su condición de víctima y funcionario aprehensor.

3. - Testimonio del funcionario Detective O.V., adscrito al Instituto Autónomo de Policía Municipal E.B., quien depondrá en su condición de funcionario aprehensor.

4. - Testimonio del Agente D.G., adscrito al Instituto Autónomo de Policía Municipal E.B., quien depondrá en su condición funcionario aprehensor.

5. - Testimonio del Agente J.C., adscrito al Instituto Autónomo de Policía Municipal E.B., quien depondrá en su condición funcionario aprehensor.

6. - Testimonio del Agente L.B., adscrito al Instituto Autónomo de Policía Municipal E.B., quien depondrá en su condición funcionario aprehensor.

7. - Testimonio del ciudadano H.W.G.F., quien es venezolano, titular de la cedula de identidad Nº: V-4.436.609, quien depondrá en su condición de testigo.

8. - Testimonio de la ciudadana C.D.S.B., quien es venezolana, titular de la cedula de identidad Nº: V-6.389.956, quien depondrá en su condición de testigo.

   PRUEBA DOCUMENTAL:

   RECONOCIMIENTO MEDICO LEGAL, de fecha 25 de diciembre de 2008, suscrito por la Experto Dra. NORKA RODRIGUEZ, adscrita al Servicio del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub-Delegación, Estadal Higuerote, practicado al ciudadano victima ANUEL A.H.H.X.. Inserto al folio veintisiete (27) de la causa.

   Por todo ello, el ciudadano Fiscal 18º del Ministerio Público solicitó la imposición de una sanción socioeducativa de dos (02) años de L.A., dos (02) años de Imposición de Reglas de Conducta y seis (06) meses de Servicios Comunitarios por la presunta comisión del delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD y LESIONES PERSONALES LEVES, previstos en los artículos 218 y 413 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano ANUEL A.H.H.X..

   ARGUMENTOS DE LA DEFENSA

   En la Audiencia oral, el Tribunal le cedió el derecho de palabra a la Defensora Pública DRA. C.P., quien asistió en este acto a DR. TIRONNE BERROTERAN, quien expuso: “En conversación sostenida con la adolescente, antes de celebrar la presente audiencia, la misma me manifestó la posibilidad de admitir los hechos por los cuales está siendo acusada, por lo que le pido al Tribunal que una vez que se dicte el pronunciamiento en cuanto a la admisión o no de la acusación, le ceda nuevamente la palabra a los fines que mi defendida exponga lo que a bien tenga, es todo”.-

   DECLARACIÓN DE LA IMPUTADA

   Una vez constatado que la adolescente imputada IDENTIDAD OMITIDA, ha comprendido el contenido de la acusación presentada en su contra por el Fiscal 18º del Ministerio Público, así como los alegatos de la defensa, se le concedió el derecho de palabra, advirtiéndole que puede abstenerse de declarar, sin que su silencio la perjudique, que su declaración puede usarla como un medio de defensa, imponiéndola del Precepto Constitucional previsto en el artículo 49 ordinal 5º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de la disposición contenida en el artículo 131 del Código Orgánico Procesal Penal, y de los artículos 542 y 543 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Así mismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 583, ejusdem, se le informó sobre el procedimiento de admisión de los hechos y se le concedió el derecho de palabra a los fines que manifestara lo que a bien tenga, exponiendo lo siguiente: “yo quiero decirle al tribunal que si participe en los hechos por los cuales me acusan, ese día yo tuve esa discusión con el funcionaria y reconozco que eso es un delito por lo cual me encuentro arrepentida y es por ello que admito los hechos imputados y pido al tribunal que me imponga la correspondiente sanción, es todo”

   La Defensa, se adhirió al pedimento libre, voluntario y sin coacción de su defendida, solicitando que sea impuesta la correspondiente sanción de conformidad con el procedimiento de admisión de hechos, previsto en el artículo 583 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y el ciudadano Fiscal del Ministerio Publico manifestó no tener objeción alguna en cuanto a lo manifestado por el Adolescente y su Defensora Publica.

   ADMISION DE LA ACUSACION

   Se le atribuye a la adolescente IDENTIDAD OMITIDA, la presunta comisión del delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD y LESIONES PERSONALES LEVES, previstos en los artículos 218 y 413 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano ANUEL A.H.H.X., por los hechos narrados por el representante del Ministerio Publico. Ahora bien, considera este Juzgado que el escrito acusatorio cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el articulo 570 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ante lo cual SE ADMITE TOTALMENTE LA ACUSACION, en contra de la adolescente IDENTIDAD OMITIDA, de conformidad con lo establecido en el articulo 578 literal “a” de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ya que se encuentran satisfechos los requisitos exigidos en el articulo 570 eiusdem. En relación a las pruebas ofrecidas por el Ministerio Publico, el Tribunal las ADMITE EN SU TOTALIDAD, ya que fueron obtenidas en forma idónea, son legales, lícitas y son pertinentes y necesarias para fundamentar la acusación y se encuentran suficientemente especificadas en el escrito acusatorio, todo a tenor de dispuesto en los artículos 570 y 578 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Así se declara.

   FUNDAMENTOS DEL PROCEDIMIENTO POR ADMISION

   DE LOS HECHOS.

   La Institución de la admisión de los hechos es el procedimiento especial cuya aplicación procede cuando el imputado, mediante acto de manifestación voluntaria, reconoce su participación en el hecho punible que se le atribuye, y además consiente en la aplicación del referido procedimiento al solicitar la aplicación inmediata de la pena que le corresponde, tal como lo dispone el articulo 583 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, atendiendo en todo momento a las circunstancias que rodearon la comisión del hecho punible, considerando el bien jurídico afectado, y el daño social causado. La admisión de los hechos supone en efecto la renuncia voluntaria al derecho a un juicio seguido conforme a las garantías Constitucionales y Legales previstas tanto en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, como por el Código Orgánico Procesal Penal y demás leyes sobre la materia, como la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y las que devienen también de los instrumentos y tratados internacionales ratificados por la Republica. Paralelamente esta admisión evita al Estado, el desarrollo de un proceso judicial que resultara siempre oneroso en todo sentido. El artículo 583 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establece que admitidos los hechos objeto de la acusación, el acusado podrá solicitar al Tribunal la imposición inmediata de la sanción. En el caso que nos ocupa, el Juez una vez analizada la solicitud, observa que ciertamente es procedente la admisión realizada por la adolescente acusada quien reconoció haber participado en los hechos que el Ministerio Publico les imputó y además se ha cumplido el requisito de ley, al haber solicitado igualmente, le fuera impuesta inmediatamente la sanción.

   Ciertamente el procedimiento por admisión de los hechos exige la concurrencia de los requisitos siguientes:

1. - Que el acusado en la Audiencia Oral admita los hechos históricos imputados por el Fiscal del Ministerio Publico en forma personal y voluntaria, estando sin juramento alguno y libre de toda prisión, coacción y apremio y solicite la imposición inmediata de la sanción ante el Juzgado que conoce de la causa.

2. - Que el pedimento se verifique una vez que la acusación sea presentada por la Representación del Ministerio Público.

3. - Que esté plenamente demostrada la responsabilidad del acusado.

4. - Que se encuentre plenamente demostrada la materialidad de los hechos objeto del juicio.

   En el caso que nos ocupa, en la audiencia preliminar se verifico la presentación de la acusación, que la misma cumple con todos los requisitos de ley, la acusada admitió haber participado en los hechos imputados por la representante del Ministerio Publico y sin juramento, bajo las garantías y libertades que le asisten en el proceso, solicitó la imposición de la sanción en forma inmediata; es por ello que el Tribunal luego de haber admitido la acusación y las pruebas ofrecidas por el Ministerio Publico, las cuales son legales, pertinentes, idóneas, útiles y necesarias y fueron obtenidas en forma licita y además arrojan suficientes elementos de convicción que permiten a este Juzgador concluir que se encuentra plenamente demostrada la comisión de un hecho punible, perpetrado en las circunstancias de lugar, tiempo y modo que constan suficiente de las pruebas, perseguible de oficio, cuya acción no se encuentra prescrita y que no merece sanción privativa de libertad y finalmente se encuentra plenamente acreditada la responsabilidad de la acusada.

   En consecuencia, satisfechas plenamente las formalidades de procedencia del procedimiento por admisión de los hechos solicitado por la adolescente, este Juzgado procede a imponerle la sanción aplicable mediante sentencia y por mandato expreso del contenido del artículo 583 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en relación con lo previsto en el artículo 622 ejusdem. La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes consagra dos principios que se encuentran íntimamente vinculados: El principio de la proporcionalidad de la sanción y la discrecionalidad del Juez, y se constituyen a su vez en dos vertientes fundamentales para proceder a la imposición de la sanción. El artículo 620 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes prevé los tipos de sanciones a imponer por el Tribunal y el artículo 622 ibidem, fija las pautas para la determinación y aplicación de la misma, debiendo tenerse en cuenta que la sanción tiene como finalidad preventiva especial, una futura conducta socialmente proactiva, de modo tal que se ha de apreciar los siguientes elementos:

   1. La comprobación del hecho delictivo y la existencia del daño causado.

   2. La comprobación de que el adolescente ha participado en el hecho delictivo.

   3. La naturaleza y gravedad de los hechos.

   4. El grado de responsabilidad del adolescente.

   5. La proporcionalidad e idoneidad de la medida.

   6. La edad del adolescente y su capacidad para cumplir la medida.

   7. Los esfuerzos del adolescente por reparar el daño.

   8. Los resultados de los exámenes clínicos y psicosociales.

   Es evidente que de las actuaciones aparece plenamente demostrado que se realizo un acto delictivo, como fue el delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD y LESIONES PERSONALES LEVES, previstos en los artículos 218 y 413 del Código Penal, hecho que atenta en contra de la cosa publica y en contra de las personas. Se encuentra igualmente demostrado con los fundamentos de la imputación y las pruebas recavadas en la investigación, que la adolescente fue partícipe del hecho delictivo imputado. Demostrado como ha sido en grado de responsabilidad con carácter de autoría directa de la adolescente ya que su conducta fue contraria a la norma, lo cual la hace responsable de su comportamiento, en primer orden por cuanto se trata de un hecho punible, y en segundo orden, al ser declarada responsable, está obligada a cumplir con la sanción que se les ha de imponer. En cuanto a la proporcionalidad e idoneidad de la medida, se observa que el legislador patrio consideró que algunos delitos fueran merecedores de privación de libertad en virtud de la gravedad de los hechos ejecutados por el adolescente y otros no, pues estableció que estos “otros” delitos debían ser sancionados de otra forma a los fines de contribuir con el desarrollo del adolescente en sociedad, en cuyo caso se hace necesario imponer una sanción al hecho y sus consecuencias, como en efecto se hace en este acto, buscando como norte de la medida la finalidad primordialmente educativa, pues la misma debe coadyuvar con su desarrollo integral y propender a la modificación de su comportamiento, la comprensión del delito cometido y el daño social causado por su acción, en atención a la edad de la adolescente y su capacidad para cumplir la sanción, lo que en definitiva le ayudará a integrarse a la vida en sociedad.

   En nuestro caso debemos considerar, de acuerdo al grupo etareo de la adolescente acusada, la misma cuenta actualmente con capacidad para cumplir con la medida que se ha de imponer y tienen plena conciencia para entender sus actos, pues de hecho manifestó estar arrepentida del mismo; por lo tanto existe una disposición de rectificar sobre la conducta desplegada. En relación a los esfuerzos de la adolescente por reparar el daño causado se observa que durante el curso del proceso la adolescente cumplió con los requerimientos impuestos por el Tribunal, asistiendo las veces que ha sido llamado, reconociendo como delito la RESISTENCIA A LA AUTORIDAD y las LESIONES PERSONALES LEVES, previstos en los artículos 218 y 413 del Código Penal. Ahora bien, demostrada suficientemente su responsabilidad en el delito imputado como resultado de su comportamiento, lo procedente y ajustado a derecho es imponerle a la adolescente, IDENTIDAD OMITIDA, LA SANCION SOCIOEDUCATIVA DE UN (01) AÑO DE IMPOSICION DE REGALS DE CONDUCTA, de conformidad con lo previsto en el artículo 620 literal “B” en relación con el artículo 624, así como en el artículo 622, en concordancia con el artículo 583, todos de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño, Niñas y Adolescentes, por la comisión del delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD y LESIONES PERSONALES LEVES, previstos en los artículos 218 y 413 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano ANUEL A.H.H.X.. Las reglas de conducta que deberá cumplir la adolescente sancionada son las siguientes: 1.- La adolescente tiene la obligación de presentarse por ante el Tribunal de Ejecución correspondiente cada treinta (30) días. 2.- La adolescente tiene la obligación de continuar con sus estudios académicos, en su defecto participar en cursos o talleres de capacitación personal, o incorporarse al Sistema Laboral, debiendo consignar las correspondientes constancias o certificados de participación o de inscripción. 3.- La adolescente no podrá mudarse o cambiarse de residencia sin la autorización del Tribunal de Ejecución que les corresponda. 4.- La Prohibición de consumir Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas así como bebidas alcohólicas.

   DISPOSITIVA

   Por todos los razonamientos expuestos, este Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, Extensión Barlovento, Sección Adolescentes, con sede en Guarenas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: